«Las narrativas falsas empañan la respuesta de Venezuela al terremoto. Desmontamos los mitos, documentamos el socorro y llamamos a que se levanten las sanciones y se liberen los activos públicos que siguen siendo inaccesibles en el extranjero».
Los desastres naturales revelan más que el movimiento de las placas tectónicas: la fortaleza de las sociedades, la resiliencia de las comunidades y las fallas políticas que determinan qué sufrimiento se ve y cuál se explota. A pocas horas de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio de 2026, las redes sociales y algunos sectores de la prensa internacional ya estaban difundiendo narrativas falsas. Antes incluso de que las operaciones de rescate pudieran comenzar en serio, el desastre se había transformado en otro campo de batalla en la larga campaña liderada por Estados Unidos para socavar el proceso bolivariano puesto en marcha por la elección de Hugo Chávez en 1998.
Nada de esto debe restar importancia a la inmensa tragedia que enfrenta el pueblo venezolano. Barrios enteros han quedado devastados. Cientos de edificios se han derrumbado. Hospitales, carreteras, puentes y otras infraestructuras públicas están en ruinas. Familias siguen buscando a sus seres queridos mientras los equipos de rescate luchan contra la lluvia, las réplicas y las dificultades de acceso por carretera. Pero la solidaridad requiere más que simpatía, requiere la verdad. Por eso, la alerta roja nº 22, La verdad entre los escombros, examina algunos de los mitos más comunes que circulan sobre el terremoto y los compara con la evidencia disponible.
Primera mentira :El gobierno de Venezuela no ha respondido de manera efectiva al terremoto.
Es necesario comprender la magnitud de la catástrofe antes de poder emitir un juicio serio. El número de muertes aumenta cada día a medida que los equipos de primera respuesta y las personas voluntarias peinan los escombros, con decenas de miles de personas aún desaparecidas. Casi 200 edificios se derrumbaron por completo, y cientos más quedaron parcialmente destruidos. Los hospitales que normalmente recibirían a los heridos resultaron dañados a su vez. Un puente importante y varias carreteras sufrieron daños en el estado de La Guaira, que de los 6 estados afectados fue donde el terremoto golpeó con mayor intensidad, lo que dificulta extraordinariamente el traslado de equipos y efectivos de rescate a las zonas afectadas. Las lluvias continuas y las casi 800 réplicas han complicado aún más las operaciones de rescate, mientras que el derrumbe parcial del aeropuerto de Caracas ha obligado a los equipos de rescate internacionales a llegar a través de aeropuertos más distantes y luego desplazarse por carretera. Ningún país cuenta con una capacidad de emergencia ilimitada ante una destrucción de esta magnitud.
Sin embargo, Venezuela entró en esta catástrofe cargando con un peso adicional que pocos países han experimentado a esta escala: años de guerra económica a través de medidas coercitivas unilaterales impuestas principalmente por Estados Unidos y sus aliados. Estas medidas han congelado más de 30.000 millones de dólares en activos públicos venezolanos que, de otra manera, podrían haber fortalecido la preparación ante desastres, modernizado la infraestructura y financiado las reservas de emergencia. Han restringido gravemente la capacidad del país para adquirir equipo especializado de rescate, maquinaria pesada, medicamentos, repuestos y materiales de construcción, y han causado una migración masiva.
El endurecimiento de las sanciones impulsadas por Estados Unidos en 2017 impulsó la emigración y provocó una profunda fuga de trabajadorxs de los servicios públicos clave. La relatora especial de las Naciones Unidas, Alena Douhan, informó que, para 2021, los servicios públicos habían perdido entre el 30% y el 50% de su personal, incluidos muchos médicxs, enfermeras, ingenierxs, maestrxs, jueces y otrxs profesionales calificadxs, y muchos hospitales públicos informaron que entre el 50% y el 70% de los puestos de especialistas estaban vacantes. Esta pérdida de personal debilitó la capacidad de respuesta ante emergencias del país: menos trabajadores capacitados, mayores cargas de trabajo para quienes se quedaron y servicios públicos menos capaces de responder cuando se producía un desastre.
Los efectos de los desastres naturales no pueden separarse de las condiciones políticas y económicas en las que ocurren. Sin embargo, Venezuela no es una víctima indefensa. A pesar del devastador costo en vidas humanas, el país comenzó a recuperarse lentamente. Tras una contracción del 75 % en el PIB entre 2013 y 2021, el PIB de Venezuela creció alrededor del 9 % en 2024 y nuevamente en 2025.
Pasó de importar más del 70 % de su suministro de alimentos en 2017 a producir el 96 % a nivel nacional para marzo de 2026. Los ingresos petroleros, que habían caído de 93.000 millones de dólares en 2012 a 4.200 millones de dólares en 2020, se habían recuperado hasta alcanzar alrededor de 18.000 millones de dólares en los últimos años. La vida no estaba exenta de desafíos importantes, ni el país había regresado a los niveles previos a la crisis, pero —a pesar de las cerca de 1.000 medidas coercitivas unilaterales que siguen vigentes— la economía, la infraestructura, los servicios públicos y la calidad de vida de gran parte de la población de Venezuela habían comenzado a mejorar, incluida la respuesta ante desastres.
Segunda mentira: El gobierno venezolano está bloqueando la ayuda humanitaria.
Quizás la afirmación que más se ha difundido ha sido que las autoridades venezolanas han impedido deliberadamente que las personas voluntarias y la ayuda lleguen a las comunidades afectadas. Sin embargo, las operaciones modernas de búsqueda y rescate dependen de una coordinación minuciosa. Los perros de rescate necesitan silencio para detectar a personas sobrevivientes bajo los escombros. La maquinaria pesada requiere rutas de acceso despejadas. Las ambulancias necesitan carreteras sin congestión. El movimiento descoordinado de miles de civiles por las zonas de desastre, por muy bien intencionado que sea, puede obstaculizar las operaciones de rescate y costar vidas.
Los informes desde el terreno indican que los vehículos de rescate quedaban atrapados en el tráfico civil. Trayectos que normalmente toman 40 minutos tardaban horas. Las ambulancias que transportaban a víctimas con heridas graves se veían retrasadas por carreteras congestionadas e intransitables. Restringir el acceso a las zonas de desastre no es, por lo tanto, evidencia de represión, sino más bien una práctica estándar de emergencia empleada en todo el mundo.
Al mismo tiempo, la participación organizada de personas voluntarias ha sido amplia desde el inicio, con miles registradas formalmente después del 26 de junio para realizar esfuerzos coordinados de socorro junto a los servicios profesionales de emergencia, asegurando que la solidaridad fortalezca, en lugar de entorpecer, las operaciones de rescate. La cuestión nunca ha sido si los civiles deben ayudar, sino si la asistencia se organiza de manera que salve vidas.
Terceramentira: Las comunidades afectadas están siendo desatendidas por el gobierno venezolano.
El primer día de la tragedia, los esfuerzos conjuntos de Protección Civil, las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), la policía y las familias y comunidades de las víctimas permitieron rescatar a 2.407 personas de las zonas más afectadas de La Guaira. Para el primero de julio, una semana después del terremoto, se habían desplegado en toda la zona del desastre aproximadamente 26.000 efectivos de organismos de protección civil, servicios de emergencia, policía, fuerzas armadas y otras instituciones públicas. Alrededor de 17.000 personas voluntarias se habían sumado formalmente a las operaciones de socorro.
En todas las zonas afectadas, se ha rescatado a 6.461 personas. Las autoridades han coordinado los esfuerzos de rescate con más de 4.000 integrantes de equipos de rescate extranjeros y al menos 41 delegaciones internacionales que participan en las iniciativas humanitarias. La respuesta humanitaria ya ha entregado directamente casi 9 millones de kilogramos de alimentos, alrededor de 28.000 paquetes de alimentos y 3,2 millones de litros de agua potable a las zonas afectadas —cifras que aumentan significativamente cada día gracias a los esfuerzos de socorro en curso y a los informes diarios de la Asamblea Nacional—. Más de 80.000 familias han recibido asistencia, que incluye alimentos, transporte, atención médica, apoyo psicológico y refugio de emergencia.
Los equipos médicos han atendido a más de 17.000 personas en hospitales, clínicas de campo y centros de triaje de emergencia. El servicio eléctrico se ha restablecido en gran medida en todas las zonas afectadas. Las acusaciones de que las viviendas construidas a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela —el programa emblemático de vivienda del gobierno, que ha proporcionado vivienda a 5,2 millones de familias— estaban mal construidas se desmoronaron cuando las construidas en gobiernos anteriores y por contratistas privados sufrieron daños similares.
Se han abierto 13 grandes centros de acogida en La Guaira, y hay 12 más en funcionamiento en Caracas, Miranda y otros estados afectados, además de que se están llevando a cabo esfuerzos de expansión. Ninguno de estos logros borra el enorme sufrimiento que persiste. Pero demuestran que, lejos de quedarse de brazos cruzados, las instituciones públicas de Venezuela y miles de ciudadanxs organizadxs continúan con los esfuerzos de socorro en condiciones extraordinariamente difíciles.
Cuarta mentiras: La preocupación de Estados Unidos por Venezuela puede separarse de su guerra híbrida.
Toda contribución humanitaria genuina merece reconocimiento, independientemente de su origen. Pero los gestos humanitarios no pueden separarse de la realidad política más amplia ni del registro histórico. Estados Unidos sigue imponiendo sanciones que han debilitado sistemáticamente la economía de Venezuela, restringido su acceso a las finanzas internacionales, bloqueado las importaciones de bienes esenciales y congelado miles de millones de dólares que pertenecen al pueblo venezolano. No se puede elogiar la asistencia humanitaria y, al mismo tiempo, mantener políticas que agravan las emergencias humanitarias.
Las sanciones y otras medidas coercitivas unilaterales suelen ser políticamente efectivas precisamente porque son invisibles. A diferencia de las bombas, rara vez producen imágenes dramáticas. En cambio, erosionan lentamente los sistemas de salud pública, la infraestructura, la capacidad productiva y las instituciones estatales a lo largo de muchos años. Cuando finalmente ocurre un desastre, las instituciones debilitadas se presentan entonces como evidencia de la incompetencia gubernamental, en lugar del efecto acumulativo de una guerra económica deliberada.
El costo humano de esta guerra económica ha sido devastador: las sanciones de EE. UU. causaron más de 40.000 muertes entre 2017 y 2018 y pusieron a 300.000 personas en riesgo de correr la misma suerte al carecer de acceso a medicamentos o tratamientos esenciales.
Aproximadamente 31 toneladas de oro venezolano —valoradas en unos 1.950 millones de dólares en 2020— siguen retenidas en el Banco de Inglaterra después de que el Reino Unido se alineara con la campaña de presión de Washington contra Venezuela. El país también enfrenta una carga de deuda estimada en alrededor de 240.000 millones de dólares, que incluye bonos soberanos y de PDVSA en mora, intereses devengados, facturas impagas, laudos arbitrales y préstamos bilaterales. Aunque las sanciones financieras impuestas en 2017 no generaron toda esta carga de deuda, aislaron a Venezuela de los mercados financieros de EE. UU. y limitan gravemente su capacidad para pagar los intereses y reestructurar sus obligaciones. La retención continuada de activos y el exceso de deuda obstaculizan los esfuerzos del país por reconstruir la infraestructura, proporcionar vivienda y atender a las personas sobrevivientes con dignidad.
El gesto humanitario más significativo hoy no sería otra declaración de preocupación. Sería el levantamiento inmediato de todas las medidas coercitivas unilaterales y la liberación de los activos soberanos congelados de Venezuela para la reconstrucción.
Quinta mentira: El terremoto demuestra que el proceso bolivariano ha fracasado.
El desastre ha puesto de manifiesto la capacidad de una sociedad organizada, capaz de actuar colectivamente bajo una presión extraordinaria. Las comunas, las organizaciones vecinales, las redes de salud pública, los sistemas de distribución de alimentos, las brigadas de personas voluntarias y las instituciones locales construidas a lo largo de décadas se han vuelto indispensables para la respuesta de emergencia. En todo el país, las comunidades organizadas han movilizado alimentos, refugio, transporte, atención médica y voluntarios a través de estructuras que datan de mucho antes del terremoto.
Ninguna sociedad puede eliminar el sufrimiento que produce un desastre de esta magnitud. Pero las sociedades con comunidades organizadas suelen estar mejor preparadas para resistir y responder a tales crisis que aquellas que dependen exclusivamente de los mercados y la iniciativa privada.
Esta resiliencia no surgió de manera espontánea. Se basa en décadas de inversión en educación pública, alfabetización, atención de salud y organización comunitaria. Desde el inicio del proceso bolivariano, millones de venezolanxs han tenido acceso a la educación, se ha erradicado el analfabetismo, nuevas universidades públicas han ampliado la educación superior y la inversión pública en salud ha aumentado drásticamente.
A pesar del daño infligido por la guerra híbrida liderada por Estados Unidos, estos avances han fortalecido no solo los indicadores sociales, sino también las formas de organización colectiva que se vuelven indispensables en momentos de emergencia nacional.
Para el pueblo venezolano, se deben adoptar las siguientes medidas:
.-Todas las medidas coercitivas unilaterales, incluidas las sanciones económicas, impuestas a Venezuela deben levantarse de inmediato, y los activos públicos venezolanos que permanezcan congelados, retenidos o inaccesibles de cualquier otra forma en el extranjero deben ser liberados.
.-Se debe poner fin a toda forma de intervención extranjera.
.-Se debe cancelar la deuda externa de Venezuela.
.-La ayuda humanitaria debe coordinarse con las instituciones públicas y las comunidades organizadas de Venezuela, en lugar de utilizarse como un instrumento de intervención política o militar.
.-Los movimientos internacionales deben seguir apoyando al pueblo venezolano mucho después de que la atención de los medios internacionales, inevitablemente, se desvíe hacia otros temas.
Los desastres naturales no se pueden prevenir. Pero el hecho de que se conviertan en catástrofes humanitarias depende de decisiones políticas. El pueblo venezolano enfrenta ahora el inmenso desafío de reconstruir hogares, escuelas, hospitales y comunidades, al tiempo que soporta las consecuencias de décadas de guerra económica.
Por lo tanto, la solidaridad internacional debe significar más que simpatía: debe rechazar los mitos promovidos por los enemigos de Venezuela, exigir el fin de las sanciones y las restricciones a los activos que han debilitado la capacidad de respuesta de Venezuela, y defender el derecho del país a recuperarse, reconstruirse y determinar su propio futuro libre de coacción externa.
Cordialmente,Vijay
Enlace Fuentes y Transcripción: https://thetricontinental.org/es/alerta-roja-22-venezuela/