Francisco López| Diáspora Española | 4 de octubre de 2026.
La amenaza de desaparición del Hogar Español Elías Romero, en Temperley, con mas de un siglo de historia, y el posible desalojo de 167 personas mayores, muchas de ellas descendientes de españoles, no constituyen únicamente una crisis institucional o un problema derivado de una quiebra judicial. Representan también un fracaso de la responsabilidad social, política e histórica hacia una de las comunidades de la diáspora española más numerosas y arraigadas del mundo.
Lo que está sucediendo en Buenos Aires obliga a plantear una pregunta que trasciende las fronteras argentinas: ¿qué responsabilidad tiene España con las personas que emigraron, con sus descendientes y con las instituciones que durante más de un siglo mantuvieron vivos los vínculos de solidaridad, cultura e identidad con su país de origen?
El Hogar Español Elías Romero no es un establecimiento geriátrico cualquiera, fundado en 1913 por la Sociedad Española de Beneficencia para ayudar a los emigrantes y desde 2014 el estatal Plan de Asistencia Médica Integral (PAMI) argentino se ocupa de la administración y gestión del hogar.
Las malas administraciones, en medio de la decadencia general de Argentina, terminaron arrastrando a la Sociedad Española de Beneficencia a la ruina. En 2017 la Justicia decretó la quiebra, valorada en 26 millones de euros. En la primera subasta el PAMI compró el Hospital Español por 19,3 millones de euros, pero rehusó adquirir el geriátrico Elías Romero.
Es parte de la memoria colectiva de la emigración española, una institución que nació de la solidaridad de quienes, después de abandonar su tierra en busca de un futuro mejor, decidieron organizarse para ayudar a los más vulnerables. Sus pabellones, sus jardines y su historia son el testimonio de una época en la que la colectividad española en Argentina construyó hospitales, centros de asistencia y residencias para proteger a sus compatriotas y a quienes más lo necesitaban.
Hoy, más de un siglo después de su fundación, aquella solidaridad parece estar en peligro de desaparecer, precisamente cuando 167 personas mayores necesitan que las instituciones vuelvan a demostrar que la dignidad humana está por encima de cualquier interés económico o inmobiliario.
El drama es todavía más profundo si se tiene en cuenta la situación de los residentes. No estamos hablando de personas que pueden reorganizar fácilmente sus vidas, buscar otra vivienda o comenzar de nuevo. Son hombres y mujeres de edad avanzada, muchos con discapacidad, enfermedades neurodegenerativas, ceguera o dependencia absoluta, que llevan décadas viviendo en un entorno que conocen y en el que han construido sus últimos vínculos afectivos y sociales. Desarraigarlos supone poner en riesgo su estabilidad emocional, su salud y, en los casos más graves, su propia supervivencia.
El caso de estos 167 ancianos recuerda inevitablemente al de Maricarmen en Madrid, donde la amenaza de desahucio de una persona mayor puso de manifiesto las contradicciones de una sociedad que reconoce el derecho a una vida digna, pero que demasiadas veces permite que la especulación inmobiliaria y la rentabilidad económica se impongan sobre las necesidades de las personas más vulnerables.
Sin embargo, en Buenos Aires existe una dimensión adicional: el abandono potencial de una institución histórica de la emigración española y la ausencia de una respuesta suficientemente contundente para garantizar su continuidad.
La responsabilidad de España con su diáspora no termina en sus fronteras.
Durante décadas, España ha mantenido una relación política, cultural e institucional con sus comunidades en el exterior, y sus edificios y jardines fueron símbolos de la pujanza de la colectividad ibérica en Argentina, junto al Hospital Español del centro de Buenos Aires, donde desde el Rey emérito Juan Carlos I hasta Manuel Fraga Iribarne, Felipe González y José M. Aznar, pasaron de visita alguna vez por el Hogar y el Hospital en sus visitas oficiales a Buenos Aires.
Los españoles residentes fuera del país y sus descendientes han contribuido a preservar la lengua, la cultura, las tradiciones y la imagen de España en el mundo. En países como Argentina, esa presencia forma parte de la propia historia de la sociedad.
Por eso, la defensa de los derechos de la diáspora no puede limitarse a facilitar trámites consulares, reconocer nacionalidades o promover actos culturales. También debe contemplar la protección social de quienes, después de toda una vida de trabajo y sacrificio, se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
El Gobierno español tiene instrumentos diplomáticos, institucionales y de cooperación que podría poner en marcha para intentar evitar la desaparición del Hogar Español. No se trata de reclamar que España asuma unilateralmente las responsabilidades económicas de una entidad quebrada en Argentina, ni de interferir en las decisiones de la Justicia argentina. Se trata de impulsar una solución negociada que permita preservar una institución histórica y, sobre todo, garantizar que ninguno de sus residentes quede desamparado.
La primera obligación debería ser abrir una negociación urgente entre los gobiernos de España y Argentina, con la participación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la Embajada y el Consulado General de España en Buenos Aires, el PAMI, las autoridades argentinas competentes, los familiares de los residentes y los representantes judiciales de la quiebra.
El objetivo inmediato tendría que ser conseguir una prórroga efectiva de cualquier traslado forzoso mientras se estudian alternativas que garanticen la continuidad asistencial de los residentes y eviten su dispersión en centros alejados de sus familias.
¿Qué puede hacer el Gobierno de España?
1.- Impulsar una mesa de negociación bilateral.
España debería promover una mesa de trabajo urgente con el Gobierno argentino y el PAMI para estudiar la continuidad del Hogar Español. La prioridad debe ser alcanzar un acuerdo que permita mantener la residencia geriátrica en sus actuales instalaciones, siempre que sea viable, y proteger a los 167 residentes durante todo el proceso judicial y administrativo.La diplomacia española puede contribuir a acercar posiciones, facilitar acuerdos y movilizar a las instituciones de la colectividad.
2.- Estudiar la participación de España en la conservación del hogar.
El Gobierno español debería evaluar, dentro de sus competencias y posibilidades presupuestarias, una aportación extraordinaria o un programa de cooperación que permita respaldar una oferta de continuidad asistencial.También podría promover un consorcio entre las administraciones argentinas, el PAMI, instituciones de la colectividad española, fundaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro. Este modelo permitiría estudiar una fórmula de gestión compartida, con garantías de transparencia y control de los recursos.
3. Crear un programa de protección social para los españoles mayores en el exterior.
La crisis del Hogar Español pone de manifiesto la necesidad de una política permanente de protección para los emigrantes mayores y los descendientes que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad.
España podría estudiar, junto con los países de residencia, un programa específico de cooperación sociosanitaria que ayude a sostener residencias históricas, servicios de asistencia y centros de atención a personas mayores vinculadas a la emigración española.
Este programa debería contemplar criterios de vulnerabilidad económica, dependencia, arraigo familiar y ausencia de alternativas asistenciales.
4. Defender una solución que respete el proceso judicial y proteja a los residentes.
La intervención española también puede consistir en acompañar institucionalmente a las familias y facilitar asesoramiento sobre las vías legales disponibles en Argentina.La posibilidad de que el juzgado otorgue prioridad a una oferta que garantice la continuidad geriátrica durante cinco años, según se recoge en el artículo, constituye una oportunidad que debería aprovecharse. España podría ayudar a identificar entidades capaces de presentar una propuesta solvente, sin sustituir las competencias de la Justicia argentina ni condicionar sus decisiones.
5.- Preservar el patrimonio histórico de la emigración española.
Los edificios modernistas, los pabellones y los jardines del Hogar Elías Romero forman parte de un legado arquitectónico y social que merece ser estudiado y protegido.España podría promover, junto con las autoridades argentinas, su reconocimiento patrimonial y la búsqueda de financiación para su conservación. La protección de ese patrimonio no debe convertirse en una excusa para desplazar a sus residentes, sino en una oportunidad para mantener su función social y asistencial.
La Plataforma ciudadana «Diáspora Española Por Más Derechos Memoria Democrática » se pronunció.
» El Consejo de ResidentesEspañoles de Buenos Aires (CRE) es un órgano oficial asesor del Consulado General de España, y ante la crítica e inminente subasta del Hogar Español Elías Romero, le exigimos al CRE con una vía institucional directa que intervenga.
Aunque el CRE no dispone de fondos propios ni tiene potestad judicial para frenar un dictamen de quiebra dictado por la justicia argentina, posee un rol indispensable como puente de mediación, visibilización y articulación de soluciones políticas y humanitarias para la Diáspora Española y sus instituciones.
El Consejo de Residentes Españoles de Buenos Aires ( CRE) debiera ser el instrumento, para la mediación y poder evitar, este atropelló contra la historia de la Diáspora Española y sus descendientes y realizar todo lo posible paea que no se ejecuten desalojo de 167 personas ancianas de un Centro- Hogar Español.
El CRE puede reportar formalmente al Consulado y al Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), para exigir de manera urgente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España la activación de fondos extraordinarios de auxilio o subsidios de emergencia para la diáspora. Históricamente, España ha contemplado partidas para salvaguardar a los emigrantes ancianos en situaciones de extrema exclusión.
El CRE puede coordinar con Oferentes e Inversores en la Subasta Judicial, dado que el juzgado civil a cargo de la quiebra determinó que se dará estricta prioridad al oferente que se comprometa a continuar con la actividad del geriátrico por un mínimo de cinco años, el CRE puede actuar como el articulador ideal para incentivar que mutuales, fundaciones de la colectividad o agencias del Estado (tanto argentino como español) participen de la puja bajo esta condición esencial, garantizando la permanencia de los abuelos.
El CRE , puede ejercer una presión Institucional ante Organismos Locales (PAMI y GCBA). Si bien el PAMI adquirió el Hospital Español en una instancia previa, rehusó la compra de la residencia Elías Romero. El CRE tiene él peso representativo para mediar de forma conjunta con el Consulado español ante las autoridades locales argentinas —como el PAMI y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires— para consensuar un plan de contingencia sanitaria y habitacional que evite el desarraigo de los residentes de avanzada edad.
El CRE de Buenos Aires puede dar una visibilización y concientización en la comunidad y motorizar y unificar el reclamo de los familiares, utilizando sus canales de difusión y su cercanía con las asociaciones gallegas, asturianas y de otras regiones radicadas en el país, para presionar por una salida ética y humanitaria a este conflicto que atenta directamente contra la memoria colectiva de la emigración ibérica.
Para la plataforma ciudadana «Diáspora Española Por Más Derechos Memoria Democrática:, el consejo de residentes tiene la obligación moral de defender instituciones españolas y a las 167 personas afectadas, no solamente asistir como mero observador ante esta catástrofe humana de desahucio de nuestras personas mayores en la Diáspora Españolaen Buenos Aires»
«Los 167 ‘Maricarmen’ de Buenos Aires: ancianos inválidos al filo del desalojo por la quiebra del histórico geriátrico español»
En la misma linea se ha pronuciado Podemos Argentina denunciando este atropelló contra instituciones españolas y reclamando al Consejo de Residentes Españoles de Buenos Aires.
La diáspora española también necesita políticas de Estado.
La situación del Hogar Español de Buenos Aires debería abrir un debate mucho más amplio en el Congreso de los Diputados y en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE). La protección de los españoles en el exterior no puede depender exclusivamente de la voluntad de cada gobierno, de la capacidad económica de las asociaciones o de las iniciativas solidarias de los familiares.
Residentes del Hogar Español
Las instituciones de beneficencia creadas por la emigración española cumplieron durante generaciones una función que, en muchos casos, las administraciones públicas de sus países de origen no estaban en condiciones de ofrecer. Hoy, cuando algunas de esas entidades atraviesan graves dificultades financieras, es necesario establecer mecanismos de cooperación que eviten que su patrimonio social desaparezca y que las personas dependientes queden desprotegidas.
El Gobierno de España debería impulsar un inventario de las instituciones asistenciales históricas de la emigración, conocer su situación económica y social y elaborar un plan de prevención de crisis. No se trata de financiar indiscriminadamente cualquier entidad, sino de establecer criterios transparentes que permitan intervenir a tiempo cuando estén en peligro servicios esenciales para las comunidades españolas en el exterior.
La ciudadanía española en el extranjero no puede ser considerada únicamente en términos electorales, culturales o administrativos. También debe ser reconocida como parte de una comunidad humana que tiene necesidades sociales, especialmente durante la vejez.
En este sentido, la política de nacionalidad y el reconocimiento de los descendientes de españoles deben ir acompañados de una política de derechos efectiva. Reconocer la nacionalidad de una persona es un paso importante, pero la solidaridad histórica también exige prestar atención a las condiciones en las que viven los mayores que construyeron los vínculos entre España y sus países de acogida.
Una oportunidad para demostrar que la solidaridad no tiene fronteras.
La posible desaparición del Hogar Español Elías Romero no debería contemplarse como un asunto privado que afecta exclusivamente a una entidad en quiebra. Estamos ante un problema social, humanitario y patrimonial que interpela a las instituciones españolas y argentinas.
El Gobierno de Javier Milei tiene la responsabilidad de atender las necesidades de las personas mayores y de las personas con discapacidad dentro de sus competencias, mientras que el PAMI, como organismo que administra y gestiona el hogar desde 2014, debe participar en la búsqueda de una solución que garantice la continuidad de la atención. Por su parte, España tiene la posibilidad de contribuir diplomática, técnica y económicamente a una salida negociada, en coordinación con las autoridades argentinas.
La solución no tiene por qué consistir necesariamente en que el Estado español compre el inmueble. Puede pasar por una oferta de una entidad social solvente, un acuerdo de gestión con el PAMI, un consorcio institucional o cualquier otra fórmula legal y económicamente sostenible que preserve la residencia y la atención de sus actuales habitantes.
Pero el tiempo apremia. La subasta prevista para el 16 de octubre y el plazo de desalojo del 31 de diciembre, según la información publicada, hacen imprescindible que las administraciones actúen con urgencia. Cada semana de inacción aumenta la incertidumbre de las familias y la angustia de unos residentes que no deberían tener que enfrentarse a la posibilidad de abandonar el lugar que ha sido su hogar durante décadas.
España no puede cambiar el pasado de sus emigrantes, pero sí puede asumir responsabilidades en el presente y contribuir a proteger su futuro.
Los 167 residentes del Hogar Español de Buenos Aires no son una cifra en un expediente de quiebra. Son personas con una historia, una identidad, una familia y una vida que merece ser respetada. Muchos de ellos son descendientes de quienes un día cruzaron el Atlántico buscando oportunidades, construyeron una nueva vida en Argentina y mantuvieron viva su relación con España.
Que ahora, en el tramo final de sus vidas, puedan verse obligados a abandonar su hogar por una liquidación patrimonial sería una dolorosa paradoja histórica.
La diáspora española ha demostrado durante más de un siglo su capacidad para organizarse, construir instituciones y ayudar a quienes más lo necesitan. Ha llegado el momento de que las instituciones de España demuestren que esa solidaridad también puede funcionar en sentido inverso.
Salvar el Hogar Español Elías Romero no significa solamente conservar un edificio o una residencia geriátrica. Significa defender la dignidad de 167 personas mayores, proteger un siglo de historia compartida y reconocer que los derechos y la memoria de la diáspora española también forman parte de la responsabilidad democrática de España.
El ‘caso Maricarmen’ en Madrid es el espejo triste en el que no quieren mirarse 167 ancianos alojados en el Hogar Español ‘Elías Romero’ de Buenos Aires, residencia geriátrica de la comunidad más numerosa fuera de España. Ellos también deben marcharse del sitio donde viven hace décadas porque el viernes 16 será subastado en un juicio de quiebra.
La amenaza del desahucio pende sobre estos abuelos y abuelas, descendientes de españoles y de otras procedencias, mayormente pobres y aquejados de los achaques típicos de la gente de edad avanzada. Discapacidad motriz, demencia, incontinencia, mal de Alzheimer, Parkinson, ceguera y otros múltiples males degenerativos.
El plazo que tienen para desalojar el hogar finaliza el 31 de diciembre. Si no, serán trasladados a residencias públicas en las que haya plazas, aunque queden en provincias lejanas, confirmaron los familiares. Cinco ancianos sin familia han sido trasladados últimamente y se desconoce dónde han ido a parar.
Mi padre lleva 28 años en el pabellón Asturias. Tiene 84 años y es ciego desde los 39 años», cuenta Laura Rodríguez. «Me propusieron que lo saque y traiga a mi casa. A cambio me ofrecen 1,6 millones de pesos (940 euros) al mes. Pero yo no tengo sitio y él nunca quiso vivir en familia desde que enviudó».
Daniel Isabella tiene ingresada a su madre, Angelina, de 92 años. «Rezamos para que el desalojo no suceda, no se puede desarraigar a ancianos después de tantos años, es cruel», confiesa. «Aún no le he dicho nada porque no quiero angustiarla, se le va la cabeza por momentos y nunca entendería», agrega.
Todos los familiares estamos deprimidos con este asunto del desalojo», confiesa Juana Navarro, de 83 años, discapacitada motriz, y con su marido Luis ingresado. «Yo le conté la posibilidad de que lo trasladen pero él tiene demencia senil y no entiende. Me mira y solo responde ‘bueno, qué vamos a hacer'».…
«Pero las malas administraciones, en medio de la decadencia general de Argentina, terminaron arrastrando a la Sociedad Española de Beneficencia a la ruina. En 2017 la Justicia decretó la quiebra, valorada en 26 millones de euros. En la primera subasta el PAMI compró el Hospital Español por 19,3 millones de euros, pero rehusó adquirir el geriátrico Elías Romero.
Así pues, la juez María Boyajian Rivas, titular del juzgado nacional en lo comercial 22, sigue adelante con la liquidación patrimonial de la Sociedad Española de Beneficencia y hasta el jueves 15 recibirá las ofertas por el hogar en sobres cerrados. Al día siguiente, abrirá los sobres y se sabrá quién es el mejor postor.
El precio de venta base es 2,6 millones de euros porque la empresa Baalbek S.A., constructora de urbanizaciones de lujo y edificios en la zona sur de Buenos Aires, se presentó antes del concurso e hizo esa propuesta. Por ese motivo, el hogar saldrá a remate con un valor mínimo y los contendientes deberán superarlo.
Queda una sola posibilidad de que el Hogar Español no desaparezca, según explicó Marcelo Morando, abogado síndico de la quiebra judicial. «El juzgado avisó que va a ponderar con especial consideración, o sea dará prioridad, al oferente que se comprometa a continuar con la residencia geriátrica por cinco años», indicó«
