Por Francisco López, Redacción Árgentina.
El Congreso de los Diputados votará este martes 22 de septiembre la toma en consideración de una proposición de ley impulsada por Podemos para eliminar los coeficientes reductores a quienes hayan cotizado 40 años o más. La iniciativa no supone todavía la aprobación de la reforma, pero abre un debate político y social sobre cómo debe tratar el sistema de pensiones a quienes han desarrollado largas carreras laborales.
El Congreso de los Diputados se enfrenta este martes 22 de septiembre a una votación que puede volver a colocar en el centro del debate político español una cuestión especialmente sensible: la situación de las personas que han cotizado durante cuatro décadas o más y, pese a ello, ven reducida su pensión cuando acceden a la jubilación anticipada.
La iniciativa respaldada por Podemos plantea eliminar los coeficientes reductores aplicados a las pensiones de quienes acrediten al menos 40 años de cotización y hayan decidido jubilarse antes de alcanzar la edad ordinaria.
La votación de mañana, sin embargo, tiene un alcance concreto: el Congreso no votará todavía la aprobación definitiva de la reforma. Lo que decidirá será si la proposición de ley puede iniciar su tramitación parlamentaria.
Si obtiene la mayoría necesaria, comenzará entonces un recorrido legislativo que podría prolongarse durante meses, con presentación de enmiendas, comparecencias, debate parlamentario y una posterior votación definitiva.
¿Qué pretende cambiar Podemos?.
El núcleo de la propuesta consiste en modificar el tratamiento de las jubilaciones anticipadas de las personas con carreras de cotización especialmente largas, ya qué actualmente, adelantar la jubilación puede implicar la aplicación de coeficientes reductores sobre la pensión. La lógica del sistema es compensar el hecho de que el trabajador comienza a percibir la prestación durante un periodo más prolongado.
La proposición respaldada por Podemos introduce otro criterio: considerar que una persona que ha cotizado durante 40 años o más ha realizado ya una aportación suficientemente extensa al sistema como para que el adelanto de la jubilación no tenga necesariamente que traducirse en una penalización permanente de su pensión.
La iniciativa plantea además un componente retroactivo, de manera que quienes ya se encuentran jubilados en estas circunstancias puedan solicitar la revisión de su prestación, ese aspecto convierte la propuesta en una cuestión de mayor alcance económico y social, porque no afectaría únicamente a futuros jubilados, sino también a personas que ya reciben una pensión.
El coste económico, el principal argumento del Gobierno.
El principal obstáculo político señalado contra la iniciativa es su impacto presupuestario, qué según la estimación trasladada por Hacienda, la aplicación de la medida supondría un coste aproximado de 3.358 millones de euros. Esta cifra explica buena parte de la oposición del Gobierno a la iniciativa.
El debate, por tanto, enfrenta dos criterios diferentes, por un lado, quienes defienden la eliminación de los coeficientes reductores sostienen que debe reconocerse de manera específica el esfuerzo contributivo de quienes han trabajado y cotizado durante cuatro décadas o más.
Por otro, el Ejecutivo y las posiciones contrarias a la reforma ponen el acento en el coste para las cuentas públicas y en la necesidad de preservar el equilibrio financiero del sistema de pensiones. No se trata únicamente de una discusión contable, ya qué detrás de los 3.358 millones de euros existe una pregunta política de fondo: qué relación debe existir entre los años efectivamente cotizados y la pensión finalmente recibida.
PSOE: defensa de la sostenibilidad y rechazo a la iniciativa.
El PSOE se encuentra ante una posición políticamente compleja, ya qué el sistema de pensiones constituye una de las principales políticas sociales de los gobiernos socialistas, pero el Ejecutivo también ha defendido durante los últimos años la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema.
En las votaciones parlamentarias anteriores relacionadas con iniciativas similares, el PSOE se ha situado entre las fuerzas que han rechazado eliminar de manera generalizada estos coeficientes. La posición socialista se encuentra así vinculada al argumento de que cualquier modificación de las jubilaciones anticipadas debe ser compatible con el equilibrio financiero de la Seguridad Social.
La cuestión que plantea Podemos introduce, sin embargo, una diferencia importante: no propone beneficiar indiscriminadamente a cualquier jubilación anticipada, sino concentrar el cambio en quienes acrediten 40 o más años de cotización, ese elemento será previsiblemente uno de los principales argumentos del debate parlamentario.
PP: rechazo a la iniciativa y coincidencia en el voto parlamentario previo.
El Partido Popular también ha votado en contra de iniciativas anteriores destinadas a eliminar estos coeficientes reductores, en todo este tiempo la posición del PP se sitúa dentro de una concepción del sistema de pensiones en la que cualquier modificación debe analizarse desde su impacto financiero y desde la sostenibilidad a largo plazo.
El debate tiene, además, una dimensión política evidente, ya qué PSOE y PP pueden mantener profundas diferencias en materia económica y social, pero en esta cuestión han coincidido en votaciones anteriores al rechazar propuestas destinadas a eliminar las penalizaciones para carreras laborales de 40 años o más.
Esa coincidencia parlamentaria explica por qué la iniciativa afronta un escenario complicado para superar la toma en consideración.
Vox: el debate sobre las pensiones y las carreras largas.
Vox también deberá fijar su posición en la votación de este martes dentro de su discurso sobre el sistema de pensiones, los trabajadores y la presión fiscal. La formación ha defendido en diferentes debates la necesidad de proteger las pensiones y mejorar la situación económica de los trabajadores, aunque la posición concreta sobre esta proposición de ley debe distinguirse de otras propuestas generales de Vox sobre pensiones.
Por eso, en esta votación será especialmente relevante observar si la formación respalda la toma en consideración de la iniciativa de Podemos, la rechaza o plantea alguna alternativa.
La aritmética parlamentaria puede convertir precisamente a las fuerzas situadas fuera del Gobierno en actores determinantes para que la propuesta pueda superar este primer trámite.
Sumar: entre la protección social y la sostenibilidad.
Sumar comparte buena parte del diagnóstico social que está detrás de la iniciativa: la situación de trabajadores que han acumulado décadas de cotización y que consideran injusta la reducción de su pensión por acceder anticipadamente a la jubilación.
Sin embargo, también existe una cuestión presupuestaria que cualquier reforma debe afrontar, y es el debate dentro del espacio progresista que gira, por tanto, en torno a cómo combinar el reconocimiento de las largas carreras de cotización con la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social.
La diferencia entre Sumar y Podemos puede ser especialmente significativa en la tramitación parlamentaria, porque una eventual negociación podría determinar si la iniciativa se mantiene en sus términos originales o incorpora modificaciones.
Podemos: el impulso de la reforma.
Podemos es la formación que ha colocado esta cuestión en el centro de la iniciativa parlamentaria con un argumento fundamental, y es que no resulta razonable aplicar la misma penalización a una persona que se jubila anticipadamente después de una carrera laboral extremadamente larga que a quien acumula un periodo de cotización considerablemente menor.
La referencia de 40 años cotizados constituye, por tanto, el elemento central de la propuesta, desde esta perspectiva, la reforma pretende introducir un principio de reconocimiento de la trayectoria laboral: quienes hayan contribuido durante cuatro décadas al sistema deberían tener un tratamiento específico cuando decidan jubilarse antes de la edad ordinaria.
La propuesta también busca corregir, mediante la retroactividad planteada, una situación que afecta a personas que ya están jubiladas.
ERC: una votación que también afecta al equilibrio parlamentario.
Esquerra Republicana de Catalunya será otra de las formaciones relevantes en la votación, ERC ha mantenido históricamente posiciones favorables a reforzar las pensiones y a mejorar las condiciones de los trabajadores con carreras largas, aunque la posición concreta de sus diputados ante esta proposición debe comprobarse en función de la negociación parlamentaria y de los términos definitivos de la iniciativa.
Su voto puede adquirir importancia en un Congreso fragmentado en el que ninguna de las grandes fuerzas dispone por sí sola de una mayoría suficiente.
La votación de este martes no será, por tanto, únicamente un enfrentamiento entre Gobierno y oposición, sino también será una prueba de la capacidad de Podemos para construir una mayoría transversal alrededor de una cuestión social concreta.
¿Qué significa para los trabajadores?
La importancia social del debate es considerable, España tiene millones de trabajadores que han acumulado carreras laborales de varias décadas. Para una parte de ellos, la jubilación anticipada no responde necesariamente a una decisión voluntaria tomada en condiciones ideales.
Puede estar relacionada con el desgaste físico de determinados empleos, dificultades para continuar trabajando a edades avanzadas, reestructuraciones empresariales, desempleo o situaciones personales y laborales concretas.
La discusión sobre los 40 años de cotización introduce así un concepto diferente al de la simple edad biológica: la trayectoria contributiva.
Una persona que ha trabajado durante cuatro décadas ha realizado una aportación prolongada al sistema de Seguridad Social. La pregunta es si ese esfuerzo debe tener un reconocimiento específico cuando decide jubilarse antes de la edad ordinaria.
Quienes defienden la reforma consideran que sí, quienes se oponen advierten de que modificar los coeficientes supone incrementar el gasto del sistema y puede afectar a su sostenibilidad. Ambas cuestiones forman parte del mismo problema.
El verdadero debate: ¿penalización o reconocimiento?
La discusión parlamentaria puede terminar convirtiéndose en algo más profundo que una modificación técnica de los coeficientes reductores. En realidad, se debate qué modelo de Seguridad Social quiere construir España, un modelo puede poner el énfasis en la edad legal de jubilación y en la sostenibilidad financiera, u otro que puede otorgar mayor importancia a los años efectivamente cotizados.
La propuesta de Podemos intenta combinar ambos elementos estableciendo un umbral: 40 años de cotización, no plantea, por tanto, eliminar las penalizaciones para todas las jubilaciones anticipadas, sino modificar su aplicación a quienes acrediten una carrera laboral especialmente extensa.
La retroactividad, el elemento más sensible.
La posibilidad de revisar las pensiones de quienes ya se han jubilado anticipadamente constituye uno de los aspectos políticamente más relevantes de la propuesta. Si la reforma llegara finalmente a aprobarse en los términos planteados, habría que determinar mediante el procedimiento legislativo cómo se materializaría esa revisión, qué pensionistas tendrían derecho a solicitarla y desde qué fecha tendría efectos económicos.
Por eso es importante no confundir la votación del martes con una modificación inmediata de las pensiones ya qué mañana no se aprobará definitivamente la reforma. Si la Cámara da luz verde a su toma en consideración, comenzará el proceso legislativo.
Una votación con consecuencias políticas.
El resultado permitirá medir también la capacidad de Podemos para convertir una reivindicación social concreta en una mayoría parlamentaria. PSOE, PP, Vox, Sumar, ERC y el resto de las fuerzas tendrán que decidir si permiten que el debate continúe o si bloquean la iniciativa desde su primer trámite.
La posición de cada partido será especialmente significativa porque la propuesta afecta a un colectivo transversal: trabajadores que han podido desarrollar sus carreras profesionales bajo gobiernos de diferentes signos políticos y que ahora reclaman que sus décadas de cotización sean tenidas en cuenta.
El Gobierno argumenta el coste mientras Podemos pone el acento en la penalización de las largas carreras laborales. Los demás grupos deberán decidir qué peso conceden a cada uno de esos factores.
Más allá de los 3.358 millones.
Los 3.358 millones de euros estimados como coste no son un dato menor, ya qué representan el principal argumento económico contra la iniciativa y deberán ser analizados durante la eventual tramitación parlamentaria, pero tampoco puede reducirse el debate exclusivamente a una cifra.
Una política pública también debe valorar sus efectos sobre quienes han cotizado durante décadas, sobre la suficiencia de las pensiones y sobre la percepción de justicia del sistema.
La cuestión que llegará este martes al Congreso puede resumirse en una pregunta sencilla, aunque políticamente compleja: ¿Debe una persona que ha cotizado durante 40 años o más seguir soportando una penalización permanente si decide jubilarse antes de la edad ordinaria? La respuesta no será decidida este martes.
Lo que estará en juego será algo anterior: si el Parlamento considera que la cuestión merece ser debatida y modificada mediante una ley, y, si la iniciativa supera ese primer filtro, comenzará entonces una batalla parlamentaria que permitirá comprobar hasta dónde llega el consenso político para cambiar las reglas de la jubilación anticipada en España.