Por Francisco López.
«El desalojo de una mujer de 87 años, después de que su alquiler pasara de unos 500 a más de 2.000 euros, vuelve a colocar en el centro del debate el precio de la vivienda, los fondos inmobiliarios y el papel de las administraciones públicas. Podemos e Irene Montero reclaman una intervención mucho más contundente, mientras PP y Vox mantienen posiciones más centradas en la oferta, la propiedad privada y la seguridad jurídica».
Hay imágenes que dejan de pertenecer a una persona y terminan convirtiéndose en el retrato de una sociedad, la imagen de Mari Carmen, una mujer de 87 años expulsada de la vivienda en la que vivía, es una de ellas.
No es solamente la historia de una anciana que pierde su casa. Es la historia de una persona que, después de haber vivido durante años con un alquiler cercano a los 500 euros, se enfrenta a una renta que supera los 2.000 euros y termina ante un desahucio.
Y es precisamente ahí donde el caso deja de ser exclusivamente judicial para convertirse en político, porque cuando una sociedad llega al punto de que una mujer de 87 años puede terminar en la calle porque no puede asumir el precio de su vivienda, la pregunta ya no es solamente quién tiene razón en un contrato.
La pregunta es qué mecanismos tiene el Estado para impedir que una persona vulnerable quede abandonada.
Si hoy tenemos un caso que ha sacudido el debate político, ese es el desalojo ha provocado una fuerte reacción de organizaciones sociales y partidos de izquierda y ha colocado al Gobierno ante la presión de aprobar nuevas medidas de protección.
El Ejecutivo negocia un nuevo paquete de vivienda destinado, entre otras cuestiones, a reforzar la protección de personas vulnerables frente a los desahucios.
Una de las fórmulas estudiadas busca superar una de las principales controversias de las actuales medidas antidesahucios para tener un consenso politico mas ampio y que no es otro sino que la protección del inquilino no recaiga indefinidamente sobre el propietario.
La propuesta plantea que, una vez transcurrido un período inicial, si continúa suspendido el lanzamiento por la situación de vulnerabilidad y la ausencia de alternativa habitacional, sea la Administración competente la que asuma económicamente los costes derivados de esa suspensión.
Es un cambio importante en el debate: proteger al vulnerable sin trasladar necesariamente todo el coste al propietario, pero las negociaciones parlamentarias siguen siendo complejas.
La expropiación que divide al Gobierno progresista en el caso de Mari Carmen también ha abierto una discusión mucho más profunda: la posibilidad de intervenir sobre la vivienda para que la mujer pueda regresar a ella.
Desde Sumar y otras fuerzas de izquierda se ha defendido públicamente una respuesta excepcional ante el caso, que contemole la expropiación de esa vivienda, Podemos se ha situado entre quienes reclaman una actuación contundente de las administraciones y consideran insuficiente limitarse a lamentar el desalojo.
La propuesta de expropiación, sin embargo, no debe confundirse con una decisión ya adoptada por el Gobierno.
Una expropiación de un inmueble privado requiere fundamento legal, causa de utilidad pública o interés social, procedimiento administrativo y las garantías correspondientes.
La controversia, por tanto, no es únicamente política. También es jurídica, pero la pregunta que plantea el caso sigue siendo sencilla:
¿Qué debe hacer una Administración cuando una persona de 87 años pierde su vivienda y no tiene capacidad económica para acceder a otra?
Podemos ve la vivienda como derecho y no únicamente como activo, convirtiendo la vivienda en uno de los ejes centrales de su discurso político.
Irene Montero y la formación morada han defendido medidas destinadas a ampliar el parque público, limitar los alquileres en determinadas circunstancias, intervenir sobre viviendas de grandes tenedores y reforzar la protección frente a los desahucios.
La posición de Podemos parte de una concepción de la vivienda como derecho social reconocido constitucionalmente y no exclusivamente como un activo financiero.
Desde esa perspectiva, el problema no termina cuando un juez ordena un lanzamiento, el problema comienza cuando una familia o una persona mayor se queda sin alternativa.
En el caso de Mari Carmen, Podemos ha defendido una actuación inmediata para evitar que el procedimiento termine consolidando lo que considera una situación de extrema injusticia social.
«Irene Montero y el conflicto por la vivienda»
Irene Montero ha situado durante los últimos años la vivienda entre las cuestiones centrales de su discurso político.
Su planteamiento se apoya en una idea: el derecho a la vivienda debe tener consecuencias prácticas y no limitarse a una declaración constitucional.
Desde esta perspectiva, las administraciones deben intervenir cuando el mercado no garantiza el acceso a una vivienda asequible, especialmente para personas mayores, familias vulnerables y hogares con ingresos insuficientes.
La controversia aparece cuando estas propuestas chocan con la defensa de la propiedad privada y con el argumento de que una regulación excesiva puede reducir la oferta de alquiler, ese es precisamente uno de los grandes conflictos políticos de la vivienda en España.
Madrid, es el epicentro del conflicto y ocupa un lugar central en esta discusión con un gobierno de derecha inhumano y con poca conciencia social.
La Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, y el Ayuntamiento de Madrid, dirigido por José Luis Martínez-Almeida, han defendido políticas de vivienda basadas fundamentalmente en aumentar la oferta, facilitar la construcción y mantener una posición crítica frente a determinadas formas de regulación de los alquileres.
PP y Vox han rechazado en distintos ámbitos algunas de las políticas de intervención sobre el mercado defendidas por el Gobierno central y por las organizaciones sociales.
Uno de los puntos de conflicto es la declaración de zonas tensionadas de alquiler, que la Ley de Vivienda permite sobre determinadas áreas qué sean declaradas zonas de mercado residencial tensionado cuando se cumplen los requisitos establecidos. La aplicación de esta herramienta depende, sin embargo, de las comunidades autónomas.
Madrid no ha seguido la vía de declarar zonas tensionadas en los términos reclamados por las fuerzas progresistas, para la izquierda y los movimientos sociales, esa decisión deja sin utilizar uno de los instrumentos previstos por la legislación estatal para contener determinados incrementos de alquiler.
Para el PP madrileño, en cambio, opina que la regulación de precios no constituye la solución y puede generar efectos negativos sobre la oferta, aunque la realidad es que esa apreciación a generado un incremento en los alquileres y una adquisición por los fondos buitres de viviendas destinadas a la especulación. Son dos modelos políticos diferentes y documentables.
¿Quién es Urbagestión?
En el caso de Mari Carmen aparece Urbagestión, sociedad vinculada a la propiedad o gestión del inmueble objeto del conflicto según las informaciones difundidas.
Una empresa «controla» un número indeterminado de viviendas en Madrid, diversificadas entre viviendas de su propiedad, viviendas administradas para terceros, sociedades participadas y activos gestionados.
La magnitud de su carteras y propiedades gestionadas, consta de innumerables edificios de viviendas en Madrid, diversificadas esta cartera con más de una decena de edificios residenciales completos distribuidos casi en su totalidad por la capital. Entre ellos destacan activos singulares en zonas céntricas (como un bloque vacío junto a Gran Vía valorado en más de 14 millones de euros) y otros bloques que se comercializan con inquilinos dentro.
La estrategia (Alquileres vs. Propias) de Urbagestión es no ejercer como una agencia inmobiliaria tradicional de alquiler de catálogo. Su estrategia consiste en comprar edificios enteros (propiedades propias a través de sociedades), para luego proceder a la optimización de rentas o al vaciado, reforma integral y posterior venta del bloque revalorizado.
Otros activos también consisten además en el sector residencial, la firma gestiona la intermediación y compraventa de casi 300 farmacias, laboratorios y ópticas en una veintena de ciudades españolas.
La empresa, administrada por los hermanos Ricardo y Fernando Alonso, está clasificada técnicamente como una microempresa de unos 7 empleados, pero canaliza inversiones de calado mediante la adquisición de fincas completas en áreas de alta rentabilidad de Madrid.
Precisamente por eso, el caso de Mari Carmen merece una investigación que vaya más allá del nombre de una empresa, ¿quién es el propietario final? ¿quién toma las decisiones sobre el alquiler? ¿quién administra el inmueble? ¿a qué sociedad pertenece? ¿existen otras viviendas vinculadas al mismo grupo?, y sobre todo, ¿qué responsabilidad corresponde a cada Administración pública?
Estas preguntas son mucho más importantes que convertir el caso en una simple batalla de titulares.
Los desahucios no son una estadística: son vidas y en España se continúa registrando miles de lanzamientos judiciales cada año con una media de cerca de 25.000 desahucios.
Pero detrás de cada número hay una historia, una familia, un jubilado, una madre, un niño, una persona enferma, un trabajador que no consigue llegar a final de mes.
Por eso también resulta necesario manejar con precisión las estadísticas y diferenciar entre lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias y aquellos relacionados con contratos de alquiler.
La cifra de «casi 25.000 desahucios al año» es todo un síntoma de que existe un problema y se necesita una solución permanente.
Pero incluso sin convertir una cifra en consigna, existe una realidad que nadie puede ocultar: miles de hogares siguen enfrentándose cada año a procedimientos de desahucio
La tragedia de Mari Carmen vuelve a enfrentar dos concepciones políticas y el debate entre Estado y mercado
Por un lado, las fuerzas progresistas defienden una mayor intervención pública: vivienda social, regulación de alquileres en zonas tensionadas, protección de los hogares vulnerables, ampliación del parque público y medidas específicas frente a grandes propietarios.
Por otro, PP y Vox ponen el acento en aumentar la oferta, proteger la propiedad privada, facilitar la construcción (para así volver a la burbuja urbanistica y a la corrupción permanente con un estado ausente) y evitar regulaciones que, según sostienen, pueden reducir la disponibilidad de viviendas en alquiler.
No se trata solamente de una diferencia técnica, e una diferencia sobre cuál debe ser el papel del Estado ante el mercado inmobiliario y Madrid constituye un ejemplo de que esas politicas no funcionan, estas diferencias son uno de los principales escenarios de esa disputa.
La pregunta que deja Mari Carmen, después de todos los debates jurídicos, económicos y políticos , es sin duda algo mucho más elemental, y es que una mujer de 87 años está fuera de su casa y ninguna estadística consigue explicar completamente lo que significa eso.
Una vivienda no son cuatro parede, es la habitación donde una persona guarda sus recuerdos, la mesa donde ha comido durante décadas, las fotografías familiares. El lugar donde alguien envejece creyendo que, al menos allí, está a salvo.
Cuando una persona mayor pierde su vivienda, no pierde únicamente un inmueble, pierde su barrio, sus relaciones, sus rutinas, su autonomía y una parte de la seguridad construida durante toda una vida.
El caso Mari Carmen plantea una cuestión que afecta a todos los gobiernos, independientemente de su ideología, tienen qué pronunciarse con acciones, y una decisión política que España no puede seguir aplazando:
¿Puede considerarse suficiente que el Estado intervenga después de que una persona vulnerable ya haya perdido su vivienda?, la respuesta dependerá del modelo político que cada ciudadano considere adecuado.
Las fuerzas progresistas, como Podemos, Sumar y otras organizaciones sociales, sostienen que el Estado debe intervenir mucho más directamente para garantizar el acceso a la vivienda y evitar que la lógica del mercado determine por sí sola quién puede permanecer en su hogar.
PP y Vox sostienen posiciones diferentes, poniendo mayor énfasis en la propiedad privada, el aumento de la oferta y la reducción de determinadas regulaciones, la discusión democrática está ahí.
Pero hay algo que debería estar por encima de la disputa partidista: que una sociedad no considere normal que una mujer de 87 años termine en la calle porque el precio de su vivienda se ha multiplicado.
Mari Carmen no debería convertirse únicamente en una fotografía que conmueve durante unos días, su historia debería obligar a revisar qué funciona y qué no funciona.
Porque una política de vivienda se mide precisamente cuando llega el momento más difícil, cuando el alquiler sube, cuando el salario no alcanza, cuando llega una carta judicial, cuando la puerta del domicilio deja de ser una garantía y cuando detrás de esa puerta vive una mujer de 87 años.
Ahí es donde se decide si la vivienda es realmente un derecho o si termina siendo, para quien no puede pagarla, simplemente otro producto del mercado.
La historia de Mari Carmen deja una pregunta abierta que ningún Gobierno debería poder esquivar: ¿Cuánto vale una vivienda y cuánto vale la vida de quien lleva décadas llamándola hogar?
