Por Juan Carlos Ali Torres, Redacción internacionales.
La diplomacia de Donald Trump se mueve entre dos objetivos que no necesariamente se excluyen: intentar contener conflictos internacionales y, al mismo tiempo, obtener un beneficio político interno. En un escenario marcado por el petróleo, las sanciones, la guerra de Ucrania y la tensión con Irán, la pregunta es inevitable: ¿estamos ante una estrategia de paz o ante una operación para aliviar las presiones que enfrenta la Administración estadounidense?
Las conversaciones impulsadas por Donald Trump con Rusia, Ucrania e Irán tienen una característica común: se desarrollan en conflictos diferentes, pero conectados por una misma variable estratégica, la energía.
Desde Washington se han abierto o mantenido canales diplomáticos con Moscú y con Teherán, mientras continúa la búsqueda de una salida negociada para la guerra de Ucrania. Los contactos con Vladímir Putin han incluido también la cuestión iraní y el programa nuclear de Irán. El resultado, hasta ahora, es una diplomacia caracterizada por avances parciales, interrupciones, desconfianza y posiciones todavía muy alejadas.
Pero existe otra dimensión que no puede ignorarse: la política interna estadounidense.
El factor electoral
Las elecciones de medio término constituyen una prueba importante para la Administración Trump. En ese contexto, cualquier reducción de las tensiones internacionales que contribuya a moderar los precios de la energía puede tener consecuencias económicas y, potencialmente, políticas.
El precio del petróleo afecta directamente al coste de los combustibles, el transporte y numerosos productos. Una escalada simultánea en Ucrania y Oriente Medio puede incrementar esa presión sobre la economía estadounidense.
Por eso resulta relevante la explicación atribuida a Matthew Whitaker, representante permanente de Estados Unidos ante la OTAN, sobre la necesidad de una pausa en determinados frentes para aliviar la presión sobre los mercados energéticos.
Si esa interpretación es correcta, la tregua tendría una dimensión que iría más allá de la seguridad internacional: reducir la presión energética sobre la economía estadounidense también puede convertirse en un objetivo político interno.
Eso no significa necesariamente que las negociaciones sean ficticias o que no exista una intención de alcanzar acuerdos. Significa que diplomacia y política doméstica pueden operar simultáneamente.
Ucrania: paz, territorio y sanciones
La guerra de Ucrania representa el ejemplo más complejo.
Rusia busca preservar sus intereses territoriales y estratégicos y obtener, entre otros objetivos, modificaciones en el régimen de sanciones. Ucrania, por su parte, ha defendido su soberanía territorial y garantías de seguridad frente a una nueva agresión.
Para Washington, alcanzar algún tipo de acuerdo permitiría reducir el coste económico y estratégico de una guerra prolongada.
El problema es que una negociación no equivale automáticamente a una paz sostenible.
Una paz duradera requeriría resolver cuestiones extremadamente difíciles: territorios ocupados, garantías de seguridad, reconstrucción, sanciones, relaciones entre Rusia y Occidente y las condiciones de seguridad de Ucrania.
Por eso, las conversaciones pueden avanzar sin que necesariamente exista todavía una fórmula capaz de satisfacer a todas las partes.
Irán: el petróleo vuelve a aparecer
El caso iraní introduce otra pieza fundamental.
Irán es una potencia energética y geopolítica de primer orden. Cualquier conflicto que afecte a sus exportaciones de petróleo puede repercutir sobre los mercados internacionales.
La tensión se vuelve todavía mayor si se tiene en cuenta la importancia estratégica del golfo Pérsico y de las rutas marítimas por las que circula una parte considerable de la energía mundial.
Aquí aparece una contradicción de la política estadounidense.
Durante años, Washington y sus aliados han utilizado sanciones para limitar los ingresos energéticos de Rusia y presionar a Moscú. Esa política ha tenido consecuencias sobre los mercados internacionales y sobre los propios países occidentales, especialmente cuando la oferta energética se ha visto reducida.
Ahora, ante una situación internacional marcada por los elevados precios del petróleo y la incertidumbre en Oriente Medio, la disponibilidad de crudo vuelve a adquirir un valor estratégico.
La paradoja es evidente: la política de presión energética puede terminar generando también costes para quienes la aplican.
Rusia: de enemigo estratégico a interlocutor
La conversación telefónica entre Trump y Putin constituye otro elemento significativo.
Según la información publicada sobre aquel contacto, ambos dirigentes abordaron tanto Ucrania como Irán. Moscú habría presentado propuestas relacionadas con ambos conflictos y Washington ha mantenido abierta la vía diplomática.
Esto introduce un cambio respecto a una lógica exclusivamente basada en la confrontación.
Hablar con Moscú no significa aceptar sus posiciones. Del mismo modo, negociar con Teherán no implica necesariamente levantar todas las sanciones ni aceptar las condiciones iraníes.
La diplomacia funciona precisamente sobre esa contradicción: se negocia porque existen intereses incompatibles que se intenta hacer compatibles, al menos parcialmente.
¿Y dónde queda la paz?
Esta es la cuestión central.
Si una tregua permite reducir los precios del petróleo, evitar una escalada militar y abrir negociaciones, el efecto puede beneficiar tanto a la economía estadounidense como a la estabilidad internacional.
Pero si la negociación se utiliza exclusivamente como una pausa táctica para obtener ventajas económicas o electorales, sus efectos pueden ser mucho más limitados.
La frontera entre ambas cosas no siempre es fácil de establecer.
Un presidente puede buscar simultáneamente la paz y un beneficio político. De hecho, para cualquier gobierno democrático, una mejora económica y una reducción de las guerras también tienen consecuencias electorales.
El problema aparece cuando el objetivo político termina condicionando las condiciones de una paz duradera.
Una diplomacia condicionada por el petróleo
La energía se ha convertido así en uno de los grandes protagonistas de la política exterior estadounidense.
Ucrania afecta a Rusia y a Europa. Irán afecta al Golfo y al mercado mundial del petróleo. Las sanciones afectan a los flujos comerciales. Y cualquier escalada en Oriente Medio puede repercutir rápidamente sobre el precio de los combustibles.
En este tablero, Trump necesita resultados que puedan ser presentados como éxitos diplomáticos, pero también necesita evitar que una nueva escalada energética termine trasladándose al bolsillo de los ciudadanos estadounidenses.
Por eso, la pregunta «¿paz o Trump?» puede ser demasiado simple.
La verdadera cuestión es otra: ¿puede una estrategia diplomática diseñada también para responder a las necesidades políticas y económicas de Estados Unidos producir acuerdos suficientemente sólidos para poner fin a los conflictos?
La diplomacia de Trump no puede analizarse únicamente desde la intención declarada de alcanzar la paz. Tampoco sería suficiente interpretarla exclusivamente como una maniobra electoral.
Las dos dimensiones pueden coexistir.
Estados Unidos tiene incentivos para reducir la presión sobre los mercados energéticos, evitar nuevas guerras y disminuir los costes económicos derivados de los conflictos internacionales. Trump, además, tiene incentivos políticos para mostrar resultados antes de las elecciones de medio término.
El verdadero examen no estará en los titulares de una conversación telefónica ni en el anuncio de una tregua. Estará en lo que ocurra después.
Si las negociaciones consiguen detener la violencia, establecer garantías de seguridad y construir acuerdos duraderos, podrán ser consideradas un instrumento real de paz. Si únicamente producen pausas temporales destinadas a contener los precios, reorganizar alianzas o ganar tiempo político, el conflicto simplemente habrá cambiado de escenario.
Porque al final, detrás de las declaraciones diplomáticas, existe una realidad que no admite demasiadas interpretaciones: cuando sube el petróleo, sube también el coste político para cualquier gobierno que pretenda gobernar con estabilidad.