Por Maria Pozuelo Coordinadora de Podem Catalunya.
Hay algo profundamente preocupante en la forma en que se está abordando el debate sobre la llamada Ley de Nietos: estamos empezando a hablar de ciudadanos españoles como si fueran, antes que personas, una suma de votos potenciales.
Y cuando una democracia empieza a mirar a sus ciudadanos de esa manera, conviene detenerse. Detrás de cada nacionalidad recuperada hay una historia familiar. Y detrás de muchos de esos apellidos hay una historia que España tardó demasiado tiempo en querer mirar de frente: la del exilio, la represión, la dictadura y una emigración que marcó a varias generacione
Los nietos y descendientes de quienes tuvieron que abandonar España no son un problema electoral que haya que neutralizar. Son ciudadanos y ciudadanas cuyos derechos deben ser garantizados en igualdad.
La llamada Ley de Nietos forma parte de la Ley de Memoria Democrática de 2022. Su disposición adicional octava permite optar a la nacionalidad española de origen a determinados descendientes de españoles, entre ellos quienes descienden de personas que sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual.
También contempla otros supuestos vinculados a mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por matrimonio y a descendientes de quienes recuperaron la nacionalidad mediante determinadas leyes de memoria.
No es una ocurrencia ni un regalo. Es una decisión adoptada por las Cortes Generales, y ahora esa decisión se encuentra en el centro de una batalla política y jurídica que afecta a uno de los derechos fundamentales asociados a la ciudadanía: el derecho de participación política.
Una historia que empezó mucho antes.
Para entender este debate hay que remontarse mucho más atrás que al actual conflicto sobre el censo.El golpe militar de 1936, la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista provocaron una ruptura brutal de la sociedad española. Miles de personas tuvieron que abandonar el país por persecución política, por miedo o por la represión.
Pero el exilio político no fue la única consecuencia de aquella España.Durante las décadas posteriores, cientos de miles de españoles emigraron al extranjero buscando trabajo y unas condiciones de vida que no encontraban en su país.
Conviene distinguir históricamente ambos fenómenos: emigración económica y exilio político no son jurídicamente lo mismo. Pero tampoco puede contarse aquella emigración económica al margen del contexto de una dictadura marcada durante años por el aislamiento, la pobreza, las desigualdades y unas condiciones económicas que empujaron a muchas familias a marcharse.
Algunos huyeron por sus ideas. Otros porque no tenían futuro. Otros por ambas razones. Esa también es la historia de la España franquista. Y es precisamente esa historia la que la memoria democrática pretende reconocer.
Los nietos no son responsables del pasado de sus abuelos.
Décadas después, aquellos españoles tuvieron hijos y sus hijos tuvieron hijos. Muchos conservaron fotografías, documentos, cartas y relatos familiares de una España que sus abuelos habían tenido que abandonar.La Ley de Memoria Democrática quiso reparar jurídicamente parte de esa ruptura.
El Ministerio de Exteriores define esta vía de acceso a la nacionalidad como una medida reparadora dirigida a descendientes de españoles que sufrieron el exilio.
No se trata de fabricar españoles. Se trata de reconocer una relación histórica que ya existía. Y, una vez reconocida la nacionalidad, hablamos de ciudadanos. Ciudadanos españoles.
Los nietos y descendientes de quienes tuvieron que abandonar España no son un problema electoral que haya que neutralizar. Son ciudadanos y ciudadanas cuyos derechos deben ser garantizados en igualdad.
Una medida cautelar que afecta al derecho de votoEn septiembre de 2026, el Tribunal Supremo acordó cautelarmente suspender determinados efectos electorales de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de personas que obtuvieron la nacionalidad mediante esta vía, con excepciones vinculadas a la acreditación de la condición de exiliado.
La decisión responde a medidas solicitadas por Vox e Iustitia Europa.
La Junta Electoral Central ha asumido posteriormente la decisión y ha solicitado información a la Oficina del Censo Electoral y a los consulados.Hay que ser rigurosos: la medida cautelar no anula la nacionalidad española de estas personas. Lo que se suspenden son determinados efectos electorales mientras se resuelve el procedimiento judicial.
Y precisamente ahí está el problema democrático. Una cosa es comprobar que un expediente cumple los requisitos legales. Otra muy distinta es suspender colectivamente el ejercicio de un derecho político mientras se resuelve una controversia jurídica. Si existen irregularidades, que se investiguen. Si falta documentación, que se solicite. Si hay expedientes que no cumplen la ley, que se actúe individualmente.
Pero los derechos fundamentales no deberían quedar suspendidos sobre la base de una sospecha colectiva. ¿Desde cuándo los ciudadanos tienen que demostrar que merecen votar?.
El argumento resulta especialmente delicado cuando se presenta a los nuevos nacionalizados como un potencial instrumento para alterar unas elecciones.
La Abogacía del Estado ha cuestionado precisamente que el crecimiento del censo permita presumir un riesgo electoral suficiente y ha señalado que nadie puede predecir el sentido del voto de los nacionalizados. Es algo elemental.
No existe un “voto de los nietos”.
Hay personas diferentes, con historias diferentes, opiniones diferentes y opciones políticas diferentes. El voto es secreto. Y si algo define a una democracia es que el Estado garantiza el derecho a votar sin saber —ni necesitar saber— qué hará cada ciudadano con ese derecho.
La extrema derecha ha elegido otro lenguaje.
Vox ha celebrado la decisión del Supremo y la ha presentado como un freno a una supuesta operación de manipulación electoral.
Puede y debe existir debate jurídico sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Puede discutirse si una determinada instrucción administrativa interpreta correctamente la ley.Pero una cosa es discutir una norma y otra presentar a cientos de miles de ciudadanos españoles esencialmente como una masa electoral potencial.
La democracia no puede funcionar según la conveniencia electoral que tenga la incorporación de nuevos ciudadanos.
Y tampoco puede existir una ciudadanía española de primera y otra de segunda.
El problema no son los nietos.
Hay una paradoja difícil de ignorar. Durante décadas, España discutió cómo reconocer las consecuencias de la dictadura franquista. Ahora, cuando descendientes de aquellos españoles recuperan una nacionalidad que sus familias perdieron o dejaron atrás, una parte de la derecha y extrema derecha presenta su incorporación al cuerpo electoral como un problema.
El mensaje que muchas familias pueden recibir resulta difícil de explicar: España reconoce tu nacionalidad, pero cuando llega la hora de ejercer plenamente tu ciudadanía tenemos dudas sobre si debes poder votar.
Eso no es una cuestión menor. Es una cuestión de igualdad. La democracia no debería tener miedo de que haya más ciudadanos.
La memoria también tiene consecuencias.
La memoria democrática no puede limitarse a homenajes, placas o declaraciones institucionales. Si reconocemos que una dictadura expulsó a ciudadanos de este país, debemos estar dispuestos a reconocer las consecuencias de aquella expulsión décadas después.
Si reconocemos a sus descendientes como ciudadanos españoles, debemos reconocerlos como ciudadanos con derechos. Y si defendemos la democracia, debemos defender también su derecho a participar.
La controversia jurídica tendrá que resolverse en los tribunales. El censo debe ser riguroso. Las irregularidades, si las hay, deben investigarse. Y la ley debe cumplirse.
Pero mientras tanto hay una cuestión política que debería ser inequívoca: No queremos ciudadanos de segunda.
No queremos que el derecho al voto dependa del apellido, del país donde uno nació o de las especulaciones sobre cómo podría votar. Queremos que la ley se cumpla, que el censo sea limpio, que existan todas las garantías y que los ciudadanos españoles puedan ejercer sus derechos.
Porque los republicanos que cruzaron la frontera en 1939 no lo hicieron pensando en las elecciones de 2026. Los trabajadores que emigraron a Francia, Alemania o Suiza tampoco.
Sus hijos y sus nietos no son responsables de las decisiones de sus abuelos. Y tampoco son responsables de haber nacido fuera de España.
Lo que sí pueden decidir es qué hacer con su ciudadanía. Y esa decisión les pertenece a ellos. Quizá haya que darle la vuelta al debate. El problema no son los ciudadanos que recuperan una nacionalidad. El problema sería reconocer esa nacionalidad y, al mismo tiempo, poner en duda sus derechos.
La democracia no consiste en garantizar el voto de quienes probablemente piensan como nosotros. Consiste en garantizar el voto de quien tiene derecho a ejercerlo. Aunque vote distinto.
Aunque nos incomode. Ahí empieza la democracia. Los nietos del exilio son ciudadanía. Son memoria. Son derechos, y una democracia digna de ese nombre no debería tener miedo de reconocerlos.
El problema no son los nietos. El problema sería una democracia que tuviera miedo de ellos.