Por Juan Carlos Alí Torres
El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, las administraciones autonómicas gobernadas por la derecha y el periódico de Eduardo Inda, en el centro de una grave polémica por el destino de millones de euros de dinero público. Las acusaciones de Koldo García sobre la financiación de su defensa jurídica, los pagos documentados a su abogada y los contratos vinculados a la Plaza de Toros de Las Ventas abren interrogantes que exigen una investigación judicial y explicaciones políticas.
Hay escándalos políticos que no se pueden despachar con una declaración de cinco palabras: «Todo es mentira». Y hay operaciones que, por la cantidad de dinero público que aparece en ellas, por las personas implicadas y por la naturaleza de las acusaciones, necesitan algo más que una estrategia de comunicación para intentar desacreditarlas.
Lo que está saliendo a la luz alrededor del Partido Popular, OKDIARIO y su director, Eduardo Inda, plantea una pregunta de enorme gravedad democrática: ¿se está utilizando dinero procedente de administraciones públicas gobernadas por el PP para financiar estructuras mediáticas que, además de desarrollar actividad periodística, podrían estar participando en operaciones de propaganda política y en una presunta trama destinada a obtener testimonios contra dirigentes del PSOE?
Las cifras conocidas y las declaraciones de Koldo García han elevado esta controversia a otra dimensión. Ya no estamos hablando exclusivamente de publicidad institucional o de contratos concedidos a un medio de comunicación. Estamos ante acusaciones sobre quién financia determinadas operaciones, quién paga determinadas defensas jurídicas y cuál sería el destino final de esos recursos.
Conviene distinguir entre los hechos documentales conocidos, las denuncias políticas y las acusaciones que todavía necesitan acreditación judicial. Pero precisamente por eso resulta imprescindible investigar.
1. CASI 10 MILLONES DE EUROS: EL DINERO PÚBLICO QUE APARECE EN EL CIRCUITO DE OKDIARIO
Las informaciones difundidas por el periodista Yago Álvarez, de El Salto, y las cantidades denunciadas posteriormente por dirigentes socialistas han puesto sobre la mesa un volumen económico extraordinario.
La relación de cantidades que se ha difundido incluye administraciones gobernadas por el Partido Popular y operaciones vinculadas a OKDIARIO y a su entorno empresarial.
Entre las cifras señaladas aparecen:
- Aragón: aproximadamente 447.000 euros.
- Región de Murcia: aproximadamente 225.000 euros.
- Comunidad Valenciana: aproximadamente 200.000 euros.
- Comunidad de Madrid: alrededor de 3,1 millones de euros en diferentes conceptos y contratos señalados.
- Plaza de Toros de Las Ventas: aproximadamente 4,75 millones de euros entre 2023 y 2025, según las cantidades detalladas por el grupo socialista madrileño.
- Castilla y León: aproximadamente 220.000 euros.
La suma de las cantidades redondeadas, tomando los 4,75 millones correspondientes a Las Ventas, se sitúa en torno a los 8,94 millones de euros. Si se utiliza la cifra política redondeada de cinco millones para la operación taurina, el total asciende a 9,19 millones.
Es decir, estamos ante una cifra que se aproxima a los diez millones de euros.
Pero hay una cuestión fundamental: estas cantidades deben desglosarse, verificarse contrato por contrato y determinar qué empresas fueron las adjudicatarias, qué servicios prestaron y quiénes fueron los beneficiarios finales. También debe aclararse si algunos importes aparecen contabilizados en más de una relación.
La cuestión política, sin embargo, es evidente: ¿qué justificación económica existe para que semejante volumen de recursos públicos termine relacionado con un mismo grupo mediático?
2. LAS VENTAS: CASI CINCO MILLONES EN TRES AÑOS
Uno de los elementos más llamativos de esta controversia es la información relativa a la Plaza de Toros de Las Ventas, cuya concesión pública depende de la Comunidad de Madrid.
Según las cantidades detalladas por el grupo socialista en la Asamblea de Madrid, los importes correspondientes a los ejercicios 2023, 2024 y 2025 serían:
- 2023: 1.300.000 euros.
- 2024: 1.700.000 euros.
- 2025: 1.750.000 euros.
Total: 4.750.000 euros.
Casi cinco millones de euros en tres ejercicios.
La diputada socialista Pilar Sánchez Acera explicó que su grupo había solicitado información sobre estos movimientos económicos y que la Comunidad de Madrid no había facilitado las facturas y documentación en las condiciones solicitadas.
Según su explicación, un diputado socialista tuvo que acudir personalmente a consultar la documentación disponible y tomar nota de las cantidades, sin recibir las correspondientes fotocopias.
La denuncia política es que una concesión vinculada a una institución pública estaría canalizando cantidades millonarias hacia OKDIARIO mediante acuerdos relacionados con la comunicación y la actividad taurina.
La pregunta es inevitable: ¿qué servicios concretos justifican esos importes? ¿Qué criterios económicos se utilizaron? ¿Existió competencia entre proveedores? ¿Qué contraprestaciones recibió la administración y qué empresas terminaron cobrando?
No basta con responder que se trata de actividades comerciales o de espectáculos taurinos. Cuando existe dinero vinculado a una concesión pública, debe poder explicarse hasta el último euro.
Y todavía hay otra cuestión más importante: ¿qué relación tienen estos ingresos con las acusaciones que Koldo García está realizando sobre el pago de su defensa jurídica?
3. OKDIARIO Y LOS CONTRATOS MENORES: LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL COMO FUENTE DE FINANCIACIÓN
La investigación periodística de Yago Álvarez también ha señalado la existencia de contratos menores vinculados a diferentes secciones y marcas asociadas a OKDIARIO.
Entre ellas aparecen OK Green, OK Salud y OK Motor.
Según la información difundida, OK Green habría recibido tres contratos de aproximadamente 14.500 euros cada uno para organizar eventos.
La cifra resulta especialmente llamativa porque los contratos menores de servicios tienen un límite legal de 15.000 euros, sin IVA, y están sujetos a requisitos que impiden utilizarlos para fraccionar artificialmente contratos y eludir los procedimientos de contratación correspondientes.
En uno de los eventos señalados habría participado el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
La investigación también apunta a contratos vinculados a OK Salud que habrían incluido entrevistas a responsables políticos del Gobierno autonómico.
La cuestión no es si un medio puede organizar conferencias, encuentros o jornadas sectoriales. Naturalmente, puede hacerlo.
El problema aparece cuando las administraciones públicas financian esas actividades, cuando los contratos se repiten justo por debajo de los límites legales y cuando no existe suficiente transparencia sobre los servicios contratados, su utilidad pública y sus beneficiarios.
¿Estamos ante una política legítima de comunicación institucional o ante un mecanismo para transferir recursos públicos a determinados medios afines?
Es una pregunta que merece una respuesta documentada.
4. KOLDO GARCÍA Y EL PAGO DE SU DEFENSA JURÍDICA: LA PIEZA MÁS DELICADA DEL ESCÁNDALO
Pero el asunto adquiere una dimensión mucho más grave cuando aparece Koldo García.
El exasesor ministerial sostiene que Eduardo Inda habría participado en un acuerdo económico para financiar su defensa jurídica y obtener a cambio determinadas declaraciones y contenidos que posteriormente podrían utilizarse en el ámbito judicial y político.
Aquí aparece uno de los elementos documentales más relevantes de la controversia: las minutas y facturas correspondientes a la defensa jurídica de Koldo García.
Según las informaciones difundidas, existiría un primer pago de 181.500 euros a la letrada que llevaba su defensa, con una cantidad total que habría alcanzado los 242.000 euros.
La cuestión es que OKDIARIO ha defendido que los pagos estaban vinculados a un contrato para un libro y un documental, no a la financiación de la defensa judicial.
Son dos versiones diferentes que deben aclararse mediante los contratos, las facturas, los movimientos bancarios y las declaraciones de las personas implicadas.
Koldo García, por su parte, sostiene que el acuerdo contemplaba una cantidad mucho mayor: un millón de euros.
El supuesto reparto económico incluiría:
- Un primer pago relacionado con la defensa jurídica, cuya documentación ha sido objeto de informaciones periodísticas.
- Un segundo pago de aproximadamente 700.000 euros, que se habría articulado mediante derechos de autor de un libro y otros acuerdos.
- La utilización de esos contenidos para elaborar declaraciones y testimonios contra dirigentes del PSOE.
Entre las personas que Koldo habría pretendido implicar aparece el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Es importante subrayarlo: la existencia de una minuta o de un pago no demuestra por sí misma que se haya comprado un testimonio ni que se haya cometido un delito. Lo que sí hace es plantear interrogantes sobre la naturaleza del acuerdo, la procedencia del dinero y la finalidad real de los pagos.
Si el dinero se utilizó para pagar una defensa jurídica, debe acreditarse el origen y la justificación contractual.
Si, por el contrario, existió un acuerdo para obtener declaraciones judiciales a cambio de dinero, estaríamos ante una situación de una gravedad extraordinaria.
5. LA ACUSACIÓN MÁS GRAVE: DINERO, TESTIMONIOS Y PRESUNTAS OPERACIONES JUDICIALES
La denuncia de Koldo García no se limita a señalar que recibió dinero o que alguien pagó a su abogada.
Su versión apunta a una operación más amplia.
Según su relato, habría existido un acuerdo económico con Eduardo Inda para coordinar entrevistas, contenidos periodísticos y declaraciones posteriores ante las autoridades judiciales.
La acusación sostiene que el objetivo no sería únicamente publicar informaciones, sino conseguir testimonios que pudieran utilizarse para perjudicar políticamente al Gobierno de Pedro Sánchez y a dirigentes socialistas.
Koldo también ha hecho referencias a encuentros, comidas y supuestos seminarios en los que participarían personas relacionadas con el ámbito judicial.
Aquí es donde la controversia debe ser examinada con especial rigor.
No se puede afirmar que se hayan comprado jueces, fiscales o testigos sin pruebas que acrediten esos hechos. Tampoco puede atribuirse responsabilidad penal a un medio de comunicación o a un partido político únicamente por las declaraciones de un investigado.
Pero tampoco se puede ignorar una denuncia de esta naturaleza si existen documentos, pagos y testimonios que puedan ser contrastados.
La pregunta que deben responder los investigadores es muy concreta:
¿Existió una estructura económica destinada a financiar declaraciones, testimonios o actuaciones que posteriormente pudieran utilizarse para construir causas judiciales contra adversarios políticos?
Si se acredita una operación de esa naturaleza, no estaríamos ante una simple controversia periodística. Estaríamos ante un posible intento de instrumentalizar la justicia y la información para intervenir en la vida democrática.
6. EL ANTECEDENTE DE LUIS BÁRCENAS: CUANDO EL PP YA FUE ACUSADO DE PRESIONAR A UN TESTIGO
Hay un antecedente que devuelve esta polémica a una etapa especialmente oscura de la política española: el caso de Luis Bárcenas.
El extesorero del Partido Popular denunció que, durante su estancia en prisión, había recibido presiones relacionadas con la posibilidad de destruir o retirar documentación comprometedora para el partido.
En aquel contexto apareció el nombre del abogado Javier Iglesias y se denunciaron supuestas gestiones para conseguir que Bárcenas modificara su posición a cambio de beneficios para su entorno familiar.
Estas acusaciones dieron lugar a una controversia política y judicial que debe examinarse con sus propios antecedentes y resoluciones.
La comparación no demuestra que los hechos actuales sean iguales. Pero sí recuerda que el Partido Popular arrastra una historia de graves controversias sobre financiación, documentación, presiones y relaciones entre estructuras políticas y judiciales.
Por eso, cuando aparecen nuevas acusaciones que vuelven a situar en el centro el dinero, los abogados, los testimonios y las operaciones políticas, la obligación democrática es investigar.
No puede existir una doble vara de medir: exigir credibilidad absoluta a Koldo García cuando sus declaraciones perjudican al PSOE y desacreditarlo automáticamente cuando señala al Partido Popular.
La credibilidad de cualquier declaración debe determinarse por sus pruebas, no por la conveniencia partidista de quien la utiliza.
7. EL CIRCUITO DEL DINERO: DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS A LA BATALLA POLÍTICA
Este es el núcleo de la controversia, el circuito que denuncian los socialistas y que Koldo García describe en su versión tendría varias etapas:
PRIMERA: administraciones gobernadas por el Partido Popular adjudican contratos, publicidad, acuerdos y recursos vinculados a empresas y actividades relacionadas con OKDIARIO.
SEGUNDA: esos recursos terminan generando ingresos para el entorno empresarial del periódico de Eduardo Inda.
TERCERA: según las acusaciones de Koldo García, existirían acuerdos económicos adicionales relacionados con la financiación de su defensa, entrevistas, publicaciones y posibles declaraciones judiciales.
CUARTA: esos contenidos y testimonios podrían utilizarse para alimentar una estrategia política y mediática contra el Gobierno socialista.
QUINTA: la denuncia apunta a una posible conexión entre la financiación, determinados encuentros y actividades con personas del ámbito judicial, extremo que requiere pruebas independientes y una investigación específica.
Este es el circuito que debe investigarse, no darlo por demostrado antes de tiempo, porque hay una diferencia enorme entre financiar legítimamente un medio de comunicación y utilizar recursos públicos para alimentar una estructura de propaganda partidista o, peor todavía, financiar operaciones destinadas a condicionar procedimientos judiciales.
El dinero público no pertenece al Partido Popular, ni al PSOE, ni a ningún gobierno autonómico. Pertenece a los ciudadanos, y los ciudadanos tienen derecho a saber dónde termina cada euro.
8. FEIJÓO Y AYUSO: ¿DÓNDE ESTÁN LAS EXPLICACIONES?
Alberto Núñez Feijóo tiene una responsabilidad política que no puede esquivar.
El Partido Popular gobierna administraciones desde las que se han señalado estos contratos y acuerdos económicos. Isabel Díaz Ayuso dirige la Comunidad de Madrid, donde se concentra una parte especialmente importante de las cantidades denunciadas.
La pregunta dirigida a ambos es sencilla:
¿Puede el Partido Popular explicar por qué aparecen tantos recursos públicos relacionados con OKDIARIO y qué servicios concretos justifican esas cantidades?
¿Puede explicar la Comunidad de Madrid los 4,75 millones vinculados a Las Ventas?
¿Puede acreditar qué criterios se utilizaron para adjudicar los contratos de comunicación y organización de eventos?
¿Puede aclarar si existen relaciones económicas entre los pagos institucionales y los acuerdos privados denunciados por Koldo García?
Y, sobre todo, ¿puede explicar por qué OKDIARIO habría asumido gastos de defensa jurídica de una persona investigada en una de las principales causas de corrupción política de los últimos años?
El PP ha rechazado las acusaciones y ha defendido su posición. Pero negar una denuncia no sustituye la obligación de aclarar documentalmente los hechos.
Feijóo no puede exigir explicaciones al Gobierno central y, al mismo tiempo, considerar que los contratos de las administraciones que controla no merecen ser examinados, la transparencia debe ser igual para todos.
9. LA DOBLE MORAL DEL PARTIDO POPULAR: CUANDO KOLDO ERA UNA FUENTE CREÍBLE
Existe, además, una contradicción política que merece atención, el 27 de noviembre de 2025, OKDIARIO publicó una entrevista exclusiva con Koldo García en la que se difundían declaraciones relacionadas con Pedro Sánchez y una supuesta financiación de sus primarias, aquel día, dirigentes del Partido Popular se apresuraron a amplificar las declaraciones.
Entre ellos aparecieron Miguel Tellado y otros representantes de la dirección popular, que difundieron los contenidos del periódico y utilizaron las declaraciones de Koldo para atacar al presidente del Gobierno, la información se convirtió inmediatamente en munición política.
Sin embargo, cuando Koldo García empieza a señalar al Partido Popular y a explicar presuntos acuerdos económicos con Eduardo Inda, la reacción cambia.
Lo que antes se presentaba como una fuente de enorme credibilidad pasa a convertirse, según la conveniencia del momento, en alguien al que no se puede creer.
Esta contradicción es difícil de justificar, si Koldo García merece ser escuchado cuando acusa al PSOE, también deben examinarse sus declaraciones cuando señala al PP.
Y si sus declaraciones no son suficientes para demostrar un delito, tampoco lo eran cuando perjudicaban al Gobierno socialista, la justicia no puede funcionar mediante credibilidad selectiva.
10. EL PROBLEMA DE FONDO: LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LA SUPERVIVENCIA DE LOS MEDIOS AFINES
Más allá de las responsabilidades individuales, este escándalo abre un debate estructural sobre el funcionamiento del sistema mediático español.
La publicidad institucional es legítima. Los gobiernos tienen derecho a comunicar sus políticas y las administraciones pueden contratar servicios de medios de comunicación, pero esa financiación debe regirse por criterios objetivos, transparentes, verificables y proporcionales a los servicios contratados.
No puede convertirse en una recompensa por afinidad ideológica, tampoco puede servir para construir un ecosistema de medios dependientes económicamente de las administraciones gobernadas por un determinado partido.
Cuando los contratos se repiten, cuando aparecen empresas vinculadas a un mismo entorno mediático y cuando las cantidades alcanzan millones de euros, la transparencia deja de ser una cuestión administrativa y se convierte en una exigencia democrática.
El problema no es que un medio de derechas reciba publicidad institucional. El problema sería que recibiera recursos públicos sin justificación suficiente, que existiera un trato de favor o que ese dinero terminara financiando actividades ajenas a los fines para los que fue concedido.
Y si además se acreditara que esos recursos alimentaron una operación para comprar testimonios o condicionar procedimientos judiciales, estaríamos ante un escándalo de dimensiones históricas.
11. LA RESPONSABILIDAD DEL PSOE: MENOS DECLARACIONES Y MÁS DENUNCIAS
El Partido Socialista ha anunciado que está recopilando información para estudiar las posibles actuaciones judiciales.
La diputada Pilar Sánchez Acera ha explicado que su grupo ha intentado obtener documentación de la Comunidad de Madrid y que las cantidades conocidas justifican seguir investigando, pero la ciudadanía necesita algo más que comparecencias y declaraciones parlamentarias.
Si existen contratos, facturas, movimientos bancarios y documentos que acreditan irregularidades, deben ponerse a disposición de la Fiscalía y de los tribunales.
Hay que solicitar:
- La relación completa de contratos adjudicados a OKDIARIO y a sus sociedades vinculadas.
- Los expedientes de publicidad institucional de las comunidades autónomas gobernadas por el PP.
- Los contratos relacionados con Las Ventas y la explotación de su concesión.
- La identidad de las empresas que recibieron los pagos.
- Las facturas y las contraprestaciones efectivamente realizadas.
- Los contratos y pagos vinculados a la defensa jurídica de Koldo García.
- La trazabilidad bancaria de los importes denunciados.
- La documentación de los supuestos acuerdos para la elaboración de libros, documentales y entrevistas.
- La eventual existencia de pagos o beneficios relacionados con testimonios judiciales.
Y, si existen indicios de conductas delictivas, que se investiguen con todas las garantías, no se puede combatir la corrupción con declaraciones de prensa. Hay que hacerlo con documentación, procedimientos judiciales y responsabilidades.
CONCLUSIÓN: EL DINERO PÚBLICO NO PUEDE CONVERTIRSE EN UN ARMA CONTRA LA DEMOCRACIA
La cuestión de fondo es mucho más importante que OKDIARIO, Eduardo Inda, Koldo García, Feijóo o Ayuso, estamos hablando de la relación entre el poder político, el dinero público, los medios de comunicación y la independencia judicial.
Una democracia necesita medios de comunicación libres, gobiernos sometidos al control parlamentario y una justicia independiente de los intereses partidistas.
Si un gobierno utiliza publicidad institucional para favorecer a medios afines, debe responder por ello. Si una empresa mediática recibe contratos públicos sin una justificación económica suficiente, debe explicarlos. Si alguien paga la defensa de un investigado a cambio de declaraciones políticas o testimonios judiciales, debe investigarse.
Y si se demuestra que existió una operación para comprar testimonios, influir sobre personas vinculadas a la justicia o utilizar recursos públicos para fabricar acusaciones contra adversarios políticos, las responsabilidades deben llegar hasta el último responsable.
No se puede exigir transparencia al Gobierno de España mientras se ocultan los expedientes de las administraciones autonómicas propias.
No se puede presentar a Koldo García como una fuente incuestionable cuando acusa al PSOE y como un mentiroso cuando señala al PP, y no se puede convertir el dinero de los contribuyentes en una caja de financiación para intereses privados o partidistas.
Casi diez millones de euros en el centro de una polémica que exige explicaciones. Millones que salen de administraciones públicas y cuyo destino debe ser completamente transparente.
La pregunta que Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso todavía tienen que responder es muy sencilla:
¿PARA QUÉ SE HA PAGADO TANTO DINERO A OKDIARIO, QUIÉN SE HA BENEFICIADO REALMENTE Y QUÉ SERVICIOS SE HAN FINANCIADO?
Porque si detrás de esos contratos existiera una estructura destinada a financiar propaganda política, comprar voluntades o fabricar testimonios judiciales, no estaríamos ante una simple controversia sobre publicidad institucional.
Estaríamos ante un ataque directo a la calidad democrática de España, y eso no se resuelve con un titular, una entrevista o una declaración de «todo es mentira» se resuelve poniendo todos los contratos, todas las facturas y todos los movimientos bancarios encima de la mesa.
El dinero público pertenece a los ciudadanos. No a los partidos, no a sus gobiernos y mucho menos a sus operaciones políticas.