Por Francisco López, Argentina.
«Keiko Fujimori vuelve a poner sobre la mesa una vieja tentación de la política peruana: utilizar el miedo a la inseguridad para justificar la concentración del poder. El recuerdo de Alberto Fujimori, el debilitamiento de las instituciones democráticas y las controversias sobre nuevas formas de propaganda digital convierten el debate en algo mucho más profundo que una simple cuestión de orden público».
Perú vuelve a enfrentarse a una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede llegar un Gobierno en nombre de la seguridad sin terminar destruyendo las propias garantías democráticas que pretende proteger?.
La inseguridad ciudadana es un problema real y grave. Pero precisamente por eso resulta peligroso convertirla en una carta blanca para gobernar al margen del Parlamento, reducir los controles institucionales o concentrar en el Ejecutivo competencias que corresponden a otros poderes del Estado.
La propuesta de recurrir a decretos para afrontar la criminalidad abre un debate que trasciende a Keiko Fujimori. En un país marcado todavía por las heridas del fujimorismo de los años noventa, cualquier intento de ampliar extraordinariamente el poder presidencial debe ser examinado con especial rigor.
El precedente de Alberto Fujimori.
La historia pesa.Alberto Fujimori llegó a la Presidencia en 1990 y terminó protagonizando uno de los episodios más controvertidos de la historia democrática reciente de América Latina.
El 5 de abril de 1992, anunció el denominado «autogolpe»: disolvió el Congreso e intervino instituciones fundamentales del Estado, incluida la estructura judicial.
Aquella decisión abrió el camino a una concentración extraordinaria del poder presidencial.Posteriormente, el régimen quedó marcado por denuncias de corrupción, violaciones de derechos humanos y utilización de estructuras de inteligencia para controlar medios de comunicación y adversarios políticos.
Fujimori fue condenado por la justicia peruana por graves delitos, entre ellos violaciones de derechos humanos y corrupción. Falleció en septiembre de 2024.
Por eso, cuando una figura política vinculada familiarmente a aquel legado plantea fórmulas de gobierno excepcional, la sociedad peruana tiene razones para preguntarse dónde termina la respuesta legítima a la inseguridad y dónde empieza la tentación autoritaria.
La historia no se repite necesariamente de la misma manera. Pero puede repetir sus mecanismos
Del «orden» a la concentración del poder.
Los proyectos autoritarios contemporáneos ya no necesitan necesariamente tanques en las calles.Pueden avanzar mediante elecciones, campañas de comunicación, redes sociales, discursos de miedo y promesas de «mano dura».
El mecanismo es aparentemente sencillo: primero se identifica una amenaza; después se presenta al Ejecutivo como la única institución capaz de combatirla; finalmente se cuestionan los controles que dificultan esa concentración de poder.
El argumento suele ser siempre parecido: el país está en peligro y las instituciones normales son demasiado lentas para responder.Pero precisamente ahí reside el peligro.
Una democracia no se mide solamente por la existencia de elecciones. También se mide por la independencia judicial, la separación de poderes, la libertad de prensa, la existencia de un Parlamento con capacidad de control y el respeto a los derechos fundamentales. Una democracia sin contrapesos puede conservar las urnas y, sin embargo, comenzar a transformarse en otra cosa.
Cerimedo y la batalla por el poder digital.
En este contexto también resulta necesario analizar el papel que han adquirido en América Latina determinadas redes de comunicación política digital.
El argentino Fernando Cerimedo se ha convertido en una figura relevante dentro de determinados espacios de la nueva derecha latinoamericana. Su actividad ha estado vinculada a campañas digitales, comunicación política y estrategias de redes sociales.
También ha aparecido relacionado públicamente con distintos dirigentes y proyectos políticos de la derecha latinoamericana, mientras algunas investigaciones y denuncias han planteado interrogantes sobre campañas digitales, desinformación y utilización política de redes.
Pero hay que establecer una diferencia fundamental y no es otra que una relación política, profesional o comunicativa no demuestra por sí misma una operación ilegal, una financiación clandestina o una conspiración para destruir la democracia.
Cualquier acusación de ese tipo debe demostrarse documentalmente y, cuando corresponda, judicialmente. Lo que sí merece análisis es un fenómeno mucho más amplio: la transformación de las campañas electorales en operaciones permanentes de comunicación digital, donde algoritmos, influencers, medios partidistas, redes coordinadas y publicidad política pueden tener una capacidad de influencia enorme.
La pregunta ya no es solamente quién controla un periódico o una televisión, sino ¿quién controla los relatos que millones de ciudadanos reciben diariamente en sus teléfonos?.
El peligro de una democracia convertida en fachada.
El problema no sería únicamente que un Gobierno aprobara decretos. El verdadero riesgo aparecería si esos decretos fueran acompañados de una progresiva reducción de los controles democráticos.
Primero podría cuestionarse al Parlamento, después, a los jueces, posteriormente, a los periodistas que investigan y finalmente, a cualquier organización social que cuestione al poder.
El discurso podría seguir hablando de democracia, libertad y seguridad mientras, lentamente, se vacían de contenido las instituciones que hacen posible esa democracia. Ese modelo no necesita necesariamente abolir las elecciones. Puede ganar elecciones y utilizar posteriormente la legitimidad electoral para limitar los controles sobre el propio poder.
Ahí está una de las grandes paradojas de nuestro tiempo.
¿Dónde están los medios y la justicia?
También resulta legítimo preguntarse por el papel de los medios de comunicación y de las instituciones judiciales peruanas.
Pero conviene evitar afirmar que existe un «silencio» generalizado de todos los medios o de todo el Poder Judicial sin aportar pruebas concretas.
La cuestión más interesante es otra: ¿están las instituciones ejerciendo con suficiente independencia su función de vigilancia frente al poder político?
La prensa tiene que investigar al Gobierno aunque ese Gobierno sea popular, y os jueces tienen que aplicar la ley aunque el acusado tenga millones de votos. El Parlamento tiene que controlar al Ejecutivo aunque exista una emergencia, y las fuerzas de seguridad deben combatir el crimen dentro de la legalidad.
Porque precisamente en los momentos de mayor miedo es cuando más importante resulta preservar las reglas democráticas.
La inseguridad no puede convertirse en un cheque en blanco.
Perú necesita combatir el crimen organizado, la extorsión, los homicidios y la corrupción, pero una cosa es fortalecer al Estado para combatir al crimen y otra muy diferente debilitar los controles democráticos en nombre de esa lucha.
La seguridad y la democracia no son conceptos incompatibles, al contrario, una democracia sólida necesita instituciones capaces de garantizar seguridad sin convertirse ellas mismas en instrumentos de abuso.
La experiencia de Alberto Fujimori debería servir precisamente para recordar esa frontera. No se trata de afirmar que Keiko Fujimori vaya necesariamente a repetir exactamente la historia de su padre. Sería una conclusión que requeriría hechos y decisiones concretas, sino se trata de recordar que el apellido Fujimori no llega a la política peruana sin historia, y esa historia obliga a examinar con lupa cualquier proyecto que pretenda ampliar extraordinariamente el poder presidencial.
El autoritarismo del siglo XXI ya no necesita cerrar el Parlamento.
Quizá el mayor error sea imaginar que una nueva dictadura tendría que parecerse a las del siglo XX.Hoy podría presentarse con elecciones.Con redes sociales.Con grandes campañas publicitarias.Con discursos sobre libertad.Con la promesa de acabar con los delincuentes.Con una narrativa permanente de emergencia.Y con un líder que asegure que solamente necesita «más poder» para resolver los problemas del país, por eso el debate peruano no debería reducirse a Fujimori sí o Fujimori no.
La verdadera pregunta es mucho más profunda:¿Puede una sociedad combatir la inseguridad sin entregar su democracia como precio de la seguridad?. La respuesta debería ser inequívoca, sí a la seguridad, sí a la lucha contra el crimen, sí a un Estado fuerte, pero también sí al Parlamento, sí a la independencia judicial, sí a la libertad de prensa y sí a los controles democráticos.
Porque cuando un Gobierno empieza a considerar que el Parlamento es un obstáculo, que los jueces son un problema, que los periodistas críticos son enemigos y que las leyes pueden convertirse en una molestia frente a la «emergencia», la democracia comienza a entrar en terreno peligroso.
Y la historia peruana ya ha demostrado que el autoritarismo no siempre llega anunciándose como dictadura, a veces llega prometiendo simplemente orden, seguridad y eficacia.
Y cuando la ciudadanía quiere reaccionar, puede descubrir que las instituciones que debían protegerla ya han sido debilitadas.La democracia no muere necesariamente cuando desaparecen las elecciones. A veces empieza a morir cuando quienes gobiernan dejan de aceptar que existen límites a su poder.