Muchas son las reacciones políticas de la derecha para justificar el colapso en los consulados de España en Argentina, culpando a las tramitaciones de la Ley de Memoria Democrática (LMD), argumentando que inmensa cantidad de solicitudes superó por completo la capacidad operativa de las oficinas, generando demoras masivas en los turnos y resoluciones e intentando cuestionar la ley y sus beneficios ante que solucionar los problemas estructurales de fondo.
El impacto de la Ley de Memoria Democrática en Argentina efectivamente es significativo y concentra el 42% de las solicitudes mundiales de esta ley destacando Buenos Aires donde existen más de 645.000 expedientes acumulados pendientes de evaluación (el mayor del mundo), siendo este Consulado General de España, oficialmente la sede con mayor volumen de trabajo a nivel global.
Los cuellos de botella en el proceso técnico no solo están ubicados en los propios consulados, si no que también dependen directamente de España, ya desde la emisión del IDU (la asignación del Identificador Único IDU) es necesario para pedir cita que llega a demorar entre 8 y 12 meses desde el registro inicial. La doble verificación de cada carpeta que pasa por una revisión exprés en ventanilla y luego por una auditoría profunda de firmas y actas que se necesitan la participación de las delegaciones de Justicia de España tanto de los pueblos o de las provincias españolas que extiende los plazos de resoluciones.
El orden cronológico estricto es otra pieza fundamental de la atención donde el sistema evalúa los trámites individualmente por fecha de presentación, retrasando la resolución del grupo familiar completo. Hoy la Infraestructura y recursos son insuficientes y produce una saturación física, donde se acumulan más de 56 toneladas de documentación en papel en las dependencias, unido a la falta de personal y presupuesto según han ma infestado representantes en varios Consejos de Residentes Españoles (CRE) que continúan denunciando la escasez de empleados frente a la avalancha de expedientes.
Unido a unos problemas edilicios donde sedes operativas clave sufrieron cierres temporales por denuncias gremiales sobre fallas de seguridad e infraestructura con consecuencias directas para los usuarios. Los turnos a largo plazo para quienes tramitan su cita es otro cuello de botella ya que obtienen fechas de presentación programadas con varios años de espera y produce un efecto dominó en la saturación en la ley de nietos así como en otros servicios cotidianos como la renovación de pasaportes, visados y registros matrimoniales , trámites que se podrían efectuar en los viceconsulados de España temático en todas las circunscripciones consulares de Argentina como así reclama la plataforma ciudadana “ Diáspora Española Por Más Derechos Memoria Democrática “ sus consejeras y consejeros en distintos CREs de Argentina.
Los expedientes de nacionalidad presentados por residentes en Argentina se resuelven en los propios Consulados de España en Argentina, ya que los Cónsules Generales tienen la competencia delegada del Registro Civil, sin embargo, el proceso involucra a ambos países según la etapa del trámite:
1.- Dónde se evalúa y decide es en el propio Consulado donde el personal del consulado local revisa que la documentación entregada cumpla los requisitos legales.
2.- La resolución por el Cónsul Encargado del Registro Civil donde resuelve aprobando o denegando la nacionalidad.
3.- Terminando con la Inscripción del nacimiento en los libros de ese mismo consulado.
Pero algo que casi nadie sabe es que también interviene España (Madrid) donde se envían las actas ya que el consulado debe solicitar a España las actas de nacimiento de los progenitores o abuelos españoles que estén anotadas en el Registro Civil Central de Madrid o en juzgados municipales de la península, esto provoca un nuevo cuello de botella en las resoluciones .
Otra cuestión son los recursos de apelación, ya que si el consulado deniega la nacionalidad, el recurso de apelación se envía a España, donde resuelve la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en Madrid. Cuando resulta aprobada e inscrita en el consulado, la información se digitaliza y se envía una copia de respaldo a los servidores centrales del Ministerio de Justicia en España.
La vista fijada por el Tribunal Supremo para el próximo 7 de septiembre que analiza exclusivamente una medida cautelar sobre la gestión técnica del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), no afecta la validez de la nacionalidad española ya concedida ni paraliza la tramitación de los expedientes en curso.
Las resoluciones y trámites validez en la concesión de nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática siguen siendo totalmente firmes y legales y a dia de hoy no existe ninguna anulación de la ley, por lo que los consulados y registros continúan recibiendo, procesando y resolviendo los trámites de nacionalidad con total normalidad ya que el estatus de ciudadanía española obtenido por los descendientes no corre ningún peligro legal por esta causa judicial.
Lo que sí tiene alcance cualquier decisión del Supremo es en el foco electoral del censo donde el debate judicial se centra en los efectos operativos y en las altas dentro del censo de votantes en el exterior (CERA), a raíz de un recurso presentado por colectivos como Justitia Europa, una medida cautelar puede decidir frenar de manera temporal las inscripciones en el padrón de electores, un efecto administrativo y político que altera los derechos constitucionales de libertad de inscripción y circulación en España y crearía un precedente peligroso para articular nuevas denuncias, como el cuestionamiento de la cláusula octava de la ley de Memoria Democrática, (algo auspiciado por la derecha y ultraderecha española) para alterar el derecho fundamental de nacionalidad de los y las solicitantes descendientes de españoles en el exterior.
Otra cuestión es la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que también afecta directamente a las partidas económicas de los consulados de España en el exterior, obligando a la Administración General del Estado a operar bajo un escenario de prórroga automática de las cuentas del año anterior.
Aunque esto no significa que las sedes consulares se queden sin dinero ni que deban cerrar, sí limita gravemente su capacidad operativa ante el aumento de la demanda de trámites en el extranjero y la congelación de las partidas base, ya que los consulados reciben automáticamente los mismos fondos asignados en el presupuesto anterior. Esto ignora el impacto de la inflación local en los países de destino y la devaluación monetaria.
Este congelamiento presupuestario influye drásticamente en la falta de personal y las colas de espera, que también frenan la creación de nuevas plazas estructurales de funcionarios y personal laboral (PLEX) en el exterior. Esto genera saturación y demoras en citas debido al incremento masivo de solicitudes de nacionalidad (bajo la Ley de Memoria Democrática) que requiere refuerzos urgentes de personal y tecnología.
La prórroga impide dotar de forma ágil estos recursos específicos y bloquea inversiones y modernización, impidiendo iniciar grandes obras de reforma, traslados de oficinas consulares ni renovaciones de sistemas informáticos que no estuvieran previamente planificadas y aprobadas.
Para evitar el colapso de los servicios en el exterior, el Gobierno de España suele recurrir a herramientas de flexibilidad contable autorizadas por el Ministerio de Hacienda con modificaciones presupuestarias parciales dónde el ejecutivo realiza transferencias de crédito de unas partidas a otras para rescatar áreas críticas (como el pago de nóminas o alquileres consulares) siendo el uso de Decretos-leyes utilizados con frecuencia para aprobar créditos extraordinarios o suplementos de crédito específicos por razones de urgencia para dotar de liquidez al Ministerio de Asuntos Exteriores y en consecuencia a los consulados de España dependientes del ministerios.
Esto significa que el Partido Popular (PP) utiliza la falta de aprobación presupuestaria y las deficiencias de gestión resultantes como un argumento político clave para desgastar al Gobierno de España, cuestionar la Ley de Memoria Democrática, implantar la prioridad nacional y terminar aprobando una nueva ley para evitar la aplicación Democrática de los derechos constitucionales a la Diáspora Española, ellos junto con la ultraderecha española de VOX y un Feijóo permisivo, son los verdaderos enemigos silenciosos de la Diáspora Española y de las personas beneficiarias de la Ley de Memoria Democrática.
Estas propuestas de la derecha es un ejemplo claro de sus políticas restrictivas y tienen el mismo modo de operación política, ejemplo la sanidad pública dependiente de los gobiernos autonómicos , que dónde gobiernan visibilizan la xenofobia, diciendo que las listas de espera es culpa de los emigrantes y retornados , cuándo la realidad es que los Presupuestos los redujeron al 50 % con lo que los servicios son desmantelados con sus recortes, no por mas y mejores atenciones médicas.
En el ámbito de la política exterior y el servicio consular, el PP y su rama internacional de oposición articulan sus críticas basándose en las debilidades logísticas causadas por la falta de un presupuesto actualizado que ellos tampoco intervienen para solucionar el problema.
Estos argumentos de crítica del Partido Popular, principal partido de la oposición ha estructurado sus reproches gubernamentales sobre los consulados en torno a tres ejes fundamentales:
Denuncia del «caos consular»: El PP señala directamente las largas listas de espera para obtener citas, la escasez de personal (PLEX) y los incidentes específicos —como los recientes retrasos en la entrega de pasaportes a nivel mundial— como pruebas de la «mala gestión» y la «asfixia económica» de la red diplomática.
Ataques a la aplicación de la «Ley de MemoriaDemocrática para obtener la nacionalidadespañola»: Al operar el Gobierno con un presupuesto general prorrogado, la dotación para tramitar la nacionalidad bajo la Ley de Memoria Democrática se ve muy limitada. El PP utiliza esta coyuntura para criticar con fuerza la «opacidad» del proceso, acusando al Ejecutivo de intentar «fabricar votantes» en el extranjero de manera acelerada y precaria, sin dotar a los consulados de la infraestructura y el rigor técnico necesarios.
El uso de la externalización de servicios de soporte para aliviar las colas que el gobierno ejecuta ante la falta de presupuesto fijo para contratar más funcionarios públicos , es otro argumento del Partido Popular. Los populares censuran severamente estas contrataciones de firmas externas (por ejemplo, en el Consulado de La Habana), exigiendo transparencia en los expedientes de gasto y denunciando «falta de previsión».
Estas acusaciones blanquean el «desprecio» a los emigrantes del PP en el exterior ( sus delegaciones en América Latina) y demuestra que la «España Exterior» es secundaria, dentro de la agenda política del de la derecha utilizando su coacción para atacar al gobierno de españa con la ciudadanía española descendiente como conejillo de laboratorio político electoral.