Por Francisco López.
«El crecimiento del CERA, la controversia sobre el voto de los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática y la ausencia de una circunscripción exterior vuelven a poner sobre la mesa una cuestión que los partidos llevan años evitando: ¿por qué millones de españoles residentes fuera del país siguen sin una representación política propia?«
España tiene una ciudadanía que ya no cabe dentro de sus fronteras.La emigración económica, la movilidad europea, los descendientes de españoles y, especialmente, la recuperación de nacionalidad vinculada a la Ley de Memoria Democrática han transformado radicalmente el mapa de la ciudadanía española.Sin embargo, la estructura política continúa prácticamente igual.
Los españoles residentes en el extranjero siguen sin disponer de una circunscripción electoral propia. Sus votos se integran en las circunscripciones provinciales españolas y, por tanto, su enorme dimensión demográfica no se transforma en una representación parlamentaria específica.
El problema ya no es solamente electoral, es político, es institucional, y sobre todo, es democrático.
El CERA ya no es una realidad marginal.
El Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) se ha convertido en uno de los grandes cuerpos electorales de España.
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, el CERA rondaba los 2,3 millones de electores, una cifra que evidencia que la ciudadanía española exterior constituye por sí misma un actor electoral de enorme importancia.
Además, la evolución posterior ha mantenido una tendencia ascendente, impulsada tanto por la emigración como por el reconocimiento de nacionalidad a descendientes de españoles.Por eso, para 2026, la actualización oficial del CERA adquiere una importancia política extraordinaria: ya no estamos hablando de una pequeña comunidad de emigrantes, sino de millones de ciudadanos españoles con derecho a participar en la vida política del Estado.
La comparación con las elecciones generales de 2023 también resulta reveladora, donde la eliminación del denominado voto rogado permitió incrementar la participación exterior respecto a procesos anteriores. Pero el porcentaje de ciudadanos del CERA que finalmente ejercieron su derecho continuó siendo muy reducido en relación con el tamaño del censo.
Esto demuestra que el problema del voto exterior no termina cuando se elimina el voto rogado, pero persisten problemas administrativos, consulares, de información, plazos, documentación y, sobre todo, una sensación de distancia política respecto de unas instituciones que siguen sin considerar al exterior como un sujeto electoral con agenda propia.
El problema no es solamente votar: es ser representados.
Actualmente, un español residente en Buenos Aires, París, Ciudad de México, Londres o Berlín no elige a un diputado específico de la diáspora, su voto se incorpora a una circunscripción provincial española, eso significa que millones de españoles dispersos por el mundo terminan electoralmente fragmentados.
La consecuencia política es evidente, mientras un partido sabe perfectamente cuántos votos necesita para obtener representación en una determinada provincia, el voto exterior carece de una traducción política directa equivalente.
De ahí nace una de las principales reivindicaciones del movimiento asociativo:Una Circunscripción Exterior. No se trata de una propuesta extravagante, Italia, Francia y Portugal cuentan con fórmulas de representación parlamentaria de sus ciudadanos residentes fuera del territorio nacional.
España podría establecer un sistema semejante, adaptándolo a su propia estructura constitucional y electoral, una circunscripción exterior permitiría que los españoles residentes fuera del país pudieran elegir directamente a representantes cuya responsabilidad política estuviera vinculada a sus necesidades.
Y eso cambiaría completamente la relación entre los partidos y la diáspora.
La Ley de Memoria Democrática abre otro frente.
La situación se vuelve todavía más delicada con la controversia alrededor de los ciudadanos que han obtenido la nacionalidad española mediante la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, especialmente a través de la denominada Ley de Nietos.
Miles de personas descendientes de españoles han adquirido la nacionalidad después de demostrar su vínculo familiar con España, son españoles, no ciudadanos provisionales, no ciudadanos de segunda categoría, no españoles con derechos políticos condicionados.
Por eso ha provocado preocupación en las organizaciones de la diáspora cualquier actuación judicial o electoral que pueda terminar afectando a su derecho de participación política.
El reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo y la posterior actuación de la Junta Electoral Central, incluida la solicitud de información a los consulados, han elevado todavía más la inquietud entre las asociaciones de españoles en el exterior. Aquí es necesario ser rigurosos.
Una medida cautelar no equivale por sí misma a una decisión definitiva sobre la nacionalidad de todas las personas afectadas, pero políticamente existe una cuestión que no puede ignorarse:¿qué ocurre cuando se empieza a cuestionar el ejercicio de derechos políticos de ciudadanos cuya nacionalidad ha sido reconocida por el Estado?.
El Parlamento no puede mirar hacia otro lado.
Aquí aparece la gran contradicción, si existe un problema jurídico sobre la interpretación de la legislación electoral o de nacionalidad, ¿el Parlamento tiene capacidad para modificar las leyes?, si existe un vacío legal, ¿puede legislar?, si considera que determinadas disposiciones generan inseguridad jurídica, ¿puede aclararlas?. Y sí, si entiende que los derechos fundamentales de ciudadanos españoles están siendo afectados, tiene la obligación política de intervenir.
Por eso resulta especialmente preocupante la falta de contundencia pública que las organizaciones de la diáspora perciben en buena parte de las fuerzas parlamentarias progresistas. ¿Dónde están PSOE, Sumar, ERC e Izquierda Unida? Ante una controversia de esta naturaleza cabría esperar pronunciamientos claros del PSOE, Sumar, Esquerra Republicana e Izquierda Unida, además de Podemos.
Sin embargo, debe hacerse una precisión periodística esencial: no resulta correcto atribuir a una formación una posición concreta sobre la resolución del Supremo o de la Junta Electoral Central si no existe un comunicado o declaración oficial que la respalde.
Por ello, la pregunta debe formularse de otra manera: ¿Dónde están sus pronunciamientos públicos y específicos ante esta controversia al margen de no estar de acuerdo con el supremo? La ausencia de una respuesta contundente también merece ser examinada, especialmente porque la ciudadanía exterior lleva años reclamando reformas estructurales.
En este contexto sí ha existido un pronunciamiento político claramente identificable desde la Red de Círculos de Podemos Exterior en América, que ha reclamado una actuación firme y contundente de las fuerzas parlamentarias para defender el derecho al voto de la ciudadanía española residente en el exterior.
La cuestión, sin embargo, no debería recaer exclusivamente sobre Podemos, si está en juego el derecho constitucional de participación política de ciudadanos españoles, la defensa debería ser transversal entre todas las fuerzas democráticas.
PP y Vox: una posición que debe ser examinada.
El Partido Popular y Vox han mantenido posiciones críticas respecto de la Ley de Memoria Democrática, ambas formaciones han cuestionado distintos aspectos de la norma y han defendido su derogación.
Pero aquí hay que separar dos debates, una cosa es estar en contra de una ley y otra completamente diferente es cuestionar los derechos políticos de las personas que han adquirido legalmente la nacionalidad española mediante esa legislación mientras la ley se encontraba vigente.
El debate democrático debería ser muy sencillo: si el Estado reconoce a una persona como española, ¿puede posteriormente establecerse una ciudadanía políticamente inferior en función del procedimiento por el cual adquirió la nacionalidad? La respuesta exige una enorme cautela jurídica y política, porque de lo contrario podría abrirse una peligrosa puerta hacia una clasificación de españoles según su origen familiar o la vía jurídica mediante la cual adquirieron la nacionalidad.
Y eso debería preocupar tanto a la izquierda como a la derecha democrática.
El Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior necesita una reforma.
La otra gran asignatura pendiente es el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, aprobado mediante la Ley 40/2006, han pasado veinte años y la realidad migratoria española ha cambiado radicalmente. Hoy existen nuevas generaciones de españoles nacidos en el extranjero, trabajadores altamente cualificados que desarrollan su carrera fuera, jóvenes emigrados por razones económicas, pensionistas, familias transnacionales y cientos de miles de personas que desean regresar.
El Estatuto necesita adaptarse a esa realidad, sanidad, dependencia, pensiones, educación, homologación de títulos, vivienda, empleo, retorno, asistencia consular, nacionalidad, participación política. No pueden seguir tratándose como cuestiones aisladas, cuando forman parte de una misma realidad: la ciudadanía española exterior.
El retorno tampoco puede ser una campaña publicitaria, los planes de retorno constituyen otra de las grandes reivindicaciones, España necesita que quienes desean regresar puedan hacerlo sin enfrentarse a una carrera burocrática. La homologación de títulos, el reconocimiento de cotizaciones, el acceso a la vivienda, la incorporación laboral y la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas siguen siendo obstáculos importantes.
Una política de retorno seria debería contar con financiación estable y coordinación administrativa, no basta con decirle a un emigrante:“España te espera”. Hay que garantizarle que, cuando regrese, podrá trabajar, acceder a una vivienda, escolarizar a sus hijos y recuperar plenamente sus derechos sociales.
La circunscripción exterior cambiaría las reglas.
La creación de una circunscripción exterior tendría una consecuencia política inmediata: los partidos tendrían que competir por el voto de la diáspora. Eso obligaría a presentar programas específicos, debatir sobre los consulados, hablar de nacionalidad, defender los derechos de los retornados, explicar las políticas sobre pensiones, discutir la homologación de títulos, abordar la educación de los españoles en el extranjero, y, sobre todo, a rendir cuentas ante los ciudadanos que viven fuera de España.
Actualmente, para muchos partidos la diáspora aparece durante las campañas electorales y desaparece después, con una circunscripción exterior terminaría con esa dinámica.
La paradoja del ciudadano español que vive fuera.
España reclama permanentemente la participación ciudadana. Habla de democracia, derechos, igualdad y representación, pero millones de españoles viven fuera del territorio nacional y continúan preguntándose por qué su representación política depende de circunscripciones provinciales en las que ya no viven.
Es una contradicción que tarde o temprano tendrá que resolverse, la diáspora no pide privilegios, pide igualdad política. No pide más derechos que los españoles residentes en España.Pide exactamente los mismos.
Como reflexión final podríamos decir que hoy existe una diáspora abandonada por los partidos políticos y el problema de fondo no es únicamente el CERA, tampoco es exclusivamente el Tribunal Supremo, ni siquiera es solamente la Junta Electoral Central.
El verdadero problema es que España todavía no ha asumido políticamente que sus ciudadanos viven en todo el mundo. Mientras tanto, la diáspora crece, los españoles residentes en el extranjero aumentan, la nacionalidad llega a nuevas generaciones, y, las reivindicaciones siguen acumulándose.
La eliminación del voto rogado fue un paso adelante, pero no resolvió el problema estructural. Ahora toca dar el siguiente paso, representación política propia.Igualdad efectiva de derechos. Reforma del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior. Modernización de la legislación de nacionalidad. Planes de retorno con recursos y coordinación. Y, sobre todo, una garantía inequívoca de que ningún ciudadano español será considerado español de segunda por vivir fuera del territorio nacional o por la vía mediante la cual adquirió legalmente su nacionalidad.
Si el Parlamento considera que existe un vacío legal, tiene la obligación de legislar. Si considera que la interpretación judicial amenaza derechos fundamentales, tiene la capacidad de modificar la ley.
Lo que no puede hacer es permanecer en silencio mientras millones de españoles residentes en el exterior observan cómo sus derechos vuelven a convertirse en objeto de disputa política y judicial. Porque el silencio también es una posición política.
Y la pregunta que debería recorrer hoy el Congreso de los Diputados es muy sencilla:¿Cuándo van a dejar de considerar a la diáspora como un asunto consular y van a reconocerla definitivamente como lo que es: una parte de la ciudadanía española? Mientras los partidos compiten por cada voto dentro de España, millones de españoles miran desde fuera
Y cada vez resulta más difícil explicarles por qué tienen nacionalidad española, pagan o han pagado impuestos, mantienen vínculos familiares, culturales y económicos con España, pero siguen sin disponer de una representación política propia.
La conclusión es incómoda, pero cada vez más evidente: La diáspora española está abandonada por los partidos políticos.Y si el Parlamento continúa sin actuar, el problema dejará de ser únicamente el abandono de la diáspora.Será un problema de calidad democrática del propio Estado español.