Por Adriana F. Gomez.
La izquierda española afronta uno de sus principales desafíos: transformar la diversidad de partidos, sensibilidades y territorios en una alternativa política capaz de gobernar con un proyecto común. Un Frente Amplio de izquierdas no tendría que significar la desaparición de las identidades de PSOE, Sumar, Podemos, IU, ERC, EH Bildu, BNG u otras fuerzas progresistas, sino encontrar un terreno común en el que cada organización conserve su personalidad y, al mismo tiempo, todas obtengan beneficios políticos de la cooperación.
La cuestión fundamental no sería únicamente quién encabeza una candidatura, sino qué proyecto consigue mejorar la vida de la mayoría social. Una sociedad plural necesita una izquierda capaz de sumar. España es políticamente plural y territorialmente diversa. El Congreso de los Diputados refleja esa realidad: ninguna fuerza progresista por sí sola representa todo el espacio de izquierdas y progresista.
En las elecciones generales de julio de 2023, el PSOE obtuvo 122 escaños, Sumar 31, ERC 7, EH Bildu 6 y BNG 1. son fuerzas diferentes, con electorados y prioridades distintas, pero existe entre ellas un espacio considerable de coincidencia en cuestiones sociales, laborales, económicas y democráticas.
El problema aparece cuando la competencia entre partidos termina debilitando al conjunto. La experiencia electoral española demuestra que la fragmentación puede convertir miles de votos en escaños que no se traducen en capacidad de gobierno, especialmente en determinadas circunscripciones. Por eso, cualquier proyecto de unidad debería comenzar por una cuestión sencilla: analizar dónde la división perjudica electoralmente y dónde, por el contrario, la pluralidad permite representar mejor a la sociedad.
¿Qué significa realmente que «todos ganen»? Un Frente Amplio solamente tendría posibilidades de consolidarse si cada participante percibe que obtiene algo concreto. Para el PSOE, podría significar conservar capacidad de gobierno y ampliar su mayoría social. Para Sumar, Podemos e IU, etc… supondría evitar la dispersión del voto progresista y garantizar representación política a distintas sensibilidades sociales.
Para las fuerzas nacionalistas e independentistas de izquierdas, el acuerdo tendría que respetar su identidad territorial y reconocer la diversidad nacional existente en España.
Para los ciudadanos, el beneficio debería ser todavía más evidente: una política capaz de traducir los acuerdos parlamentarios en mejoras concretas. La unidad, por tanto, no debería construirse alrededor de cargos, sino alrededor de políticas.
El punto de partida económico que España ha experimentado en los últimos años es una evolución positiva en algunos indicadores macroeconómicos, aunque persisten problemas estructurales. La realidad es que la tasa de paro continúa siendo una de las más elevadas de la Unión Europea. Eurostat situó el desempleo español alrededor del 10 % durante 2025, aunque la cifra exacta varía mensualmente.
Al mismo tiempo y en contrapartida , España ha alcanzado niveles históricos de empleo, superando los 22 millones de ocupados en algunos trimestres recientes. Estos datos muestran una contradicción importante: se crea empleo, pero todavía existe una parte importante de la población que encuentra dificultades para acceder a una vivienda, alcanzar estabilidad económica o desarrollar un proyecto familiar.
La vivienda debería convertirse, por ello, en uno de los grandes pilares de cualquier Frente Amplio. La vivienda como nuevo contrato social es importante ya que el precio de la vivienda constituye probablemente uno de los mayores obstáculos para los jóvenes españoles.
Según Eurostat, España presenta un esfuerzo importante de los hogares para afrontar los costes de vivienda, especialmente entre los hogares de menores ingresos y los jóvenes.
Un Frente Amplio podría plantear trmas tan importantes como : Ampliar significativamente el parque público de vivienda; Limitar los abusos en zonas tensionadas mediante las herramientas legales disponibles; Perseguir el fraude en los alquileres turísticos; Movilizar vivienda vacía cuando sea jurídicamente viable; Facilitar el acceso de jóvenes y familias trabajadoras; Impulsar vivienda pública de alquiler permanente.
La vivienda no debería contemplarse únicamente como un activo financiero, para una parte creciente de la sociedad es, sencillamente, la condición previa para poder vivir con autonomía.
La reforma laboral y las sucesivas subidas del salario mínimo han modificado considerablemente el mercado de trabajo español (desde la nefasta reforma laboral del gobierno neoliberal de derechas del Partido Popular presidido por Rajoy).
El Salario Mínimo Interprofesional pasó de 735,90 euros mensuales en 2018 a 1.184 euros en 2025, en 14 pagas. Este incremento constituye uno de los ejemplos más claros de cómo una política pública puede modificar las condiciones materiales de millones de trabajadores.
Un Frente Amplio podría plantear como objetivo que el crecimiento económico se traduzca en mejores salarios, reducción de la precariedad y mayor productividad.
Pero también tendría que enfrentarse a una cuestión pendiente y es que España no puede competir eternamente mediante salarios bajos. El modelo debería avanzar hacia sectores de mayor valor añadido: industria, tecnología, energías renovables, investigación, biotecnología, economía digital y servicios públicos de calidad.
Otro elemento esencial sería proteger el sistema público de pensiones y reforzar los servicios públicos. España tiene una población cada vez más envejecida. Según las proyecciones del INE, el porcentaje de población mayor de 65 años continuará creciendo durante las próximas décadas.
Eso obliga a afrontar una doble cuestión: garantizar pensiones dignas y, simultáneamente, asegurar la sostenibilidad financiera del sistema. La respuesta no puede limitarse a recortar prestaciones o alargar la edad hasta los 70 años para poder jubilarte ( como defiende la derecha), también pasa por aumentar empleo, productividad, cotizaciones y participación laboral, además de combatir el fraude y ampliar las bases económicas del Estado.
Sanidad y educación son los pilares de la igualdad en cualquier pais progresista democrático y una izquierda amplia tendría que recuperar una idea básica, la igualdad no consiste solamente en redistribuir dinero, sino también en garantizar derechos universales.
Una sanidad pública fuerte reduce desigualdades y una educación pública de calidad aumenta las oportunidades. Una dependencia bien financiada permite que miles de familias no tengan que asumir solas el cuidado de sus mayores, por eso, la inversión en servicios públicos debería situarse en el centro del proyecto.
La Fiscalidad desde la base que contribuya más quien más tiene , seria primordial dentro del Frente Amplio que necesitaría también una política fiscal coherente. España mantiene una presión fiscal inferior a la de algunos de los principales países europeos, aunque las comparaciones dependen de la metodología utilizada. La cuestión no debería ser simplemente subir impuestos, sino quién paga y cuánto paga.
Una política progresista podría priorizar: Lucha contra el fraude fiscal; Persecución de la ingeniería fiscal abusiva; Mayor progresividad; Revisión de beneficios fiscales injustificados; Armonización de determinados impuestos para evitar competencia fiscal destructiva; Protección de autónomos y pequeñas empresas.
El objetivo sería que la carga fiscal recaiga proporcionalmente más sobre quienes tienen mayor capacidad económica.
La cuestión territorial seria probablemente uno de los mayores desafíos ya que España no es políticamente homogénea. Cataluña, Euskadi, Galicia y otras comunidades poseen identidades políticas propias. Un Frente Amplio no podría construirse desde Madrid hacia los territorios como una estructura jerárquica. Necesitaría establecer un pacto federal o plurinacional de cooperación, dependiendo de la fórmula constitucional y política que finalmente se acordara. La clave sería aceptar que la unidad no necesariamente significa uniformidad.
La izquierda podría competir electoralmente con una propuesta basada en la convivencia territorial, el diálogo y la búsqueda de soluciones democráticas.
Hoy la existencia de una derecha fuerte y de una ultraderecha consolidada convierte la cooperación progresista en una cuestión estratégica. Pero sería un error construir un Frente Amplio únicamente contra el PP o Vox. Una coalición que solamente dijera «hay que impedir que gobierne la derecha» tendría dificultades para movilizar a largo plazo.
Este Frente Amplio necesitaría explicar para qué quiere gobernar y para ello esta alternativa debería poder responder con claridad a cinco preguntas: ¿Cómo vamos a garantizar vivienda?¿Cómo vamos a mejorar los salarios?, ¿Cómo vamos a fortalecer la sanidad y la educación?,¿Cómo vamos a afrontar el envejecimiento y las pensiones?, ¿Cómo vamos a reducir las desigualdades territoriales y sociales?. Si esas respuestas fueran convincentes, la movilización electoral tendría una base mucho más sólida.
El gran problema son como siempre los egos políticos de los dirigentes que por cuidar sus parcelas de poder sectarías , a costa de destrozar las representaciones territorisles llegando a ser irrelevantes. Sí, los mismos que estan dispuestos a vender la Patria a la ultraderecha. La dificultad principal probablemente no estaría en redactar un programa, si no que estaría en tener humildad y conseguir que dirigentes y organizaciones acepten que ninguna fuerza puede tenerlo todo.
Un Frente Amplio tendría que establecer mecanismos democráticos para elaborar candidaturas, primarias o procedimientos consensuados, reparto equilibrado de responsabilidades y garantías de representación para las diferentes sensibilidades.
La fórmula podría ser sencilla: Unidad electoral + autonomía política + programa común + democracia interna. No se trataría de fusionar partidos, sino de construir una alianza. ¿Quién debería liderarla? Esta sería seguramente la cuestión más delicada y cuya respuesta debería depender de la capacidad para ganar elecciones, no de la antigüedad de un partido ni de la fuerza mediática de un dirigente.
La candidatura debería seleccionar a las personas con mayor capacidad para representar el proyecto común y atraer a sectores que normalmente no votan a la izquierda. Eso podría implicar incluso una dirección colectiva y una campaña diseñada alrededor de un programa común, evitando convertir todo el proyecto en una disputa personal.
El modelo electoral también importa, ya qué ley electoral española establece circunscripciones provinciales y asignación de escaños mediante el sistema D’Hondt. Esto provoca que la concentración territorial del voto tenga una importancia considerable. Por ello, antes de construir cualquier alianza sería necesario realizar un análisis electoral circunscripción por circunscripción: ¿Dónde la unidad puede transformar votos en escaños?¿Dónde existen riesgos de perder representación? ¿Qué territorios necesitan candidaturas diferenciadas? ¿Dónde pueden obtenerse nuevos votantes?. La política de alianzas debería basarse en datos y no solamente en deseos.
Un Frente Amplio para ganar y después gobernar dónde el verdadero éxito no sería obtener una mayoría electoral una noche, si no que sería conseguir que la coalición continuara funcionando cuatro años después y no abandonar la misma una vez terminada la elección defraudando a sus propios votsntes Para ello tendría que existir un acuerdo de legislatura con objetivos cuantificables: 100.000 o más nuevas viviendas públicas anuales, dentro de la capacidad presupuestaria y administrativa real; Reducción progresiva de las listas de espera sanitarias; Mejora de los salarios y productividad; Más inversión en educación e investigación; Refuerzo de la dependencia. Transición energética con industria nacional; Fiscalidad progresiva; Pacto territorial basado en diálogo y democracia. Los objetivos de estos retos deberían poder medirse anualmente.
Como reflexión final que nadie tenga que renunciar a sí mismo para ganar. La gran oportunidad de un Frente Amplio progresista sería demostrar que la izquierda puede hacer algo que históricamente le ha resultado difícil, cooperar sin dejar de ser plural. PSOE, Sumar, Podemos, IU y las fuerzas progresistas territoriales no tienen exactamente la misma ideología. Tampoco representan necesariamente a los mismos sectores sociales.
Y precisamente por eso una alianza amplia podría ser más potente que una simple suma matemática. La cuestión no debería ser quién consigue más ministerios, más diputados o más protagonismo mediático.
La pregunta debería ser qué consigue la mayoría social, porque una izquierda dividida puede ganar algunas batallas y perder la guerra electoral. Una izquierda unida sin proyecto puede ganar unas elecciones y fracasar después en el Gobierno. Pero una izquierda plural, democrática y capaz de ponerse de acuerdo sobre vivienda, empleo, sanidad, educación, pensiones, igualdad, derechos sociales y modelo territorial podría construir algo diferente, una mayoría social en la que cada organización conserve su identidad y, al mismo tiempo, todos tengan algo que ganar.
Ese sería el verdadero significado de un Frente Amplio: no que todos piensen igual, sino que sean capaces de avanzar juntos cuando sus diferencias no impiden defender objetivos comunes. Y quizá esa sea la reflexión más importante: en política, ganar no debería significar que una parte derrota a las demás. Ganar debería significar que millones de ciudadanos sienten que su voto ha servido para vivir mejor.