Por Juan Carlos Ali Torres.
La escena ocurrida el 22 de septiembre de 2026 en la Asamblea General de Naciones Unidas resume, en pocos minutos, una disputa que lleva décadas atravesando las relaciones entre Cuba y Estados Unidos: la confrontación entre una potencia que pretende modificar el rumbo político de la isla y un Estado que reivindica su derecho a decidir su propio destino.
Cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, comenzó a referirse a Cuba durante su intervención ante la Asamblea General, la delegación cubana, encabezada por el canciller Bruno Rodríguez, abandonó la sala. La salida fue una protesta política y diplomática frente a unas declaraciones que, según La Habana, constituyen un nuevo intento de cuestionar la legitimidad del Gobierno cubano y presionar para provocar un cambio político en la isla.
Trump calificó a Cuba de «Estado absolutamente fallido» y sostuvo que el sistema político cubano «caerá». También afirmó que su Administración busca un «cambio fundamental» en la situación de Cuba y señaló que el secretario de Estado, Marco Rubio, mantiene conversaciones con La Habana.
La respuesta cubana no tardó en llegar, y Bruno Rodríguez rechazó las declaraciones estadounidenses y defendió el derecho de Cuba a existir como Estado independiente y soberano. Desde la posición del Gobierno cubano, la crisis económica y energética que atraviesa la isla no puede analizarse separadamente del embargo y de las políticas de presión económica de Washington.
Y aquí aparece la cuestión fundamental ¿Quién decide el futuro de Cuba?
Más allá de las diferencias ideológicas, económicas y políticas que puedan existir alrededor del modelo cubano, existe una cuestión que no debería quedar relegada en el debate: la soberanía de los Estados no puede depender de que sus gobiernos sean del agrado de una potencia extranjera.
Estados Unidos tiene derecho a criticar al Gobierno cubano. Cuba tiene derecho a criticar al Gobierno estadounidense. Los gobiernos pueden mantener relaciones diplomáticas, romperlas, negociar, sancionar o denunciarse mutuamente.
Pero una cosa diferente es afirmar que un Gobierno extranjero debe caer porque Washington así lo considera.
La Carta de las Naciones Unidas se construye precisamente sobre principios como la igualdad soberana de los Estados y la prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otros países.
Por eso, las palabras pronunciadas en la Asamblea General tienen una dimensión que va más allá de la disputa entre Trump y La Habana.
Cuando el presidente de una de las mayores potencias militares y económicas del planeta afirma que otro Gobierno «caerá», la cuestión deja de ser solamente bilateral. Se convierte en un debate sobre los límites de la presión internacional y sobre el derecho de los pueblos a resolver sus diferencias políticas sin imposiciones externas.
Respecto al bloqueo y la crisis económica, la Habana sostiene que una parte sustancial de sus dificultades económicas está relacionada con las sanciones y restricciones estadounidenses.
Washington, por su parte, mantiene desde hace décadas que sus medidas están dirigidas contra el Gobierno cubano y que la responsabilidad fundamental por la situación económica corresponde al modelo político y económico de la isla. Ambas posiciones forman parte del debate internacional y deben ser examinadas con datos y contexto.
Pero hay una realidad que no puede desaparecer detrás de la disputa diplomática: las consecuencias de cualquier política de presión económica terminan afectando también a la población.
Cuando existen dificultades para acceder a energía, alimentos, medicamentos, financiación, comercio internacional o determinados bienes esenciales, quienes soportan buena parte de las consecuencias son los ciudadanos comunes.
La discusión sobre Cuba, por tanto, no debería reducirse a Trump contra Díaz-Canel, Washington contra La Habana o capitalismo contra socialismo, ya que hay millones de cubanos en el centro de esa discusión sufriendo el bloqueo de Estados Unidos.
La retirada de la delegación cubana com la salida de Bruno Rodríguez y de los diplomáticos cubanos de la Asamblea General puede interpretarse como un gesto de protesta y de defensa política frente al discurso de Trump.
Sus críticos podrán considerar que abandonar la sala es una respuesta excesiva. Sus defensores, que se trata de una forma legítima de expresar rechazo ante lo que consideran una agresión política.
Pero el episodio deja una imagen poderosa: mientras Trump hablaba de un cambio político en Cuba, los representantes cubanos decidieron no permanecer en la sala para escuchar esas declaraciones.
La escena tiene además un significado simbólico, ya que para Estados Unidos, Cuba lleva décadas siendo uno de los escenarios principales de la política exterior estadounidense hacia América Latina. La Revolución de 1959 transformó la relación de Washington con el Caribe y convirtió a la isla en uno de los principales focos de la Guerra Fría, y más de seis décadas después, el conflicto continúa teniendo una enorme carga política.
Cuba no puede convertirse en un territorio de tutela y por lo tanto la defensa de la soberanía cubana no significa ignorar los problemas internos de Cuba.
La sociedad cubana tiene derecho a debatir sobre su sistema político, sus instituciones, sus libertades, su economía y el futuro de su país. También tiene derecho a reclamar cambios y a exigir responsabilidades a sus gobernantes, pero esas decisiones corresponden, en primer término, a los cubanos.
Una cosa es defender los derechos humanos y otra muy diferente utilizar esos derechos como argumento para justificar que una potencia extranjera determine qué Gobierno debe existir en otro país.
La democracia no puede convertirse en un mecanismo de tutela internacional, si el objetivo es defender la libertad, el principio debería ser aplicable independientemente de quién gobierne y de qué ideología tenga.
Una América Latina que recuerda su historia
La reacción cubana también debe entenderse dentro de la historia latinoamericana. Desde el siglo XIX, América Latina ha vivido numerosas intervenciones, presiones económicas y disputas por la influencia de las grandes potencias.
Cuba ocupa un lugar particularmente sensible en esa historia, por eso, cualquier amenaza o intento de imponer un cambio político desde el exterior provoca una reacción que trasciende las fronteras de la isla.
No se trata solamente de defender al Gobierno cubano, sino de defender un principio: los pueblos latinoamericanos tienen derecho a equivocarse, acertar, cambiar de Gobierno y modificar sus modelos políticos sin que una potencia extranjera decida por ellos.
La ONU no debería ser el escenario de una política de imposición. La Asamblea General de Naciones Unidas fue concebida como un espacio para que los Estados puedan confrontar posiciones mediante la diplomacia, incluso cuando sus diferencias sean profundas.
Trump tiene derecho a denunciar al Gobierno cubano, y Cuba tiene derecho a denunciar la política estadounidense, pero la comunidad internacional debería ser especialmente cuidadosa cuando las palabras de una potencia incluyen la expectativa o la voluntad de que otro Gobierno «caiga».
Porque si ese principio se normaliza, deja de ser una cuestión exclusivamente cubana, hoy puede aplicarse a Cuba. Mañana podría utilizarse contra cualquier otro Estado cuyo Gobierno resulte incómodo para una potencia.
Una resistencia que no necesita permiso y con la salida de la delegación cubana de la Asamblea General no cambia por sí misma la realidad económica de la isla ni resuelve sus problemas políticos.
Pero sí envía un mensaje inequívoco: La Habana no acepta que el futuro de Cuba sea decidido desde Washington, y esa es probablemente la cuestión central de este nuevo episodio.
Cuba puede y debe ser discutida. Su Gobierno puede ser criticado. Sus políticas pueden ser examinadas. Sus problemas económicos y sociales deben ser analizados con rigor. Sus ciudadanos tienen derecho a reclamar transformaciones y libertades.
Pero ninguna de esas cuestiones elimina el derecho fundamental de Cuba a existir como Estado soberano.
Como teflexion añadiriamos que la historia demuestra que las grandes potencias pueden ejercer una enorme presión sobre países pequeños. Lo difícil es demostrar que esa presión puede sustituir a la voluntad de un pueblo.
Cuba no necesita que nadie la presente como un modelo perfecto. Tampoco necesita que nadie oculte sus problemas, sino que —como cualquier otro país— su futuro pertenezca a sus ciudadanos.
La democracia pierde sentido cuando se utiliza para justificar que desde fuera se determine quién debe gobernar, y la soberanía pierde sentido cuando los países pequeños solamente pueden ejercerla mientras no contradigan los intereses de los grandes.
La imagen de la delegación cubana abandonando la Asamblea General puede ser interpretada de muchas maneras. Pero deja una pregunta imposible de esquivar ¿Quién tiene derecho a decidir el futuro de Cuba: sus ciudadanos o una potencia extranjera? La respuesta, desde el principio básico de la soberanía nacional, debería ser inequívoca: el futuro de Cuba corresponde a los cubanos.
