Por Francisco López
La reforma amplía la protección para jóvenes adultos en situación de vulnerabilidad económica que no han podido independizarse. La medida puede tener un impacto especial en una España donde la emancipación juvenil sigue bajo mínimos y donde millones de personas dependen todavía del hogar familiar.
También plantea nuevas posibilidades para españoles retornados y familias que regresan del exterior.
Durante años, vivir con los padres ha funcionado en España como una especie de frontera invisible para acceder a determinadas prestaciones sociales. La lógica era sencilla: quien comparte domicilio con su familia forma parte de una unidad de convivencia y, por tanto, sus necesidades económicas se valoran conjuntamente.
Pero esa realidad no siempre refleja la situación de cada persona. Un joven de 24, 27 o 30 años puede vivir en casa de sus padres y, al mismo tiempo, estar desempleado, no tener ingresos propios o encadenar trabajos temporales con salarios insuficientes. Puede tener un techo gracias a su familia, pero no disponer de autonomía económica.
La ampliación de las posibilidades de acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) para personas jóvenes adultas en situación de vulnerabilidad supone, por tanto, un cambio de gran importancia social: reconoce que la convivencia familiar no elimina automáticamente la pobreza individual ni la dependencia económica.
La medida llega, además, en un momento especialmente crítico para la juventud española. La precariedad laboral y el precio de la vivienda han retrasado la emancipación hasta edades que hace apenas unas décadas habrían parecido excepcionales.
España, un país donde emanciparse se ha convertido en un privilegio.
Los datos sobre juventud reflejan una situación estructural. Según los informes del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, la tasa de emancipación residencial de los jóvenes continúa situada en niveles muy bajos.
En los últimos años, menos de una cuarta parte de la población joven de entre 16 y 29 años ha vivido fuera del hogar familiar.
Dicho de otra manera: más de tres cuartas partes de los jóvenes de esa edad continúan viviendo con sus padres o familiares. España se mantiene por debajo de la media europea y la edad de salida del hogar familiar se sitúa varios años por encima de la media de la Unión Europea.
La razón principal no es únicamente cultural. Es económica. El precio de la vivienda ha crecido mucho más rápidamente que la capacidad adquisitiva de los jóvenes. En numerosas ciudades españolas, alquilar una vivienda exige destinar una parte del salario muy superior al porcentaje recomendado para mantener una economía doméstica equilibrada.
Para un joven con un salario bajo, la emancipación puede significar destinar prácticamente todos sus ingresos al alquiler. Por eso, permanecer en el domicilio familiar se ha convertido en una necesidad económica.
Tener trabajo tampoco garantiza independizarse
Una de las características más preocupantes del actual mercado laboral es que tener empleo no garantiza necesariamente disponer de ingresos suficientes. La población joven concentra una parte importante de los contratos temporales, los empleos a tiempo parcial no deseados y los salarios de entrada más bajos. A ello se suma una realidad cada vez más frecuente: jóvenes con estudios superiores que continúan viviendo con sus padres porque sus ingresos no les permiten acceder a una vivienda.
La vivienda se ha convertido así en un elemento central de la desigualdad .Dos personas con el mismo salario pueden tener situaciones completamente distintas dependiendo de si cuentan con una vivienda familiar o si tienen que pagar un alquiler de mercado.
Quien no dispone de apoyo familiar puede quedar directamente excluido de determinadas ciudades y oportunidades laborales.
¿Qué cambia para los mayores de 23 años?
La novedad abre una vía de protección para personas mayores de 23 años que, cumpliendo los requisitos establecidos, se encuentren en situación de vulnerabilidad económica aunque residan en el domicilio familiar.
Esto puede beneficiar especialmente a: jóvenes desempleados sin ingresos; personas con ingresos muy bajos; trabajadores que alternan empleo y desempleo; jóvenes con contratos temporales; trabajadores a tiempo parcial con salarios insuficientes; personas que no han podido independizarse; jóvenes que atraviesan una ruptura laboral o económica; españoles retornados que vuelven al país sin recursos propios.
La prestación no se concede automáticamente por tener más de 23 años y vivir con los padres, será necesario cumplir los requisitos económicos y administrativos previstos para el IMV, incluidos los relacionados con ingresos, patrimonio y residencia.
Este punto es fundamental, ya qué la medida no convierte a todos los jóvenes que viven con sus padres en beneficiarios del IMV, sino que abre una posibilidad de protección para quienes realmente se encuentren en una situación de vulnerabilidad y cumplan las condiciones exigidas.
¿Cuánto puede cobrar un joven?
La cuantía del Ingreso Mínimo Vital depende de la composición de la unidad beneficiaria y de los ingresos disponibles. Para una persona individual sin ingresos, la renta garantizada se sitúa aproximadamente en torno a los 733 euros mensuales, según las cuantías de referencia actualizadas.
El IMV funciona como una garantía de renta.Esto significa que no siempre se cobra íntegramente la cantidad máxima. Si la persona dispone de determinados ingresos, la prestación puede complementar esa renta hasta alcanzar el nivel que corresponda.
Este mecanismo resulta especialmente importante para los jóvenes trabajadores con salarios bajos. La protección social no debe limitarse a quienes no tienen absolutamente ningún empleo. También debe responder a una realidad creciente: la pobreza laboral.
El alcance potencial: una población de millones, aunque los beneficiarios serán una parte.
El alcance social de esta reforma puede ser considerable, ya que España cuenta con millones de personas jóvenes y adultas jóvenes que continúan viviendo en el hogar familiar. Sin embargo, sería incorrecto afirmar que todos ellos podrán solicitar o recibir el IMV.
Una parte estudia, otra dispone de ingresos suficientes y otra forma parte de hogares que no cumplen los requisitos de vulnerabilidad establecidos.
El grupo potencialmente beneficiario está formado por aquellos jóvenes adultos que, además de cumplir la edad y demás condiciones, carecen de ingresos o disponen de recursos insuficientes.
Por tanto, el universo de personas afectadas por el problema de la falta de emancipación es de millones, mientras que el número real de nuevos beneficiarios dependerá de la aplicación de la norma y de la situación económica individual. La experiencia del IMV demuestra que existe otro factor decisivo como la capacidad de llegar a quienes tienen derecho a la prestación. La falta de información, la complejidad administrativa y las dificultades para acreditar determinadas circunstancias han sido históricamente algunos de los obstáculos para el acceso efectivo a las ayudas sociales.
Más de dos millones de personas ya dependen de la protección del IMV.
El Ingreso Mínimo Vital se ha consolidado como una de las principales herramientas de lucha contra la pobreza en España. La prestación alcanza ya a más de dos millones de personas, incluyendo a numerosos hogares con menores de edad. Detrás de esta cifra existe una realidad social profunda: una parte importante de la población española necesita complementar sus ingresos para alcanzar unas condiciones mínimas de vida.
La ampliación de las posibilidades de acceso para jóvenes adultos puede reforzar el carácter del IMV como red de seguridad. Pero también plantea una pregunta política: ¿por qué una generación cada vez más formada necesita recurrir a una renta mínima para alcanzar una mínima autonomía económica?. La respuesta se encuentra, en gran medida, en el empleo y la vivienda.
Una ayuda también importante para los españoles retornados.
Uno de los aspectos menos analizados de esta medida es su posible utilidad para los españoles que regresan del extranjero. España tiene una de las mayores comunidades nacionales residentes fuera de sus fronteras. Millones de españoles viven en otros países, junto a descendientes y nuevos ciudadanos que han recuperado la nacionalidad española.
Sin embargo, retornar no siempre significa regresar con empleo y vivienda asegurados.
Un joven español que vuelve desde América Latina o Europa puede encontrarse con una situación difícil: carece de trabajo, no tiene vivienda propia y debe instalarse temporalmente en casa de sus padres, abuelos u otros familiares.
En estas circunstancias, el hecho de vivir con la familia puede ser imprescindible para sobrevivir, pero no significa disponer de recursos económicos propios.
La nueva vía de protección puede resultar especialmente relevante para estos retornados, siempre que cumplan las condiciones legales aplicables.
El gran obstáculo para los retornados: los requisitos de residencia.
La situación de los españoles retornados requiere, no obstante, una atención específica. El acceso a determinadas prestaciones puede depender de requisitos de residencia legal y efectiva en España, así como de las circunstancias concretas del retorno.Por eso, el hecho de poseer la nacionalidad española o haber vivido anteriormente en España no garantiza automáticamente el acceso inmediato al Ingreso Mínimo Vital.
Cada situación debe analizarse de acuerdo con la normativa vigente. Aquí aparece una cuestión política fundamental: España necesita una política de retorno más clara y coordinada. No basta con animar a la diáspora a regresar. Es necesario garantizar mecanismos reales de integración.
Retornar no debería significar volver a depender completamente de la familia.
Muchos españoles regresan después de años fuera del país sin una red laboral inmediata y otros regresan después de haber perdido el empleo, tras una crisis económica o por razones familiares.
En ocasiones, el retorno obliga a empezar prácticamente desde cero y a familia se convierte nuevamente en la primera red de apoyo: ofrece una habitación, alimentación y ayuda económica.Pero esa solidaridad familiar no debería sustituir indefinidamente a las políticas públicas.
Una persona retornada necesita también: orientación laboral; reconocimiento de títulos y experiencia profesional; acceso rápido a los servicios públicos; información clara sobre prestaciones; apoyo para acceder a una vivienda; simplificación de los trámites administrativos; programas específicos de reintegración.
El IMV puede convertirse en una herramienta importante durante la primera etapa del retorno, pero no puede ser la única respuesta.
Las familias también pueden beneficiarse indirectamente.
La ampliación de la protección no afecta únicamente a los jóvenes ya qué cuando una persona adulta sin ingresos recibe una prestación, la ayuda también puede reducir la presión económica sobre el conjunto del hogar. Miles de familias mantienen durante años a hijos adultos que no consiguen acceder a un empleo estable o que no pueden independizarse pues el coste se traslada directamente a los hogares.
Esto es especialmente grave cuando los padres viven con salarios bajos o pensiones reducidas. En estos casos, la protección pública puede impedir que la precariedad de una persona termine empobreciendo a toda la familia.
Una política progresista frente a un cambio social profundo.
Durante décadas, la emancipación fue considerada una etapa relativamente natural de la vida adulta. Estudiar, encontrar empleo, alquilar una vivienda y formar un hogar parecía un recorrido posible para una gran parte de la población, ese modelo se ha roto. Hoy existen jóvenes con 25 o 30 años, formación universitaria e incluso empleo que no pueden abandonar el domicilio familiar.
El problema no es que la juventud no quiera independizarse, sino que la independencia se ha encarecido hasta convertirse, en muchos lugares, en un privilegio económico. En este contexto, ampliar el acceso al Ingreso Mínimo Vital constituye una medida progresista porque adapta la protección social a una nueva realidad.
Reconoce que la pobreza no desaparece porque una persona comparta domicilio con sus padres, y también que el Estado no puede trasladar toda la responsabilidad de proteger a los jóvenes a sus familias.
Pero el IMV no puede sustituir una política de vivienda.
La ayuda económica puede aliviar una situación de vulnerabilidad, pero no resuelve por sí sola el problema de la emancipación. Una persona que recibe una renta mínima continúa enfrentándose a alquileres que, en numerosas ciudades españolas, superan ampliamente sus posibilidades económicas.
Por eso, el IMV debería formar parte de una estrategia más amplia, ya que España necesita: ampliar el parque público de vivienda; garantizar alquileres realmente asequibles; aumentar la vivienda pública en las zonas de mayor tensión; limitar la especulación inmobiliaria; combatir los abusos en el mercado del alquiler;-mejorar los salarios; reducir la precariedad laboral; reforzar las políticas públicas de empleo juvenil; desarrollar planes específicos para españoles retornados.
Sin estas políticas, el riesgo es que la prestación se convierta en una ayuda imprescindible para sobrevivir, pero insuficiente para emanciparse.
Pensemos para reflexionar, que una habitación en casa de los padres no es autonomía, la importancia de esta medida va más allá de una cantidad mensual. Supone reconocer una realidad que conocen millones de familias españolas: tener una habitación donde dormir no significa tener independencia económica.
Un joven puede vivir con sus padres y no tener ingresos, puede trabajar y seguir siendo pobre. Puede estar formado y no encontrar un empleo que le permita pagar una vivienda. También puede regresar del extranjero y verse obligado a volver al hogar familiar mientras reconstruye su vida.
El Ingreso Mínimo Vital puede convertirse en una red de seguridad para miles de personas en estas circunstancias, pero la verdadera victoria social no será que los jóvenes necesiten una prestación para sobrevivir. La verdadera victoria será que puedan acceder a un empleo digno, disponer de salarios suficientes y encontrar una vivienda que no consuma la mayor parte de sus ingresos.
Hasta entonces, ampliar la protección del IMV es una respuesta necesaria, porque una sociedad no puede pedir independencia a su juventud mientras mantiene un mercado laboral y una crisis de vivienda que hacen económicamente imposible alcanzarla.
La política progresista debe garantizar una red para no caer en la pobreza, pero también construir un puente real hacia la autonomía. Y ese puente se llama empleo digno, vivienda accesible y protección social efectiva.
Mientras que la ultraderecha por el contrario hace desaparecer al estado cómo herramienta transformadora y de protección ciudadana, llevando a la juventud hacia el abismo economico y las especulaciones en vivienda como se está viendo en todas las comunidades autónomas controladas por el Partido Popular de Feijóo y VOX de Abascal