Por Adriana F. Gomez.
«El Congreso de los Diputados rechazó el 16 de septiembre de 2026 el real decreto-ley del Gobierno destinado a regular los grupos de interés, una norma cuyo objetivo declarado era establecer un registro público y obligatorio de los llamados lobbies ante la Administración General del Estado».
El resultado de la votación fue contundente: 179 votos en contra, 155 a favor y 12 abstenciones. El rechazo contó con los votos del Partido Popular, Vox, Junts y UPN, mientras que PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, Compromís y BNG respaldaron la convalidación. Podemos y PNV optaron por la abstención.
La consecuencia inmediata fue la derogación del decreto y la desaparición, al menos por ahora, del instrumento regulatorio que pretendía aumentar la trazabilidad de las relaciones entre los grupos de interés y las instituciones públicas.
Y aquí aparece una cuestión política que merece ser examinada sin simplificaciones: ¿era suficiente la discrepancia de Podemos con el contenido de la norma para abstenerse cuando su voto contribuía objetivamente a que el decreto no saliera adelante?
Una norma sobre quién puede influir y cómo
La regulación de los grupos de interés no es una cuestión menor, en cualquier democracia moderna existen organizaciones empresariales, sindicatos, asociaciones profesionales, organizaciones sociales, despachos especializados, plataformas sectoriales y otros actores que intentan trasladar sus intereses a quienes elaboran las leyes y toman decisiones administrativas.
La existencia de esos grupos no constituye por sí misma un problema. La cuestión democrática fundamental es otra: saber quién intenta influir, ante quién lo hace, con qué intereses y bajo qué reglas.
Un registro obligatorio pretende precisamente introducir una mayor transparencia en esa relación.
El decreto aprobado por el Consejo de Ministros el 25 de agosto planteaba crear un registro estatal de grupos de interés. La medida estaba además vinculada a compromisos relacionados con los fondos europeos, de modo que su caída no afecta únicamente al debate político sobre los lobbies, sino también a los compromisos asumidos por España ante las instituciones europeas.
La posición de Podemos
Podemos había manifestado reparos al texto porque consideraba problemática la inclusión de los agentes sociales —entre ellos sindicatos y organizaciones empresariales— dentro del registro.
Esa posición puede ser discutida políticamente y, desde luego, es legítimo que una formación parlamentaria considere que una regulación necesita modificaciones antes de apoyarla.
Pero existe una diferencia importante entre votar en contra de una norma porque se considera insuficiente o equivocada y abstenerse en una votación cuyo resultado puede provocar su derogación.
La abstención de Podemos terminó teniendo una consecuencia concreta: junto con el PNV, dejó de formar parte de la mayoría parlamentaria que respaldaba el decreto. Y, con los votos negativos del PP, Vox, Junts y UPN, la norma quedó tumbada.
Por eso la pregunta no debería formularse únicamente en términos partidistas. La cuestión de fondo es si la discrepancia sobre los agentes sociales justificaba dejar caer el conjunto de una regulación destinada a establecer mayor transparencia sobre las relaciones entre los grupos de interés y las instituciones.
El problema de fondo: la puerta giratoria y la influencia política
La preocupación por los lobbies no se limita a los diputados en ejercicio, también afecta a las llamadas puertas giratorias: el tránsito de personas entre responsabilidades políticas, altos cargos de la Administración, empresas privadas, consultoras, despachos y organizaciones que tienen intereses económicos o regulatorios directamente relacionados con las decisiones públicas.
Una regulación eficaz debería permitir conocer esas relaciones y establecer límites claros cuando existan conflictos de intereses.
Porque la transparencia no consiste solamente en saber qué diputado votó una determinada ley.
También implica poder conocer:
- quién se reúne con responsables públicos;
- qué organización representa;
- qué intereses económicos o sectoriales defiende;
- qué propuestas intenta introducir en una norma;
- qué contactos mantiene con diputados o miembros del Gobierno;
- qué mecanismos existen para evitar conflictos de intereses;
- y qué ocurre cuando una persona abandona un cargo público y pasa a trabajar para sectores sobre los que anteriormente tenía capacidad de decisión.
Ese es precisamente uno de los debates centrales alrededor de los lobbies y de las puertas giratorias.
Las acusaciones sobre la buena relaccion de Podemos con China: una hipótesis podria convertirse en una afirmación
En este contexto también han aparecido especulaciones sobre las supuestas relaciones internacionales de Podemos, su posición respecto a China o los vínculos públicos de Pablo Iglesias a traves de Canal Red, con La principal cadena estatal de televisión de China es CCTV (Televisión Central de China), la cual pertenece al grupo público China Media Group, y cuenta con su división internacional conocida como CGTN (Cadena Global de Televisión de China), para la emisión de programas en Canal Red.
Posteriormente, en noviembre de 2025, Pablo Iglesias volvio a visitar la Academia de Ciencias Sociales de Pekín, con el objetivos de analizar el panorama mediático global, debatir sobre los cambios en la política internacional y estrechar vínculos institucionales con el partido gobernante en China.
La visita que realizo Ione Belarra, Irene Montero junto a Pablo Iglesias a China , donde mantuvieron una reunión en septiembre de 2025 con representantes del Partido Comunista Chino para analizar la política internacional y los medios de comunicación, fue otro de los hechos relevantes.
Visita que también realizaron el secretario de Organización de Podemos, Pau Vivas junto a Carlos Masonis representantes organizativos de Podemos.
Desde Podemos calificaron la cita de fructífera para su estrategia exterior, mientras que Iglesias defendió en su intervención en Pekín la cooperación con China frente a las tensiones geopolíticas, pero lo cierto es que Pablo Iglesias, donde regreso supuestamente con un contrato sustancialmente economico con la TV China.
Las propuestas e iniciativas parlamentarias en el Congreso de los Diputados de España respecto a China se centran principalmente en el equilibrio comercial, la regulación de inversiones en sectores estratégicos y la cooperación judicial, siendo el voto en muchas cuestiones muy rejevante ante un parlamento justo a la hora de definir posicionamiento tales como»
Flexibilización del ‘Made in Europe’ para inversiones chinas, dónde Gobierno español ha defendido ante la Unión Europea —con traslado y debate en comisiones parlamentarias— una propuesta para flexibilizar las reglas de contratación y subsidios públicos de la Industrial Acceleration Act
Control y condicionado de la Inversión Extranjera Directa (IED), en contraste con la flexibilización de componentes, el debate parlamentario también refleja la estrategia de la UE de «reducción de riesgos» (de-risking).
En el ámbito normativo e institucional, el Congreso de los Diputados acogió el I Foro Hispano-Chino de Cooperación Jurídica, donde las propuestas en esta materia persiguen mejorar la cooperación penal entre la policía y la justicia de ambos países para combatir la delincuencia organizada transnacional, o Crear marcos normativos locales específicos para prevenir e incentivar la denuncia de delitos de odio dentro de la comunidad de inmigrantes chinos en España
La fiscalización de los Acuerdos Bilaterales de 2026, tras la visita de Estado a Pekín en abril de 2026, donde se firmaron 19 acuerdos y memorandos bilaterales (que incluyeron un Mecanismo de Diálogo Estratégico Diplomático), la actividad parlamentaria incluye múltiples preguntas con respuesta escrita de partidos de la oposición (como el Partido Popular y Vox).
El impacto de estos convenios frente a la política arancelaria de la Unión Europea contra los vehículos eléctricos chinos, junto a las medidas para reducir el masivo déficit comercial (España compra a China cinco veces más de lo que le vende) mediante la apertura del mercado asiático al sector agroalimentario español.
Es necesario separar aquí hechos comprobables de hipótesis políticas ya que pueden ser meras coincidencias pero está votación sobre los Lobbies deja muchas especulaciones en el ambiente político español
No existe, con los datos aportados, una base documental suficiente para afirmar que la abstención de Podemos estuviera relacionada con China, con futuras negociaciones legislativas o con eventuales intermediaciones ante el Congreso. Convertir esa posibilidad en una acusación sería ir más allá de la evidencia disponible, pero estas acciones dejan a la opinión pública española, con dufas razonables, si es verdad o meras coincidencias.
Otra cosa, perfectamente legítima, es plantear una pregunta política: ¿qué criterios concretos llevaron a Podemos a abstenerse y qué modificaciones habría exigido para apoyar una regulación de los grupos de interés?
Esa explicación debería ser pública y suficientemente detallada, si el problema eran exclusivamente los sindicatos y las organizaciones empresariales, cabría preguntar por qué no se optó por apoyar la regulación y promover posteriormente su modificación parlamentaria.
Si, por el contrario, Podemos consideraba que el decreto tenía defectos estructurales, debería explicar cuáles eran esos defectos y qué sistema alternativo propone.
Una paradoja parlamentaria
El resultado deja una paradoja difícil de ignorar, una norma presentada por el Gobierno como instrumento de transparencia terminó siendo rechazada gracias a una mayoría que reunió a fuerzas políticas con posiciones ideológicas muy diferentes.
El PP y Vox votaron contra el decreto. Junts y UPN también, Podemos no votó en contra, pero tampoco lo respaldó y el resultado práctico fue el mismo: la norma no fue convalidada.
Esto no significa que Podemos comparta las razones del PP o de Vox para rechazarla. Políticamente son posiciones diferentes y no deben confundirse, pero sí significa que una decisión parlamentaria tiene consecuencias independientemente de las intenciones declaradas por cada partido.
En política parlamentaria, la pregunta no es únicamente qué quería conseguir una formación, sino también qué resultado produjo su voto.
La transparencia no debería tener color político
La regulación de los grupos de interés debería ser una cuestión de Estado democrático, no se trata de perseguir a empresarios, sindicatos, asociaciones u organizaciones sociales por intentar defender sus intereses. Esa actividad forma parte de una sociedad plural.
Se trata de evitar que exista una zona opaca entre los intereses privados y las decisiones públicas.
Una democracia no debería tener miedo a que un empresario se reúna con un diputado, ni un sindicato, ni una organización social. Lo que debería resultar difícil de justificar es que esas relaciones permanezcan ocultas cuando pueden afectar a la elaboración de leyes o decisiones administrativas.
La transparencia protege también a los propios políticos, ya que un registro público permite que un diputado pueda reunirse con diferentes sectores y defender posteriormente una posición sin que exista una sospecha permanente sobre quién influyó en ella.
Reflexión final
La abstención de Podemos puede defenderse políticamente si se considera que el decreto contenía defectos importantes. Pero también es legítimo exigir una explicación más profunda sobre por qué esos defectos justificaban permitir que toda la regulación quedara sin efecto.
El debate no debería reducirse a si Podemos tenía razón o no en su discrepancia con el Gobierno, la cuestión más importante es qué sistema quiere España para controlar la influencia de los grupos de interés sobre sus instituciones.
Porque los lobbies existen con regulación o sin ella, las grandes empresas seguirán intentando influir, los sindicatos seguirán defendiendo sus intereses, las organizaciones sociales seguirán tratando de modificar leyes y los antiguos cargos públicos seguirán siendo potencialmente atractivos para determinados sectores privados.
La alternativa no es eliminar la influencia: es hacerla visible, establecer límites y someterla a reglas conocidas por todos.
Por eso, la caída del decreto no debería cerrar el debate, sino abrirlo y Podemos tiene una responsabilidad añadida en ese debate: explicar con claridad por qué decidió abstenerse, qué elementos concretos de la norma consideraba inaceptables y qué regulación alternativa propone.
Lo que no debería ocurrir es que, bajo la discusión sobre quién debe aparecer en un registro, termine quedando fuera de la agenda una cuestión mucho más profunda: quién tiene acceso al poder, quién puede influir en las leyes y hasta dónde puede llegar esa influencia sin que la ciudadanía pueda conocerla.
La transparencia democrática no debería depender de si quien ejerce presión política es de izquierdas, de derechas, una gran empresa, un sindicato, una organización social o cualquier otro grupo de interés. Las mismas reglas deberían valer para todos.