El gobierno de España con mayoría progresista en el congreso ha acordado, destinar 260 millones de euros adicionales a ampliar el parque público de vivienda asequible.
El Consejo de Ministros ha reforzado la financiación de las comunidades autónomas y las entidades locales a través de un real decreto ley que incluye dos medidas fundamentales. Por un lado, se actualizan las entregas a cuenta correspondientes al año 2026. Por otro, se permite a las entidades locales con superávit presupuestario en 2025 que lo dediquen a inversiones financieramente sostenibles.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha recordado que el Consejo de Ministros ya aprobó esta actualización de las entregas a cuenta en diciembre de 2025 y el pasado febrero, pero el Congreso de los Diputados no la convalidó en ambas ocasiones. España ha destacado que las comunidades autónomas y los ayuntamientos reclaman esas medidas para garantizar su viabilidad financiera y cubrir sus necesidades. «Son buenas para el conjunto del sistema y, sobre todo, para los ciudadanos», ha asegurado.
Más recursos para las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Gracias al real decreto ley, las comunidades autónomas podrán recibir este año 157.731 millones de euros en concepto de entregas a cuenta (los pagos que el Estado realiza como un adelanto a partir de lo que estima que se va a recaudar). Esta cantidad supone un aumento del 7% respecto al año anterior. Si se suman los fondos procedentes de la liquidación de 2024 (el saldo entre la recaudación estimada y la real), las comunidades autónomas recibirán este año, vía modelo de financiación, 170.300 millones de euros, un 7,7% más.
El titular de Hacienda ha afirmado que es «la cifra más alta de la historia» y que, si se compara con los datos del año 2018, la subida es del 64%. Arcadi España ha sostenido que el incremento se debe a las políticas económicas impulsadas por el Gobierno y que se reflejan también en la reducción del déficit, el récord de afiliados y la bajada del desempleo. «Mayores ingresos públicos, mayores ingresos para la Administración General del Estado, pero también para las comunidades autónomas», ha manifestado.
El ministro se ha preguntado por qué muchos ciudadanos no ven reflejado ese aumento de la financiación en la calidad de los servicios públicos, por ejemplo, en la sanidad o la educación. «Siempre se habla solo de ingresos, pero es un momento bueno para reflexionar sobre la gestión de esos recursos por parte de las administraciones públicas, en este caso, las que ostentan las grandes competencias del estado del bienestar, como son las comunidades autónomas», ha señalado.
En cuanto a las entidades locales, las entregas a cuenta también alcanzarán en 2026 un nivel histórico: 29.247 millones de euros, un 8,8% más que el año anterior. El aumento de recursos respecto a 2018 es en este caso del 67,5%.
Más flexibilidad para invertir el superávit en políticas de vivienda.
El segundo pilar del real decreto ley es la posibilidad de que los ayuntamientos con superávit presupuestario en 2025 destinen parte de esos recursos a determinadas inversiones sin que computen a efectos de la regla de gasto (el límite legal para el aumento del gasto de un año a otro). Esas inversiones incluyen ámbitos como el alcantarillado, la industria, la energía, el comercio, la protección civil y las infraestructuras, entre otros. La medida puede beneficiar a más de 2.540 entidades locales, que podrían movilizar un volumen de recursos de 3.168 millones de euros para ese tipo de actuaciones financieramente sostenibles.
Como gran novedad, Arcadi España ha señalado que el texto habilita un régimen excepcional para que los ayuntamientos puedan destinar a políticas de vivienda el superávit de 2025 y también el de los cuatro años siguientes. No será necesaria, por tanto, una habilitación legal nueva cada año. El objetivo, según ha explicado el ministro, es garantizar la estabilidad y la proyección a largo plazo de las políticas de vivienda, «reforzando las medidas que impulsa el Gobierno de España y la financiación que va a distribuir a las comunidades autónomas».
También el resto de inversiones financieramente sostenibles podrán tener carácter plurianual, es decir, el remanente de 2025 podrá emplearse en proyectos cuya ejecución se alargue hasta 2030.
Ampliación del parque público de vivienda.
El Gobierno ha aprobado dos acuerdos en materia de vivienda que responden a su prioridad de continuar ampliando del parque público. En primer lugar, ha autorizado destinar a la entidad pública empresarial CASA 47 260 millones de euros adicionales para la construcción de 1.629 viviendas nuevas.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha subrayado que, con esta inyección económica, los recursos traspasados de Vivienda a la entidad alcanzan los 2.080 millones de euros. En la actualidad, CASA 47 tiene en marcha 68 proyectos en todo el territorio. Según ha precisado la ministra, hay 44 actuaciones de edificación residencial para construir 3.266 viviendas y otras 24 actuaciones de urbanización de solares con un potencial de construcción de 22.000.
Otras iniciativas de esta entidad pública apuntadas por la ministra son las 40.000 viviendas de la SAREB que el Ejecutivo está poniendo a disposición de los ciudadanos y la primera oferta de compra que realiza Casa 47 en el conjunto de España, con más de 100 millones para facilitar a los jóvenes y a las familias viviendas en alquiler asequible que están en manos de particulares o de ‘fondos buitres’.
Rodríguez ha recordado que a través de CASA 47 se impulsa ese parque público, se garantiza que los alquileres sean siempre asequibles -por debajo del 30% de los ingresos de las familias-, que los contratos sean de larga duración, de hasta 75 años, que den acceso a las clases medias y trabajadoras y que se enmarquen dentro de un nuevo concepto de ciudad, de espacios verdes y sostenibles que contribuyan a la cohesión social y territorial de nuestro país.
Cuantías máximas del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
El segundo acuerdo establece las cuantías máximas del Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030 y autoriza la propuesta de distribución territorial acordada por unanimidad en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana celebrada el pasado 21 de mayo.
La ministra ha subrayado que todas las viviendas que se van a construir con los 7.000 euros de fondos estatales del PEV serán protegidas para siempre: «Blindamos con este esfuerzo inversor el parque público de vivienda y se acaba con otros modelos donde, incluso con esos fondos públicos, se contribuyó a la especulación».
Isabel Rodríguez ha indicado que el PEV incorpora ayudas tanto para la construcción de vivienda como para la rehabilitación del parque existente, así como para los colectivos -jóvenes, familias, personas vulnerables- y territorios que más lo necesiten. Además, la ministra ha aclarado que el plan tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026 y que se van a transferir a las comunidades autónomas 800 millones de euros en el mes de julio para que de manera inmediata puedan desplegar sus acciones.
Esfuerzo inversor del Gobierno en vivienda.
Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra ha destacado que el esfuerzo inversor del Gobierno está dando resultados en la construcción del parque público de vivienda.En este sentido, ha apuntado que las licitaciones de vivienda pública han ascendido a 465 millones en el primer trimestre de este año, lo que supone el mejor dato de licitación de vivienda pública desde 2008.
Resuniendo el Gobierno de España está ejecutando el mayor esfuerzo inversor en vivienda pública de la historia de la democracia, impulsado a través de presupuestos ministeriales multiplicados y nuevos vehículos de financiación público-privada. La estrategia habitacional se estructura bajo los siguientes ejes financieros y programas:
Plan Estatal de Vivienda 2026-2030
Inversión global: Moviliza un presupuesto total de 7.000 millones de euros.Cofinanciación: El Estado aporta el 60% (4.200 millones de euros) y las Comunidades Autónomas el 40% restante.
Calendario: Las transferencias estatales comenzaron con un tramo inicial de 800 millones de euros.Destino de los fondos:40% para la construcción y adquisición de vivienda pública asequible.
.-30% reservado para la rehabilitación del parque residencial existente.
.-30% destinado a ayudas al alquiler para colectivos vulnerables.Fondo «España Crece»
Inversión total: Activación de hasta 23.000 millones de euros combinando capital público y privado.
Objetivo constructivo: Financiar la edificación de 15.000 viviendas al año destinadas a alquiler asequible.
Modelo: Financiación blanda a través del ICO para atraer coinversión privada no especulativa.
Promoción Directa y Licitaciones
.-Cifra récord: Las licitaciones de vivienda pública alcanzaron 465,08 millones de euros en el primer trimestre, la mayor cifra desde 2008.
.-Empresa pública CASA 47: Cuenta con una asignación específica de 2.080 millones de euros para desarrollar 68 proyectos residenciales (3.266 pisos nuevos y urbanización de suelos para hasta 22.000 inmuebles).
.-Fondo de adquisición: Se han habilitado 100 millones de euros adicionales para comprar viviendas a particulares o fondos y transformarlas en vivienda social.
Flexibilidad fiscal para Ayuntamientos.
Superávit local: El Ejecutivo ha aprobado un régimen excepcional que permite a los ayuntamientos destinar el superávit presupuestario directamente a políticas de vivienda.