La situación de Milagro Sala, líder de la organización Tupac Amaru en Jujuy, continúa siendo un tema de injusticia político y judicial en Argentina, donde sus derechos básicos referentes a su salud y los procesos legales manipulados en su contra han creado una situación insostenible de aniquilación sobre una persona en pleno 2026 .
La Postura de Defensa y Organismos de Derechos Humanos siempre denunciaron una detención arbitraria, entre estas organizaciones de derechos humanos, el Comité contra la Discriminación Racial de la ONU y Amnistía Internacional, calificaron su detención original como arbitraria y de tinte político. Hoy la situación de salud es muy grave y su defensa y allegados exigen de forma constante que se garantice su acceso a una atención médica adecuada y humanitaria, alertando sobre el deterioro de su estado de salud físico y psicológico bajo el régimen de prisión domiciliaria.
El pedido de indulto desde diversos sectores políticos y movimientos sociales han sido reclamado reiteradamente por su liberación inmediata o el otorgamiento de un indulto presidencial ya que la postura de sectores de la justicia y de la oposición sostienen que los procesos judiciales se han llevado a cabo bajo el debido proceso, algo que nada tiene que ver con la realidad en una provincia de Jujuy dónde la justicia esta al servicio del poder político.
En diciembre de 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó (de forma expres y con nocturnidad) de forma definitiva su condena a 13 años de prisión en la causa conocida como «Pibes Villeros» por los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión. Ante una falta de justicia en Argentina y los diversos procesos resueltos en función de quien es la persona a juzgar ( ejemplo Cristina Fernández, condenada o Mauricio Macri, absuelto ), algunas personas o medios defienden gualdad ante la ley, quienes defienden los fallos judiciales argumentan que Sala debe cumplir las penas impuestas por la justicia como cualquier otro ciudadano condenado por delitos de corrupción y coacción.
El caso de Milagro Sala ha sido objeto de constantes intervenciones, pronunciamientos y medidas por parte de múltiples organismos internacionales de derechos humanos, los cuales se han enfocado de manera principal en la naturaleza de su detención y en el resguardo de su estado de salud.
Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó de medidas provisionales (2017) para exigirle al Estado argentino que sustituyera la prisión preventiva en cárcel común por el arresto domiciliario o medidas menos restrictivas. El tribunal fundamentó su decisión en que existía una situación de extrema gravedad y urgencia que ponía en riesgo la vida e integridad física de la dirigente.
El levantamiento de las medidas (Julio de 2026) recientemente, dónde la Corte IDH resolvió dar por terminadas las medidas provisionales de protección argumentando que la intervención excepcional ya no era necesaria dado que las autoridades internas y judiciales del país han asumido el rol de garantes, permitiendo que Sala cumpla su pena en condiciones domiciliarias.
A pesar de levantar la tutela, la corte IDH resolvió una advertencia al Estado argentino aclarando expresamente que esto no habilita a agravar o modificar sus condiciones de detención. El organismo subrayó que el cuadro de salud clínico y psicológico de Sala (quien padece una trombosis venosa profunda) continúa siendo delicado y de riesgo, por lo que el Estado mantiene la obligación de garantizar su continuidad terapéutica con un enfoque diferenciado por tratarse de una persona mayor.
El grupo de trabajo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) califico en el año 2016, oficialmente que la detención inicial de Milagro Sala fue arbitraria y violatoria de los estándares internacionales. El Grupo de Trabajo concluyó que se dio un entramado de acusaciones consecutivas con el fin de prolongar su privación de libertad de manera indefinida, por lo que solicitó formalmente al Estado su inmediata liberación.
Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), previo a la intervención de la Corte IDH, la comisión (órgano autónomo de la OEA) realizó visitas a los centros de detención en Jujuy y emitió medidas cautelares tras constatar las falencias en la atención médica y los episodios de autolesión de la dirigente bajo el régimen penitenciario ordinario.
Organizaciones no Gubernamentales Globales como Amnistía Internacional Argentina ha sostenido campañas globales denunciando la «criminalización de la protesta y de la militancia social». La organización ha respaldado los dictámenes de la ONU y exige activamente el fin del hostigamiento judicial, remarcando que el uso de la prisión preventiva en sus inicios fue desproporcionado.
Mientras que Human Rights Watch, ha manifestado de forma reiterada su preocupación por el uso político del sistema de justicia provincial y la falta de independencia judicial en las causas tramitadas en la provincia de Jujuy.
Ante la situación de salud que atraviesa Milagros Sala se produce una declaración urgente de SOVINTERN donde denuncia que el estado de salud de la dirigente social argentina y representante de los pueblos originarios Milagro Sala se considera extremadamente grave, y dice lo siguiente:
«La Red Socialista Internacional SOVINTERN se suma a las voces de la sociedad que dan la alarma por el grave estado de salud de la dirigente social argentina y representante de los pueblos originarios Milagro Sala.
Actualmente su estado se considera extremadamente grave. Así lo declaró públicamente el reconocido médico argentino Dr. Jorge Rachid, quien advirtió sin rodeos:«Se siente abandonada. Privada de libertad, no puede decidir por sí misma sobre su propia vida».
El médico también denunció una persecución cruel y deliberada contra la dirigente social, responsabilizando a las instituciones del Estado por su estado físico y psicológico:«Ha caído en una trampa trágica. El sistema judicial de la provincia de Jujuy la condenó de hecho a cadena perpetua, y ahora — a muerte».
Ante una situación sumamente alarmante que amenaza directamente la vida de Milagro Sala, SOVINTERN exige a las autoridades judiciales y políticas de la provincia de Jujuy, así como al gobierno nacional de Argentina, que tomen de inmediato una decisión humanitaria.
Es inadmisible que el uso del sistema judicial como arma de lucha política y la represión política se conviertan en una silenciosa condena a muerte.
Exigimos la liberación inmediata de Milagro Sala y la garantía de un trato digno y humano.¡No dejen que muera en prisión! ¡Liberen a Milagro Sala de inmediato! «
La necesidad de un indulto presidencial para Milagro Sala, es fundamental por razones de salud físico y psicológico de la dirigente, afectado por una trombosis venosa profunda, que requiere un marco de libertad y atención médica que la detención domiciliaria limita y no ofrece, sería un acto de humanidad en un gobierno insensible ante la adversidad de su pueblo.
Fuentes Agencías , Wikipedia y SOVINTERN