Por Adriana F. Gómez
El precio oculto de votar al PP: un modelo económico que amenaza con trasladar el coste de los privilegios de los más ricos a las espaldas de los trabajadores, los pensionistas, los estudiantes y las familias con menos recursos. La experiencia argentina de Javier Milei ofrece una advertencia sobre las consecuencias sociales de los recortes, la pérdida de poder adquisitivo y el ajuste del Estado.
Los sacrificios que Feijóo pide, pero no explica
En política, las palabras importan. Hablar de eficiencia, libertad económica, reducción del gasto público o eliminación de trabas burocráticas puede sonar razonable. Sin embargo, la pregunta fundamental es otra: ¿quién paga el precio de esas políticas y quién obtiene sus beneficios?
Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, presenta su alternativa económica como una vía para mejorar la economía española, estimular la inversión y facilitar la actividad empresarial. Pero detrás de las recetas tradicionales de la derecha económica existe un debate que afecta directamente a la vida cotidiana de millones de personas: el papel de los servicios públicos, la protección laboral, las pensiones, la vivienda y la redistribución de la riqueza.
La cuestión no consiste en atribuir al PP medidas que no haya anunciado formalmente, sino en examinar las consecuencias de las propuestas de liberalización, reducción del gasto y colaboración público-privada cuando se traducen en menos protección social, menor inversión pública o una mayor dependencia de los servicios privados.
Porque hay sacrificios que se anuncian con claridad y otros que aparecen después, cuando llega la factura al hogar. Existe una frase de Franco en la primera entrevista a la CBS de EEUU, que dice:»Es inutil querer alcanzar la Paz y la Seguridad, sin sacrificio, lo que tanto vale algo tiene que costar», todo un preludio para Feijo de lo que esta suicidando, pero en provecho de el su familia, amigos y la renuncia a su patria, su pueblo y su soberania.
1. Vivienda: menos protección pública y más negocio privado
España atraviesa una crisis de acceso a la vivienda que golpea especialmente a los jóvenes, las familias trabajadoras y quienes viven de alquiler. Los precios, la escasez de vivienda asequible en las zonas de mayor demanda y las dificultades para acceder a una hipoteca han convertido el derecho a tener un hogar en una de las principales preocupaciones sociales.
Ante esta realidad, cabe preguntarse qué sucede si la respuesta política se apoya principalmente en aumentar la construcción privada, flexibilizar las condiciones del mercado y reducir la intervención pública, sin garantizar una ampliación suficiente del parque de vivienda social.
La construcción privada es necesaria, pero no resuelve por sí sola el problema. Una vivienda puede construirse y seguir siendo inaccesible para una familia cuyo salario no crece al ritmo de los precios.
¿Qué ocurre cuando se deja el acceso a un derecho esencial casi exclusivamente en manos del mercado?
- Los jóvenes retrasan su emancipación y dependen durante más tiempo de sus familias.
- Los trabajadores destinan una parte creciente de sus ingresos al alquiler, reduciendo el dinero disponible para alimentación, transporte, educación y ocio.
- Las familias vulnerables quedan más expuestas a desahucios, endeudamiento e inestabilidad residencial.
- Los propietarios de grandes carteras inmobiliarias pueden beneficiarse de mercados tensionados cuando la oferta asequible no crece al ritmo de la demanda.
El debate no es vivienda pública contra construcción privada. Es si España contará con suficiente vivienda pública y asequible para impedir que el acceso a un hogar dependa exclusivamente de la capacidad de pago.
Si se construye para maximizar la rentabilidad, pero no para atender la necesidad social, el problema puede persistir incluso cuando aumente el número de viviendas.
2. Reforma laboral: ¿más libertad empresarial a costa del trabajador?
La liberalización del mercado laboral suele justificarse en nombre de la competitividad y la creación de empleo. Pero cuando las reformas reducen las garantías de los trabajadores o facilitan los despidos sin una protección adecuada, el equilibrio entre empresa y empleado puede deteriorarse.
Para una gran compañía, reorganizar su plantilla puede ser una decisión empresarial. Para un trabajador de 55 años despedido, una madre con hijos a cargo o una familia que depende de un solo salario, puede significar una crisis económica.
La flexibilización de los despidos puede aumentar la inseguridad laboral, debilitar la capacidad negociadora de los trabajadores y trasladar a las familias una parte mayor del riesgo económico.
Esto no significa que cualquier modificación laboral produzca necesariamente más desempleo. La cuestión es qué derechos se modifican, qué protección se mantiene y cómo se distribuyen los beneficios de la actividad económica.
España ya conoce las consecuencias de la precariedad, la temporalidad y los salarios insuficientes. Por eso, cualquier reforma debe evaluarse por su capacidad real para crear empleo estable y mejorar las condiciones de vida, no solamente por la reducción de costes para las empresas.
La competitividad no debería construirse sobre el miedo del trabajador a perder su empleo.
3. Sanidad: cuando el acceso a la salud depende de la cartera
La sanidad pública es uno de los principales mecanismos de igualdad social. Permite que una enfermedad no se convierta automáticamente en una catástrofe económica para una familia.
Cuando disminuye la financiación suficiente, faltan profesionales, aumentan las listas de espera o se deteriora la atención primaria, quienes pueden permitírselo recurren a seguros y servicios privados. Quienes no pueden pagarlos quedan más expuestos a las consecuencias del deterioro.
Conviene distinguir entre privatizar formalmente un servicio y debilitarlo mediante una financiación insuficiente o una dependencia creciente de proveedores privados. Son procesos diferentes, pero ambos pueden incrementar las desigualdades si no se garantiza una atención universal, accesible y de calidad.
Una política que favorezca la expansión privada sin reforzar adecuadamente el sistema público corre el riesgo de consolidar una sanidad a dos velocidades: rapidez para quien puede pagar y esperas para quien depende exclusivamente de los recursos públicos. La salud no debería ser un privilegio reservado a quienes disponen de mayores ingresos.
4. Pensiones: el riesgo de convertir un derecho colectivo en un negocio financiero
Las pensiones públicas constituyen la principal fuente de ingresos de millones de personas mayores y una pieza fundamental de la solidaridad entre generaciones.
Las propuestas de reducir su cobertura, debilitar su financiación o desplazar progresivamente su función hacia sistemas privados plantean una cuestión esencial: ¿qué sucede con quienes no han podido ahorrar lo suficiente durante su vida laboral?
Los planes privados pueden complementar la pensión pública, pero su resultado depende de las aportaciones realizadas, las comisiones, la evolución de los mercados y el tiempo disponible para ahorrar. No todos los trabajadores tienen la misma capacidad para invertir.
Una persona con un salario elevado puede acumular patrimonio financiero. Un trabajador precario que cobra el salario mínimo, una persona que ha pasado años cuidando de familiares o alguien que ha sufrido largos periodos de desempleo puede llegar a la jubilación con pocos ahorros.
Por eso, sustituir la protección colectiva por una mayor dependencia del ahorro individual puede ampliar las diferencias entre pensionistas.
Además, reducir las pensiones tiene consecuencias que van más allá de las personas mayores: afecta al consumo de los hogares, al comercio local y a las familias que reciben apoyo económico de sus padres y abuelos.
La sostenibilidad del sistema debe abordarse con datos, empleo, productividad, ingresos y solidaridad intergeneracional. No basta con presentar el recorte de prestaciones como una solución automática.
5. Educación y becas: el origen familiar no debería decidir el futuro
La educación pública permite que una persona nacida en una familia trabajadora tenga oportunidades de formación y ascenso social.
Si se reducen las becas, se encarecen los estudios o se deterioran los centros públicos, el impacto no es igual para todos. Una familia acomodada puede pagar una academia, una universidad privada o una vivienda para que su hijo estudie fuera de su ciudad. Una familia con ingresos modestos puede verse obligada a renunciar a esas oportunidades.
La retirada de becas o la reducción de ayudas puede traducirse en abandono educativo, menor cualificación y peores perspectivas laborales.
El resultado es una sociedad en la que el origen social pesa más que el talento y el esfuerzo.
La inversión educativa no debe evaluarse únicamente como un gasto presupuestario. También es una inversión en productividad, innovación, cohesión social y capacidad de desarrollo económico.
Recortar sin evaluar las consecuencias puede producir ahorros inmediatos y costes mucho mayores a largo plazo.
6. Obra pública e infraestructuras: el ahorro que puede salir caro
La inversión pública en ferrocarriles, carreteras, infraestructuras hidráulicas y mantenimiento de servicios esenciales también forma parte del bienestar de la población.
Reducir indiscriminadamente estas inversiones puede afectar a la movilidad de los trabajadores, la competitividad de las empresas, el abastecimiento de agua, la prevención de inundaciones y la seguridad de las infraestructuras.
Cuando se aplaza el mantenimiento de una carretera, se retrasa una mejora ferroviaria o no se invierte a tiempo en una infraestructura hidráulica, el coste no desaparece: puede acumularse y terminar siendo superior.
Eso no significa que toda obra pública sea necesaria ni que todo proyecto deba aprobarse. La inversión debe ser transparente, evaluada y sometida a controles contra la corrupción y los sobrecostes.
Pero una cosa es eliminar gastos improductivos y otra muy distinta es deteriorar la capacidad del Estado para mantener los servicios de los que depende la ciudadanía.
Un Estado que invierte menos no siempre es un Estado más eficiente. A veces es simplemente un Estado que deja problemas sin resolver.
7. Milei en Argentina: la motosierra y el coste social del ajuste
La experiencia argentina de Javier Milei constituye uno de los ejemplos más visibles del programa de ajuste radical aplicado por un Gobierno que convirtió la motosierra en símbolo político.
Su Administración impulsó una reducción del gasto público, recortes de partidas estatales, paralización o revisión de obras públicas, reducción de estructuras administrativas y una política fiscal y monetaria orientada a frenar la inflación y alcanzar el equilibrio presupuestario.
El Gobierno argentino defendió estas medidas como necesarias para corregir desequilibrios acumulados durante años, estabilizar la economía y terminar con una inflación extraordinariamente elevada. No se puede ignorar que Argentina arrastraba graves problemas macroeconómicos antes de la llegada de Milei.
Sin embargo, tampoco se pueden ignorar los costes sociales de la transición.
Durante los primeros meses de su mandato, el ajuste estuvo acompañado por una fuerte caída de los ingresos reales de numerosos hogares, una contracción de la actividad económica y un aumento de la pobreza. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) situó la pobreza en el 52,9 % de la población durante el primer semestre de 2024, frente al 41,7 % del segundo semestre de 2023. En el segundo semestre de 2024 descendió al 38,1 %.
Estas cifras muestran dos aspectos que deben analizarse conjuntamente: el fuerte deterioro social inicial y la posterior reducción de la tasa oficial de pobreza, en un contexto de desaceleración de la inflación y recuperación parcial de algunos indicadores. No sería riguroso afirmar que todos los indicadores empeoraron de forma permanente ni que el programa careció de cualquier resultado macroeconómico.
La pregunta de fondo es quién soportó el coste del ajuste, cómo se distribuyeron sus beneficios y si la recuperación puede traducirse en una mejora sostenida de los salarios, las pensiones, el empleo y los servicios públicos.
Porque reducir la inflación es importante, pero también lo es que las familias puedan comprar alimentos, pagar el alquiler, acceder a la sanidad y mantener a sus hijos en la escuela.
Una economía puede registrar mejoras en determinados indicadores y mantener, al mismo tiempo, sectores sociales sometidos a una enorme presión económica.
¿Es ese el modelo que necesita España?
España y Argentina tienen estructuras económicas, sistemas de protección social y circunstancias diferentes. No sería correcto trasladar automáticamente los resultados de un país al otro.
Pero sí cabe extraer una advertencia: los ajustes presupuestarios no son neutrales. Sus efectos dependen de qué partidas se recortan, qué impuestos se modifican, qué sectores reciben beneficios y qué mecanismos de protección se mantienen.
Si el ajuste reduce inversiones esenciales, debilita servicios públicos y deteriora los ingresos de los hogares con menor capacidad económica, puede agravar la desigualdad y debilitar la demanda interna.
La estabilidad macroeconómica es necesaria. La cuestión es si se alcanza distribuyendo los costes de forma justa o haciendo que los sectores más vulnerables soporten una parte desproporcionada del sacrificio.
8. Los grandes fondos y la oligarquía económica: ¿quién gana con el debilitamiento de lo público?
En una economía donde la vivienda, la sanidad, las pensiones y la educación dependen cada vez más de la capacidad individual de pago, los grandes operadores privados encuentran oportunidades de negocio.
Los fondos de inversión, las sociedades inmobiliarias y los grandes grupos empresariales pueden obtener beneficios legítimos cuando compiten en mercados regulados. El problema aparece cuando la concentración económica, la falta de competencia o unas reglas desequilibradas permiten que sus intereses prevalezcan sobre las necesidades colectivas.
En vivienda, por ejemplo, la concentración de propiedades puede incrementar el poder de negociación de grandes propietarios en determinados mercados. En servicios esenciales, la dependencia excesiva de proveedores privados puede reducir la capacidad de respuesta pública si faltan controles, transparencia y alternativas.
No toda inversión privada es especulación, ni toda colaboración público-privada perjudica a la ciudadanía. Pero tampoco debe aceptarse que cualquier operación rentable para una empresa sea presentada automáticamente como beneficiosa para el conjunto de la sociedad.
El Estado tiene la responsabilidad de establecer reglas que impidan que la búsqueda de rentabilidad se imponga sobre derechos fundamentales y necesidades básicas.
La cuestión política central es sencilla: ¿debe el Estado limitarse a garantizar las condiciones para que los grandes capitales obtengan beneficios, o debe intervenir también para asegurar que la riqueza producida por la sociedad se traduzca en mejores condiciones de vida para la mayoría?
9. El sacrificio no se reparte por igual
Cuando se anuncia una reducción del gasto público, la cifra puede parecer abstracta. Pero detrás de cada partida presupuestaria hay personas.
Un recorte en becas puede impedir que un estudiante continúe sus estudios. Una reducción de inversiones ferroviarias puede dificultar el desplazamiento diario de miles de trabajadores. Una prestación insuficiente puede condenar a una persona mayor a vivir con estrecheces. Una política de vivienda incapaz de ampliar la oferta asequible puede obligar a una familia a destinar la mitad de sus ingresos al alquiler.
Para quienes acumulan patrimonio, poseen varias viviendas o cuentan con ingresos elevados, muchos de estos problemas pueden resolverse mediante recursos privados.
Para quienes viven de un salario, una pensión o una prestación, la pérdida de servicios públicos puede significar una reducción directa de su nivel de vida.
Por eso, la discusión sobre el tamaño del Estado no puede separarse de la distribución de la riqueza, la progresividad fiscal y la calidad de los servicios.
No es lo mismo reducir un gasto superfluo que recortar una prestación necesaria. No es lo mismo eliminar privilegios que disminuir las ayudas a quienes más las necesitan. Y no es lo mismo incentivar la inversión productiva que trasladar recursos públicos a intereses privados sin garantías suficientes para la sociedad.
10. ¿Qué debería exigir la ciudadanía antes de votar?
Los electores tienen derecho a conocer no solamente las promesas de un programa político, sino también sus costes, sus beneficiarios y sus consecuencias previsibles.
Antes de apoyar cualquier proyecto económico, deberían formularse preguntas concretas:
- ¿Cuántas viviendas públicas y asequibles se construirán y en qué plazos?
- ¿Qué garantías se mantendrán frente al despido y la precariedad laboral?
- ¿Cómo se financiará una sanidad pública con profesionales suficientes y tiempos de espera razonables?
- ¿Se garantizará el poder adquisitivo de las pensiones y una protección digna para quienes no puedan ahorrar?
- ¿Qué ocurrirá con las becas, la educación pública y la igualdad de oportunidades?
- ¿Qué inversiones se realizarán en ferrocarriles, carreteras, agua y mantenimiento de infraestructuras?
- ¿Quién asumirá el coste de las reformas fiscales y presupuestarias?
- ¿Qué mecanismos impedirán que las grandes empresas y los fondos de inversión obtengan ventajas a costa del interés general?
No basta con prometer crecimiento económico. Hay que explicar cómo se distribuirán sus frutos.
Tampoco basta con anunciar recortes. Hay que demostrar qué problemas solucionarán, cuánto costarán socialmente y qué alternativas existen.
Conclusión: la motosierra puede cortar gasto, pero también derechos
La España que necesita la mayoría social no es necesariamente la que gasta más ni la que gasta menos. Es la que utiliza sus recursos con eficacia, combate el despilfarro, persigue la corrupción, exige una fiscalidad justa y garantiza que nadie quede excluido de los servicios esenciales por carecer de dinero.
Feijóo tiene derecho a defender su modelo económico y los ciudadanos tienen derecho a discutirlo. Pero ese debate debe producirse con transparencia, sin ocultar las consecuencias posibles de las propuestas ni presentar la privatización como una solución universal.
La experiencia argentina de Milei demuestra que un programa de ajuste puede modificar rápidamente las cuentas públicas, pero también que sus costes sociales pueden ser muy elevados y desigualmente repartidos. La evolución posterior de la pobreza argentina recuerda, además, que cualquier evaluación seria debe considerar tanto los daños iniciales como los resultados posteriores, sin propaganda ni simplificaciones.
La pregunta que debería acompañar a cada promesa electoral es quién gana, quién pierde y qué sucede con quienes no pueden protegerse individualmente frente a las dificultades económicas.
Porque si para mejorar las cuentas públicas una familia pierde acceso a una vivienda digna, un trabajador vive con miedo al despido, un pensionista no puede llegar a fin de mes y un estudiante renuncia a su futuro por falta de becas, el debate no puede limitarse a celebrar el ahorro presupuestario.
La verdadera eficiencia consiste en mejorar la vida de la gente, no en convertir cada necesidad humana en una oportunidad de negocio.
Y antes de votar, conviene mirar más allá del eslogan: la motosierra que se presenta como una herramienta para sanear la economía también puede terminar cortando derechos, oportunidades y protección social.
La democracia exige que la ciudadanía conozca el precio de cada programa político. Porque los sacrificios que no se explican durante la campaña pueden acabar pagándose durante años en los hogares de quienes menos tienen.