Por: Carolina Valencia Bernal, Periodista colombiana
El silencio también comunica. Y en política, muchas veces dice más que cualquier declaración pública. Hoy Colombia enfrenta una pregunta incómoda que trasciende nombres propios: ¿hasta dónde llega la responsabilidad ética de quienes han ocupado el poder cuando surgen señalamientos graves que involucran redes internacionales de crimen?
El expresidente Andrés Pastrana, mandatario entre 1998 y 2002 y figura central del establecimiento político colombiano, aparece mencionado en registros vinculados al caso del financiero estadounidense Jeffrey Epstein. Estas menciones hacen parte de millones de archivos liberados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 30 de enero de 2026. Según reportes conocidos hasta ahora, varios de esos documentos ya no se encuentran disponibles, y algunos de los registros que lo mencionaban habrían sido eliminados.
Más allá de las discusiones jurídicas sobre la validez o alcance de dichos archivos, el problema es fundamentalmente político y ético. En una democracia, el deber de transparencia de quienes han ejercido el poder no es opcional: es una obligación frente a la sociedad.
Las fotografías divulgadas en las que Pastrana aparece junto a Ghislaine Maxwell, tomadas presuntamente en la base militar de Tolemaida en el marco del Plan Colombia en 2002, han reavivado interrogantes sobre la naturaleza de esas relaciones. Más allá de su contexto, la ciudadanía tiene derecho a explicaciones claras, verificables y completas.
Sin embargo, la respuesta del expresidente ha sido el silencio o la negación categórica de cualquier vínculo, calificando los cuestionamientos como ataques contra su dignidad. Esta reacción, lejos de cerrar el debate, lo profundiza. En el ejercicio del poder público, la dignidad no se protege evitando preguntas, sino respondiéndolas.
El caso adquiere mayor gravedad en un país donde el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, la explotación sexual y la trata de personas continúan siendo problemas estructurales. Colombia no puede permitirse ambigüedades frente a redes internacionales asociadas con estos crímenes, ni tolerar zonas grises en la conducta de sus líderes políticos.
Por ello, la exigencia de treinta y cinco mujeres periodistas, abogadas y líderes de opinión que han pedido al expresidente “romper el pacto de silencio” no es un acto de persecución política, sino un ejercicio legítimo de control ciudadano. En sociedades democráticas, la rendición de cuentas no es una concesión del poder: es un derecho de la ciudadanía.
La discusión de fondo no es únicamente sobre un expresidente ni sobre su responsabilidad individual. Lo que está en juego es el estándar ético que Colombia exige a quienes gobiernan y han gobernado. Cuando existen cuestionamientos de esta magnitud, el silencio institucional no solo debilita la confianza pública, sino que erosiona los principios mismos del sistema democrático.
Hoy, más que nunca, Colombia necesita claridad. No por revancha política, sino por justicia, transparencia y responsabilidad histórica. Porque cuando el poder calla frente a preguntas legítimas, lo que se debilita no es la reputación de un dirigente, sino la credibilidad de toda una nación.
