Redacción Argentina
No existen condenas judiciales ni imputaciones oficiales contra Alberto Núñez Feijóo por cuentas en paraísos fiscales o contratación ilegal de familiares, todo con el beneplácito de la justicia patriótica al bloquear cualquier denuncia ; sin embargo, su trayectoria política en la Xunta de Galicia y su liderazgo en el Partido Popular han estado acompañados de corrupción y enchufes a familiares y amigos, avaladas con fiscalizaciones de la oposición y comisiones de investigación parlamentaria.
Muchos son los hechos documentados y las controversias políticas en torno a estos temas, tales como adjudicaciones y contratos a empresas vinculadas a familiares, dónde una de las principales polémicas gira en torno a la gestión de la Xunta de Galicia (tanto bajo el mandato de Feijóo como de su sucesor Alfonso Rueda) y adjudicaciones públicas millonarias a empresas donde trabajan o dirigen sus familiares.
Investigaciones periodísticas de medios como El Salto y Público señalan que firmas vinculadas a su entorno recibieron más de 31 millones de euros mediante contratos públicos entre 2018 y 2024 estos son algunos de sus familias y denuncias que vieron la luz:
.-Micaela Núñez Feijóo (Hermana): Es la directora para el noroeste de España del Grupo Eulen. Según denuncias de partidos de la oposición (PSdeG y BNG), Eulen ha recibido decenas de millones de euros en contratos de la Xunta a lo largo de los años. Entre 2018 y 2023, se contabilizan más de 1.300 contratos menores (adjudicados directamente sin concurso público) por un valor aproximado de 4,8 millones de euros.
.-Ignacio Cárdenas (Cuñado): Hermano de la pareja de Feijóo, Eva Cárdenas, ejerce como director comercial de Universal Support (filial de telemárketing de la multinacional Konecta). Durante la pandemia del COVID-19, esta empresa recibió cerca de 24 millones de euros por el procedimiento de emergencia (sin concurso público) para realizar labores de rastreo de casos sanitarios, un sector ajeno a su actividad tradicional.
.-Eloína Núñez Masid (Prima): Ejerció como gerente del Servicio Galego de Saúde (Sergas). La oposición criticó que, bajo su gestión sanitaria, se tramitaron contratos adjudicados precisamente al Grupo Eulen.
Por todo esto el Parlamento de Galicia constituyó una comisión de investigación para esclarecer estos contratos. Sin embargo, la oposición ha denunciado que el PP utilizó su mayoría para vetar las comparecencias de Feijóo y sus familiares, además de remitir documentación que omitía o registraba erróneamente más de 1.100 contratos menores.
Las «cuentas offshore» y la relación con Marcial Dorado es algo que persigue a Feijóo, donde existen innumerables presuntas pruebas que no se tuvieron en cuenta, ni los registros existentes que pudieran vincular directamente a Feijóo con cuentas offshore o evasión fiscal a título personal.
Los señalamientos sobre paraísos fiscales en su entorno provienen de dos vertientes políticas diferenciadas una referida al entramado de Marcial Dorado que se ratificó en el 2013, donde salieron a la luz fotografías de 1995 en las que Feijóo aparecía de vacaciones en un yate junto al contrabandista Marcial Dorado, quien años más tarde fue condenado por narcotráfico y blanqueo de capitales.
Las investigaciones judiciales a Dorado demostraron que este poseía una inmensa red financiera opaca con hasta 47 cuentas en bancos suizos y sociedades en paraísos fiscales para blanquear dinero en los años 90.
Feijóo declaró formalmente ante el Parlamento gallego que desconocía las actividades ilícitas de Dorado en aquel momento y que rompió toda relación con él al enterarse, pero la realidad es que Dorado que era el socio necesario de Feijóo para presuntamente blanquear dinero negro, eso no hay duda.
Aunque la justicia patriotica nunca vinculó económicamente a Feijóo con dicha red financiera, si que propició daños colaterales y dimisiones en el PP gallego ya en el año 2009, Feijóo forzó la dimisión del cabeza de lista del PP por Ourense, Luis Carrera, tras revelarse que este había cobrado comisiones en una cuenta de las Islas Caimán, llamada Inmobiliaria Niebla Azul Publicaciones, esto propició críticas locales, como las del portal Xornal Galicia, que pusieron el foco sobre Niebla Azul S.L., una empresa patrimonial e inmobiliaria constituida por la esposa de Feijóo, Eva Cárdenas, y registrada en el domicilio conyugal, algo que nunca aclaró esta empresa Niebla Azul fue fundada en el 2019 junto a su hija de Feijóo que se dedica al alquiler de inmuebles singulares en Galicia.
Empresa Niebla Azul SL que tiene Vínculos empresariales auditados con Grupo Cerámico Sargadelos y en la que ha trabajado también la esposa de Feijóo, como asesora externa y a la que benefició por una cantidad de 114.000 euros en subvenciones que la Xunta de Galicia presidida por Feijóo, otorgó a la empresa Sargadelos mientras ella prestaba servicios allí.
La investigación policial de la UDEF sobre presuntos desvíos de fondos públicos a cuentas extranjeras vinculados a las subvenciones dadas al periódico El Correo Gallego durante la etapa de Feijóo al frente de la Xunta fue otra de los grandes casos de corrupción que también la justicia patriótica archivo sin valorar las investigaciones policiales.
Por otro lado la comisión de investigación parlamentaria en Galicia, impulsada por el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y el PSdeG-PSOE a finales de 2024, concluyó con un fuerte choque político y el cierre definitivo de las sesiones mediante el voto mayoritario del Partido Popular (PP) para que no se siguiera investigando.
El desarrollo de este órgano estuvo marcado por acusaciones de opacidad, bloqueos institucionales y distintas versiones tergiversadas por el oficialismo. Los detalles clave sobre el funcionamiento, el bloqueo y las conclusiones de la comisión incluyen bloqueos de las comparecencias clave, donde las denuncias de los grupos de la oposición se fundamentaron en el uso de la mayoría absoluta del Partido Popular en la Cámara autonómica para impedir las declaraciones de los implicados directos.
En estas comparecencias el Partido Popular vetó la presencia e impidió que Alberto Núñez Feijóo acudiera a testificar sobre los contratos firmados durante sus mandatos. Unido a la exclusión de familiares dónde tampoco se permitió interrogar a su hermana, Micaela Núñez (directiva de Eulen), ni a su cuñado, Ignacio Cárdenas (Universal Support), o su propia mujer Eva Cárdenas.
Durante el período de investigación, el BNG escenificó de forma simbólica en el Parlamento el despliegue de un listado con los 1.579. Estas adjudicaciones fueron ratificadas en contratos menores adjudicados a Eulen con un importe económico total acumulado en torno a los 7 a 7,2 millones de euros (con registros que abarcan desde el año 2018 en adelante).La oposición denunció formalmente que la Xunta con el envió informes fragmentados que omitían contratos digitales o datos clave de rastreabilidad, para ocultar la corrupción en la adjudicación de contratos y en oscuridad de los «listados» en lugar de expedientes de contratación íntegros, para impedir analizar las justificaciones técnicas para otorgar contratos a dedo.
Ante esto, el BNG recurre ante el Tribunal Constitucional, alegando que el gobierno gallego vulnera los derechos fundamentales de control parlamentario al ocultar información. Una vez la confraternización de la justicia patriótica del régimen franquista cerró sus conclusiones reflejando una realidad que había que proteger a Feijóo y sus casos de corrupción en Galicia.
Aunque en esa resolución judicial hubo un voto particular en el que calificaron las contrataciones como un entramado de nepotismo y trato de favor sistemático. Denunciando que los gobiernos de Feijóo y Rueda crearon un sistema de «abuso del contrato menor» para burlar los principios de libre concurrencia y beneficiar directamente al entorno familiar del expresidente Feijóo.
El recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) fue presentado formalmente por el Bloque Nacionalista Galego (BNG). Se trata de un recurso de amparo motivado por lo que la oposición calificó como un «boicot» institucional y un «abuso de poder» por parte del Partido Popular (PP).
Los pilares fundamentales y los objetivos jurídicos de esta acción legal ante el Tribunal Constitucional comprenden los siguientes aspectos: El fundamento del recurso: Vulneración del artículo 23E se basó en el. amparo en la supuesta violación del artículo 23 de la Constitución Española, el cual garantiza el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes.
La formación sostuvo que las «decisiones autoritarias» de la mayoría absoluta del PP impidieron de forma efectiva que los diputados de la oposición ejercieran su función constitucional de control al Gobierno.
Los dos motivos principales de la impugnación se fundamentaron en torno a dos bloqueos explícitos cometidos durante la planificación de la comisión de investigación uno el veto de los comparecientes clave como la del expresidente de la Xunta ( ahora líder del Partido Popular) Alberto Núñez Feijóo, su hermana Micaela Núñez (directiva de Eulen) e Ignacio Cárdenas (cuñado de Feijóo) y la ocultación de los expedientes físicos entregando información sesgada o incompleta.
Esto se expone en qué el Gobierno gallego sustituye los expedientes de contratación íntegros por meros listados resumidos. Con posterioridad al cierre de la comisión, investigaciones periodísticas complementarias señalaron que la Xunta ocultó deliberadamente la documentación física de más de 1.100 contratos menores con el Grupo Eulen.
Otro de los casos vinculados al Partido Popular de Galicia, hace referencia al economista Luis Carrera Pásaro, quien fue apartado fulminantemente de la política por el líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo para que no le salpicaran sus irregularidades de corrupción a Feijóo y a su entorno familiar al presunto blanqueo de capitales.
Luis Carrera Pásaro había sido elegido como el «fichaje estrella» y número uno de la lista del PP por Ourense para las elecciones autonómicas gallegas de 2009. Hasta que desveló que en 2004 había percibido 240.000 euros en comisiones procedentes del Banco Privado Portugués por labores de asesoramiento. Este dinero fue ingresado directamente en una sucursal de las Islas Caimán y ocultado a la Hacienda española.
Si existe vinculación de la empresa pertenece en su totalidad y es administrada por Eva Cárdenas, esposa del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y el economista Luis Carrera siempre será presunta, ya que por parte de la justicia nunca se avanzó en una investigación seria y objetiva, para demostrar que las actividad empresarial y su notable incremento patrimonial de la sociedad (en pocos años) fueran debidas sólo a cuestiones vinculadas a la gestión de licencias o proyectos de alquiler turístico en Galicia, algo que cada dia es mas irreal , apuntando a una presunta pantalla empresarial para enriquecimiento ilícito , con adjudicaciones a dedo y subvenciones para proyectos inexistentes.
Por el contrario a Pedro Sanchez por mucho menos como las causas armadas a su mujer o hermano , de supuestos delitos de antes de ser el presidente demuestran cómo la justicia y la policía patriótica herederos del Franquismo controlan las instituciones democráticas españolas para proteger la corrupción de Feijóo y el Partido Popular, único partido en Europa condenado por corrupción en época de Mariano Rajoy, ¡Viva España y Viva el vino!