Por Adriana F Gómez.
Feijóo, el Partido Popular y Vox no pueden dar lecciones de regeneración democrática mientras se multiplican las sospechas sobre la utilización de medios de comunicación, recursos públicos y campañas judiciales para desgastar adversarios políticos y cuestionar derechos ciudadanos. La diáspora española conoce demasiado bien este mecanismo: primero se construye un relato mediático, después se convierte en munición política y finalmente se utiliza para intentar recortar derechos.
Lo que estamos conociendo alrededor del caso Koldo García abre un debate de enorme gravedad sobre las relaciones entre política, determinados medios de comunicación, financiación institucional y utilización de informaciones para condicionar la opinión pública y las actuaciones judiciales.
Las acusaciones de Koldo García son, por ahora, acusaciones que deben investigarse y contrastarse, y aunque el Partido Popular las niega, corresponde a los tribunales determinar si existen responsabilidades. Pero hay elementos suficientemente preocupantes como para exigir explicaciones.
Según la información difundida por la Cadena SER y las declaraciones recogidas en distintos medios, Koldo García sostiene que el Partido Popular habría intentado ofrecerle dinero a cambio de información, incluso aunque fuese falsa, para perjudicar al Gobierno de Pedro Sánchez, a su entorno familiar y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
También se ha conocido que la empresa editora de OK Diario habría abonado aproximadamente 250.000 euros a la defensa jurídica de Koldo García. La explicación ofrecida por el medio es que esos pagos estarían relacionados con una entrevista y otros proyectos editoriales. Koldo, por su parte, sostiene que detrás de esa operación existiría una estrategia más amplia y que podría demostrarlo.
Además, informaciones periodísticas han recuperado conversaciones telefónicas y referencias a reuniones entre Koldo García, Miguel Tellado secretario general del Partido Popular (PP), y Alberto Durán, abogado del Partido Popular, en la sede de Genova del Partido Popular. La existencia, el contenido y la finalidad de esas reuniones deben esclarecerse con todas las garantías.
No estamos ante cuestiones menores. Estamos ante sospechas que requieren transparencia, investigación y responsabilidades si se acreditan los hechos.
Pero hay una cuestión todavía más importante: ¿qué ocurre cuando la información periodística deja de ser un instrumento para buscar la verdad y se convierte en una herramienta de intervención política?
EL MÉTODO: PRIMERO SE FABRICA EL RELATO, DESPUÉS SE UTILIZA PARA CONSTRUIR LA ACUSACIÓN
Hay una dinámica que merece especial atención, primero aparece una información en determinados medios digitales. Después, dirigentes políticos del Partido Popular la reproducen, amplifican y convierten en argumento de oposición parlamentaria. Posteriormente, determinadas organizaciones presentan denuncias o iniciativas judiciales utilizando esos mismos argumentos mediáticos.
Finalmente, el asunto llega a los tribunales convertido en un problema político y judicial de primera magnitud, incluso cuando la información inicial todavía no ha sido suficientemente contrastada.
Este mecanismo, cuando se produce, tiene consecuencias devastadoras para la democracia, porque una noticia no es una prueba judicial. Una sospecha no es un delito. Una nacionalidad adquirida legalmente no puede convertirse en motivo de sospecha colectiva por una campaña política o mediática.
Y aquí es donde la diáspora española tiene motivos más que suficientes para levantar la voz.
LA DIÁSPORA ESPAÑOLA TAMBIÉN CONOCE ESTE MÉTODO: PRIMERO NOS SEÑALAN, DESPUÉS NOS JUDICIALIZAN
Lo que estamos denunciando no es una cuestión ajena a los millones de españoles que vivimos fuera de nuestras fronteras.
Durante los últimos años hemos asistido a una campaña política y mediática que ha intentado cuestionar la legitimidad de las nacionalidades adquiridas al amparo de la Ley de Memoria Democrática, especialmente las de los descendientes de españoles que recuperaron un derecho que les había sido negado durante generaciones.
Determinados medios, entre ellos OK Diario y The Objective, han publicado informaciones y enfoques que han contribuido a alimentar sospechas sobre la ciudadanía española en el exterior, la dimensión de las nuevas nacionalidades y sus consecuencias electorales.
No estamos cuestionando el derecho de ningún medio a investigar, informar o criticar una ley. Eso forma parte de la libertad de prensa, lo que denunciamos es la utilización política de informaciones no suficientemente contrastadas para construir un relato de sospecha sobre cientos de miles de ciudadanos españoles.
¿El resultado? Pues se pretende instalar en la opinión pública la idea de que los españoles del exterior somos ciudadanos de dudosa legitimidad, que nuestras nacionalidades merecen ser revisadas y que nuestros derechos electorales pueden limitarse por el simple hecho de haberlos adquirido mediante una ley aprobada democráticamente.
Es una vergüenza democrática, somos españoles. No somos ciudadanos de segunda. No somos una amenaza electoral. No somos una anomalía administrativa.
Somos descendientes de quienes tuvieron que abandonar España por razones económicas, políticas, por la dictadura, la represión y la persecución. Somos hijos, nietos y bisnietos de una emigración que contribuyó a construir comunidades enteras en América y otros lugares del mundo. Nuestra nacionalidad no es un regalo político, es un derecho reconocido por la legislación española.
DE OK DIARIO Y THE OBJECTIVE A LAS DENUNCIAS: EL PELIGRO DE CONVERTIR UNA CAMPAÑA MEDIÁTICA EN UNA OPERACIÓN CONTRA LOS DERECHOS
La preocupación aumenta cuando determinadas informaciones publicadas por medios de comunicación terminan siendo utilizadas por organizaciones que impulsan iniciativas judiciales contra la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y contra la participación electoral de ciudadanos españoles residentes en el exterior.
En este contexto hay que examinar las actuaciones de organizaciones como Iustitia Europa y las iniciativas relacionadas con Justicia y Libertad, así como la utilización de argumentos difundidos previamente en determinados espacios mediáticos.
La pregunta es legítima: ¿se está produciendo una articulación política, mediática y judicial que termina convirtiendo una campaña de opinión en una ofensiva contra derechos reconocidos por las leyes?
No se puede afirmar, sin pruebas, que exista una coordinación delictiva entre medios, organizaciones y magistrados, ni atribuir complicidad a los integrantes del Tribunal Supremo, pero aqui todo indica qué es así, ya que el entramado rmpieza a desmoronarse.
La independencia judicial debe respetarse y las resoluciones deben analizarse jurídicamente y precisamente por eso exigimos transparencia, que a día de hoy no existe .
Las decisiones judiciales que afectan a cientos de miles de españoles deben estar fundamentadas en argumentos jurídicos sólidos, no en prejuicios políticos, sospechas colectivas o campañas mediáticas.
Y cuando una resolución termina impidiendo que ciudadanos españoles ejerzan su derecho al voto, la obligación de explicar sus fundamentos es todavía mayor.
La suspensión que afecta a determinados ciudadanos incorporados al CERA al amparo de la Ley de Memoria Democrática constituye un asunto de enorme gravedad democrática. No puede normalizarse que personas que han obtenido la nacionalidad conforme a una ley española terminen privadas de participación política por controversias sobre la interpretación de esa misma legislación.
La ciudadanía no puede depender de quién gobierne, de qué partido tenga más interés electoral o de qué relato mediático consiga imponerse.
¿QUIÉN FINANCIA A LOS MEDIOS QUE ALIMENTAN ESTAS CAMPAÑAS?
Hay otra cuestión que tampoco podemos dejar fuera del debate: la financiación de los medios de comunicación mediante publicidad institucional. Las administraciones públicas tienen derecho a contratar publicidad para informar a la ciudadanía. Pero esos recursos deben distribuirse con criterios objetivos, transparentes y verificables.
Cuando gobiernos autonómicos del Partido Popular destinan fondos públicos a medios de comunicación con líneas editoriales afines, la ciudadanía tiene derecho a conocer cuánto dinero reciben, por qué lo reciben y con qué criterios se adjudican esos contratos y esto es especialmente importante cuando esos mismos medios participan activamente en campañas políticas contra adversarios ideológicos o contra colectivos de ciudadanos.
El caso de OK Diario y los pagos a la defensa de Koldo García, que el propio medio atribuye a actividades editoriales, plantea interrogantes que deben aclararse. También deben conocerse los contratos de publicidad institucional y las subvenciones públicas recibidas por las empresas editoras.
No estamos diciendo que recibir publicidad institucional constituya un delito. No lo es.
Estamos exigiendo que el dinero público no se convierta en un mecanismo de financiación privilegiada para construir relatos políticos, condicionar el debate democrático o atacar derechos ciudadanos y esta exigencia debe aplicarse a todas las administraciones, independientemente de su color político.
EL PARTIDO POPULAR Y VOX QUIEREN UNA DIÁSPORA SIN FUERZA POLÍTICA
Aquí está el fondo del problema, la diáspora española representa una realidad social, económica, cultural y política que durante décadas ha sido ignorada por buena parte de las instituciones.
Millones de españoles viven fuera de España. Muchos mantienen vínculos familiares, económicos y culturales con sus territorios de origen. Otros han recuperado recientemente una nacionalidad que les correspondía por historia familiar y por justicia democrática.
Queremos votar sin obstáculos injustificados. Queremos consulados con recursos suficientes. Queremos políticas de retorno. Queremos acceso a la sanidad, educación y protección social cuando regresamos. Queremos participar en las instituciones que deciden nuestro futuro.
Y queremos que los partidos políticos comprendan que no somos un censo incómodo que hay que controlar, reducir o excluir.
La ofensiva contra nuestros derechos no se limita al voto, también afecta a la posibilidad de cuestionar la legitimidad de nuestras nacionalidades, a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, a las políticas de retorno y a nuestra representación institucional.
Cuando se alimenta desde determinados espacios políticos la sospecha sobre la ciudadanía española en el exterior, se está preparando el terreno para justificar restricciones que afectan a derechos fundamentales, por eso no podemos permanecer en silencio.
La derecha española debe explicar qué modelo de ciudadanía defiende. ¿Una ciudadanía plena, con los mismos derechos para todos, o una ciudadanía condicionada por el lugar de residencia, el origen familiar y la conveniencia electoral? Porque una democracia no puede tener españoles de primera y españoles de segunda.
NO PODEMOS PERMITIR QUE EL ODIO A LA DIÁSPORA SE INSTALE EN EL GOBIERNO Y EN EL CONGRESO
El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y Vox de Santiago Abascal representan proyectos políticos que debemos confrontar democráticamente cuando sus posiciones amenazan los derechos de la ciudadanía española en el exterior.
No podemos aceptar que se utilicen nuestros apellidos, nuestros orígenes familiares o el lugar donde vivimos para cuestionar nuestra condición de españoles.
No podemos aceptar que se construyan campañas de sospecha sobre nuestras nacionalidades.
No podemos aceptar que se pretenda reducir nuestra participación electoral porque nuestro voto pueda alterar determinados equilibrios políticos.
No podemos aceptar que los derechos conquistados mediante la Ley de Memoria Democrática se conviertan en moneda de cambio de una batalla partidista.
Y tampoco podemos aceptar que determinados medios de comunicación, organizaciones políticas o iniciativas judiciales terminen formando parte de una dinámica que, por acción u omisión, perjudique a cientos de miles de ciudadanos.
La democracia exige investigar todas las irregularidades, también las que afectan al Partido Popular. Exige que los medios sean independientes, que la publicidad institucional sea transparente y que los tribunales actúen con imparcialidad.
Pero, sobre todo, exige que los derechos no dependan de la ideología de quien los ejerce, la diáspora española no va a pedir permiso para ser española. No va a renunciar a su nacionalidad, a su memoria, a su voto ni a sus derechos.
No somos ciudadanos de segunda. No somos un problema electoral. Somos parte de España, aunque vivamos a miles de kilómetros.
Y ante las próximas elecciones generales, nuestra responsabilidad es defender un proyecto político que garantice la igualdad, la memoria democrática, la participación y los derechos de todos los españoles, vivan donde vivan.
No podemos votarlos. No podemos entregar el Gobierno de España y el Congreso al Partido Popular de Feijóo y a Vox de Abascal para permitir que el odio a la diáspora, la exclusión política y el cuestionamiento de nuestras nacionalidades se conviertan en política de Estado.
Porque cuando una derecha política necesita convertir a sus propios ciudadanos en enemigos para conseguir votos, lo que está en cuestión no es la diáspora española.
Lo que está en cuestión es la calidad de su democracia y por eso en estas elecciones del 29 de noviembre , no podemos votar a estos partidos de Vox y del Partido Popular, votemos progresista y Voto Util dónde sea necesario; desde el 21 al 26 de Noviembre en los consulados de España en el Exterior.
Diáspora Española: por la igualdad de derechos, la memoria democrática y la plena ciudadanía de los españoles en el exterior.