:El CIS sitúa a los socialistas en el 34% de los votos, frente al 22,2% del Partido Popular, mientras Vox crece hasta el 17,1%. La fragmentación de la izquierda, la movilización electoral y el reparto de escaños en las 52 circunscripciones serán decisivos para determinar quién puede llegar a La Moncloa».
Redacción Madrid.
La carrera hacia las elecciones generales del próximo 29 de noviembre entra en una fase decisiva. El barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el primero tras la convocatoria electoral anticipada, dibuja un escenario que altera las expectativas de los principales partidos: el PSOE amplía su ventaja sobre el Partido Popular hasta los 11,8 puntos y la posibilidad de que Pedro Sánchez vuelva a presidir el Gobierno se convierte en uno de los grandes ejes del debate político.
Según los datos difundidos en el sondeo, los socialistas alcanzarían el 34% de la estimación de voto, tres puntos más que en septiembre. El PP, por su parte, caería hasta el 22,2%, más de tres puntos por debajo de su anterior registro. Vox subiría al 17,1%, mientras que Sumar, integrado en el espacio del Frente Amplio, obtendría un 6,1% y Podemos se situaría en torno al 3%.
Estas cifras deben interpretarse con cautela: una encuesta no es un resultado electoral y la estimación de voto no equivale directamente a escaños. Sin embargo, el sondeo vuelve a poner sobre la mesa una cuestión fundamental: la izquierda puede competir por la victoria, pero su capacidad para gobernar dependerá de cómo se traduzcan los votos en representación parlamentaria.
El PSOE crece, el PP retrocede y Vox amenaza con disputar el liderazgo de la derecha
El dato más llamativo del barómetro es la distancia entre PSOE y PP. Una ventaja de 11,8 puntos constituiría una diferencia considerable si se confirmara en las urnas, pero el resultado final dependerá de la participación, la evolución de la campaña y el comportamiento de los electores indecisos.
El crecimiento de Vox introduce, además, una dificultad estratégica para Alberto Núñez Feijóo. Si una parte de los votantes del PP se desplaza hacia Santiago Abascal, la derecha puede aumentar su representación global sin que los populares mejoren sus posibilidades de ser la primera fuerza en el Congreso.
El sistema electoral español no reparte los escaños exclusivamente en función del porcentaje nacional. Las 52 circunscripciones electorales —las 50 provincias, Ceuta y Melilla— tienen sus propias dinámicas. En las provincias que eligen pocos diputados, una diferencia relativamente pequeña de votos puede determinar quién consigue el último escaño y quién se queda sin representación.
Por eso, una subida de Vox puede perjudicar al PP en determinados territorios, mientras que en otros la concentración del voto conservador puede favorecer a las candidaturas de la derecha. La consecuencia es clara: no basta con observar los porcentajes nacionales; hay que analizar dónde se ganan y se pierden los diputados.
El voto útil: la batalla decisiva dentro del bloque progresista
En este contexto, el voto útil adquiere una importancia estratégica. No se trata únicamente de decidir qué partido representa mejor las ideas de cada elector, sino de valorar qué opción tiene más posibilidades de convertir esos votos en escaños y contribuir a una mayoría parlamentaria.
El PSOE puede beneficiarse de la concentración del voto progresista entre quienes consideran prioritario impedir un Gobierno de PP y Vox. En una campaña polarizada, parte del electorado de izquierdas podría optar por los socialistas incluso cuando su primera preferencia política se encuentre a la izquierda del PSOE.
Pero esa estrategia también encierra un riesgo. Si el voto útil se convierte en una llamada a concentrar todas las papeletas en la candidatura socialista, Podemos y otras fuerzas progresistas podrían perder apoyos suficientes para obtener representación en determinadas provincias. En ese supuesto, la izquierda podría sumar muchos votos en el conjunto del país y, aun así, quedarse sin algunos diputados decisivos.
La cuestión, por tanto, no puede reducirse a una disyuntiva simplista entre votar al PSOE o desperdiciar el voto en otras formaciones. El verdadero desafío es encontrar una fórmula que permita maximizar la representación progresista sin desmovilizar a quienes reclaman políticas más ambiciosas en vivienda, salarios, pensiones, servicios públicos y derechos sociales.
La coordinación entre las fuerzas de izquierda, allí donde sea viable política y electoralmente, puede resultar determinante. Una candidatura unitaria puede mejorar las posibilidades de superar los umbrales prácticos de representación en algunas circunscripciones. Sin embargo, la unidad no garantiza automáticamente más escaños: su eficacia dependerá de la distribución territorial de los apoyos, de las candidaturas y de la capacidad de movilizar a electorados diferentes.
El dilema de Podemos y el Frente Amplio
Los datos atribuidos al CIS sitúan a Sumar y al espacio del Frente Amplio en el 6,1%, mientras Podemos aparece en torno al 3%. Si ambas cifras se mantuvieran hasta la jornada electoral, la izquierda situada a la izquierda del PSOE tendría que afrontar una decisión estratégica de enorme trascendencia.
El porcentaje nacional, por sí solo, no permite determinar cuántos diputados obtendría cada formación. Un partido puede alcanzar un resultado apreciable en todo el país y quedarse sin representación en numerosas provincias, mientras que una fuerza con menos votos totales puede conseguir escaños si concentra mejor sus apoyos.
La experiencia de las elecciones generales de 2023 dejó una lección importante: Sumar obtuvo alrededor del 12,3% de los votos y 31 diputados, pero la distribución territorial de sus apoyos limitó su capacidad de transformar todos sus sufragios en representación. Podemos, que concurrió entonces dentro de Sumar, no obtuvo representación independiente en aquellas elecciones.
El reto del nuevo espacio progresista consiste en evitar que las diferencias entre organizaciones terminen debilitando la representación parlamentaria del conjunto. Para Podemos, el dilema es doble: preservar una identidad política propia y, al mismo tiempo, impedir que la fragmentación facilite una mayoría de las derechas.
El voto útil puede favorecer la concentración electoral, pero también puede convertirse en un mecanismo de presión que reduzca la pluralidad política. La solución no pasa necesariamente por la desaparición de las organizaciones minoritarias, sino por construir acuerdos que permitan a los votantes reconocer sus propuestas en una alternativa con posibilidades reales de obtener diputados.
La participación puede cambiar el resultado
Otro de los elementos centrales del análisis es la movilización electoral. La hipótesis planteada por algunos analistas es que una participación elevada podría favorecer al PSOE y a las fuerzas progresistas si consiguieran incorporar a votantes habitualmente abstencionistas.
No obstante, una participación alta no beneficia automáticamente a la izquierda. Su efecto depende de quiénes acudan a votar, de dónde residan y de qué opciones elijan. La movilización del electorado progresista debe compararse con la capacidad de la derecha para mantener cohesionados a sus propios votantes.
La campaña tendrá que dirigirse tanto a los indecisos como a quienes sienten desencanto con la política. El precio de la vivienda, la precariedad laboral, las dificultades de emancipación de los jóvenes, la educación, la sanidad y el poder adquisitivo de los pensionistas pueden convertirse en factores decisivos para quienes todavía no han decidido si acudirán a las urnas.
El PSOE intenta situar estos asuntos en el centro de la campaña. La derecha, por su parte, busca cuestionar la gestión del Gobierno y presentar sus propias propuestas económicas e institucionales. La disputa no se resolverá únicamente mediante encuestas, sino por la capacidad de cada bloque para convencer a los ciudadanos de que su voto puede mejorar sus condiciones de vida.
Las pensiones, un frente electoral de alto riesgo para el PP
El debate sobre las pensiones públicas ha adquirido especial relevancia después de las declaraciones de dirigentes populares que defienden cambios en el sistema y advierten de sus problemas de sostenibilidad.
La portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, ha sostenido que el modelo actual necesita reformas y ha advertido de un posible colapso si no se modifica. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha defendido que no hay nada gratis y que habrá que afrontar sacrificios.
Estas posiciones abren un frente delicado para el Partido Popular en plena precampaña. Para millones de jubilados, la discusión no es abstracta: afecta a la cuantía de sus pensiones, a la actualización conforme al coste de la vida y a la garantía de ingresos durante la vejez.
El precedente del Gobierno de Mariano Rajoy es relevante. La reforma de 2013 introdujo el índice de revalorización que, durante varios años, limitó la subida anual de las pensiones al 0,25% en determinados supuestos. La pérdida de poder adquisitivo asociada a ese mecanismo se convirtió en uno de los grandes conflictos sociales de aquella etapa.
Posteriormente, las pensiones recuperaron un mecanismo de actualización vinculado a la inflación. Durante los gobiernos de Pedro Sánchez se han aplicado incrementos que han mejorado las prestaciones nominales, aunque el efecto concreto sobre cada pensionista depende de la cuantía de su pensión y de la evolución de los precios.
El PP tiene derecho a plantear reformas y a defender su modelo, pero debe explicar con claridad qué cambios propone, cómo se financiarían y quién asumiría sus costes. Hablar de sostenibilidad sin detallar las consecuencias de las medidas alimenta la incertidumbre entre los pensionistas.
La discusión sobre la denominada mochila austríaca también exige precisión: se trata de un modelo de fondos individuales de capitalización asociados al empleo, que puede complementar o sustituir determinadas indemnizaciones y cuya adaptación al sistema español tendría implicaciones distributivas. No equivale, por sí sola, a una propuesta completa de privatización de las pensiones.
En términos electorales, el riesgo para el PP consiste en que sus mensajes sobre sacrificios y reformas se interpreten como una amenaza a derechos sociales consolidados. Para la izquierda, la oportunidad está en defender las pensiones públicas con propuestas concretas, sostenibles y comprensibles para los ciudadanos.
Vivienda y desahucios: el impacto social de la campaña
La vivienda constituye otro de los grandes asuntos que pueden influir en el voto. El desahucio de Mari Carmen, una mujer de 87 años cuyo caso ha provocado una fuerte reacción social, ha vuelto a poner en primer plano el conflicto entre el derecho a una vivienda digna, la propiedad y las dificultades económicas de las personas mayores.
El caso se ha convertido en un símbolo de una crisis que afecta a generaciones diferentes. Los jóvenes encuentran obstáculos para emanciparse, numerosas familias destinan una parte excesiva de sus ingresos al alquiler y muchos pensionistas temen que una subida de los gastos básicos ponga en peligro su estabilidad.
La controversia sobre las medidas de protección a los inquilinos y los decretos de vivienda rechazados en el Congreso también puede influir en la percepción de los partidos. El debate electoral será especialmente relevante para determinar si las propuestas de intervención pública, regulación del alquiler y protección de los hogares vulnerables se traducen en compromisos verificables.
La izquierda necesita demostrar que sus políticas no son únicamente una respuesta retórica a los desahucios, sino que pueden ofrecer soluciones concretas. La derecha, por su parte, debe explicar cómo abordaría la crisis de acceso a la vivienda y qué instrumentos considera eficaces.
En este terreno, el voto útil estará estrechamente relacionado con las expectativas materiales de los electores. Quien considere que la vivienda es su principal problema puede priorizar la candidatura que perciba como más capaz de impulsar medidas efectivas, aunque esa decisión no coincida necesariamente con su afinidad ideológica inicial.
¿Puede Pedro Sánchez volver a ser presidente?
La encuesta del CIS no permite afirmar que Pedro Sánchez vaya a ser presidente después del 29-N. Sí plantea un escenario en el que el PSOE podría convertirse en la primera fuerza en votos, mientras el PP afrontaría una mayor competencia de Vox y las fuerzas progresistas situadas a la izquierda del PSOE tendrían que resolver su estrategia electoral.
La diferencia entre ganar las elecciones y formar Gobierno es fundamental. En España, la investidura depende de la composición del Congreso y de los apoyos que consiga reunir cada candidato. El partido más votado no tiene garantizada la presidencia si no logra los respaldos parlamentarios necesarios.
Una eventual victoria socialista necesitaría una distribución territorial favorable de los escaños y acuerdos suficientes con otras fuerzas. Del mismo modo, el PP podría aspirar a gobernar sin ser la primera fuerza si consigue articular una mayoría con Vox y otros partidos.
Por eso, la pregunta decisiva no es solo quién quedará primero, sino qué bloque tendrá más posibilidades de reunir los votos necesarios para una investidura. La fragmentación de la derecha puede dificultar sus resultados provinciales, pero no impide que PP y Vox sumen una mayoría. La fragmentación progresista puede reducir el número de diputados de sus partidos, pero tampoco determina por sí sola el resultado final.
La participación, las transferencias de voto entre PP y Vox, la movilización de los abstencionistas y la coordinación de las candidaturas progresistas serán factores esenciales para resolver esa incógnita.
La diáspora española también cuenta
En una campaña que se decidirá diputado a diputado, el voto exterior no debería quedar relegado a un asunto secundario. La ciudadanía española residente en el extranjero forma parte del electorado y tiene intereses concretos relacionados con la nacionalidad, el retorno, las pensiones, la asistencia consular, la educación y el reconocimiento de sus derechos políticos.
La polémica sobre la participación electoral de ciudadanos nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática añade una dimensión democrática al debate. El derecho al sufragio debe contar con garantías jurídicas claras y con procedimientos que permitan ejercerlo en condiciones de igualdad, sin que la incertidumbre institucional termine desincentivando la participación.
Para las fuerzas progresistas, movilizar al electorado exterior implica atender sus demandas y facilitar que su voto se traduzca en representación. Para todas las formaciones, supone reconocer que la ciudadanía española no termina en las fronteras territoriales del país.
El voto exterior también está sujeto a la lógica de las circunscripciones y al reparto de escaños. Por ello, la participación de la diáspora puede tener relevancia en contiendas ajustadas, aunque su impacto dependerá de los resultados concretos y de la distribución territorial de los votos.
Conclusión: el voto útil no puede sustituir a la política
El CIS de octubre dibuja una fotografía favorable al PSOE y más complicada para el PP, mientras el ascenso de Vox y la situación de la izquierda alternativa mantienen abiertas las principales incógnitas del 29-N.
Pero convertir esa fotografía en una predicción definitiva sería un error. Las encuestas son herramientas para analizar tendencias, no sustitutos de las urnas. La campaña puede modificar las preferencias y el reparto provincial puede producir una composición parlamentaria diferente de la que sugieren los porcentajes nacionales.
La izquierda afronta una responsabilidad doble: movilizar a quienes desean un cambio social y construir una estrategia que impida que la dispersión del voto reduzca su representación. Eso exige acuerdos, propuestas reconocibles y una discusión honesta sobre qué candidaturas pueden obtener escaños en cada territorio.
El voto útil puede ser decisivo, pero no debería convertirse en una orden para votar sin reflexión. Debe servir para que cada elector comprenda las consecuencias de su decisión y valore cómo su papeleta puede influir en la composición del Congreso.
Porque el 29-N no se decidirá únicamente entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. También se decidirá qué políticas tendrán posibilidades de salir adelante: si se refuerzan los servicios públicos y las pensiones, si se adoptan medidas eficaces frente a la crisis de vivienda y si la ciudadanía española, incluida la que reside fuera del país, encuentra una representación política capaz de defender sus derechos.
La pregunta de fondo es si el bloque progresista será capaz de convertir su posible crecimiento electoral en una mayoría parlamentaria. Para lograrlo no bastará con pedir el voto útil: tendrá que demostrar que la unidad electoral puede ir acompañada de políticas útiles para la mayoría social.