«Por Mas Derechos» Comunicado.
La Fiscalía pide al Tribunal Supremo levantar la suspensión de la Ley de Nietos para las elecciones del 29 de noviembre. Una decisión que afecta a miles de españoles de origen, a la memoria democrática y a la calidad de nuestra democracia. Desde la plataforma ciudadana Diáspora Española Por Más Derechos Memoria Democrática, defendemos que ningún ciudadano debe quedar excluido de las urnas por razones administrativas, por la precipitación de un adelanto electoral o por decisiones judiciales que todavía están pendientes de resolución definitiva.
La democracia se demuestra, sobre todo, cuando tiene que proteger los derechos de quienes se encuentran más lejos de los centros de poder. Y pocas realidades ponen tan a prueba la calidad democrática de España como la situación de su diáspora: millones de personas que viven fuera del territorio nacional, pero que conservan vínculos familiares, históricos, culturales y políticos con el país del que proceden sus raíces.
Por eso, la petición presentada el 9 de octubre de 2026 por la Fiscalía General del Estado ante el Tribunal Supremo, para que se levante la suspensión cautelar que afecta al derecho al voto de los ciudadanos nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democrática —conocida popularmente como Ley de Nietos—, constituye un asunto de enorme trascendencia política, jurídica y humana.
No estamos hablando de una cuestión burocrática. Estamos hablando de ciudadanía, de igualdad ante la ley y del derecho a participar en las decisiones colectivas que determinan el futuro de España.
Un derecho fundamental no puede quedar atrapado en un laberinto administrativo
Según los argumentos expuestos por la Fiscalía, el adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre y el cierre del censo electoral el pasado 1 de agosto hacen materialmente inviable revisar todos los expedientes afectados en el breve plazo disponible. Por ello, el Ministerio Público solicita que la suspensión de esa revisión no impida el ejercicio del derecho al voto, al menos durante este proceso electoral.
La Abogacía del Estado también ha advertido de las consecuencias que tendría mantener una medida que, en la práctica, podría privar del ejercicio de un derecho fundamental a miles de personas.
La cuestión es clara: ¿puede una dificultad administrativa justificar que ciudadanos españoles queden apartados de unas elecciones generales sin que exista una resolución definitiva sobre el fondo del asunto?
Desde nuestra perspectiva, la respuesta debe conducir a una protección efectiva de los derechos, dentro del marco legal y de las garantías que corresponden a todos los ciudadanos.
Si el calendario electoral impide completar determinadas comprobaciones, la solución no debería consistir automáticamente en trasladar las consecuencias de esa dificultad a quienes pretenden ejercer sus derechos. Las instituciones tienen la obligación de buscar mecanismos jurídicos y administrativos que eviten exclusiones desproporcionadas, sin renunciar a las garantías necesarias para la integridad del proceso electoral.
La democracia no puede convertirse en una carrera de obstáculos para quienes viven fuera de España.
La Ley de Nietos no es un privilegio: es memoria, reparación y reconocimiento
La Ley de Memoria Democrática abrió una vía de acceso a la nacionalidad española para determinados descendientes de españoles, en respuesta a una historia marcada por el exilio, la emigración, la dictadura y la ruptura de miles de familias.
Durante décadas, numerosos descendientes de españoles en Argentina, Uruguay, Cuba, México, Venezuela, Chile y otros países mantuvieron viva una identidad transmitida de generación en generación. Sus abuelos y bisabuelos cruzaron el Atlántico en busca de trabajo, escaparon de la persecución política o tuvieron que reconstruir sus vidas lejos de su tierra de origen.
Muchos conservaron el idioma, las costumbres, los recuerdos familiares y el sentimiento de pertenencia a una España que, en demasiadas ocasiones, no les ofreció la posibilidad de regresar en condiciones dignas.
La recuperación de la nacionalidad no borra ese pasado. Tampoco convierte a sus beneficiarios en ciudadanos con derechos inferiores. Reconoce un vínculo histórico y familiar que las instituciones democráticas decidieron atender mediante una ley.
Por eso, resulta especialmente preocupante que quienes han conseguido la nacionalidad por esta vía puedan encontrarse ahora ante la posibilidad de no participar en unas elecciones generales precisamente cuando su condición de ciudadanos españoles debería permitirles ejercer los derechos políticos que legalmente les correspondan.
La memoria democrática no puede quedarse en los discursos institucionales, los homenajes y las declaraciones solemnes. Debe traducirse en derechos efectivos, y uno de esos derechos es el sufragio.
La diáspora no es una ciudadanía de segunda categoría
Desde la Plataforma ciudadana, «Diáspora Española Por Más Derechos Memoria Democrática» sostienen que vivir fuera de España no puede significar tener menos derechos, menos voz o menos capacidad de influir en el futuro del país.
La ciudadanía no desaparece al cruzar una frontera, quienes residen en el extranjero también tienen intereses legítimos en las políticas de empleo, vivienda, educación, sanidad, pensiones, retorno y reconocimiento de títulos. Muchos mantienen a sus familias en España, contribuyen a la economía mediante remesas, sostienen asociaciones culturales y centros españoles, y desean regresar algún día a su tierra.
Otros han nacido en el extranjero, pero han encontrado en la recuperación de la nacionalidad una forma de reencontrarse con su historia familiar y de participar en la vida democrática española.
Todos estos vínculos merecen respeto, sin embargo, la experiencia de la ciudadanía española en el exterior demuestra que el reconocimiento formal de derechos no siempre va acompañado de las condiciones materiales necesarias para ejercerlos. Las dificultades consulares, la información insuficiente, los trámites complejos y los obstáculos relacionados con el voto exterior han alimentado durante años una sensación de abandono.
La controversia sobre la Ley de Nietos amenaza con profundizar esa desconfianza. No se puede reclamar a la diáspora que mantenga sus vínculos con España y, al mismo tiempo, permitir que sus posibilidades de participación política queden sometidas a una incertidumbre que las instituciones deben resolver con urgencia.
No queremos privilegios. Exigimos igualdad, seguridad jurídica y garantías para ejercer nuestros derechos como ciudadanos españoles.
El Supremo tiene ante sí una decisión que va más allá de unas elecciones
La resolución que debe adoptar el Tribunal Supremo tendrá consecuencias inmediatas para las elecciones generales del 29 de noviembre, pero también enviará un mensaje sobre el lugar que ocupa la diáspora en la democracia española.
La suspensión cautelar se produjo después de los recursos presentados por Vox e Iustitia Europa. Ahora, con las alegaciones de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado sobre la mesa, corresponde al alto tribunal valorar los argumentos jurídicos, las circunstancias del calendario electoral y las consecuencias de mantener o modificar la medida.
No debemos anticipar una resolución que todavía está pendiente. Pero sí podemos formular una exigencia democrática: que la decisión se adopte con la máxima urgencia y que se valoren todas las alternativas legales capaces de evitar una privación desproporcionada del derecho al sufragio.
La protección de un proceso electoral íntegro es imprescindible. También lo es garantizar que las decisiones adoptadas para protegerlo no terminen excluyendo injustificadamente a ciudadanos de su participación política.
Ambos objetivos deben buscarse conjuntamente, además, resulta fundamental que las personas afectadas dispongan de vías efectivas para defender sus intereses. La petición de la Fiscalía para facilitar su intervención en el procedimiento apunta a una cuestión esencial: no se puede discutir el futuro político de miles de ciudadanos sin atender debidamente a sus derechos y a sus posibilidades de ser escuchados.
La diáspora no puede ser únicamente el objeto de una controversia judicial. Debe tener voz en ella.
Iustitia Europa ha solicitado formalmente al Tribunal Supremo de España la suspensión cautelar de las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre de 2026
Según informaron diversos medios el 9 de octubre de 2026, Iustitia Europa ha solicitado formalmente al Tribunal Supremo de España la suspensión cautelar de las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre de 2026.
Detallando los motivos del contexto de esta solicitud argumentando que existe una «imposibilidad material» de cumplir con las medidas cautelares dictadas previamente por el propio tribunal respecto al censo electoral en el extranjero. Dicha medida afectaba a los beneficiarios de la denominada «ley de nietos» (Ley de Memoria Democrática).
La postura de la Abogacía del Estado ya a sido clara al solicitar que el tribunal supremo reconociera que, debido al adelantamiento electoral, no hay tiempo suficiente para revisar y certificar individualmente los expedientes de unos 163.020 electores del CERA (Censo de los Electores Residentes-Ausentes) que están bajo el foco judicia.
Una cuestión esta clara, esa inconstitucionalidad del Tribunal Supremo consta con el beneplacito de la derecha y ultraderecha española y sus asociaciones jurídicas y civiles afines para pribar de derechos a la diáspora Española.
El 29 de noviembre también se decide qué democracia queremos
Desde nuestra plataforma ciudadana defendemos una diáspora informada, organizada y consciente de la importancia de su participación política.
Las próximas elecciones generales no deberían convertirse en una nueva ocasión para invisibilizar a quienes viven fuera de España. Deben servir para recordar que el voto exterior forma parte de la soberanía popular y que las instituciones tienen la responsabilidad de facilitar su ejercicio en condiciones de igualdad.
Por ello, hacemos un llamamiento a las organizaciones de españoles en el exterior, a los Consejos de Residentes Españoles, a las asociaciones de memoria democrática y a todas las plataformas ciudadanas comprometidas con los derechos de la emigración para que mantengan una posición activa, plural y firme en defensa del sufragio.
Pedimos transparencia, información clara y una respuesta institucional urgente. Pedimos que se expliquen las consecuencias de la resolución judicial y que se habiliten, dentro de la legalidad, todas las vías posibles para proteger los derechos de las personas afectadas.
También reclamamos que esta crisis sirva para impulsar una reforma duradera del sistema de participación electoral exterior. No es razonable que los derechos políticos de miles de ciudadanos puedan verse comprometidos por problemas de coordinación, procedimientos difíciles de gestionar o calendarios que las instituciones conocen de antemano.
Necesitamos una administración consular dotada de recursos suficientes, procedimientos electorales accesibles y mecanismos de información que permitan a todos los españoles en el exterior conocer y ejercer sus derechos.
Y necesitamos que la diáspora participe en las decisiones que afectan directamente a su presente y a su futuro.
La posicion decla plataforma ciudadana Diáspora Española Por Más Derechos Memoria Democrática, es clara, derechos sin exclusiones y memoria con justicia
«Diáspora Española Por Más Derechos Memoria Democrática» nació de una convicción: la emigración española no puede seguir siendo tratada como una realidad secundaria en la política nacional.
Defendemos el reconocimiento de la nacionalidad conforme a la ley, la eliminación de obstáculos injustificados al voto exterior, el fortalecimiento de los servicios consulares, el derecho al retorno en condiciones dignas y una representación política que tenga en cuenta las necesidades de quienes viven fuera del territorio español.
La controversia actual demuestra que todavía queda mucho por hacer, no basta con aprobar leyes si después su aplicación deja a miles de personas atrapadas en la incertidumbre. No basta con reconocer derechos sobre el papel si no existen mecanismos eficaces para ejercerlos. Y no basta con recordar a quienes tuvieron que abandonar España si sus descendientes encuentran nuevas barreras cuando intentan participar en su democracia.
La memoria democrática exige coherencia. Si España reconoce las consecuencias históricas del exilio y la emigración, debe garantizar que ese reconocimiento tenga una traducción real en la ciudadanía, la igualdad y la participación política.
Por eso, reclamamos al Tribunal Supremo una resolución urgente, rigurosa y sensible a la necesidad de evitar una exclusión desproporcionada de los afectados en las elecciones del 29 de noviembre. Defendemos que se exploren las vías legales que permitan proteger el ejercicio del sufragio sin comprometer las garantías electorales.
Y exigimos a las fuerzas políticas que dejen de considerar a la diáspora como un colectivo al que se recuerda únicamente cuando conviene y al que se escucha demasiado poco cuando reclama soluciones.
La democracia española también se construye al otro lado del Atlántico
Hay una reflexión que no debemos olvidar: muchos de los descendientes que hoy reclaman el ejercicio de sus derechos son hijos, nietos o bisnietos de personas que nunca dejaron de sentirse españolas, incluso cuando tuvieron que rehacer sus vidas a miles de kilómetros de su país.
Sus familias conservaron recuerdos, apellidos, documentos y relatos que atravesaron generaciones. Mantuvieron viva una memoria que ahora forma parte de la historia compartida de España.
No sería justo que, después de recuperar legalmente la nacionalidad, se encontraran ante una puerta cerrada cuando quieren participar en las decisiones democráticas de su país.
El voto no es un regalo de los gobiernos ni una concesión de los tribunales. Es un derecho cuyo ejercicio debe desarrollarse conforme a la ley y contar con garantías efectivas.
La diáspora no pide que se le conceda más que a nadie. Pide que no se le quite aquello que le corresponde.
Desde Diáspora Española Por Más Derechos Memoria Democrática defendemos una España democrática que no olvide a sus emigrantes, que repare las injusticias de su historia y que garantice que vivir fuera de sus fronteras no signifique vivir fuera de su democracia.
Porque la patria no termina en una frontera. La memoria no puede tener fecha de caducidad. Y los derechos de la ciudadanía no deberían depender del lado del océano en el que se encuentre una urna. El 29 de noviembre, la diáspora española también debe contar. Su voz importa. Su voto importa. Sus derechos importan.