EL fraude electoral de la imagen de SANTIAGO ABASCAL, sus paguitas y su doble discurso de la ULTRADERECHA el 29N

Por Francisco López

Las contradicciones entre lo que Vox predica y lo que practica, las ayudas públicas que recibe la familia de su líder y un programa político que cuestiona derechos sociales y limita prestaciones en función de la nacionalidad ponen a prueba la credibilidad de Santiago Abascal ante las elecciones generales del 29 de noviembre.

Hay una pregunta que los ciudadanos deberían hacerse antes de acudir a las urnas el próximo 29 de noviembre: ¿qué hay detrás de la imagen política que Santiago Abascal intenta proyectar como alternativa al Gobierno de España? ¿Estamos ante un proyecto de defensa de las familias trabajadoras, de los sectores populares y de quienes necesitan protección social, o ante una estrategia política que utiliza el descontento ciudadano mientras mantiene un discurso profundamente contradictorio con sus propias prácticas?

La reciente polémica sobre el bono social térmico recibido por Lidia Bedman, esposa del presidente de Vox, vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que afecta directamente a la credibilidad política de la formación ultraderechista: la utilización de las ayudas públicas cuando benefician a los propios, frente a la descalificación de esas mismas políticas cuando están destinadas a proteger a la mayoría social.

EL BONO SOCIAL TÉRMICO: CUANDO LAS AYUDAS PÚBLICAS DEJAN DE SER «PAGUITAS»

Según la investigación publicada por infoLibre y difundida por otros medios, Lidia Bedman recibió 210,71 euros correspondientes al bono social térmico, una prestación pública destinada a ayudar a los hogares a afrontar los gastos de calefacción y energía.

La polémica no reside en que una familia numerosa acceda a una ayuda a la que tiene derecho conforme a la legislación. Las prestaciones públicas deben concederse de acuerdo con la ley y sin discriminaciones. El problema político aparece cuando quien recibe esas ayudas es precisamente el entorno familiar de un dirigente que ha convertido la crítica a las políticas sociales del Gobierno en una de sus principales herramientas de propaganda.

Santiago Abascal ha defendido públicamente que su familia tiene derecho a percibir las ayudas legalmente establecidas para las familias numerosas y que no piensa renunciar a ellas, y desde el punto de vista legal, una cosa es tener derecho a una prestación y otra muy distinta cuestionar políticamente el sistema que permite concederla.

Conviene recordar que el bono social térmico está vinculado al bono social eléctrico y que las familias numerosas pueden acceder a este último sin que se les aplique el límite general de renta. Por tanto, el debate no debería centrarse en cuestionar el derecho de la familia Abascal a recibir una prestación, sino en la evidente contradicción entre ese derecho y el discurso político de Vox contra numerosas políticas de protección social.

Las cifras económicas conocidas también alimentan el debate público. Según datos recogidos por la prensa, Abascal percibía 61.591,18 euros brutos anuales como diputado del Congreso, sin contar otras posibles retribuciones vinculadas a sus responsabilidades dentro del partido. Por su parte, sobre los ingresos de Lidia Bedman se han publicado referencias a remuneraciones anteriores de hasta 63.600 euros anuales por trabajos editoriales, además de su actividad privada como creadora de contenido y empresaria.

No existe una cifra pública consolidada que permita establecer con precisión los ingresos actuales de todo el hogar. Sin embargo, la cuestión política permanece: ¿con qué autoridad se descalifican las ayudas sociales cuando se considera legítimo beneficiarse de ellas en el ámbito familiar?

VOX CONTRA EL ESCUDO SOCIAL, PERO A FAVOR DE LAS AYUDAS CUANDO LE CORRESPONDEN

Esta contradicción adquiere mayor dimensión cuando se analiza la trayectoria parlamentaria de Vox. La formación de Abascal ha votado contra diferentes medidas del Gobierno destinadas a proteger a los ciudadanos frente a las consecuencias de las crisis económicas, la subida de los precios de la energía, las dificultades habitacionales y la pérdida de poder adquisitivo.

Vox ha utilizado reiteradamente el término «paguitas» para desacreditar determinadas prestaciones sociales, presentándolas como mecanismos de dependencia económica y despilfarro de dinero público.

Sin embargo, cuando una prestación beneficia a su propio entorno, el argumento cambia: ya no se trata de una paguita, sino de un derecho que debe respetarse.

Aquí aparece una de las grandes contradicciones de su discurso: las ayudas públicas parecen ser cuestionables cuando las reciben los demás, pero perfectamente legítimas cuando corresponden a su propia familia, no se trata de negar a nadie una prestación legal. Se trata de exigir coherencia a quienes aspiran a gobernar un país.

INMIGRACIÓN Y PRIORIDAD NACIONAL: ¿UNA ESPAÑA DE CIUDADANOS DE PRIMERA Y DE SEGUNDA?

Otro de los pilares del programa de Vox es la denominada «prioridad nacional» donde la formación plantea reservar determinadas prestaciones, ayudas a la vivienda y recursos públicos para los españoles, estableciendo criterios de preferencia por nacionalidad y promoviendo políticas de expulsión de inmigrantes en situación irregular, así como medidas de retorno para determinados extranjeros.

También defiende la expulsión de extranjeros que cometan delitos graves y una política migratoria mucho más restrictiva.

El problema es que detrás de estas propuestas existe una concepción de la sociedad que puede terminar estableciendo ciudadanos con distintos niveles de acceso a derechos y prestaciones.

Las políticas sociales deben atender las necesidades de las personas, respetando los requisitos legales, la igualdad ante la ley y los compromisos internacionales de España. Convertir la nacionalidad en una barrera general para acceder a derechos sociales puede abrir la puerta a situaciones de discriminación y exclusión.

Además, millones de trabajadores extranjeros contribuyen con su trabajo, sus impuestos y sus cotizaciones al sostenimiento de la economía y de los servicios públicos españoles.

¿Es justo exigirles que contribuyan al sistema y, al mismo tiempo, pretender limitar su acceso a determinadas prestaciones por su origen? La solidaridad social no puede convertirse en una herramienta de enfrentamiento entre trabajadores españoles y extranjeros.

DERECHOS DE LAS MUJERES Y COLECTIVO LGTBI: EL RETROCESO COMO PROPUESTA POLÍTICA

En materia de igualdad, Vox plantea derogar la legislación específica sobre violencia de género, modificar las leyes de igualdad y eliminar el marco normativo de protección de los derechos LGTBI y de las personas trans. También propone sustituir el Ministerio de Igualdad por un Ministerio de Familia.

Estas iniciativas han provocado el rechazo de organizaciones feministas, colectivos LGTBI y fuerzas políticas que consideran que su aplicación supondría un retroceso en derechos civiles y mecanismos de protección frente a la discriminación y la violencia.

La cuestión es especialmente importante porque no estamos hablando únicamente de diferencias ideológicas o culturales. Estamos hablando de derechos reconocidos por la legislación española y de mecanismos institucionales destinados a proteger a personas que sufren situaciones de desigualdad y violencia.

Una sociedad democrática puede debatir sus leyes y mejorarlas, pero no debería confundir la defensa de la familia con la eliminación de derechos de otras familias y ciudadanos.

PENSIONES, IMPUESTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS: ¿QUIÉN PAGARÁ LA FACTURA?

En el terreno económico, Vox propone importantes rebajas fiscales, la eliminación de impuestos como Patrimonio y Sucesiones y reducciones generales del IRPF y del IVA que traería consecuencias similares a las de Argentina, hoy sumida en una paralisis colectiva.

También defiende una profunda desregulación económica, con el compromiso de derogar tres normas por cada nueva regulación que se apruebe.

En materia de pensiones, Abascal ha manifestado que su partido defiende la privatización de las mismas y que como ocurre en Chile, donde estan sujetas a fondos de inversión dónde ésos depósitos invierten en fondos y ven alteradas las mismas en función de sus rendimientos o como en Paraguay donde el sistema público de pensiones quebró por capitalizar los depósitos capitalizandolos en la gestión de bancos privados.

Sin embargo, existe una cuestión fundamental que el partido debería explicar con claridad: ¿cómo se financiarán los servicios públicos, las pensiones, la sanidad, la educación y las prestaciones sociales si al mismo tiempo se reducen los ingresos fiscales del Estado?

La reducción de impuestos puede resultar atractiva en un titular electoral, pero gobernar exige explicar de dónde saldrán los recursos para mantener los servicios públicos.

También preocupa la propuesta de Vox de devolver al Estado central las competencias autonómicas de sanidad y educación, excluir de la sanidad pública a los inmigrantes en situación irregular salvo determinados supuestos y establecer cuotas de alumnado extranjero en las aulas.

El debate no puede reducirse a promesas de bajadas de impuestos. Hay que explicar qué consecuencias tendrían esas medidas sobre la financiación y la calidad de los servicios públicos.

EL 29N: LA BATALLA POR LA IMAGEN Y LA CREDIBILIDAD POLÍTICA

Las elecciones generales del 29 de noviembre no son solamente una disputa entre partidos. También representan una confrontación entre dos modelos de sociedad y dos maneras de entender el papel de las instituciones públicas.

Por un lado, Vox intenta consolidar una imagen de fuerza antisistema, defensora de las familias, de los trabajadores españoles y de quienes sienten que las instituciones no responden a sus problemas.

Pero esa imagen debe contrastarse con sus propuestas concretas, sus votaciones parlamentarias y las consecuencias que tendría su programa si llegara al Gobierno.

No basta con presentarse como defensor de las familias mientras se cuestionan las políticas públicas que protegen a millones de hogares.

No basta con hablar de los trabajadores mientras se promueve una concepción de los derechos sociales que puede dividir a la población en función de su nacionalidad.

No basta con prometer pensiones dignas mientras se plantean rebajas fiscales sin explicar suficientemente cómo se financiarán los servicios públicos.

Y tampoco basta con denunciar el despilfarro del dinero público cuando se considera perfectamente legítimo recibir las ayudas que establece el mismo sistema que se critica. La política exige coherencia, responsabilidad y transparencia.

NO SE PUEDE PREDICAR UNA COSA Y PRACTICAR OTRA

El verdadero problema de Santiago Abascal no es que su familia haya recibido 210,71 euros del bono social térmico. Si cumple los requisitos legales, tiene el mismo derecho que cualquier otra familia.

El problema es la doble vara de medir: descalificar las ayudas sociales cuando están destinadas a proteger a otros ciudadanos y reivindicarlas como derechos legítimos cuando benefician al propio entorno.

La democracia no consiste en construir enemigos, enfrentar a los ciudadanos ni convertir los derechos sociales en privilegios reservados a determinados colectivos.

Tampoco consiste en vender una imagen de rebeldía contra el sistema mientras se aprovechan sus mecanismos cuando resultan convenientes.

Por eso, de cara al 29N, los ciudadanos deberían mirar más allá de los discursos, las banderas y las fotografías electorales. Deberían leer los programas, revisar las votaciones y preguntarse quién defenderá realmente sus salarios, sus pensiones, su vivienda, su sanidad y su educación, porque el voto no debería premiar la propaganda, sino la coherencia entre lo que se promete y lo que se hace.

La cuestión que queda sobre la mesa es sencilla: ¿quiere España un proyecto político que amplíe los derechos y las oportunidades de la mayoría, o uno que utilice el malestar social para dividir a la sociedad mientras mantiene sus propias contradicciones?

El 29 de noviembre, los ciudadanos tendrán la palabra.

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