Por Adriana F. Gómez
El voto progresista no es solamente una elección entre partidos. Es una decisión sobre qué modelo de país queremos construir, qué derechos queremos conservar y qué sociedad vamos a dejar a las próximas generaciones.
Hay un relato que el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo y la derecha española intentan instalar: que todos los gobiernos son iguales, que los socialistas no saben gestionar la economía, que la izquierda destruye empleo y que la prosperidad solamente llega cuando gobierna la derecha.
Pero ese relato no resiste un análisis histórico de las conquistas sociales, las reformas laborales, la ampliación de derechos, la protección de las pensiones, la educación, la sanidad pública y los avances económicos conseguidos durante los gobiernos progresistas.
No significa que todos los gobiernos socialistas hayan acertado siempre. Tampoco significa que no hayan cometido errores, aplicado ajustes o tomado decisiones discutibles. Significa algo mucho más importante: cuando España ha avanzado en derechos sociales, igualdad, protección laboral y ampliación de ciudadanía, los gobiernos progresistas han tenido un papel decisivo.
Desde Felipe González, pasando por José Luis Rodríguez Zapatero, hasta Pedro Sánchez, con el apoyo parlamentario de Podemos, Izquierda Unida, Sumar y otras fuerzas progresistas, existe una trayectoria de conquistas que conviene recordar.
España no es lo mismo con gobiernos progresistas que con gobiernos de derecha. La historia demuestra que los derechos se conquistan, se protegen y se amplían con políticas públicas, justicia social y un Estado al servicio de la ciudadanía.
Y hay otra cuestión que debemos poner sobre la mesa: no solamente se trata de cómo vive quien reside dentro de España. También se trata de los millones de españoles que vivimos en el exterior, de nuestros derechos políticos, nuestra nacionalidad, nuestra protección social y nuestra relación con el país del que somos ciudadanos.
La historia de España demuestra que no es lo mismo un gobierno que amplía derechos que uno que convierte los derechos en oportunidades de negocio.
FELIPE GONZÁLEZ: LA MODERNIZACIÓN DE ESPAÑA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DEL BIENESTAR
Los gobiernos de Felipe González (1982-1996) protagonizaron una de las transformaciones económicas, sociales e institucionales más importantes de la España contemporánea.
España venía de una dictadura de cuatro décadas, con importantes desigualdades, una estructura productiva atrasada, servicios públicos insuficientes y una sociedad que necesitaba modernizarse.
Entre sus principales conquistas destacan:
Sanidad pública y universalización de la atención sanitaria.
- La Ley General de Sanidad de 1986 sentó las bases del Sistema Nacional de Salud.
- Se avanzó hacia un modelo sanitario de cobertura universal y financiación pública.
- Se fortaleció la red de hospitales y centros de salud.
- Se desarrolló la atención primaria como pieza fundamental de la sanidad pública.
Educación pública y ampliación de oportunidades.
- Se amplió la escolarización y el acceso a la educación.
- Se impulsó la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), de 1985.
- Se aprobó la LOGSE en 1990, que reorganizó el sistema educativo y extendió la educación obligatoria hasta los 16 años.
- Se amplió el acceso a la universidad y a la formación profesional.
Pensiones y protección social.
- La reforma de pensiones de 1985 reorganizó el sistema contributivo.
- En 1990 se aprobaron las pensiones no contributivas, que reconocieron protección a personas mayores y con discapacidad sin cotizaciones suficientes.
- Se reforzaron los mecanismos de protección social.
Derechos laborales y sindicales.
- Se desarrolló el Estatuto de los Trabajadores.
- Se consolidó el marco de libertad sindical y negociación colectiva.
- Se avanzó en la regulación de las relaciones laborales en democracia.
Modernización económica e integración europea.
- España ingresó en la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986.
- Se impulsó la modernización de infraestructuras, transportes y comunicaciones.
- Se ampliaron las inversiones públicas.
- Se favoreció la integración económica española en Europa.
La economía experimentó importantes etapas de crecimiento, modernización e industrialización, aunque también atravesó reconversiones industriales, crisis y un desempleo elevado.
No sería honesto ocultar las sombras de aquella etapa: la corrupción política, el caso GAL, las privatizaciones y las dificultades laborales también forman parte de su balance.
Pero hay una realidad histórica que nadie puede borrar: España terminó aquel periodo con un Estado del bienestar mucho más desarrollado y con instituciones y servicios públicos que constituyeron la base de la España moderna.
ZAPATERO: MÁS DERECHOS, MÁS IGUALDAD Y UNA CIUDADANÍA MÁS LIBRE
Los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) dejaron una de las mayores ampliaciones de derechos civiles y sociales de la democracia española.
Su proyecto político colocó en el centro la igualdad, la protección de las personas dependientes, los derechos de las mujeres y la ampliación de libertades.
Estas fueron algunas de sus principales conquistas:
1. Matrimonio igualitario (2005).
España reconoció el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo mediante la Ley 13/2005.
Fue una transformación histórica. España se convirtió en uno de los primeros países del mundo en reconocer este derecho.
2. Ley contra la violencia de género (2004).
La Ley Orgánica 1/2004 estableció un marco integral de prevención, protección y atención a las víctimas de violencia de género.
3. Ley de Dependencia (2006).
Se creó un sistema público de atención y protección para personas dependientes, mayores y con discapacidad.
Por primera vez se reconoció con carácter general la atención a la dependencia como un derecho subjetivo, aunque su financiación y aplicación posterior sufrieron importantes dificultades.
4. Ley de Igualdad (2007).
Se avanzó en igualdad efectiva entre mujeres y hombres, con medidas contra la discriminación y a favor de la participación equilibrada.
5. Ley de Memoria Histórica (2007).
Se reconocieron derechos a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, se impulsaron medidas de reparación y se abrió un camino institucional para recuperar la memoria democrática.
6. Derechos reproductivos.
Se impulsaron reformas en salud sexual y reproductiva, culminando en la Ley Orgánica 2/2010, que reguló la interrupción voluntaria del embarazo.
7. Educación y becas.
Se amplió la inversión educativa y se reforzaron las políticas de becas y ayudas para facilitar el acceso a los estudios.
8. Salario mínimo.
El salario mínimo interprofesional pasó de 460,50 euros mensuales en 2004 a 641,40 euros en 2011, en catorce pagas.
9. Derechos de ciudadanía para los españoles en el exterior.
Una de las conquistas más importantes para la diáspora fue la Ley 52/2007, de Memoria Histórica, que abrió la vía de nacionalidad a determinados descendientes de españoles.
Posteriormente, la disposición adicional séptima permitió acceder a la nacionalidad española a cientos de miles de descendientes.
Este camino se convertiría en uno de los grandes antecedentes de la Ley de Memoria Democrática de 2022.
10. Protección de las familias y ampliación de derechos.
Se aprobaron medidas de conciliación, igualdad y protección familiar, además de políticas de apoyo a las personas con menos recursos.
Ahora bien, también hay que recordar que Zapatero afrontó la crisis financiera internacional de 2008, con un fuerte incremento del desempleo. En 2010 aprobó medidas de ajuste y en 2011 congeló las pensiones contributivas, con excepciones.
Reconocerlo no debilita el argumento progresista: lo hace más serio. La diferencia entre modelos no se demuestra ocultando los errores propios, sino explicando qué derechos se construyeron y qué políticas se proponen para protegerlos.
PEDRO SÁNCHEZ: EL MAYOR IMPULSO RECIENTE A LOS DERECHOS LABORALES, LAS PENSIONES Y LA PROTECCIÓN SOCIAL
Desde 2018, Pedro Sánchez ha encabezado una etapa de recuperación y ampliación de derechos sociales, primero con el PSOE y posteriormente con coaliciones y acuerdos parlamentarios que han incluido a Unidas Podemos, Sumar, Izquierda Unida y otras fuerzas progresistas.
Esta etapa tiene una característica fundamental: frente a la política de austeridad que dominó Europa después de la crisis financiera, se apostó por estimular la economía, elevar los salarios, proteger el empleo y reforzar el Estado del bienestar, no se trata solamente de discursos. Hay reformas concretas.
A. La reforma laboral: menos precariedad y más estabilidad
La reforma laboral de 2021, impulsada por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz y acordada con sindicatos y organizaciones empresariales, constituye uno de los cambios más importantes de esta legislatura.
Sus principales resultados y objetivos fueron:
- Reducir la contratación temporal injustificada.
- Dar prioridad a los contratos indefinidos.
- Recuperar la negociación colectiva en aspectos fundamentales.
- Reforzar los mecanismos de protección de los trabajadores.
- Mejorar la estabilidad en sectores que tradicionalmente vivían de la temporalidad.
- Reforzar los ERTE como alternativa a los despidos masivos.
La reforma transformó el mercado laboral español. La contratación indefinida ganó un peso que antes tenía la temporalidad y se redujo considerablemente la tasa de contratos temporales.
Hay que destacar un dato fundamental: España ha superado los 22 millones de ocupados, un máximo histórico alcanzado durante esta etapa, frente a los aproximadamente 19,3 millones de ocupados que había en 2018, esto significa millones de puestos de trabajo adicionales.
Y no es un detalle menor: se consiguió después de una pandemia mundial, una crisis energética y las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania.
B. El salario mínimo: dignificar el trabajo
Una de las decisiones más importantes del Gobierno de coalición fue elevar el salario mínimo interprofesional.
La evolución del salario mínimo mensual en 14 pagas:
- 2018: 735,90 euros.
- 2019: 900 euros.
- 2020: 950 euros.
- 2021: 965 euros.
- 2022: 1.000 euros.
- 2023: 1.080 euros.
- 2024: 1.134 euros.
- 2025: 1.184 euros.
El salario mínimo pasó de 735,90 euros a 1.184 euros mensuales en catorce pagas. Esto tiene consecuencias concretas:
- Mejora de los ingresos de los trabajadores con salarios más bajos.
- Mayor capacidad de consumo de los hogares.
- Más demanda interna para comercios y pequeñas empresas.
- Reducción de la desigualdad salarial.
- Menor dependencia de ayudas públicas para trabajadores que antes cobraban salarios insuficientes.
La derecha decía que subir el salario mínimo destruiría empleo y cerraría empresas. Sin embargo, la economía española creó empleo durante este proceso, la experiencia demuestra que los salarios dignos y la actividad empresarial no son enemigos.
C. Las pensiones: proteger el poder adquisitivo de los jubilados
La revalorización de las pensiones conforme al IPC fue una conquista fundamental de la etapa progresista, la Ley 21/2021 recuperó un mecanismo de actualización vinculado a la inflación para evitar que los pensionistas perdieran poder adquisitivo.
Algunos incrementos destacados fueron:
- 2023: 8,5 %.
- 2024: 3,8 %.
- 2025: 2,8 %.
Además:
- Se elevaron las pensiones mínimas.
- Se reforzaron las pensiones no contributivas.
- Se adoptaron medidas para mejorar las prestaciones de viudedad.
- Se avanzó en la reducción de la brecha de género en las pensiones.
- Se reforzaron los ingresos del sistema mediante medidas de cotización.
La diferencia política es importante: las pensiones no deben convertirse en un producto financiero sometido exclusivamente a los intereses de los mercados.
Son un derecho construido con décadas de trabajo y cotizaciones.
D. Sanidad pública y educación
Durante los gobiernos de coalición se recuperaron y ampliaron diferentes políticas públicas:
- La Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud impulsó la recuperación de la universalidad sanitaria.
- Se reforzaron las políticas de becas.
- Se aprobó la LOMLOE para sustituir la LOMCE.
- Se impulsaron medidas de formación profesional.
- Se reforzó la educación pública y la atención a la diversidad.
- Se aprobaron medidas de protección frente a la pobreza infantil.
No significa que todos los problemas de la sanidad y la educación estén resueltos, ya que dependen de las comunidades autonomas y la mayoria las gobierna el partido popular que no implanta estas leyes estatales o no les da finaciamiento y provoca que persistan listas de espera, falta de profesionales en determinados territorios y dificultades de financiación. Pero la orientación política del gobierno de España, ha sido reforzar los servicios públicos y no convertirlos en negocios privados.
E. Derechos de las mujeres, igualdad y diversidad
En esta etapa también se han producido avances importantes:
- Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del solo sí es sí, posteriormente reformada en algunos aspectos.
- Ley Trans y de derechos LGTBI.
- Reforma de la legislación sobre salud sexual y reproductiva.
- Ampliación de permisos de nacimiento y cuidados.
- Medidas de igualdad salarial y protección frente a la discriminación.
- Desarrollo de políticas contra la violencia machista.
También ha habido errores legislativos y rectificaciones. Pero la ampliación de derechos civiles y la protección de colectivos históricamente discriminados han formado parte de la agenda progresista.
F. El escudo social: el Estado presente cuando la sociedad lo necesita
La pandemia de COVID-19 puso a prueba la capacidad de respuesta de los gobiernos, frente a la posibilidad de una destrucción masiva del empleo, el Gobierno impulsó:
- ERTE para mantener relaciones laborales.
- Prestaciones extraordinarias para autónomos.
- Ingreso Mínimo Vital.
- Ayudas a empresas y trabajadores.
- Medidas de protección a familias vulnerables.
- Moratorias y mecanismos de apoyo económico.
- Medidas para proteger a los hogares frente a determinadas consecuencias de la crisis energética.
El Ingreso Mínimo Vital, aprobado en 2020, estableció una nueva prestación estatal para combatir la pobreza extrema, la diferencia entre un Estado que abandona a las personas y uno que interviene para protegerlas se vio con toda claridad durante aquella crisis.
G. Vivienda: intervenir frente a la especulación
La Ley de Vivienda de 2023 introdujo instrumentos para regular el mercado del alquiler, declarar zonas tensionadas y limitar determinadas subidas de precios.
También se impulsaron medidas de protección frente a los desahucios y actuaciones sobre el parque público de vivienda, es cierto que el problema de la vivienda sigue siendo uno de los grandes desafíos nacionales. Pero la discusión política es precisamente esa: ¿debe el Estado limitarse a observar cómo suben los alquileres o debe intervenir para garantizar el acceso a una vivienda digna?
La derecha suele responder con incentivos al mercado y rebajas fiscales. La izquierda defiende que la vivienda es un derecho constitucional y no solamente un activo de inversión.
LA ECONOMÍA TAMBIÉN CRECE CON POLÍTICAS PROGRESISTAS: PIB, EMPLEO Y PYMES
Uno de los argumentos más repetidos por el Partido Popular es que la izquierda no sabe gestionar la economía, sin embargo, los resultados de la economía española durante los últimos años contradicen esa afirmación.
El crecimiento económico no es patrimonio de la derecha.
La economía puede crecer con salarios dignos, inversión pública, protección social, consumo interno y políticas de apoyo a las empresas.
El PIB español
Durante la etapa de Pedro Sánchez, España ha registrado importantes tasas de crecimiento económico, incluso en un contexto internacional complicado.
Algunos datos destacados:
- En 2021, el PIB comenzó a recuperarse de la histórica caída provocada por la pandemia.
- En 2022 continuó la recuperación, impulsada por la actividad económica, el turismo y el consumo.
- En 2023 el crecimiento se situó alrededor del 2,5 %.
- En 2024 alcanzó aproximadamente el 3,5 %.
La economía española se situó entre las economías de mayor crecimiento de las grandes economías europeas, este crecimiento estuvo acompañado de una recuperación del turismo, las exportaciones de servicios, la inversión y el consumo.
No todo se explica por las decisiones del Gobierno: también influyeron los fondos europeos Next Generation, la recuperación internacional y el comportamiento del sector privado. Pero tampoco se puede negar la importancia de las políticas públicas y del mantenimiento de la demanda interna.
El empleo: más ocupación y menos desempleo que en 2018
En 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno, España tenía aproximadamente 19,3 millones de ocupados y una tasa de paro cercana al 15 %.
Durante los años posteriores se superaron los 22 millones de ocupados y la tasa de desempleo descendió hasta situarse alrededor del 10 % en las mediciones recientes de esta etapa.
Esto no significa que el problema del paro esté resuelto. España continúa teniendo un desempleo superior al de muchos países europeos, especialmente entre los jóvenes, pero resulta difícil sostener que las reformas progresistas hayan destruido el empleo cuando se ha alcanzado un máximo histórico de ocupación.
¿Y las pequeñas y medianas empresas?
Las PYMES representan la columna vertebral de la economía española, son comercios, talleres, empresas industriales, restaurantes, empresas tecnológicas, cooperativas, profesionales autónomos y miles de negocios familiares.
Durante esta etapa se han impulsado:
- Ayudas directas y líneas de financiación durante la pandemia.
- Los fondos europeos para digitalización y modernización.
- El programa Kit Digital.
- Medidas de apoyo a autónomos.
- Reformas para facilitar la creación y el crecimiento empresarial.
- La Ley de Startups.
- Programas de transformación energética e industrial.
Hay que distinguir entre creación de empleo, creación de empresas y número neto de empresas activas: no son indicadores idénticos. No sería correcto afirmar que el número de PYMES ha aumentado todos los años.
Lo que sí podemos afirmar es que las pequeñas empresas han participado de una recuperación económica acompañada de un crecimiento muy importante del empleo.
Una economía fuerte no es aquella en la que solamente ganan los grandes bancos y las grandes corporaciones. Es aquella en la que también prosperan los autónomos, los pequeños empresarios y los trabajadores.
EL CONTRASTE CON EL PARTIDO POPULAR: PRIVATIZACIONES, AUSTERIDAD Y PÉRDIDA DE DERECHOS
Para entender por qué no todos los gobiernos son iguales, también hay que analizar qué hizo la derecha cuando tuvo responsabilidades de gobierno.
No se trata de negar que durante los gobiernos del PP hubo crecimiento económico, creación de empleo o modernización empresarial. Los hubo. La cuestión es qué modelo de crecimientto se promovió, quién se benefició y qué costes sociales dejó.
A. Aznar: privatizaciones, especulación inmobiliaria y guerra de Irak
Los gobiernos de José María Aznar (1996-2004) impulsaron una profunda transformación del sector público empresarial, se privatizaron o se completaron procesos de privatización de grandes compañías estratégicas:
- Telefónica.
- Repsol.
- Endesa.
- Argentaria.
- Tabacalera.
- Otras participaciones públicas en empresas estratégicas.
España perdió capacidad de intervención directa en sectores fundamentales de su economía.
La Ley del Suelo de 1998, que facilitó la clasificación de terrenos como urbanizables, se convirtió en uno de los elementos de un modelo que favoreció la expansión inmobiliaria y la especulación.
No fue la única causa de la burbuja inmobiliaria, pero contribuyó a un modelo económico excesivamente dependiente del ladrillo, el crédito y la construcción.
Aquellos años estuvieron marcados por:
- Pelotazos urbanísticos.
- Especulación del suelo.
- Endeudamiento de familias.
- Concentración de riqueza inmobiliaria.
- Corrupción municipal y redes de intereses entre política y construcción.
La burbuja terminó estallando en 2008, con consecuencias devastadoras para millones de familias, y existe otro acontecimiento que no puede olvidarse: la participación de España en la guerra de Irak de 2003, junto a George W. Bush y Tony Blair.
La decisión de Aznar comprometió la política exterior española en una guerra enormemente cuestionada por la ciudadanía y que tuvo consecuencias internacionales gravísimas.
La soberanía nacional también consiste en decidir nuestra política exterior sin subordinarnos a los intereses militares de otras potencias.
B. Rajoy: austeridad, recortes y reforma laboral
Cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno en 2011, España estaba atravesando una gravísima crisis económica, pero la respuesta de su Gobierno fue una política de austeridad que tuvo importantes consecuencias sociales.
Entre sus decisiones más relevantes destacan:
La reforma laboral de 2012.
El Real Decreto-ley 3/2012 modificó profundamente las relaciones laborales.
- Facilitó el despido.
- Redujo la protección de los trabajadores.
- Debilitó la negociación colectiva en determinados aspectos.
- Amplió la flexibilidad empresarial.
- Favoreció la devaluación salarial.
La derecha defendió que esta reforma permitiría crear empleo. Sin embargo, el empleo que se recuperó después de la recesión estuvo acompañado durante años de temporalidad, salarios bajos y precariedad. La reforma laboral de 2021 modificó precisamente muchos de aquellos mecanismos.
Las pensiones.
Durante el Gobierno de Rajoy se aprobó una reforma que desvinculó la actualización de las pensiones del IPC y estableció el índice de revalorización que, durante varios años, limitó las subidas al 0,25 %.
Entre 2014 y 2017 los pensionistas sufrieron una pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.
Es importante precisar que la congelación general de las pensiones contributivas de 2011 se produjo bajo el Gobierno de Zapatero, como parte de las medidas de ajuste de aquel año. El Gobierno de Rajoy mantuvo posteriormente un sistema de revalorización muy limitado.
La diferencia es que el Gobierno progresista posterior recuperó la vinculación con el IPC.
La sanidad pública.
El Real Decreto-ley 16/2012 modificó las condiciones de acceso al sistema sanitario y restringió la cobertura de determinados colectivos, especialmente inmigrantes en situación irregular, con excepciones. También se introdujeron mecanismos de copago farmacéutico.
La educación pública.
La crisis estuvo acompañada de recortes presupuestarios, restricciones de personal y aumento de dificultades para las familias.
El rescate bancario.
Y aquí encontramos una de las mayores contradicciones del discurso de la derecha. Mientras se pedían sacrificios a los trabajadores, pensionistas y familias, el Estado intervenía para rescatar entidades financieras.
El caso de Bankia fue especialmente significativo. El rescate de BFA-Bankia movilizó decenas de miles de millones de euros de apoyo público, con una aportación de capital público de aproximadamente 22.400 millones.
Conviene recordar que Caja Madrid estaba integrada en el proceso que dio lugar a Bankia. La ciudadanía tenía que entender que no había dinero para determinadas necesidades sociales, pero sí era necesario movilizar enormes recursos para sostener el sistema financiero. ¿Quién asumió los costes de aquella crisis?
C. La policía patriótica y la utilización partidista de las instituciones
Durante el Gobierno de Rajoy también se conocieron investigaciones y actuaciones relacionadas con la denominada policía patriótica.
Se denunciaron operaciones policiales presuntamente dirigidas a perjudicar adversarios políticos, desacreditar dirigentes y fabricar o difundir informaciones perjudiciales para determinados partidos.
El caso Kitchen y las investigaciones sobre la utilización de estructuras policiales durante aquella etapa pusieron de manifiesto la gravedad de estas prácticas, también se cuestionaron las relaciones entre determinados sectores políticos, medios de comunicación y fuentes policiales.
No corresponde afirmar que toda la policía, toda la judicatura o toda la prensa participaron en estas operaciones. Sí corresponde exigir responsabilidades a quienes utilizaron instituciones públicas con fines partidistas.
La democracia no puede convertirse en un instrumento de persecución de adversarios políticos.
D. La corrupción: una cuestión que atraviesa la política española, pero que exige responsabilidades
El PP ha acumulado importantes escándalos judiciales y políticos. La Gürtel, la financiación irregular del partido, los papeles de Bárcenas, la Kitchen y otras investigaciones dejaron una profunda huella en la política española. La sentencia de la primera época de Gürtel fue determinante para la moción de censura que terminó con el Gobierno de Rajoy en 2018.
Pero la corrupción tampoco es patrimonio exclusivo de la derecha. El PSOE tuvo graves escándalos durante distintas etapas, incluidos Filesa, Roldán y los GAL, y también ha tenido casos posteriores que deben investigarse y castigarse, la diferencia no está en declarar que unos son incorruptibles y otros corruptos.
La diferencia está en exigir transparencia, investigación independiente y responsabilidades políticas y penales, gobierne quien gobierne.
LA DIÁSPORA ESPAÑOLA: LOS DERECHOS QUE LLEGARON CON LOS GOBIERNOS PROGRESISTAS
Hay una cuestión que afecta especialmente a millones de españoles residentes en Argentina, Uruguay, Cuba, Venezuela, México, Estados Unidos y otros países.
La diáspora española también sabe perfectamente que no todos los gobiernos son iguales, durante décadas, los españoles que vivíamos fuera de España hemos tenido que luchar por derechos que deberían haber estado garantizados desde el principio.
Con Zapatero llegó una de las mayores oportunidades de recuperación de la nacionalidad española para los descendientes de emigrantes y exiliados.
La Ley de Memoria Histórica de 2007 abrió una vía extraordinaria para acceder a la nacionalidad española a determinados descendientes.
Posteriormente, la Ley de Memoria Democrática de 2022 volvió a abrir esa puerta mediante su disposición adicional octava, esta última decisión permitió que cientos de miles de descendientes pudieran recuperar o adquirir la nacionalidad española.
No fue un regalo, fue el reconocimiento de una deuda histórica con quienes tuvieron que abandonar España por la guerra, la dictadura, la persecución política, la pobreza y la emigración económica.
Pedro Sánchez y el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior
En noviembre de 2026, la aprobación del Reglamento del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior representa otro paso importante en el reconocimiento institucional de los españoles residentes fuera del territorio nacional.
El desarrollo de este marco debe servir para reforzar:
- La participación institucional de la ciudadanía española en el exterior.
- Los derechos políticos y la representación de los emigrantes.
- La protección social y la asistencia en situaciones de necesidad.
- El acceso a prestaciones y programas de apoyo.
- La asistencia sanitaria en los supuestos previstos legalmente.
- Las políticas de retorno.
- Las subvenciones y ayudas para los españoles residentes en el exterior.
- El fortalecimiento de los consulados y de los servicios públicos.
La ciudadanía española no termina en la frontera, un español de Buenos Aires, Montevideo, Caracas o Ciudad de México tiene los mismos derechos de nacionalidad que un español de Madrid, Sevilla o Barcelona, aunque las circunstancias administrativas y de residencia sean diferentes.
Y por eso es tan importante contar con una representación política que conozca la realidad de la emigración, la diáspora necesita algo más que discursos institucionales el Día del Emigrante.
Necesita consulados con recursos, registros civiles ágiles, derecho efectivo al voto, protección social, oportunidades de retorno y participación en las decisiones que afectan a España.
Los gobiernos progresistas han abierto las principales vías de ampliación de la nacionalidad y de reconocimiento de los derechos de nuestros descendientes, ahora debemos conseguir que esos derechos sean plenamente efectivos.
MILEI, TRUMP Y LA MOTOSIERRA: CUANDO EL ESTADO SE CONVIERTE EN EL ENEMIGO
El debate español no puede separarse de lo que está sucediendo en otros países, Argentina ofrece un ejemplo especialmente significativo de lo que representa un proyecto político que identifica el Estado como enemigo y convierte el ajuste del gasto público en una bandera ideológica.
Javier Milei llegó prometiendo una motosierra contra el Estado, pero cuando se recortan las pensiones, se debilita la sanidad pública, se reducen las inversiones educativas y se deterioran los salarios, no desaparecen las necesidades de la sociedad, lo que desaparecen son los instrumentos colectivos para atenderlas.
La misma discusión se produce en Estados Unidos con Donald Trump y en otros países donde la derecha ultraliberal pretende reducir el papel del Estado mientras mantiene privilegios fiscales, financieros y económicos para determinados sectores.
El problema no es que el Estado sea grande o pequeño por definición, el problema es a quién sirve.
Un Estado que protege la sanidad, la educación, las pensiones, los trabajadores y las pequeñas empresas es un instrumento de igualdad y cohesión social.
Un Estado que abandona esos derechos y concentra sus recursos en beneficiar a los sectores más poderosos profundiza las desigualdades.
Por eso la defensa de los servicios públicos no es una cuestión ideológica abstracta, es una cuestión de vida cotidiana.
LOS DATOS DEBEN DESMONTAR EL RELATO DE FEIJÓO
Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular intentan presentar a España como un país económicamente arruinado, incapaz de crear empleo y sometido a un Gobierno que supuestamente destruye la economía.
Pero hay preguntas que la ciudadanía debería formularles:
- ¿Por qué España alcanzó máximos históricos de ocupación durante el Gobierno de Pedro Sánchez?
- ¿Por qué la reforma laboral consiguió reducir drásticamente la temporalidad?
- ¿Por qué el salario mínimo pasó de 735,90 a 1.184 euros?
- ¿Por qué se recuperó la revalorización de las pensiones conforme al IPC?
- ¿Por qué la economía española registró tasas de crecimiento superiores a las de varias de las principales economías europeas?
- ¿Por qué se habla de destruir empleo cuando se han superado los 22 millones de ocupados?
- ¿Por qué se cuestionan las políticas públicas mientras se evita explicar el coste de los rescates financieros?
- ¿Por qué se critica el gasto social sin explicar cómo se financiarían los servicios públicos si se reducen los ingresos del Estado?
Y hay otra pregunta todavía más importante:
¿Qué propone realmente el Partido Popular para los trabajadores, los pensionistas, los jóvenes que no pueden comprar una vivienda, los autónomos y los millones de españoles que viven en el exterior?
No basta con prometer crecimiento económico, hay que explicar cómo se distribuye la riqueza, qué salarios se pagan, qué servicios públicos se garantizan y qué derechos se protegen, la economía no puede medirse exclusivamente por los beneficios empresariales o por el comportamiento de la Bolsa.
También debe medirse por la capacidad de una familia para llegar a fin de mes, por la posibilidad de acceder a una vivienda, por la calidad de la educación de sus hijos y por la tranquilidad de saber que tendrá una pensión digna.
NO TODOS LOS GOBIERNOS SON IGUALES: TAMPOCO TODOS LOS MODELOS ECONÓMICOS
Es necesario romper una de las grandes trampas del discurso político: presentar todas las opciones como si fueran exactamente iguales, no lo son.
No es lo mismo defender una sanidad pública que favorecer su debilitamiento.
No es lo mismo proteger las pensiones que someterlas a mecanismos que hacen perder poder adquisitivo.
No es lo mismo elevar el salario mínimo que apostar por salarios bajos como ventaja competitiva.
No es lo mismo regular el mercado inmobiliario para garantizar el acceso a una vivienda que permitir que la especulación determine quién puede vivir dignamente.
No es lo mismo proteger a las pequeñas empresas que favorecer una economía concentrada en grandes grupos financieros y monopolios.
No es lo mismo reconocer los derechos de la diáspora que mantener a millones de ciudadanos en una situación de abandono administrativo y tampoco es lo mismo defender la soberanía española y europea que subordinar las decisiones nacionales a los intereses de Donald Trump, Netanyahu o cualquier otra potencia extranjera.
La soberanía no consiste en levantar banderas mientras se renuncia a decidir sobre nuestra economía, nuestra energía, nuestra política exterior y nuestros servicios públicos, consiste en tener capacidad democrática para decidir nuestro futuro.
Por supuesto, los gobiernos progresistas también tienen que mejorar. Deben resolver la crisis de vivienda, reducir el desempleo juvenil, fortalecer la industria, mejorar la productividad, combatir la precariedad, garantizar la financiación de las pensiones y acabar con las desigualdades territoriales.
La izquierda no debe conformarse con defender lo conseguido, debe seguir avanzando.
Podríamos decir que el VOTO PROGRESISTA es una decisión sobre el PAÍS que QUEREMOS
La historia de España está llena de conquistas que no llegaron por casualidad.
La sanidad pública, las pensiones, la educación universal, la igualdad entre hombres y mujeres, el matrimonio igualitario, los derechos laborales, la protección a las personas dependientes, el salario mínimo y los derechos de la ciudadanía española en el exterior son el resultado de décadas de lucha social y de decisiones políticas.
Los gobiernos de Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, con sus diferencias, errores y aciertos, han sido protagonistas de buena parte de esa construcción.
Y cuando la derecha ha gobernado, ha defendido otros modelos económicos, ha impulsado privatizaciones, reformas laborales, políticas de austeridad y recortes que han perjudicado especialmente a los sectores más vulnerables, por eso no podemos aceptar que Feijóo pretenda borrar la historia y presentarse como el único garante de la prosperidad económica.
Los datos del empleo, la evolución del salario mínimo, la recuperación de la revalorización de las pensiones y las reformas sociales forman parte de una realidad que merece ser defendida, pero también debemos recordar algo: los derechos nunca están garantizados para siempre.
Se pueden conquistar y se pueden perder. Se pueden ampliar o recortar. Se pueden proteger desde las instituciones públicas o entregar a los intereses privados, y esa es la verdadera dimensión de nuestro voto.
Para la clase trabajadora, para los pensionistas, para los jóvenes, para las mujeres, para los pequeños empresarios, para los emigrantes y para sus descendientes, elegir un modelo político tiene consecuencias reales.
La España que queremos no puede volver a ser la España de los privilegios, los pelotazos inmobiliarios, la precariedad, la privatización de los servicios públicos y la subordinación internacional.
Queremos una España con trabajo digno, salarios suficientes, vivienda accesible, pensiones protegidas, educación pública, sanidad universal, igualdad, memoria democrática y soberanía.
Una España que no abandone a sus ciudadanos cuando cruzan una frontera. Una España que no convierta los derechos en mercancías. Una España donde la riqueza que produce la sociedad sirva también para mejorar la vida de quienes la construyen.
Porque el progreso no se mide solamente en los beneficios de las grandes empresas. Se mide en la dignidad de la gente, y porque la historia demuestra que cuando la política se pone al servicio de la mayoría social, España avanza.
Los MEJORES TIEMPOS son y SERÁN SOCIALISTAS , con gobiernos progresistas de izquierda
No son lo mismo. No debemos permitir que nos hagan creer que son lo mismo.
El voto progresista decide si queremos seguir ampliando derechos o regresar a las políticas de recortes, privatizaciones y privilegios.
Que nadie vote olvidando quién conquistó sus derechos y quién puso en peligro su protección.
NOTA DE RIGOR PARA LA PUBLICACIÓN
Las cifras económicas del artículo son referencias históricas redondeadas y no deben confundirse con una comparación , fuentes Wikipedia y agencias de esos tiempos.