Por Francisco López.
«La izquierda española se enfrenta a una disyuntiva decisiva ante las elecciones generales del 29 de noviembre: construir una candidatura plural, con representación proporcional y capacidad real de movilización, o levantar un frente electoral condicionado por los intereses particulares de quienes pretenden dirigirlo. Podemos no puede ser tratado como un invitado incómodo ni obligado a renunciar a su identidad para facilitar la hegemonía de Más Madrid, En Comun, Sumar o Izquierda Unida. La unidad no consiste en aceptar las condiciones de otros, sino en compartir un proyecto, reconocer la fuerza de cada organización y garantizar que todas tengan voz y representación«
Hay palabras que se repiten hasta vaciarlas de significado. Unidad, integración, pluralidad, responsabilidad histórica. En la izquierda española, todas ellas vuelven a ocupar el centro del debate ante la posibilidad de construir un Frente Amplio capaz de disputar el Gobierno a las derechas. Sin embargo, detrás de los discursos conciliadores aparece una pregunta incómoda: ¿se pretende construir una candidatura en la que todas las fuerzas tengan cabida o se intenta organizar una coalición en la que algunas decidan y las demás acaten?
Porque un Frente Amplio que margine a Podemos, reduzca su representación o le exija renunciar a su autonomía no será un proyecto de integración. Será una operación de subordinación política. Y una alianza que nace imponiendo humillaciones difícilmente podrá transmitir ilusión, confianza y esperanza a una sociedad progresista cansada de las divisiones, pero también de los pactos construidos de espaldas a sus votantes.
Podemos no es un complemento: es una pieza singular de la izquierda
Desde su irrupción en 2014, Podemos transformó el panorama político español. Recogió parte del impulso del 15M, cuestionó el reparto tradicional del poder y llevó al Congreso demandas que durante años habían permanecido en las calles: la emergencia habitacional, la precariedad laboral, la desigualdad económica, el feminismo, la democratización institucional y la necesidad de limitar los privilegios de las élites.
Su trayectoria no está exenta de errores, contradicciones, conflictos internos y decisiones discutibles. Tampoco está libre de responsabilidades por el desgaste de la izquierda alternativa. Pero reducir su papel a una organización más dentro de un catálogo de siglas supone ignorar su historia, su capacidad de confrontación política y la identidad que todavía representa para una parte significativa del electorado progresista.
Podemos ha demostrado, además, que puede defender posiciones incómodas incluso cuando estas generan tensiones con sus antiguos socios de Gobierno. Su apuesta por intervenir el mercado de la vivienda, cuestionar el incremento del gasto militar, defender una redistribución más ambiciosa de la riqueza y ampliar derechos sociales forma parte de una identidad política reconocible.
Esa identidad tiene un valor electoral y programático. No porque Podemos deba considerarse imprescindible por decreto, sino porque una alianza que prescinda de una parte de su electorado pierde capacidad de representación y corre el riesgo de convertirse en una estructura institucional sin suficiente arraigo social.
El Frente Amplio necesita a Podemos no como una marca que exhibir en la fotografía de presentación, sino como una fuerza con capacidad para intervenir en las decisiones, defender su programa y movilizar a sus votantes.
Y aquí aparece la primera contradicción de quienes reclaman unidad mientras cuestionan la autonomía de la formación morada: se exige responsabilidad a Podemos, pero no siempre se está dispuesto a reconocerle una responsabilidad proporcional a su peso político.
La unidad no puede convertirse en el rodillo de Más Madrid
Más Madrid y sus dirigentes tienen derecho a defender su proyecto, sus liderazgos y su estrategia electoral. También pueden reivindicar sus resultados en la Comunidad de Madrid y su capacidad para disputar espacios institucionales al Partido Popular. Nadie debería negarles ese reconocimiento.
Pero una cosa es defender una trayectoria territorial y otra pretender convertirla en un título de propiedad sobre el conjunto de la izquierda.
La política municipal y autonómica no funciona exactamente igual que unas elecciones generales. En Madrid, las estrategias pueden responder a equilibrios territoriales concretos, a liderazgos reconocibles y a dinámicas electorales propias. En unas generales, sin embargo, el desafío consiste en construir una alternativa estatal capaz de sumar sensibilidades distintas, movilizar a quienes se abstienen y evitar que el voto progresista se disperse.
Los resultados de una elección no constituyen una patente de superioridad permanente. Tampoco permiten concluir, por sí solos, que una organización esté mejor preparada para encabezar todas las candidaturas futuras.
La representación debe discutirse con datos comparables, procedimientos democráticos y criterios transparentes. No mediante la imposición de una jerarquía decidida de antemano.
La responsabilidad de Más Madrid será, por tanto, demostrar que está dispuesta a construir una coalición que vaya más allá de sus propias fronteras políticas. Si su proyecto pretende convertirse en una referencia estatal, deberá acreditar que sabe compartir espacios, aceptar la pluralidad y reconocer el peso de organizaciones con las que mantiene diferencias.
No basta con reclamar unidad cuando se trata de sumar votos y defender la autonomía propia cuando llega el momento de repartir responsabilidades.
La pregunta es sencilla: ¿se quiere un Frente Amplio para ganar a la derecha o una plataforma diseñada para que una determinada familia política conserve el control de las candidaturas?
Sumar e Izquierda Unida también deben elegir
El desgaste de Sumar y sus dificultades para consolidarse como una referencia política autónoma plantean otro problema. Una coalición no puede sostenerse indefinidamente sobre una estructura organizativa débil, una identidad difusa y acuerdos entre direcciones que no siempre consiguen trasladar ilusión a la ciudadanía.
Izquierda Unida, por su parte, posee una historia de militancia, implantación territorial y compromiso social que merece respeto. Su papel en una candidatura unitaria no debería depender de su capacidad para negociar despachos ni de su disposición a aceptar las condiciones de los socios más fuertes.
Precisamente por eso, resulta contradictorio defender el pluralismo y terminar reproduciendo dinámicas en las que las organizaciones con mayor capacidad de negociación imponen sus preferencias a las demás.
IU no puede convertirse en una pieza secundaria de un acuerdo ajeno a sus intereses, del mismo modo que Podemos no debe ser tratado como una fuerza prescindible. La experiencia de anteriores confluencias debería haber dejado una lección: las coaliciones que no resuelven sus diferencias mediante reglas claras terminan trasladando sus conflictos a la campaña electoral y, posteriormente, a las instituciones.
El problema no es que existan diferencias ideológicas o estrategias distintas. El problema es confundir el diálogo con la obligación de ceder siempre en la misma dirección.
Integrar no es absorber. Negociar no es obedecer. Y compartir una candidatura no significa renunciar a la identidad política propia.
Si Más Madrid, Sumar e Izquierda Unida quieren impulsar un Frente Amplio duradero, deberán abandonar cualquier tentación de construirlo como un espacio de adhesión a decisiones previamente adoptadas. De lo contrario, la supuesta unidad se convertirá en un mecanismo de selección de aliados dóciles y exclusión de quienes planteen discrepancias.
Irene Montero: una candidatura para disputar el rumbo de la izquierda
La discusión sobre el liderazgo no es un asunto secundario. Las candidaturas expresan proyectos políticos y ayudan a determinar qué prioridades ocuparán el centro de la campaña.
Irene Montero representa una de las figuras más reconocibles de Podemos y una línea política que sitúa en primer plano los derechos de las mujeres, la redistribución de la riqueza, la intervención pública en el mercado de la vivienda y la confrontación con las políticas de austeridad.
Su eventual papel al frente de una candidatura en Madrid debería evaluarse en condiciones democráticas, sin vetos previos y sin que ninguna organización pueda reservarse el derecho exclusivo a decidir quién representa a todo el espacio progresista.
Si se defiende la celebración de primarias abiertas, estas deben ser reales, transparentes y vinculantes. Si se apuesta por un acuerdo entre organizaciones, la negociación debe reconocer el peso político, la implantación, la militancia y la capacidad electoral de cada una.
Lo que no resulta coherente es exigir primarias cuando favorecen una determinada estrategia y descartarlas cuando pueden alterar el reparto de poder previsto.
Tampoco sería razonable utilizar las encuestas como un instrumento de propaganda. Las valoraciones de dirigentes, los índices de simpatía y los resultados electorales miden fenómenos distintos. Para establecer quién es la candidatura mejor situada sería necesario disponer de estudios identificables, recientes y metodológicamente comparables. Sin esas garantías, las cifras atribuidas a los posibles candidatos deben tratarse con cautela.
Pero la discusión de fondo permanece: Irene Montero debe poder competir y defender su proyecto sin que su pertenencia a Podemos se convierta en una desventaja impuesta por los socios potenciales, la unidad no puede exigir a una organización que esconda precisamente aquello que la diferencia de las demás.
Rufián en Cataluña y Montero en Madrid: una combinación con capacidad de movilización
La posibilidad de articular liderazgos diferenciados por territorios abre una vía para superar las disputas por la hegemonía dentro de la izquierda.
Gabriel Rufián ha construido un perfil político reconocible en Cataluña y en el Congreso, con una capacidad de comunicación que trasciende parcialmente el espacio electoral de ERC. Irene Montero representa, por su parte, una de las principales referencias estatales de Podemos.
Una combinación política que situara a Rufián como referente de una candidatura en Cataluña y a Montero como cabeza de lista en Madrid podría contribuir a articular una alternativa plural, con identidades territoriales distintas y una agenda social compartida.
No se trata de presentar esa fórmula como una garantía automática de victoria. Ningún liderazgo asegura por sí solo un resultado electoral, y cualquier alianza debería concretarse mediante acuerdos públicos, procedimientos democráticos y compromisos verificables, pero sí constituye una hipótesis política que merece ser explorada sin vetos ni prejuicios.
La izquierda necesita figuras capaces de conectar con sectores sociales diferentes, hablar de los problemas cotidianos y devolver credibilidad a una alternativa progresista. Para lograrlo, no puede encerrarse en una disputa permanente por el control de las listas.
Si la prioridad es derrotar al Partido Popular y Vox, la pregunta no debería ser qué organización pierde protagonismo, sino qué combinación de liderazgos, programas y territorios permite sumar más apoyos.
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Podemos oficializaron un acuerdo de colaboración de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, como puntos clave del acuerdo, se contempla, qué Podemos no presentará una lista independiente en Cataluña y pedirá el voto para ERC.
La integración en las listas de ERC de dirigentes de Podemos que se sumarán como independientes en las listas al Congreso de los Diputados (con Gabriel Rufián como cabeza de lista por Barcelona) y una campaña conjunta dónde Gabriel Rufián e Irene Montero (líder de Podemos) harán campaña juntos; Rufián colaborará en actos de Podemos a nivel estatal, e Irene Montero le acompañará en Cataluña.
Un programa que hable de la vida real
La unidad solo tendrá sentido si se traduce en propuestas concretas. No basta con reunir siglas, presentar una fotografía conjunta y proclamar que se ha construido una nueva etapa.
Podemos ha situado entre sus principales banderas la intervención pública en el mercado de la vivienda, la reducción de los alquileres, la ampliación del parque público, la mejora de los salarios, la reducción de la jornada laboral, el control de los precios esenciales y la prioridad del gasto social frente al militar.
Estas propuestas forman parte de su identidad política y deben ocupar un lugar reconocible en cualquier negociación programática.
En vivienda, el reto es responder a una crisis que expulsa a jóvenes de sus barrios, consume una parte creciente de los ingresos familiares y convierte la emancipación en un privilegio. La discusión debe incluir la regulación del alquiler, la movilización de viviendas vacías, el refuerzo del parque público y medidas eficaces contra la especulación.
En materia laboral, la izquierda necesita hablar de salarios que permitan vivir, reducción del tiempo de trabajo, estabilidad en el empleo y una distribución más justa de los beneficios económicos.
En servicios públicos, debe comprometerse con la sanidad, la educación y los cuidados, además de defender un sistema fiscal capaz de financiar esos derechos.
Y en política internacional, cualquier acuerdo deberá abordar con claridad la diplomacia, la prevención de las guerras y las prioridades presupuestarias, sin esconder las diferencias existentes entre las organizaciones.
Las cifras concretas —como una reducción del 40 % de los alquileres, la incorporación de 650.000 viviendas al parque público o un salario mínimo de 1.800 euros— son propuestas atribuidas a Podemos que requieren desarrollo legislativo, evaluación de viabilidad y mecanismos de aplicación. Una candidatura seria debe explicar cómo piensa llevarlas a la práctica, quién asumirá sus costes y qué instrumentos utilizará para garantizar sus objetivos.
El programa común no tiene que borrar las diferencias. Debe convertirlas en compromisos negociados, públicos y evaluables.
El riesgo de repetir los errores del pasado
La historia reciente de la izquierda alternativa demuestra que las confluencias no fracasan necesariamente por tener demasiadas organizaciones, sino por carecer de reglas aceptadas por todas.
Cuando el reparto de puestos se convierte en una batalla entre direcciones, el programa pierde protagonismo. Cuando las discrepancias se resuelven mediante vetos, la militancia se distancia. Cuando una parte considera que la otra debe aceptar siempre las condiciones impuestas, la coalición empieza a erosionarse antes incluso de presentarse a las urnas.
Podemos tiene responsabilidades en los conflictos que han atravesado este espacio político. Negarlo sería sustituir el análisis por la propaganda. Pero reconocer esos errores no obliga a aceptar que la solución consista en marginar a la formación morada o exigirle una renuncia unilateral a su autonomía.
Las responsabilidades deben ser compartidas y examinadas con honestidad. Quienes reclaman una nueva etapa tienen que demostrar que han aprendido de las anteriores.
La pregunta que deben responder Más Madrid, Sumar e Izquierda Unida es si están dispuestos a construir una organización electoral en la que nadie tenga garantizado el control absoluto. Y la que debe responder Podemos es si puede convertir su exigencia de reconocimiento en una propuesta capaz de atraer a quienes no comparten todas sus posiciones.
Ambas cuestiones son compatibles. Una coalición necesita autonomía y generosidad; identidad y acuerdos; liderazgo y mecanismos de control democrático, lo que no necesita es una nueva guerra de siglas.
¿Frente Amplio o frente de exclusión?
El 29 de noviembre, si se confirma el calendario electoral planteado, no se decidirá únicamente qué partidos obtienen representación parlamentaria. También se pondrá a prueba la capacidad de la izquierda para ofrecer una alternativa reconocible frente al avance de la derecha.
El Partido Popular y Vox no necesitan que sus adversarios se fragmenten para defender sus proyectos, pero cada división en el espacio progresista puede facilitarles la tarea de convertir una minoría movilizada en una mayoría parlamentaria.
Por eso, quienes pretenden liderar el Frente Amplio tienen una responsabilidad que va más allá de sus intereses organizativos. Deben explicar qué reglas proponen, qué representación ofrecen a cada socio, cómo se elegirán las candidaturas y qué garantías existirán para que el programa común no se convierta en papel mojado después de las elecciones.
La responsabilidad de un eventual fracaso no puede adjudicarse de antemano a Podemos por defender su autonomía. Tampoco sería justo eximir a la formación morada de cualquier crítica si sus decisiones dificultaran acuerdos razonables, pero sí hay una línea que no debería cruzarse: presentar como falta de generosidad la negativa a aceptar una posición subordinada.
Podemos no puede ser llamado a la unidad únicamente cuando hacen falta sus votos, sus militantes y su capacidad de movilización. Si se quiere contar con la formación morada, hay que contar también con su voz y su proyecto.
La izquierda necesita un acuerdo que reconozca la pluralidad real del espacio, no una operación para diluir a quienes incomodan a sus principales promotores.
Conclusión: sin Podemos no hay integración; con imposiciones, tampoco hay unidad
Un Frente Amplio que aspire a representar a la mayoría social no puede construirse desde el miedo a compartir el liderazgo. Más Madrid debe demostrar que su fortaleza territorial no se traduce en pretensiones de hegemonía estatal. Sumar debe resolver sus dificultades para consolidarse como proyecto reconocible. Izquierda Unida debe defender el valor de su militancia y su trayectoria sin quedar atrapada en acuerdos ajenos. Y Podemos debe ejercer su autonomía con la responsabilidad de quien quiere formar parte de una alternativa de gobierno.
La salida no consiste en declarar culpable a una organización de todos los males de la izquierda, sino en establecer reglas que impidan que cualquiera de ellas imponga sus intereses al resto.
Pero hay algo que debe quedar claro: un Frente Amplio no puede pedir a Podemos que renuncie a su identidad para después ofrecerle un lugar secundario en una candidatura diseñada por otros.
Si el objetivo es derrotar a las derechas, Irene Montero en Madrid y Gabriel Rufián como referencia en Cataluña podrían contribuir a construir una propuesta ilusionante, siempre que exista un acuerdo real, democrático y respetuoso con la pluralidad de las fuerzas participantes.
Si, por el contrario, el Frente Amplio termina convirtiéndose en un espacio donde se confunde diálogo con sumisión, integración con absorción y responsabilidad con obediencia, el fracaso no será una sorpresa: será la consecuencia de haber colocado los intereses de las organizaciones por encima de los de la ciudadanía.
La unidad no se proclama; se construye. No se impone; se acuerda. Y no se mide por el número de siglas que aparecen en una fotografía, sino por la capacidad de representar a quienes necesitan una alternativa política.
Frente Amplio, sí. Pero no a cualquier precio. Con Podemos, con Izquierda Unida, con las fuerzas territoriales y con todas las organizaciones dispuestas a compartir un proyecto en condiciones de igualdad. Porque una izquierda que humilla a una parte de sí misma difícilmente podrá convencer a la sociedad de que sabe construir un país más justo. PODEMOS ¡Sí se puede!