Por Adriana F. Gomez
«El país se encamina a una jornada de paralización del transporte el lunes 28 de septiembre, mientras millones de trabajadores sobreviven fuera de la economía formal. El aumento del diésel pone en evidencia una crisis que va mucho más allá del precio de los combustibles: empleo precario, bajos ingresos, falta de protección social y dificultades para que la economía genere puestos de trabajo formales».
Bolivia llega al final de septiembre con dos problemas que empiezan a confluir en un mismo escenario: la decisión del Gobierno de Rodrigo Paz de reducir el subsidio al diésel y la persistencia de una estructura laboral en la que más de ocho de cada diez trabajadores se desempeñan en la informalidad, según estimaciones citadas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El conflicto del transporte amenaza con trasladar la presión económica directamente a las calles. La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia mantiene convocado para el lunes 28 de septiembre un repliegue de vehículos como protesta contra el incremento del precio del diésel y contra el Decreto Supremo 5716, de acuerdo con las declaraciones de sus dirigentes.
El secretario ejecutivo de la organización, Lucio Gómez, afirmó que la medida se mantiene y que el repliegue del parque automotor se cumplirá a partir del lunes.
La protesta, sin embargo, no tendrá necesariamente el mismo alcance en todo el territorio. Algunas organizaciones, entre ellas sectores de La Paz y El Alto, han expresado su rechazo a participar, mientras que determinadas agrupaciones del transporte libre y del transporte pesado también se han desmarcado parcialmente. Por ello, la dimensión efectiva del paro dependerá del nivel de acatamiento en cada región.
El diésel, en el centro de la disputa
El detonante inmediato es el combustible. El Gobierno de Rodrigo Paz anunció el 18 de septiembre la eliminación del subsidio a la importación de diésel, argumentando el elevado costo que representa para las cuentas públicas. Según los datos proporcionados en la información oficial citada, el precio del litro pasó de aproximadamente 1 dólar a 1,87 dólares.
Para el transporte, el problema no es solamente contable. El combustible constituye uno de los principales costos operativos de los vehículos que trasladan pasajeros y mercancías.
Un aumento de esta magnitud puede terminar repercutiendo en toda la cadena económica: transporte urbano e interprovincial, distribución de alimentos, logística, comercio y precios finales.
En una economía con ingresos familiares limitados, el encarecimiento del transporte puede convertirse rápidamente en un problema social y aquí aparece la segunda cara de la crisis boliviana.
Una economía donde la informalidad es estructural
La informalidad laboral no es un fenómeno marginal en Bolivia. Las estimaciones de la OIT sitúan al país entre los que presentan mayores niveles de empleo informal del mundo, con una proporción que supera el 80% de la ocupación, frente a un promedio latinoamericano situado aproximadamente en torno al 50%.
La diferencia es enorme. Significa que para la mayoría de los trabajadores bolivianos el mercado laboral no funciona dentro de las condiciones asociadas tradicionalmente al empleo formal: contrato estable, cotizaciones previsionales, cobertura de seguridad social, protección frente al desempleo y cumplimiento efectivo de derechos laborales.
La economista Cecilia Fernández, entrevistada por Sputnik, define el fenómeno como un problema estructural. Según su explicación, el problema no reside simplemente en que exista una gran cantidad de trabajadores que prefieran trabajar fuera de la legalidad, sino en que la economía formal no consigue absorber toda la fuerza laboral disponible.
Hay trabajadores. Lo que falta son suficientes empleos formales capaces de incorporarlos.
Cuando una persona no encuentra un puesto estable, necesita igualmente generar ingresos. Aparecen entonces el comercio ambulante, pequeños negocios familiares, actividades por cuenta propia, transporte, servicios informales y múltiples formas de autoempleo. La informalidad se convierte así en un mecanismo de supervivencia.
El círculo de la precariedad
El problema tiene consecuencias que van mucho más allá de las estadísticas de empleo, un trabajador informal puede obtener ingresos diariamente, pero al mismo tiempo quedar excluido de mecanismos fundamentales de protección social.
La falta de aportes suficientes puede traducirse en una jubilación futura más baja o inexistente. La ausencia de cobertura laboral deja a millones de personas más expuestas ante una enfermedad, un accidente o una caída de sus ingresos.
También existe una consecuencia fiscal, cuando una parte gigantesca de la actividad económica se desarrolla fuera de los circuitos formales, el Estado tiene mayores dificultades para recaudar impuestos y financiar servicios públicos. Se produce entonces un círculo difícil de romper:
baja productividad ? empleo informal ? baja recaudación ? menor capacidad estatal ? escasa protección social ? más precariedad.
Romperlo exige algo más que perseguir al pequeño comerciante o al trabajador por cuenta propia.
Requiere que existan empresas capaces de crear empleo formal, acceso al crédito, inversión, capacitación, productividad y condiciones económicas que permitan a los pequeños negocios incorporarse progresivamente a la economía regulada.
El transporte refleja la fragilidad del sistema
El conflicto del diésel demuestra hasta qué punto están conectados los distintos problemas de la economía boliviana.
El transportista necesita combustible para trabajar. Si aumenta drásticamente su costo, necesita elevar tarifas o reducir sus márgenes. El comerciante necesita transportar mercancías. El agricultor necesita trasladar su producción. El consumidor termina pagando una parte de esos costos.
En una economía con una informalidad laboral tan elevada, muchas familias no cuentan con un salario estable capaz de absorber fácilmente un aumento generalizado del costo de vida., por eso el conflicto del transporte no puede analizarse exclusivamente como una disputa sectorial entre el Gobierno y los choferes.
El verdadero interrogante es qué ocurre cuando el Estado reduce un subsidio en una economía donde una parte muy importante de la población tiene ingresos informales y poca capacidad de protección frente a los shocks económicos.
El dilema fiscal del Gobierno de Rodrigo Paz
El Gobierno enfrenta un dilema complejo, mantener indefinidamente subsidios costosos puede aumentar la presión sobre las cuentas públicas y generar problemas fiscales. Pero retirarlos de manera rápida puede provocar un fuerte impacto sobre los costos de producción, transporte y consumo.
La cuestión central, por tanto, no es solamente si los subsidios son caros, sino cómo se realiza la transición y quién soporta el costo.
Un programa de eliminación o reducción de subsidios necesita mecanismos que permitan proteger a los sectores más expuestos, especialmente cuando el aumento del combustible amenaza con trasladarse a alimentos, transporte y otros bienes esenciales.
Al mismo tiempo, la solución de fondo no puede limitarse a compensaciones temporales. Bolivia necesita ampliar su base productiva y aumentar la capacidad de su economía para generar empleo formal.
Más de ocho de cada diez trabajadores: el dato que debería preocupar
El dato de informalidad es probablemente el elemento más importante para entender la dimensión social del problema.
Si la informalidad supera el 80%, hablar de millones de trabajadores sin protección social no es una exageración retórica: es una característica central del mercado laboral boliviano.
La discusión económica debería centrarse entonces en varias preguntas. ¿Cómo aumentar la productividad? ¿Cómo conseguir que las empresas absorban más trabajadores? ¿Cómo facilitar que los pequeños negocios puedan formalizarse sin desaparecer por el peso de los costos? ¿Cómo ampliar la seguridad social y las pensiones? ¿Cómo evitar que el aumento de los combustibles termine deteriorando todavía más el poder adquisitivo? Y , sobre todo, ¿cómo conseguir que el crecimiento económico se traduzca en empleo protegido?
El lunes puede ser una señal de algo más profundo
El paro convocado para el 28 de septiembre será una prueba para el Gobierno y para las organizaciones del transporte, pero también puede convertirse en un indicador de la profundidad de la crisis económica.
Si el conflicto queda reducido a una disputa por el precio del diésel, será un problema sectorial., pero si el aumento del combustible comienza a combinarse con inflación, caída del poder adquisitivo, dificultades para transportar mercancías y malestar entre trabajadores informales, el escenario será mucho más complejo.
Bolivia no enfrenta únicamente una discusión sobre cuánto cuesta un litro de diésel, en el fondo existe una pregunta mucho más importante: ¿qué modelo económico puede generar empleos formales suficientes para una población que durante décadas ha encontrado en la informalidad una forma de sobrevivir?
La respuesta determinará también la capacidad del Estado para recaudar, financiar pensiones, garantizar protección social y sostener servicios públicos.
Como reflexión podríamos decir qué la crisis del transporte y la informalidad laboral son dos caras de una misma realidad: una economía en la que millones de personas trabajan, pero una gran parte lo hace sin la protección que debería acompañar al trabajo.
El desafío para el Gobierno de Rodrigo Paz no consiste solamente en equilibrar las cuentas públicas o reducir el costo de los subsidios. También consiste en evitar que el ajuste recaiga sobre quienes tienen menor capacidad para soportarlo.
Porque cuando un trabajador formal pierde poder adquisitivo, el problema es grave, pero cuando un trabajador informal ve subir el combustible, el transporte y los alimentos mientras carece de jubilación, seguro y estabilidad laboral, la capacidad de resistencia económica es todavía menor.
El verdadero debate boliviano, por tanto, no debería reducirse a subsidio sí o subsidio no. Debería ser cómo transformar una economía donde la informalidad funciona como mecanismo de supervivencia en otra capaz de ofrecer trabajo formal, productividad, salarios suficientes y protección social.
El paro del lunes puede paralizar los vehículos durante un día, el problema de fondo, sin embargo, lleva décadas en movimiento
El gobierno del presidente derechista Rodrigo Paz enfrenta uno de sus momentos más complejos desde su asunción, atrapado entre las fuertes protestas del transporte y tensiones estructurales de larga data, como una informalidad laboral que supera el 80%.
Aunque la coyuntura ha llevado a ciertos sectores de transportistas y campesinos a pedir formalmente su renuncia, una caída inmediata de su mandato dependerá de cómo evolucione la fragmentación social y la gobernabilidad parlamentaria en los próximos días.
Ya hay un precedente y fue el detonante del «Dieselazo» y el paro de transportistas, dónde el conflicto escaló drásticamente tras la promulgación del Decreto Supremo 5716, que eliminó por completo el subsidio al diésel tras más de 20 años de vigencia.
La medida que elevo el precio del diésel a 1,87 dólares por litro, fue un requisito clave exigido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para destrabar un préstamo de 1.900 millones de dólares para paliar la crisis económica.
La reacción de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia que convocó a un paro general y repliegue de unidades, junto a diversas facciones aliadas (como la Federación Túpac Katari) que se declararon en emergencia exigiendo congelar tarifas y canasta familiar, se podrian repetir esta semana con nuevo pulso politico a Rodrigo Paz, ya muy debilitado.