Por Adriana F. Gómez .
Patriot para Ucrania, el rearme de Trump y la batalla por el dinero público: ¿qué camino le conviene a España? España debe defender su autonomía estratégica, apostar por la diplomacia y evitar que la carrera armamentística termine desplazando las prioridades sociales. La paz no se construye únicamente enviando armas, ni la seguridad de un país puede medirse exclusivamente por el dinero que destina a Defensa.
La negativa de España y Grecia a desprenderse de determinados misiles Patriot para enviarlos a Ucrania vuelve a poner sobre la mesa un debate fundamental para el futuro de Europa: ¿hasta dónde deben llegar los compromisos militares con Kiev y qué coste económico, político y social está dispuesta a asumir la ciudadanía europea?
En un contexto de prolongación de la guerra entre Rusia y Ucrania, de escasez de determinados sistemas de defensa antiaérea y de creciente presión para incrementar el gasto militar, las decisiones de los gobiernos europeos adquieren una importancia extraordinaria. No se trata solamente de misiles, radares o baterías antiaéreas. Se trata de definir qué modelo de seguridad queremos para Europa y qué lugar deben ocupar las necesidades de la población en las prioridades presupuestarias.
España tiene ante sí una oportunidad: mantener su compromiso con la seguridad europea sin aceptar que la militarización permanente se convierta en el eje de su política exterior y económica.
Los misiles Patriot y los límites de la ayuda militar
Los sistemas Patriot se han convertido en uno de los elementos más demandados por Ucrania para proteger infraestructuras, instalaciones militares y ciudades frente a los ataques aéreos rusos. Sin embargo, tanto los lanzadores como los interceptores disponibles son recursos limitados, costosos y difíciles de sustituir a corto plazo.
Grecia dispone de misiles Patriot PAC-2 cuyo número y estado operativo han sido objeto de debate. Algunas informaciones sitúan su arsenal en torno a los 200 proyectiles, aunque para determinar cuántos podrían entregarse sería necesario conocer su disponibilidad efectiva, sus condiciones de conservación y las necesidades defensivas griegas.
España, por su parte, también debe valorar sus propias necesidades operativas antes de desprenderse de material militar. Las informaciones sobre posibles entregas de cantidades reducidas de misiles reflejan las dificultades de mantener determinados compromisos cuando los arsenales no son ilimitados.
Conviene introducir una precisión técnica: los PAC-2 no son simplemente inútiles frente a cualquier misil balístico. Sus capacidades dependen de la versión, del tipo de amenaza y de las condiciones de interceptación. Tampoco puede establecerse una equivalencia automática entre el número de misiles disponibles y el de drones que podrían derribarse. Los Patriot son sistemas de defensa aérea de alto coste y no constituyen necesariamente la respuesta más eficiente frente a todos los tipos de drones.
Pero la cuestión política permanece intacta: ¿tiene sentido vaciar las reservas nacionales de determinados sistemas defensivos para sostener indefinidamente una guerra cuyo desenlace no puede resolverse únicamente mediante el suministro de armamento?
Europa necesita discutir esta pregunta con honestidad, sin convertir cualquier petición de prudencia en una acusación de falta de solidaridad.
Ucrania & Rusia, una guerra que exige una salida diplomática.
La invasión rusa de Ucrania constituye una violación de la soberanía ucraniana. Reconocerlo no obliga, sin embargo, a considerar que el envío creciente de armamento sea la única política posible o que cualquier negociación deba descartarse.
La ayuda militar puede contribuir a la defensa de un país atacado, pero no garantiza por sí misma una victoria, no elimina el riesgo de escalada y tampoco ofrece una solución política duradera.
Después de años de destrucción, desplazamientos de población y pérdidas humanas, Europa debería impulsar con mayor determinación una estrategia diplomática que incluya un alto el fuego verificable, garantías de seguridad, protección de la población civil y negociaciones que respeten la soberanía de Ucrania y el derecho internacional.
Negociar no significa premiar una invasión ni aceptar cualquier condición impuesta por Moscú. Significa reconocer que una guerra de esta dimensión necesita una salida política y que el objetivo último debe ser una paz justa y sostenible.
España puede contribuir a esa estrategia desde la Unión Europea, las Naciones Unidas y los espacios multilaterales, defendiendo tanto la seguridad europea como la necesidad de evitar una confrontación permanente entre Rusia y Occidente.
España y la resistencia a la presión de Donald Trump: ¿es obligatorio gastar más en armas?
Uno de los principales debates políticos de los últimos años ha sido la exigencia de Donald Trump de que los aliados de la OTAN incrementen drásticamente sus presupuestos de defensa, hasta situar el objetivo en el 5 % del PIB, dentro de los compromisos adoptados por la Alianza para el horizonte de 2035.
Esta presión plantea un dilema especialmente relevante para España. ¿Debe el país aceptar automáticamente las prioridades estratégicas de Washington o tiene derecho a definir sus necesidades de seguridad de acuerdo con su realidad económica, su posición geográfica y sus compromisos sociales?
El Gobierno español ha defendido una posición diferenciada respecto al objetivo del 5 %, sosteniendo que puede cumplir sus compromisos de capacidades con un nivel de gasto inferior. Esa postura no significa que España haya abandonado la OTAN ni que haya renunciado a todas las inversiones militares. Significa que existe una discusión política legítima sobre cuánto gastar, en qué hacerlo y cómo distribuir los recursos disponibles.
La seguridad de España no depende exclusivamente de su presupuesto militar. También depende de la fortaleza de sus hospitales, de la calidad de su educación, de unas infraestructuras resistentes, de una economía productiva y de una sociedad que no condene a sus jóvenes a vivir sin posibilidades de acceder a una vivienda.
Un país con una población que no puede pagar el alquiler, con listas de espera sanitarias o con jóvenes obligados a retrasar su emancipación también afronta problemas de seguridad, aunque no aparezcan en los catálogos de armamento.
Por eso, España no debería convertir las exigencias de Washington en una obligación de recortar sus prioridades sociales para alimentar una carrera armamentística sin un horizonte político claro.
Cuando el dinero de la defensa es el dinero de los ciudadanos, pasamos a tener una responsabilidad política.
El debate sobre el gasto militar no puede reducirse a una falsa disyuntiva entre defenderse o desentenderse de la seguridad. La cuestión es establecer prioridades razonables y evaluar los costes de oportunidad de cada decisión.
Cada euro público tiene un destino y un coste. Cuando aumenta una partida presupuestaria, es necesario explicar cómo se financia, qué necesidades pretende cubrir y qué otras inversiones podrían quedar desplazadas.
En España, las prioridades deberían incluir, como mínimo:
- Vivienda: ampliar el parque público de alquiler, movilizar viviendas vacías cuando sea viable y facilitar el acceso de jóvenes y familias trabajadoras a un hogar digno.
- Sanidad pública: reforzar la atención primaria, reducir las listas de espera y mejorar las plantillas y los recursos hospitalarios.
- Educación: garantizar centros bien equipados, becas suficientes, formación profesional de calidad y oportunidades para los estudiantes con menos recursos.
- Empleo e industria: impulsar trabajos estables, innovación tecnológica y una transición productiva que reduzca la dependencia exterior.
- Infraestructuras: mejorar el transporte público, las conexiones ferroviarias, la eficiencia energética, el abastecimiento de agua y la adaptación frente al cambio climático.
Estas inversiones no son un lujo que pueda aplazarse indefinidamente. Constituyen la base material de la cohesión social y de la capacidad de un país para afrontar las crisis.
Eso no implica negar la necesidad de mantener unas Fuerzas Armadas preparadas, proteger infraestructuras críticas o cumplir las obligaciones internacionales de España. Implica rechazar la idea de que cada incremento militar deba considerarse automáticamente más importante que una escuela, un hospital o una vivienda.
La decisión debe basarse en necesidades verificables, transparencia presupuestaria y control democrático. ¿España aporta menos a Ucrania que otras potencias europeas?
Las comparaciones internacionales permiten comprender las distintas estrategias de los países europeos, pero es imprescindible diferenciar entre las cantidades absolutas, el esfuerzo relativo respecto al PIB y las distintas modalidades de ayuda.
Las cifras recogidas en los datos aportados para este análisis sitúan a España en torno al 0,12 % del PIB en ayuda militar y al 0,20 % en ayuda total. Para el Reino Unido, las estimaciones citadas son del 0,57 % y el 0,75 %, respectivamente; para Alemania, del 0,55 % y el 0,70 %.
Estas cifras deben contrastarse con la edición y la fecha concretas del Ukraine Support Tracker del Instituto de Kiel antes de publicarse como una comparación estadística definitiva. Las clasificaciones cambian según el periodo, el criterio utilizado y la inclusión de compromisos anunciados o de ayuda efectivamente entregada.
Con esa cautela, el contraste ilustra una diferencia de enfoque: Alemania y el Reino Unido han asumido un papel destacado en el suministro de armamento y otras formas de apoyo a Ucrania, mientras que España ha tenido una aportación militar relativamente menor en determinados indicadores.
El apoyo español, sin embargo, no se limita a los envíos de armas. Incluye asistencia financiera y humanitaria, formación de militares ucranianos y cooperación industrial. También se han anunciado paquetes de asistencia militar de gran volumen económico, aunque un compromiso anunciado no equivale necesariamente a una entrega ya ejecutada.
Por tanto, sería incorrecto afirmar que España no ayuda a Ucrania. La discusión relevante es otra: qué nivel de apoyo puede sostener, qué resultados produce y cómo se combina con una política exterior orientada a terminar la guerra.
La prudencia española en determinadas entregas de armamento puede abrir un espacio para defender una estrategia propia, siempre que vaya acompañada de iniciativas diplomáticas concretas y de una evaluación transparente de sus compromisos.
La Unión Europea tampoco mantiene una postura uniforme sobre el suministro de armas. Hungría y Eslovaquia han mostrado una fuerte resistencia a determinadas iniciativas de asistencia militar, mientras que otros países mantienen debates internos sobre el coste, la duración y los objetivos de su apoyo. En Polonia y la República Checa existen discusiones políticas sobre el alcance de los compromisos. Alemania y Francia, por su parte, combinan el respaldo a Ucrania con controversias presupuestarias y debates sobre sus capacidades militares.
No todas estas posiciones son equivalentes, ni todos los países han adoptado decisiones definitivas de abandonar los suministros. Conviene distinguir entre las declaraciones políticas, los cambios en los programas de ayuda y las entregas efectivamente suspendidas.
Lo importante es que la discusión sobre la guerra y el gasto militar ya no puede considerarse un asunto cerrado en Europa, ya que los ciudadanos tienen derecho a preguntar cuánto cuestan estas políticas, cuánto tiempo se mantendrán y qué mecanismos existen para evitar que el esfuerzo económico se distribuya de forma injusta.
La solidaridad internacional no debería convertirse en un cheque en blanco para ningún Gobierno.
Palestina: los derechos humanos no pueden depender del gobierno sionista de israel.
La política exterior española también debe evaluarse por su respuesta a la tragedia palestina, la destrucción en Gaza, la muerte de civiles, el desplazamiento forzoso de población y la devastación de infraestructuras esenciales han provocado una enorme indignación internacional. Las operaciones militares israelíes y las decisiones de su Gobierno deben someterse al escrutinio del derecho internacional humanitario y de los mecanismos internacionales de justicia.
España ha defendido la solución de dos Estados y ha reconocido al Estado palestino en mayo de 2024. También ha reclamado el alto el fuego, la entrada de ayuda humanitaria y el respeto al derecho internacional. Esa orientación debe sostenerse con medidas diplomáticas y políticas coherentes, no solamente con declaraciones.
La denuncia de las actuaciones del Gobierno israelí no debe confundirse con la hostilidad hacia el pueblo israelí ni con el antisemitismo. La crítica debe dirigirse a las decisiones políticas y militares, a las responsabilidades individuales y estatales que correspondan y a cualquier vulneración del derecho internacional.
Del mismo modo, la gravedad de los hechos y las denuncias de genocidio deben abordarse con rigor jurídico. No se puede banalizar el término, pero tampoco silenciar las acusaciones formuladas ante los tribunales internacionales ni las obligaciones de los Estados de prevenir y castigar los crímenes internacionales cuando corresponda.
La defensa de los derechos palestinos y la exigencia de responsabilidades no son cuestiones separadas de la política de seguridad europea. Forman parte de la misma pregunta: ¿defendemos un orden internacional basado en reglas comunes o aceptamos que la fuerza determine quién puede actuar con impunidad?
España debe mantener una posición firme en favor de la protección de la población palestina, el acceso humanitario, el fin de la ocupación conforme al derecho internacional y una solución política que garantice derechos y seguridad para palestinos e israelíes.
La coherencia exige aplicar los mismos principios a Ucrania, Palestina y cualquier otro escenario de conflicto.
Un Gobierno progresista está para proteger las prioridades sociales y no las guerras promovidas por gobiernos imperialistas y xenofobos.
El debate sobre el gasto militar es también un debate sobre el modelo de país que España quiere construir, ya qué un Gobierno progresista debería defender una política de seguridad compatible con el Estado del bienestar, la autonomía estratégica europea, la diplomacia y el respeto al derecho internacional. Eso requiere establecer límites razonables a las inversiones militares, examinar cada programa de armamento y evitar compromisos presupuestarios que comprometan durante décadas otros servicios públicos.
No se trata de desmantelar la defensa nacional ni de ignorar las amenazas reales. Se trata de no confundir seguridad con militarización ilimitada, tampoco basta con proclamar que se priorizan los servicios públicos: es necesario demostrarlo en los presupuestos, en la ejecución de las inversiones y en los resultados que percibe la población.
La izquierda española tiene aquí una responsabilidad especial. Debe explicar con claridad cuánto cuesta cada política, qué necesidades cubre y qué recursos se destinan a vivienda, sanidad, educación, dependencia e infraestructuras. Y debe evitar que el debate quede atrapado entre quienes reclaman un rearme acelerado y quienes presentan cualquier necesidad defensiva como ilegítima.
La alternativa no consiste en elegir entre seguridad y bienestar, sino en construir una seguridad integral que incluya la protección militar necesaria, la cohesión social, la capacidad industrial y una diplomacia capaz de reducir los riesgos de guerra.
La conclusión para España, está clara debe decidir por sí misma ante la controversia sobre los misiles Patriot destinados a Ucrania, que es un episodio más de una discusión mucho mayor: el futuro de Europa, su relación con Estados Unidos y el equilibrio entre defensa, diplomacia y derechos sociales.
España tiene derecho a defender sus reservas militares, evaluar sus capacidades y rechazar que las prioridades de Donald Trump se conviertan automáticamente en las prioridades de los ciudadanos españoles. También tiene la obligación de debatir abiertamente sus compromisos con Ucrania y de contribuir a una solución que respete la soberanía ucraniana y el derecho internacional.
La paz no se consigue solamente acumulando armamento. Tampoco se alcanza ignorando las amenazas o abandonando a quienes sufren una agresión. Se construye combinando capacidad defensiva, negociación, garantías de seguridad y voluntad política de poner fin a los conflictos.
Y la fortaleza de España no puede medirse únicamente en misiles, aviones o porcentajes del PIB destinados a Defensa. También debe medirse en la calidad de sus hospitales, en la educación de sus jóvenes, en la capacidad de sus familias para acceder a una vivienda y en las oportunidades de empleo digno.
España necesita una política exterior independiente, una diplomacia activa, una defensa proporcionada y unos servicios públicos fuertes. No una carrera armamentística dictada desde Washington ni una economía en la que la vivienda, la sanidad y la educación tengan que esperar mientras crecen indefinidamente las exigencias militares.
Mantener un Gobierno progresista puede ser una vía para defender ese equilibrio, siempre que traduzca sus principios en decisiones presupuestarias concretas y en una política exterior coherente. El objetivo no debe ser gastar menos en defensa a cualquier precio, sino invertir mejor, evitar el rearme innecesario y destinar los recursos públicos a aquello que realmente mejora la vida de la ciudadanía.
Porque la seguridad de un país no consiste solamente en proteger sus fronteras. Consiste también en garantizar que sus habitantes puedan vivir con dignidad, derechos, oportunidades y paz.