Redacción Argentina
España afronta un debate político que va mucho más allá de una alternancia entre partidos. La disputa electoral también plantea qué modelo de democracia, de convivencia y de Estado quiere construir el país durante los próximos años. En ese escenario, el progresismo tiene ante sí un desafío doble: recuperar la confianza de una parte de la ciudadanía y, al mismo tiempo, impedir que el descontento social sea utilizado por la ultraderecha para convertir el miedo, la frustración y el enfrentamiento en una estrategia permanente de poder.
La primera clave es entender que ganar unas elecciones no consiste únicamente en derrotar a un adversario político. También implica ofrecer un proyecto reconocible para quienes sienten que la política ha dejado de responder a sus problemas cotidianos: vivienda, salarios, empleo, servicios públicos, educación, sanidad, pensiones, seguridad o el futuro de sus hijos.
La política puede ejercerse de dos maneras muy diferentes. Una busca administrar las diferencias existentes dentro de una sociedad democrática mediante el diálogo, la negociación y el respeto a las instituciones. La otra convierte al adversario en un enemigo, transforma cualquier discrepancia en una amenaza y presenta la política como una batalla en la que solo puede existir un vencedor. Esa diferencia no es menor.
Cuando la confrontación permanente sustituye al debate, la democracia comienza a deteriorarse. Y cuando además se cuestionan las instituciones, se desacredita a los medios de comunicación, se presenta al diferente como una amenaza y se reivindica una autoridad sin contrapesos, el problema deja de ser exclusivamente electoral.
El recuerdo de la España franquista
La historia española demuestra hasta dónde puede conducir una concepción absolutista del poder.Durante la dictadura franquista, la ausencia de pluralismo político, la censura, la persecución de opositores y la concentración del poder impidieron durante décadas que los ciudadanos pudieran decidir libremente sobre el rumbo del país.
No existía una verdadera competencia electoral ni un sistema de contrapesos democráticos comparable al actual. Recordar aquella etapa no significa afirmar que la España democrática de 2026 sea la España franquista. No lo es.
Pero sí resulta necesario recordar qué ocurre cuando la concentración del poder, la intolerancia hacia el adversario y la eliminación del pluralismo dejan de considerarse peligros democráticos.
La democracia no desaparece necesariamente de un día para otro. Puede erosionarse progresivamente: primero mediante la normalización de discursos autoritarios; después mediante la deshumanización de determinados colectivos; más tarde mediante el cuestionamiento de los controles institucionales y, finalmente, mediante la aceptación de que determinadas libertades pueden sacrificarse en nombre de una supuesta seguridad, identidad nacional o defensa de la mayoría.
La clave electoral: hablar de la vida real.
El progresismo tiene, por tanto, una primera obligación: abandonar cualquier tentación de convertir la política únicamente en una batalla cultural.
Una persona preocupada porque no puede comprar una vivienda no necesariamente votará en función de un debate ideológico. Un trabajador con un salario insuficiente quiere saber cómo llegará a fin de mes. Una familia que espera meses para una atención sanitaria quiere soluciones. Un joven que no encuentra empleo estable necesita perspectivas de futuro.
La política progresista debe conectar la defensa de los derechos con soluciones concretas. Vivienda asequible, salarios dignos, servicios públicos eficaces, empleo estable, igualdad de oportunidades y protección social no deberían presentarse como conceptos abstractos, sino como elementos fundamentales de una democracia que pretende mejorar la vida de sus ciudadanos.
No basta con denunciar a la ultraderecha
Otra de las claves es evitar un error frecuente: pensar que basta con advertir sobre los peligros de la ultraderecha para derrotarla electoralmente. No es suficiente.
Hay que explicar por qué determinadas propuestas pueden perjudicar a quienes precisamente pretenden proteger. Hay que desmontar las simplificaciones sin despreciar a quienes las escuchan. Y, sobre todo, hay que comprender que detrás de determinados votos existen problemas, frustraciones y sentimientos de abandono que no desaparecen calificando a sus protagonistas.
El progresismo necesita convencer, no solamente movilizar contra el miedo. También necesita recuperar una virtud que debería ser esencial en política: la capacidad de escuchar.
Democracia frente a absolutismo.
La diferencia fundamental entre una política democrática y una política de inspiración autoritaria está en la relación con el poder.La democracia acepta límites. El poder democrático sabe que existen tribunales, Parlamento, prensa, oposición, sindicatos, asociaciones civiles y ciudadanos que tienen derecho a criticar al Gobierno.
El autoritarismo, en cambio, considera esos límites obstáculos.Por eso resulta peligroso que se normalice la idea de que quien gana unas elecciones obtiene una especie de cheque en blanco para hacer cualquier cosa. Ganar una mayoría permite gobernar, pero no convierte al Gobierno en dueño de la democracia.
La democracia pertenece a todos, también a quienes votaron a la oposición.
El progresismo necesita una estrategia de país.
Para competir electoralmente con la derecha y la ultraderecha, el progresismo español necesita construir un relato que vaya más allá de las siglas.
Debe defender una España democrática, social, europea y plural, capaz de reconocer su diversidad territorial y cultural sin convertir las diferencias en trincheras. Debe explicar que patriotismo y democracia no son conceptos incompatibles. Que defender los servicios públicos también es defender España. Que proteger a los trabajadores también es defender España. Que garantizar derechos y libertades también es defender España.
Y debe recuperar una idea sencilla pero poderosa: la política debería servir para que la mayoría viva mejor, no para que una minoría tenga más poder sobre los demás.
La reflexión final
España conoce por experiencia histórica la diferencia entre vivir en una sociedad plural y vivir bajo un régimen en el que el poder no acepta límites.La dictadura franquista forma parte del pasado, pero su existencia constituye una advertencia histórica: cuando se destruye el pluralismo, se persigue la discrepancia y se concentra el poder, quienes primero pierden son las libertades y, después, los ciudadanos.
Por eso la batalla electoral contra la ultraderecha no debería plantearse únicamente como una lucha entre partidos. Es, sobre todo, una discusión sobre qué tipo de democracia quiere conservar y construir España.
El progresismo no debería responder al autoritarismo con más autoritarismo, ni al odio con más odio. Su mejor respuesta debería ser una democracia más eficaz, más justa y más cercana; una política capaz de resolver problemas sin buscar enemigos permanentes.
Porque gobernar democráticamente significa algo mucho más difícil que mandar: significa aceptar que nadie posee España, que nadie posee la verdad absoluta y que ningún Gobierno está por encima de los derechos de sus ciudadanos.
Esa debería ser, quizá, la principal clave electoral: no pedir simplemente el voto contra la ultraderecha, sino conseguir que la ciudadanía vote convencida de que la democracia, con todos sus defectos, sigue siendo el mejor instrumento para defender su libertad, su bienestar y su futuro.