Redacción de Revista TU VOZ en Bolivia.
Hablar de fascismo nunca debería hacerse con ligereza. Es un concepto con un enorme peso histórico que remite a regímenes autoritarios, a la concentración del poder, a la persecución de la disidencia y a la restricción de derechos y libertades. Sin embargo, considero que los acontecimientos que vive Bolivia bajo la presidencia de Rodrigo Paz muestran una preocupante deriva que justifica abrir este debate.
La llegada de Rodrigo Paz a la presidencia, crea incertidumbre sobre el futuro político, económico e institucional del país. Desde sectores de la oposición y diversos movimientos sociales, han surgido voces que advierten sobre un endurecimiento del poder y un modelo de gobierno que consideran incompatible con los principios de una democracia plena.
En ese contexto, algunos analistas y dirigentes han llegado a calificar la situación como una deriva autoritaria con rasgos propios del fascismo. Bolivia atraviesa una compleja coyuntura económica marcada por la reducción de las reservas internacionales, la escasez de divisas, problemas de abastecimiento de combustibles y un crecimiento cada vez más limitado.
A ello se suma la incertidumbre sobre el futuro de sectores estratégicos como el gas natural, cuya producción ha disminuido durante los últimos años, y el litio, considerado uno de los recursos con mayor potencial para impulsar el desarrollo del país.
Para muchos críticos, el desafío no pasa únicamente por la economía, sino también por la orientación política del nuevo gobierno. Organizaciones sociales y sectores de la oposición sostienen que las restricciones a la protesta, la presión sobre dirigentes sindicales y las investigaciones o detenciones de figuras políticas opositoras generan preocupación sobre el respeto a las garantías democráticas. Estas denuncias deben ser investigadas por las instituciones competentes, ya que su alcance y fundamento son objeto de controversia pública.
El control de los recursos naturales constituye otro de los ejes del debate. El gas ha sido históricamente uno de los principales motores de la economía boliviana, mientras que el litio representa una oportunidad estratégica en el contexto de la transición energética mundial. Las decisiones sobre la explotación, industrialización y distribución de estos recursos tendrán un impacto decisivo sobre el futuro económico del país y sobre su soberanía.
En este escenario, organizaciones sindicales, movimientos indígenas, sectores campesinos y partidos de oposición reclaman el respeto de las libertades públicas, la independencia de la justicia y el pleno funcionamiento de las instituciones democráticas. Al mismo tiempo, el gobierno defiende sus políticas como necesarias para garantizar el orden, la estabilidad y la recuperación económica.
Más allá de las posiciones enfrentadas, Bolivia enfrenta el reto de preservar el Estado de derecho, garantizar los derechos fundamentales y encontrar respuestas a una crisis económica que afecta a millones de ciudadanos. El desarrollo de los acontecimientos determinará si el país logra fortalecer sus instituciones democráticas o profundiza la polarización política que ha marcado buena parte de su historia reciente.
A mi juicio, la crisis económica puede convertirse en la excusa perfecta para justificar una creciente concentración del poder. La historia demuestra que muchos gobiernos han utilizado situaciones de emergencia para ampliar sus facultades y limitar el espacio de la oposición política y social.
Las denuncias sobre detenciones de dirigentes sindicales y representantes políticos, así como las acusaciones de utilización de las instituciones del Estado contra adversarios políticos, deberían preocupar a cualquier demócrata, independientemente de su ideología. Corresponde a la justicia determinar la legalidad de cada actuación, pero en una democracia es imprescindible que exista independencia judicial, garantías procesales y pleno respeto a los derechos fundamentales.
Pero el mayor peligro no reside únicamente en la crisis económica, sino en la posibilidad de que esta termine normalizando restricciones a las libertades públicas y debilitando los contrapesos democráticos. La democracia no solo se mide por la celebración de elecciones, sino también por la protección de los derechos de la oposición, la libertad de expresión, la independencia de la justicia y la capacidad de la sociedad civil para organizarse y protestar.
La historia enseña que las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Su deterioro suele producirse de forma gradual, mediante la acumulación de decisiones que reducen los espacios de libertad y debilitan los mecanismos de control. Por ello, el futuro de Bolivia dependerá de la fortaleza de sus instituciones, del respeto a los derechos fundamentales y de la capacidad de la ciudadanía para defender los principios democráticos.
Cuando un gobierno comienza a concentrar poder, criminaliza la protesta social, debilita los contrapesos institucionales y convierte a la oposición en un enemigo al que hay que neutralizar, la democracia entra en una zona de peligro y hoy Bolivia atraviesa precisamente ese momento.
La historia latinoamericana demuestra que el autoritarismo no siempre llega mediante golpes militares. También puede avanzar gradualmente, mediante el debilitamiento de las instituciones, la deslegitimación de la oposición, la presión sobre organizaciones sociales y la reducción de los espacios para la crítica. Ese proceso merece vigilancia constante, cualquiera que sea el signo político del gobierno.
Bolivia esta reproduciendo los regímenes fascistas europeos del siglo XX que ponen en riesgo el pluralismo, las libertades públicas y la convivencia democrática precisamente sin causas que ponen en peligro el futuro del país no dependerá solo de sus inmensos recursos naturales, sino de la capacidad de su sociedad para defender la democracia frente a cualquier deriva autoritaria. Porque ninguna crisis económica justifica sacrificar las libertades que sostienen una república democrática
Precisamente por la gravedad de esa palabra, debe emplearse con responsabilidad y acompañada de un debate basado en hechos y argumentos.