Por Francisco López.
La derecha abre la puerta a una reforma drástica del sistema de pensiones mientras promete bajar impuestos. El debate no es únicamente cuánto cuesta mantener las jubilaciones, sino quién pagará la factura, qué prestaciones podrían quedar amenazadas y qué ocurrirá con millones de pensionistas que dependen de sus ingresos para vivir.
El Partido Popular y Vox han vuelto a colocar las pensiones públicas en el centro de la batalla política. Y no es una cuestión menor: detrás de sus advertencias sobre un supuesto colapso del sistema se esconde un debate decisivo para el futuro de millones de trabajadores, jubilados y jóvenes que esperan recibir una pensión después de toda una vida de cotizaciones.
La controversia ha estallado después de que Esther Muñoz, portavoz parlamentaria del PP, afirmara que el modelo actual no funcionará y que será necesario cambiarlo con medidas valientes. Sus declaraciones contrastan con los mensajes de Alberto Núñez Feijóo, que se ha apresurado a asegurar que las pensiones están garantizadas y que su partido mantendría la revalorización conforme al IPC.
Vox, por su parte, ha defendido un sistema mixto que incorpore una mayor participación de la previsión privada, mientras algunos de sus dirigentes han descrito el modelo público como un sistema quebrado.
La pregunta resulta inevitable: ¿estamos ante una preocupación legítima por la financiación futura de las pensiones o ante la preparación del terreno político para recortar prestaciones, limitar la protección social y favorecer los planes privados de jubilación?
Todavía no existe una propuesta pública suficientemente detallada que permita afirmar que PP y Vox hayan acordado privatizar el sistema español. Pero sus declaraciones, sus planteamientos fiscales y sus propuestas de reforma obligan a examinar qué consecuencias podrían tener sus políticas.
EL PP HABLA DE COLAPSO, PERO NO EXPLICA QUÉ QUIERE CAMBIAR
Las palabras de Esther Muñoz han reabierto una herida política que el PP conoce bien. En la campaña electoral de 2023, Alberto Núñez Feijóo ya tuvo dificultades para explicar sus posiciones sobre las pensiones y la revalorización conforme al coste de la vida, ahora, ante la posibilidad de que el debate vuelva a convertirse en un problema electoral, el líder popular insiste en que garantizará las jubilaciones y actualizará sus cuantías de acuerdo con el IPC, sin embargo, una promesa general no sustituye a un programa económico concreto.
Si el sistema es insostenible, como sostiene la portavoz del PP, ¿qué medidas propone exactamente su partido? ¿Aumentará los ingresos de la Seguridad Social? ¿Reducirá las prestaciones? ¿Cambiará las condiciones de jubilación? ¿Impulsará planes privados obligatorios o voluntarios? ¿Limitará las pensiones mínimas? ¿Revisará las prestaciones no contributivas?
Hasta ahora, las apelaciones genéricas al empleo y a la productividad no responden por sí solas a estas preguntas, España necesita más empleo de calidad, mejores salarios y una economía más productiva. Pero también necesita conocer con transparencia cómo se financiarán las pensiones en las próximas décadas y quién soportará los costes de cualquier reforma, hablar de medidas «valientes» sin explicar a quién afectarán puede convertirse en una forma de preparar a la opinión pública para decisiones impopulares.
¿PRIVATIZACIÓN DE LAS PENSIONES? EL MODELO MIXTO QUE DEFIENDE VOX
La propuesta de avanzar hacia un sistema mixto introduce una cuestión fundamental: qué parte de la jubilación quedaría garantizada por el Estado y qué parte dependería del ahorro individual o de los fondos privados.
Un sistema mixto puede adoptar fórmulas muy diferentes. No equivale automáticamente a eliminar las pensiones públicas. Sin embargo, si la incorporación de un componente privado se acompaña de una reducción progresiva de la protección pública, el resultado podría ser un desplazamiento de responsabilidades desde el Estado hacia cada trabajador.
Y aquí aparece el problema de fondo no todos los ciudadanos tienen la misma capacidad para ahorrar. Quien cobra un salario elevado puede destinar una parte de sus ingresos a un fondo de inversión o a un plan privado de jubilación. Quien cobra el salario mínimo, encadena contratos temporales, trabaja a tiempo parcial o tiene que pagar un alquiler elevado difícilmente puede hacer lo mismo.
La privatización parcial de la previsión social puede terminar creando dos realidades: trabajadores con capacidad de acumular patrimonio y pensionistas dependientes exclusivamente de una prestación pública cada vez más limitada, además, los fondos privados están expuestos a los movimientos de los mercados financieros, a las comisiones y a los riesgos de inversión. Pueden complementar la jubilación, pero no garantizan por sí solos la misma protección colectiva que ofrece un sistema público de reparto.
La jubilación no debería depender exclusivamente de cuánto dinero haya podido ahorrar una persona durante su vida laboral, sino también del derecho social que genera su trabajo y de la solidaridad entre generaciones.
La cuestión no es impedir cualquier fórmula de ahorro privado. Es evitar que se convierta en la excusa para debilitar el sistema público y trasladar a las familias los riesgos que hoy se comparten socialmente.
LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS: EL RIESGO DE DEJAR ATRÁS A LOS MÁS VULNERABLES
Uno de los puntos más delicados de cualquier reforma es el futuro de las pensiones no contributivas y de las prestaciones mínimas, las pensiones contributivas se generan a partir de las cotizaciones realizadas durante la vida laboral. Las no contributivas, en cambio, protegen a personas que carecen de recursos suficientes y no han podido completar los requisitos de cotización necesarios para acceder a una pensión contributiva.
Son dos instrumentos distintos, pero ambos forman parte de la protección social, en España, la protección de las pensiones mínimas y no contributivas resulta esencial para personas que han sufrido carreras laborales precarias, periodos prolongados de desempleo, trabajos de cuidados no remunerados o situaciones de vulnerabilidad económica.
No debe confundirse, sin embargo, a quienes reciben pensiones no contributivas con un tercio de todos los pensionistas: esa proporción no puede darse por válida sin una fuente estadística y una definición precisas. Tampoco sería correcto afirmar que todas las personas que perciben complementos a mínimos cobran una pensión no contributiva. Son categorías diferentes.
Pero la preocupación política sigue siendo relevante: si una reforma reduce las prestaciones asistenciales, endurece sus requisitos o debilita los complementos que permiten alcanzar ingresos mínimos, los principales perjudicados serán quienes tienen menos recursos y menos alternativas para sobrevivir.
¿Qué ocurriría con las personas mayores que no tienen una vivienda en propiedad y deben pagar un alquiler? ¿Cómo afrontarían los gastos de alimentación, energía y medicamentos quienes dependen de una prestación reducida? ¿Qué sucedería con las mujeres que dedicaron buena parte de su vida al cuidado de familiares y no pudieron cotizar regularmente?
Una reforma que ignore estas realidades puede convertir el debate presupuestario en un problema de pobreza y exclusión social. Las pensiones no contributivas no son un privilegio. Son una red de protección frente a situaciones en las que la trayectoria laboral no ha permitido generar una pensión suficiente.
¿RECORTES EN LAS PENSIONES MEDIAS? LA CLASE TRABAJADORA TAMBIÉN ESTÁ EN JUEGO
El debate tampoco puede limitarse a las pensiones más bajas ni centrarse exclusivamente en las jubilaciones máximas, según los datos de la Seguridad Social citados en la información que origina esta controversia, la pensión media de jubilación se sitúa en torno a los 1.575 euros mensuales. Las nuevas altas superan los 1.700 euros de media, mientras que millones de pensionistas reciben cuantías inferiores a los 1.000 euros mensuales.
Estas cifras deben interpretarse teniendo en cuenta que se refieren a la pensión de jubilación y que existen diferencias importantes entre regímenes, carreras de cotización y situaciones personales.
Una reforma que altere las bases de cotización, los periodos utilizados para calcular la pensión, la edad de jubilación o las reglas de actualización puede afectar también a las pensiones medias. No hace falta anunciar una rebaja nominal para reducir la protección futura: basta con cambiar las condiciones de acceso o limitar el crecimiento de las prestaciones respecto a los salarios y al coste de la vida.
La revalorización conforme al IPC es especialmente importante porque evita que la inflación erosione automáticamente el poder adquisitivo de los jubilados. Si una persona cobra una pensión de 1.200 euros y los precios suben, mantener congelada esa prestación significa que podrá comprar menos alimentos, pagar menos gastos domésticos y afrontar peor sus necesidades básicas.
Por eso, la promesa de Feijóo de mantener la actualización conforme al IPC debe juzgarse a la luz de las medidas concretas que proponga su partido. La pregunta es sencilla: ¿cómo piensa garantizar esa revalorización si, al mismo tiempo, pretende reducir la recaudación fiscal y rechaza mecanismos de financiación adicionales?
EL DÉFICIT EXISTE, PERO NO DEMUESTRA POR SÍ SOLO QUE EL SISTEMA VAYA A COLAPSAR
La discusión sobre las pensiones necesita rigor. El envejecimiento de la población, el aumento del número de jubilados y la mayor duración de las jubilaciones plantean desafíos reales para la financiación del sistema.
También es cierto que los ingresos por cotizaciones no cubren por sí solos todos los gastos de la Seguridad Social y que el Estado realiza transferencias presupuestarias para financiar distintas obligaciones.
Durante el debate se han citado cifras de alrededor de 190.000 millones de euros de gasto anual en el conjunto de las pensiones y un déficit de unos 50.000 millones. Estas cantidades no deben presentarse como si midieran exactamente el mismo concepto contable: el gasto total en pensiones, el saldo contributivo de la Seguridad Social y las transferencias del Estado son magnitudes diferentes. Para establecer el déficit preciso hay que identificar el ejercicio y la metodología utilizados.
La existencia de necesidades de financiación tampoco demuestra automáticamente que el sistema sea inviable. Los sistemas públicos de pensiones pueden combinar cotizaciones, transferencias presupuestarias y reformas graduales de ingresos y gastos.
El análisis debe distinguir entre el coste de las pensiones contributivas, las prestaciones no contributivas, los complementos a mínimos y otras obligaciones que pueden financiarse con impuestos generales.
Por eso, afirmar que el sistema está al borde del colapso exige pruebas y proyecciones, no solamente declaraciones alarmistas. La sostenibilidad depende de múltiples factores: empleo, salarios, productividad, evolución demográfica, inmigración, bases de cotización, edad efectiva de jubilación y decisiones fiscales.
También importa qué modelo económico se pretende construir. Una economía con salarios bajos y empleo precario recauda menos por trabajador que otra con empleo estable y remuneraciones más elevadas.
BAJAR IMPUESTOS Y GARANTIZAR LAS PENSIONES: LA CUADRATURA DEL CÍRCULO
Aquí aparece una de las contradicciones políticas más importantes. PP y Vox defienden distintas fórmulas de reducción de impuestos y, al mismo tiempo, aseguran que garantizarán las pensiones. Pero si se reducen los ingresos públicos sin compensarlos mediante otras fuentes de financiación o un crecimiento económico suficiente, el margen presupuestario se estrecha.
No significa que cualquier bajada fiscal sea necesariamente incompatible con las pensiones. Significa que una propuesta responsable debe explicar qué ingresos se perderían, qué gastos se modificarían y cómo se financiarían las obligaciones del Estado.
Si se rechaza aumentar las cotizaciones, se prometen rebajas fiscales y se descarta reducir las prestaciones, hay que explicar de dónde saldrá el dinero.
Existen alternativas que deben discutirse abiertamente: mejorar los salarios y el empleo, combatir el fraude y la economía sumergida, revisar los beneficios fiscales, reforzar las bases de cotización, aumentar la productividad y financiar con impuestos generales aquellas prestaciones que no deben recaer exclusivamente sobre las cotizaciones laborales.
La inmigración también puede contribuir a ampliar la población activa y el número de cotizantes, siempre que exista empleo legal, salarios dignos y protección laboral. No es una solución automática ni sustituye a una política económica integral.
Lo que no resulta coherente es prometer simultáneamente menos ingresos para el Estado, menos aportaciones al sistema y las mismas prestaciones sin presentar una memoria económica que demuestre cómo encajan las cuentas.
AUTÓNOMOS: UNA REFORMA NECESARIA, PERO SIN CULPABILIZAR A TODO UN COLECTIVO
Durante el debate también se ha señalado a los autónomos como una de las cuestiones que deben abordarse para mejorar la financiación de las pensiones.
Es cierto que las bases de cotización, la relación entre ingresos reales y aportaciones, y las diferencias entre lo cotizado y determinadas prestaciones reconocidas son asuntos relevantes para la equidad del sistema.
Pero sería injusto presentar a todos los autónomos como responsables del déficit. Muchos tienen ingresos irregulares, afrontan costes elevados y soportan una incertidumbre económica que no existe en buena parte del empleo asalariado.
La solución debe distinguir entre quienes no pueden cotizar más porque sus ingresos son insuficientes y quienes disponen de capacidad económica para realizar aportaciones superiores.
Un sistema equitativo debe reforzar la relación entre ingresos y cotizaciones sin castigar a los pequeños negocios ni ignorar las prestaciones mínimas que protegen a quienes han tenido carreras laborales más difíciles. La reforma debe perseguir la justicia contributiva, no convertir a los trabajadores por cuenta propia en chivos expiatorios de un problema estructural.
LOS JÓVENES TAMBIÉN TIENEN DERECHO A UNA JUBILACIÓN DIGNA
Uno de los argumentos recurrentes para justificar cambios profundos es que las generaciones jóvenes no podrán cobrar pensiones en el futuro.
Este mensaje puede generar miedo, desconfianza y la sensación de que cotizar hoy es tirar el dinero. Pero tampoco resulta responsable garantizar que nada cambiará durante las próximas décadas.
La obligación de los poderes públicos es ofrecer previsiones transparentes, adaptar progresivamente el sistema y evitar que los ajustes recaigan de forma desproporcionada sobre una sola generación.
Los jóvenes necesitan salarios dignos, empleo estable, vivienda asequible y oportunidades para desarrollar una carrera laboral completa. Si una parte importante de sus ingresos se destina al alquiler y muchos encadenan contratos precarios, su capacidad para cotizar y ahorrar queda limitada.
Debilitar la pensión pública para obligarles a ahorrar individualmente puede agravar esa desigualdad: quienes más necesitan protección colectiva son, a menudo, quienes menos capacidad tienen para contratar planes privados.
La solidaridad intergeneracional no consiste en enfrentar a jóvenes y mayores. Consiste en construir un sistema que permita a los trabajadores de hoy financiar las jubilaciones actuales y confiar en que las generaciones futuras también tendrán una protección suficiente.
¿QUÉ DEBERÍA EXPLICAR EL PP ANTES DE PEDIR MEDIDAS «VALIENTES»?
Si Alberto Núñez Feijóo quiere disipar las dudas generadas por su portavoz, debe presentar una propuesta concreta y verificable.
Debe aclarar si mantendrá la revalorización de todas las pensiones contributivas conforme al IPC; qué ocurrirá con las pensiones mínimas y no contributivas; si contempla introducir una mayor participación de los fondos privados; cómo pretende financiar las jubilaciones si reduce impuestos; qué cambios plantea para los autónomos y qué consecuencias tendrían sus medidas sobre las pensiones medias.
Vox también debe explicar qué significa exactamente su sistema mixto, qué parte de la pensión seguiría garantizada por el Estado, cómo se financiaría la transición y qué protección recibirían quienes no puedan ahorrar para complementar su jubilación.
No basta con afirmar que las pensiones deben pagarse «sea como sea». Hay que explicar cómo se pagarán. La ciudadanía tiene derecho a conocer las consecuencias de una reforma antes de votar, no después de que se hayan adoptado decisiones difíciles de revertir.
LAS PENSIONES NO PUEDEN CONVERTIRSE EN EL NEGOCIO DE UNOS POCOS
El debate abierto por PP y Vox va mucho más allá de una polémica electoral. Afecta al modelo de sociedad que España quiere construir y al reparto de los riesgos económicos entre el Estado, las empresas y los ciudadanos. La sostenibilidad financiera importa. Pero también importan la suficiencia de las prestaciones, la equidad entre generaciones y la protección de quienes no han podido acumular suficientes cotizaciones o ahorros.
Si la respuesta a los desafíos demográficos consiste en debilitar las pensiones públicas, reducir las prestaciones asistenciales y trasladar una parte creciente de la jubilación a los mercados privados, el resultado puede ser una sociedad más desigual, en la que la tranquilidad durante la vejez dependa cada vez más del patrimonio acumulado durante la vida laboral.
No está demostrado que PP y Vox hayan acordado eliminar el sistema público ni que vayan a retirar de manera generalizada las pensiones no contributivas. Pero sí han abierto un debate que exige explicaciones concretas, especialmente cuando sus promesas de reducción fiscal coinciden con advertencias sobre la financiación futura de las jubilaciones.
La pregunta que debe responder la derecha es muy clara: si el sistema público está condenado al colapso, como afirma la portavoz del PP, ¿por qué Feijóo garantiza que mantendrá las pensiones y las actualizará conforme al IPC? Y si existe un plan para asegurar su sostenibilidad, ¿por qué no lo presenta con cifras, medidas y consecuencias detalladas?
Las pensiones no son una concesión de ningún gobierno ni una carga de la que haya que librarse. Son un derecho social construido con décadas de trabajo, cotizaciones y solidaridad colectiva.
La ciudadanía no necesita alarmismo ni promesas vacías. Necesita saber si la reforma que se prepara busca fortalecer la Seguridad Social o abrir la puerta a un modelo en el que quienes puedan pagar una jubilación privada estarán protegidos y quienes no puedan hacerlo tendrán que conformarse con prestaciones cada vez más insuficientes.
Porque el verdadero debate no es solamente si las pensiones son sostenibles. Es quién debe garantizar que todos podamos vivir con dignidad después de toda una vida trabajando.