Comunicación OFICIAL del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.
RECHAZO A LA PROPUESTA DE LA ADE, SOBRE EL INCREMENTO Y LA CREACIÓN DE NUEVAS TASAS CONSULARES PARA FINANCIAR LA RED CONSULAR.
El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) manifiesta su firme oposición a la propuesta presentada por la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) en mayo de 2025, que plantea la creación y el aumento de tasas consulares como vía de financiación para la mejora de la red consular.
Si bien compartimos la preocupación por el deterioro de la red consular y la necesidad urgente de reforzarla con más recursos humanos y materiales, rechazamos rotundamente que la carga recaiga sobre la ciudadanía española residente en el exterior, mediante el establecimiento de nuevas tasas o el incremento de las ya existentes
Esta propuesta incurre en una clara discriminación hacia la ciudadanía española en el exterior, al pretender imponer tasas por servicios que en territorio nacional son gratuitos o tienen un coste significativamente menor. Esto vulnera el principio de igualdad recogido en el artículo decimo cuarto de la Constitución Española y el artículo primero del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, que establece la obligación de garantizar a la ciudadanía española residente en el exterior “el ejercicio de sus derechos y deberes constitucionales en términos de igualdad con los españoles residentes en España”.
Imponer tasas adicionales a quienes ya enfrentan barreras geográficas, administrativas yeconómicas para acceder a servicios consulares es una forma de exclusión institucional. La solución a los problemas estructurales de la red consular no puede pasar por penalizar a quienes dependen de ella.
La ciudadanía española en el exterior ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas décadas, sin que ello se haya traducido en un incremento proporcional en los presupuestos y recursos asignados a la red consular. Además, medidas como la propuesta podrían tener un efecto disuasorio sobre la inscripción consular y la realización de trámites consulares. Esto podría llevar a que parte de la ciudadanía opte por evitar gestiones en los consulados generales, bien postergándolas, bien realizándolas en España si tienen la posibilidad de viajar, lo que introduce una desigualdad basada en la capacidad económica y la movilidad. Esta situación podría generar efectos contraproducentes a medio y largo plazo.
La propuesta de la ADE también plantea dudas jurídicas, ya que el artículo décimo cuarto de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos establece que las tasas deben exigirse con independencia del lugar en que se preste el servicio. Aplicar tasas más altas en el exterior introduce una discriminación territorial injustificada. Además, el artículo octavo de la misma ley señala que debe tenerse en cuenta la capacidad económica de quienes las pagan, algo que esta propuesta ignora. Comparaciones con otros países no justifican tampoco la vulneración de los principios de equidad y legalidad del marco normativo de nuestro país.
La ciudadanía española en el exterior no representa un coste, sino un activo estratégico para España, ya que mantiene vínculos económicos, sociales y afectivos con el país y una parte significativa sigue contribuyendo fiscalmente, de forma directa o indirecta. Este crecimiento demográfico sostenido debe ser entendido como una oportunidad y una inversión de futuro, no como una carga presupuestaria. En este sentido, el acceso a los servicios consulares debe garantizarse como un verdadero servicio público, accesible y universal.
Instamos a las Cortes Generales y al Gobierno de España a que rechacen esta propuesta y trabajen en la mejora de la red consular con soluciones que respeten los derechos de toda la ciudadanía, sin importar su lugar de residencia.
El CGCEE seguirá defendiendo los derechos de nuestra ciudadanía en el exterior y vigilando que no se impongan medidas que profundicen su exclusión.
