Por Walter C. Medina
Con motivo del abrazo al INCAA que se realizó el pasado mes de abril, el cineasta Hugo Castro Fau fue entrevistado por Radio Universidad para el programa “Agenda Pública”.
Castro Fau se refirió a los alcances de la Ley de Cine y a la importancia de resguardar estos espacios que exponen identidad, pluralidad y diversidad cultural de nuestro país.
¿Cómo funciona el INCAA, o cómo funcionaba por lo menos hasta este momento?
El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales es un ente público, no estatal. Tiene, conforme a cómo lo establece la Ley de Cine, un sistema democrático de co-gobierno y control que está compuesto por un lado por la presidencia del INCAA, que designa el Poder Ejecutivo; pero tiene otros dos organismos de gobierno muy importantes: la Asamblea Federal, que la componen cada uno de los secretarios de cultura de cada provincia de nuestro país, y luego el consejo asesor que está compuesto por algunos secretarios de cultura designados por la Asamblea Federal, un representante de los técnicos de cine, un representante de los actores, dos representantes de productores nacionales de cine, y dos representantes de directores nacionales de cine. La Ley de Cine es muy clara cuando establece que es el Consejo Asesor el que determina a los comités de selección de proyectos. Y esto es importante decirlo porque las películas argentinas que reciben políticas activas de fomento y de regulación de mercado, no las selecciona un burócrata estatal, la selecciona los comités, amplios y democráticos, y muy profesionales, que designa el consejo asesor.
En esta nueva gestión designada por el presidente Milei sacaron una resolución que es absolutamente ilegal porque no fue consultada ni la asamblea federal ni el consejo asesor, en donde primero cierran el Instituto Nacional de Cine por noventa días. Pero lo más grave es que en esa resolución han ordenado que todo expediente realizado por una productora nacional de cine en donde se solicite políticas activas de fomento y de regulación de mercado, que hayan tenido dictamen favorable por parte de los comités de selección de proyectos, pero que no tengan una resolución acorde por parte de la presidencia del instituto, deben retirar ese expediente.
Desde 1983, que recuperamos nuestra democracia, esto que está haciendo actualmente la presidencia del Instituto Nacional de Cine, no solamente es ilegal, sino que además es una de las tantas formas de censura previa e indirecta que condena la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Lo peligroso no es solamente esto, sino que con estas políticas están poniendo en peligro 650 mil puestos de trabajo, directos e indirectos, que genera la industria cultural, y están impidiendo que nuestros ciudadanos tengan el derechos a acceder a discursos audiovisuales diversos; esto es que todos tengamos la posibilidad de ver distintos tipos de cine y no solamente la cinematografía hegemónica. Y esto sí es una obligación que le impone al estado argentino la convención de la UNESCO sobre diversidad cultural.
¿Qué representa para el país y para los ojos del mundo la imagen del Gaumont con esas fuerzas de seguridad en la puerta, y el cierre de este centro de difusión cultural?
Todas las asociaciones de productores y de directores de argentina estamos recibiendo notas de solidaridad de cuanto país iberoamericano existe; de Francia, de Alemania, España, México, de productoras norteamericanas. Yo creo que el gobierno, en su soberbia universal y poco democrática que rozan con el fascismo, pateó el hormiguero sin darse cuenta. Uno de ellos es el cine argentino y el otro hormiguero que pateó son las universidades nacionales. Están en contra de nuestras universidades públicas, gratuitas, laicas; están en contra de la producción de contenidos culturales. Y esto tiene que ver con un proyecto político. Si uno tiene un proyecto político que es un país para pocos, entonces no le va a interesar que la gente se eduque, que estudie en la universidad o que tenga la posibilidad de ver en sus pantallas imágenes que reflejen la vida propia de cada uno de ellos. Para determinados proyectos políticos es más favorable que la gente pueda saber al detalle qué es lo que ocurre en una comisaría en Nueva York, pero no saber qué es lo que pasa en la comisaría de la esquina de su casa.
¿Hay instancias como para frenar esto que está sucediendo?
Hoy toda la comunidad cinematográfica se reúne en un abrazo inmenso al Instituto Nacional de Cine. Objetivamente hoy hubo un fallo judicial de la Justicia Nacional de Trabajo ordenando al INCAA a que reincorpore a una trabajadora que fue arbitrariamente despedida. Ayer venció el plazo para presentar un conjunto de recursos; se presentaron más de veinte, de revocatoria alzada y acción de inconstitucionalidad, en donde en cada uno de estos expedientes en los que las autoridades del INCAA se niegan a ratificar un decisorio de los comité de selección de proyectos. Se han presentado estos recursos exigiendo la revocatoria de la resolución para el caso de que el INCAA no revoque la resolución el expediente irá a la Secretaría de Cultura, y si la Secretaría de Cultura insista en no querer revocar esa resolución, iremos a la sede judicial pidiendo la inconstitucionalidad de la medida tomada, y llegado el caso iremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto que está pasando ahora, desde 1983 hasta el día de hoy, jamás pasó. Y esa es la gravedad. Defender a las universidades públicas y al cine argentino es defender el sistema democrático.