NOTA de Prensa PLATAFORMA CIUDADANA «POR MÁS DERECHOS»
La «prioridad nacional» promovida por el partido de ultraderecha , xenofogo y racista español Vox consiste en una doctrina que busca anteponer el acceso de los ciudadanos españoles frente a los extranjeros a las ayudas sociales, viviendas protegidas y recursos públicos.
Bajo el lema político de «los españoles primero«, esta medida pretende reconfigurar los criterios de asignación del Estado del bienestar con unos objetivos y funcionamiento práctico segun sus criterios.
Ayudas y servicios públicos: Vox propone reformar las condiciones de acceso a prestaciones económicas, programas de vivienda social y subsidios autonómicos para garantizar que los ciudadanos locales tengan preferencia.
El criterio del «arraigo«: Dado que la legislación de la Unión Europea y la Constitución Española impiden la discriminación directa por nacionalidad en muchos ámbitos, la fórmula utilizada en los acuerdos políticos se basa en exigir un «arraigo real, duradero y verificable». Esto puntúa factores como los años de empadronamiento continuo, la escolarización local de los hijos o el historial de cotización en la región coaccionando los derechos elementales a las personas retornadas.
Inmigración irregular: La propuesta incluye la exclusión total de los inmigrantes en situación irregular de cualquier ayuda social de carácter estructural o complementario.
Impacto y negociaciones políticas.
Este principio se ha convertido en un eje central de las negociaciones de Vox con el Partido Popular (PP) para la aprobación de presupuestos y pactos de gobierno en diversas Comunidades Autónomas, incluyendo acuerdos específicos en Extremadura, Aragón y la Comunidad Valenciana o Castiya y León ( esta ultima en un acto de cinismo publican el acuerdo como que PP y Vox refuerzan las ayudas al retorno y lanzan nuevas medidas para atraer talento a Castilla y León un acuerdo de gobierno suscrito por ambos partidos que recorta derechos con el acuerdo de Prioridad Nacional)
Mientras Vox defiende la medida como un acto de justicia fiscal para proteger a los contribuyentes locales, diversos sectores jurídicos y partidos de la oposición advierten que la aplicación estricta de la «prioridad nacional» choca con los convenios internacionales de derechos humanos, la normativa de extranjería y el principio fundamental de no discriminación y libre circulación de la Unión Europea.
La propuesta de «prioridad nacional» de Vox no afecta legalmente a la condición de ciudadanos de los españoles que obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática (LMD que que VOX plantea su derogación o judicializacion), pero introduce un debate sobre el acceso a futuros beneficios si deciden emigrar a España.
A nivel práctico, legal y político, la situación se divide en los siguientes puntos clave de plenos derechos como ciudadanos españoles:
Mismo estatus legal: Quienes obtienen la nacionalidad por la LMD (o «Ley de nacionalidad o nietos») son españoles de origen a todos los efectos legales. Tienen exactamente el mismo estatus ante la ley que cualquier persona nacida en el territorio peninsular.
Declaraciones y matices de VOX que el Partido Popular de FEIJÓO acepta aplucar en las comunidades autónomas y en un gobierno nacional.si fuera necesario:
Aunque inicialmente algunos portavoces locales de Vox sugirieron definiciones restrictivas (como considerar español solo al «nacido de padre y madre españoles» y si viene del exterior por la LMD, seguramente uno de sus progenitores no sera español de origen), la «prioridad nacional» de la derecha y ultraderecha coacciona derechos recogidos en la constitución española.
El arraigo y el padrón como filtros de Vox.
El criterio de residencia: La propuesta de Vox de «españoles primero» se enfoca en regular el acceso a las ayudas sociales, subsidios y viviendas públicas dentro del territorio de España poniendo filtros por tiempo de residencia detallando que su idea de prioridad nacional se basa en un arraigo verificable, midiendo el historial de empadronamiento y cotizaciones a la Seguridad Social en el país, con lo que las personas retornados y personas que obtuvieron la nacionalidad española por la LMD estarían exentas de ayudas.
El Impacto en el exterior significaria que un español que vive en el extranjero no se ve afectado en su país de residencia sin embargo, si decidiera retornar a España, bajo las políticas propuestas por Vox, podría enfrentar restricciones temporales en el acceso a ayudas locales o viviendas protegidas hasta no cumplir con los años exigidos de residencia y cotización previa en el territorio, al igual que cualquier otro ciudadano que no haya aportado previamente al sistema fiscal español.
La postura de Vox y del Partido Popular de FEIJOO frente a la Ley de Memoria Democrática a sido y es de clara oposición a la ley y Paralelamente a la prioridad nacional, Vox mantiene una fuerte oposición política y jurídica contra la Ley de Memoria Democrática, criticando los criterios de concesión masiva de la nacionalidad por descendencia.
Esta oposicion lleva a acuerdos con la derecha o ultraderecha del Partido Popular a revisar las concesiones y hacer auditorias planteado en reiteradas ocasiones la intención de auditar las concesiones de nacionalidad. Sin embargo, retirar la nacionalidad española a un ciudadano de origen que ya la ha adquirido de forma firme va en contra de la Constitución Española actual, por lo que requeriría reformas constitucionales de altísima complejidad jurídica.
Los límites legales y vigencia de las solicitudes bajo la Ley de Memoria Democrática finalizó formalmente el 22 de octubre de 2025 y los expedientes en trámite.presentados en fecha y las citas asignadas continúan resolviéndose bajo los consulados correspondientes según el marco legal que estaba vigente.
El marco constitucional europeo regula actualmente, donde las propuestas de prioridad de origen étnico o procedencia que estan pactando Partido Popular y VOX chocan directamente con los estatutos de no discriminación de la Unión Europea y la propia Constitución de España.
Por tanto, para que Vox pudiera aplicar estas restricciones de acceso a recursos, necesitaría alcanzar mayorías legislativas absolutas que modifiquen el código civil y de extranjería actual que en caso de llegar al poder en coalición con el partido popular estarían en condiciones de aplicar estas reformas , asi como la aplicacion de la Ley Prioridad Nacional o suspender cautelarmente los expedientes de concesión de Nacionalidad Española hasta la reforma de la ley y la negacion de estos derechos contemplados en la Ley de Memoria Democrática promovida en su momento por los partidos del ámbito progresista español como PSOE o PODEMOS cuando gobernaban en coalición en el Gobierno de España.
Se estima que alrededor de 2,4 millones de personas con los expedientes en trámite ya que solicitaron o presentaron su solicitud en todo el mundo y esto lleva a que debido al alto volumen, las autoridades prevén que la resolución total de estas carpetas tardará entre cuatro y cinco años en completarse de manera progresiva con lo que una cautelar o denuncia paea efectuar una auditoria crearía un caos y paralizacion en las concesiones.
Las posturas políticas del PP y VOX
La derogación a nivel autonómico es una realidad y la alianza entre el PP y VOX ha logrado derogar con éxito las normativas de Memoria Democrática de carácter regional o autonómico en comunidades como Aragón, Cantabria y, recientemente, en las Islas Baleares. No obstante, estas leyes locales no tienen competencia sobre la nacionalidad, la cual es una facultad exclusiva del Estado central.
Tambien en el ambito nacional ambos partidos han manifestado que derogarán la Ley de Memoria Democrática estatal si consiguen gobernar a nivel nacional ademas VOX mantiene el compromiso de dar una batalla judicial activa para impugnarla que incluiria las concesiones de nacionalidad y la paralización de expedientes.
Las solicitudes de nacionalidad presentadas en los consulados son actos administrativos individuales y tanto Partido Popular como VOX carecen de la potestad para ordenar que se detenga la gestión de la administración pública aunque una denuncia de estos partidos ( como asi esta indicado VOX y le exige a la derecha de FEIJÓO ) con una resolución favorable de un tribunal de justicia seria suficiente para que un juzgado admita un recurso e interponga medidas cautelares mediante la impugnación del reglamento decla Ley de Memoria Democrática demostrando una ilegalidad flagrante, no simplemente exigiendo una fiscalización externa y otra seria aprobar una ley para derogar con carácter retroactivo estas concesiones de Nacionalidad.
Una cosa esta clara la llegada del Partido Popular al gobierno con un pacto para gobernar España implicaría tres resultados la aplicación de los acuerdos de Prioridad Nacional, Derogación de la Ley de Memoria Democrática con carácter retroactivo y la paralización inmediata de la concesión de nacionalidad en los expedientes no resueltos mediante nueva Ley decreto o denuncia en la justicia y solicitud de cautelar en las concesiones.
Solo el triunfo de un gobierno progresista en España es garantia de cumplimiento y aplicación en los derechos de retornados y nacionalidad española evitando consolidar la Prioridad Nacional y odio a los descendientes del exilio que promueven el partido Popular y Vox , la ultraderecha española en estado puro.