Juan Carlos Ali Torres, análisis internacional | Palestina, Israel y la responsabilidad de la comunidad internacional
La guerra en Gaza continúa dejando una huella devastadora sobre la población palestina, mientras las denuncias ante las Naciones Unidas advierten de que la ofensiva israelí no se limita a las operaciones militares en la Franja, sino que forma parte de una estrategia que amenaza la existencia misma de Palestina como territorio, pueblo y proyecto de Estado. Los bombardeos, las restricciones a la movilidad, la expansión de los asentamientos en Cisjordania y las amenazas de anexión configuran un escenario en el que el alto el fuego no ha conseguido poner fin a la violencia ni garantizar la protección de la población civil.
En este contexto, el representante permanente palestino ante la ONU, Riyad Mansour, denunció ante el Consejo de Seguridad que el Gobierno de Benjamin Netanyahu pretende debilitar y desmantelar la Autoridad Nacional Palestina, presidida por Mahmud Abás, para eliminar los obstáculos políticos a sus planes de expansión territorial, desplazamiento forzado y anexión de los territorios palestinos ocupados.«Israel quiere hundir a la Autoridad Palestina porque esta no le permitiría avanzar en las últimas fases de su plan de desplazamiento forzado y de reemplazo de nuestro pueblo, así como la anexión de nuestro territorio», afirmó Mansour. El diplomático palestino advirtió, además, de que el objetivo último de estas actuaciones sería «matar al Estado palestino y, con ello, cualquier posibilidad de paz».
Sus declaraciones reflejan la creciente preocupación palestina ante una situación que trasciende la emergencia humanitaria de Gaza y alcanza también a Cisjordania y Jerusalén Este, donde la expansión de los asentamientos, las demoliciones, las restricciones de movimiento y la presión sobre las comunidades palestinas amenazan con hacer inviable cualquier solución política basada en la coexistencia de dos Estados.
«Israel quiere hundir a la Autoridad Palestina porque esta no le permitiría avanzar en las últimas fases de su plan de desplazamiento forzado y de reemplazo de nuestro pueblo, así como la anexión de nuestro territorio», afirmó Mansour. El diplomático palestino advirtió, además, de que el objetivo último de estas actuaciones sería «matar al Estado palestino y, con ello, cualquier posibilidad de paz».Sus declaraciones reflejan la creciente preocupación palestina ante una situación que trasciende la emergencia humanitaria de Gaza y alcanza también a Cisjordania y Jerusalén Este, donde la expansión de los asentamientos, las demoliciones, las restricciones de movimiento y la presión sobre las comunidades palestinas amenazan con hacer inviable cualquier solución política basada en la coexistencia de dos Estados.
Gaza: un alto el fuego que no ha detenido la muerte
La entrada en vigor del alto el fuego del 10 de octubre de 2025 abrió una expectativa de reducción de la violencia y de alivio para una población sometida a meses de bombardeos, desplazamientos y destrucción. Sin embargo, los datos proporcionados por las autoridades sanitarias de Gaza indican que más de 1.400 palestinos han muerto por fuego israelí desde el inicio de la tregua, una cifra que evidencia la fragilidad del acuerdo y la persistencia de una emergencia humanitaria de enormes dimensiones.
La continuidad de los ataques, las dificultades para garantizar la entrada de ayuda humanitaria y la destrucción de infraestructuras esenciales mantienen a cientos de miles de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad. Hospitales, escuelas, viviendas y redes de abastecimiento han sufrido graves daños, mientras las familias desplazadas se enfrentan a la falta de alimentos, agua potable, medicamentos y refugio.
La situación plantea una cuestión fundamental para la comunidad internacional: ¿qué garantías reales ofrece un alto el fuego cuando la población civil continúa expuesta a la violencia y no existe un mecanismo eficaz que asegure su protección?
Las denuncias palestinas no se limitan a Gaza. En Cisjordania ocupada, las restricciones de movimiento y la expansión de los asentamientos israelíes están modificando las condiciones de vida de las comunidades palestinas y dificultando su acceso a tierras, centros de trabajo, hospitales y servicios básicos.Según las cifras aportadas en las denuncias palestinas, las autoridades israelíes han establecido 942 puestos de control, barreras y obstáculos en Cisjordania, incluidos 13 nuevos durante los dos últimos meses. Estas medidas fragmentan el territorio y afectan directamente a la vida cotidiana de millones de palestinos, al tiempo que alimentan la preocupación por una posible anexión de facto de nuevas áreas.
A esta situación se suma la expansión de los asentamientos, considerados ilegales por Naciones Unidas y contrarios al derecho internacional. La ocupación prolongada y la fragmentación territorial constituyen algunos de los principales obstáculos para la creación de un Estado palestino viable, con continuidad territorial y capacidad efectiva de gobierno.
Smotrich amenaza con trasladar a Cisjordania la devastación de Gaza
Las declaraciones del ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, han intensificado la preocupación por el futuro de Cisjordania. El dirigente pidió lanzar una nueva ofensiva militar en el territorio ocupado y reclamó «hacer allí lo que hicimos en Gaza», además de desmantelar la Autoridad Palestina.
Estas palabras adquieren especial relevancia en un contexto en el que el Gobierno israelí mantiene una política de expansión de los asentamientos y de operaciones militares en distintas localidades palestinas.
La posibilidad de extender a Cisjordania una estrategia de destrucción a gran escala despierta el temor a nuevos desplazamientos forzados y a una crisis humanitaria de consecuencias imprevisibles.
El desmantelamiento de la Autoridad Palestina, además, supondría un nuevo golpe a las estructuras institucionales que, pese a sus limitaciones políticas y administrativas, constituyen una pieza central del proyecto de autogobierno palestino y de las negociaciones internacionales para alcanzar una solución de dos Estados.
La denuncia de Riyad Mansour ante el Consejo de Seguridad apunta precisamente a esta cuestión: la destrucción de las instituciones palestinas no solo afectaría a la administración de los territorios, sino que podría comprometer cualquier posibilidad de construir un Estado independiente.
Netanyahu ante la ONU: defensa de la guerra y rechazo de las acusaciones de genocidio
La intervención del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante la 81.ª Asamblea General de Naciones Unidas estuvo marcada por la defensa de las operaciones militares de Israel, el rechazo de las acusaciones de genocidio y las advertencias dirigidas a Irán.
El discurso se produjo en un clima de fuerte tensión diplomática, después de que decenas de representantes abandonaran la sala en señal de protesta antes de su intervención. Netanyahu respondió con duras palabras contra quienes cuestionan la actuación de su Gobierno y llegó a calificar las acusaciones de genocidio como «la mayor mentira del siglo».
El mandatario israelí defendió las operaciones militares desarrolladas en distintos escenarios de Oriente Próximo, entre ellos Gaza, Líbano, Irán, Yemen e Irak, argumentando que responden a las necesidades de seguridad y supervivencia nacional de Israel. «Vamos a ganar. No tenemos otra alternativa», afirmó, al tiempo que reiteró su compromiso de impedir que Irán desarrolle armas nucleares.
Netanyahu también defendió las medidas adoptadas por su Gobierno para proteger a la población civil y utilizó la distribución de vacunas contra la polio como argumento para rechazar las acusaciones de genocidio.
Sin embargo, estas afirmaciones no resuelven las cuestiones planteadas por los organismos humanitarios, las organizaciones de derechos humanos y las denuncias presentadas ante los tribunales internacionales sobre la magnitud de la destrucción, las víctimas civiles, las restricciones a la ayuda humanitaria y el cumplimiento del derecho internacional humanitario.
La calificación jurídica de genocidio requiere acreditar los elementos establecidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, incluido el propósito específico de destruir, total o parcialmente, a un grupo protegido.
La existencia de acusaciones, investigaciones y procedimientos internacionales debe distinguirse de una sentencia definitiva, pero tampoco puede utilizarse la ausencia de una resolución final para ignorar las denuncias y las obligaciones de prevención.
Durante su intervención, Netanyahu agradeció expresamente el respaldo de Estados Unidos y del presidente Donald Trump, mientras criticó a países como Qatar y Turquía, además de cuestionar a la Autoridad Palestina. Su discurso volvió a poner de manifiesto las profundas divisiones diplomáticas en torno al conflicto y las dificultades para alcanzar un acuerdo que contemple tanto la seguridad de Israel como los derechos nacionales del pueblo palestino.
Mahmud Abás: el riesgo de una nueva Nakba y la defensa del Estado palestino
Frente a la intervención presencial de Netanyahu, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, se dirigió a la Asamblea General de la ONU mediante videoconferencia desde Ramallah, después de que el Gobierno estadounidense le negara la visa para viajar a Nueva York.
La ausencia física del presidente palestino en la sede de Naciones Unidas, en un momento de máxima gravedad para su pueblo, abrió un nuevo frente de controversia diplomática. Abás calificó la negativa de Estados Unidos como una vulneración de sus obligaciones como país anfitrión de la organización multilateral.
En su discurso del 24 de septiembre de 2026, el dirigente palestino denunció que las acciones israelíes en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este amenazan la propia existencia del pueblo palestino en su tierra y advirtió sobre el riesgo de una nueva Nakba, en referencia al desplazamiento masivo de palestinos durante la creación del Estado de Israel en 1948.
Abás reclamó una intervención internacional capaz de frenar las operaciones militares, proteger a la población civil y evitar que el desplazamiento forzado se convierta en una realidad permanente. Su mensaje estuvo acompañado de una defensa de la solución de dos Estados, con un Estado palestino independiente, desmilitarizado y en condiciones de coexistir pacíficamente con Israel.
Uno de los aspectos más significativos de su intervención fue el respaldo formal al plan de paz de 20 puntos impulsado por Donald Trump para Gaza, pese a las profundas diferencias políticas entre Washington y la dirigencia palestina. Abás expresó su apoyo a la iniciativa, aunque cuestionó la ausencia de avances concretos sobre el terreno después de meses de guerra y negociaciones.
El presidente palestino también aseguró que la Autoridad Nacional Palestina había cumplido su programa de reformas en materia de transparencia y gobernanza y anunció la convocatoria de elecciones legislativas para el próximo 28 de noviembre.
Asimismo, reiteró su rechazo al terrorismo y al antisemitismo, defendiendo una salida política que permita al pueblo palestino ejercer su derecho a la autodeterminación y obtener la plena membresía en Naciones Unidas.
La intervención de Abás refleja una contradicción central del actual escenario: mientras la dirigencia palestina reivindica la vía diplomática y la solución de dos Estados, la expansión de los asentamientos, la ocupación y la destrucción de Gaza continúan reduciendo las posibilidades materiales de concretar ese proyecto.
Egipto rechaza el desplazamiento forzado de la población palestina
La posición de Egipto adquiere una importancia estratégica por su proximidad geográfica a Gaza, su papel en las negociaciones y su relación directa con las iniciativas para establecer un alto el fuego.
El primer ministro egipcio, Mostafa Madbouly, reafirmó el rechazo categórico de su país a cualquier intento de desplazar a los palestinos de sus tierras, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania.
La postura egipcia responde a una preocupación humanitaria, política y de seguridad regional. Un desplazamiento masivo de la población palestina hacia países vecinos podría provocar una crisis de refugiados de enormes dimensiones y alterar profundamente el equilibrio político de Oriente Próximo.
Para Egipto, el desplazamiento de los palestinos no puede constituir una solución a la guerra ni una alternativa a la reconstrucción de Gaza. La población debe poder permanecer en su territorio y ejercer sus derechos nacionales, en condiciones de seguridad y dignidad.
La oposición al desplazamiento forzado también se vincula con el rechazo histórico de los países árabes a cualquier fórmula que convierta una ocupación temporal en una expulsión permanente de la población palestina.
En este escenario, la coordinación diplomática entre Egipto, los países árabes, los organismos internacionales y los principales actores involucrados resulta determinante para sostener los esfuerzos destinados a evitar una ampliación del conflicto.
262 periodistas palestinos asesinados: el silencio como otra forma de impunidad.
Uno de los aspectos más dramáticos de la guerra es el elevado número de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación palestinos que han perdido la vida mientras desarrollaban su actividad profesional.
El Sindicato de Periodistas Palestinos denuncia el asesinato de 262 periodistas y trabajadores de medios, entre ellos 26 mujeres, desde el comienzo de la ofensiva israelí contra Gaza, según las cifras facilitadas en su reclamación.
Estas muertes representan una pérdida humana irreparable y un grave problema para el derecho de la sociedad internacional a conocer lo que ocurre sobre el terreno. Los periodistas palestinos han documentado bombardeos, desplazamientos, destrucción de infraestructuras y las consecuencias cotidianas de la guerra, en circunstancias de enorme riesgo.
El sindicato reclama medidas concretas para proteger a los profesionales de la información, garantizar investigaciones independientes y exigir responsabilidades cuando existan indicios de ataques ilegales contra periodistas.
Zohran Mamdani y el gesto de solidaridad con las familias palestinas
Mientras Netanyahu participaba en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani recibió en Gracie Mansion a familias palestinas procedentes de Gaza. El encuentro, acompañado de una comida y de la plantación de un olivo, adquirió un significado simbólico en medio de la controversia internacional por la guerra.
El olivo, profundamente arraigado en la identidad cultural y económica palestina, representa la vinculación histórica de las comunidades con su tierra, la continuidad de sus tradiciones y la esperanza de poder vivir en paz.
La recepción de estas familias puso el foco en las experiencias de las personas desplazadas y en las consecuencias humanas de un conflicto que habitualmente se aborda desde las declaraciones de los gobiernos, las estrategias militares y las negociaciones diplomáticas.
El gesto de Mamdani también refleja la existencia de un debate público en Estados Unidos sobre la política de su Gobierno hacia Israel, la situación humanitaria de Gaza y las responsabilidades internacionales ante las denuncias de violaciones de derechos humanos.
En una ciudad que acoge la sede de Naciones Unidas y que mantiene una estrecha relación con las comunidades internacionales, la recepción de las familias palestinas ofreció un espacio de visibilidad a quienes han sufrido directamente los efectos de la guerra.
La ONU ante el desafío de hacer cumplir el derecho internacional.
La sucesión de denuncias, declaraciones diplomáticas y llamamientos humanitarios vuelve a colocar a Naciones Unidas ante uno de los desafíos más importantes de su historia reciente: conseguir que sus principios fundamentales se traduzcan en medidas efectivas para proteger a la población civil.
La ONU ha sido escenario de numerosas resoluciones y debates sobre Palestina, pero las profundas divisiones entre las principales potencias, especialmente en el Consejo de Seguridad, han limitado en distintas ocasiones la capacidad de la organización para adoptar decisiones vinculantes y garantizar su cumplimiento.
El conflicto también pone de manifiesto la importancia de los procedimientos judiciales internacionales. La Corte Internacional de Justicia examina las obligaciones de los Estados en relación con la Convención contra el Genocidio y otras normas del derecho internacional, mientras que la Corte Penal Internacional tiene competencias para investigar y juzgar a personas por crímenes incluidos en su Estatuto, siempre dentro de su jurisdicción.
Estos mecanismos no sustituyen la necesidad de medidas diplomáticas y humanitarias inmediatas. La protección de los civiles, el acceso de la ayuda, la liberación de los rehenes y de las personas detenidas arbitrariamente, el respeto al derecho internacional y el fin de los desplazamientos forzados requieren actuaciones concretas de los Estados y de los organismos multilaterales.
La responsabilidad internacional no se limita a condenar las acciones que vulneran el derecho. También implica prevenir nuevas violaciones, apoyar investigaciones independientes, garantizar la asistencia humanitaria y evitar que la impunidad contribuya a la prolongación de la violencia.
Palestina, entre la destrucción de Gaza y la amenaza de perder su territorio.
La situación palestina no puede entenderse únicamente como una guerra entre dos actores militares. Se trata también de un conflicto histórico relacionado con la ocupación, el desplazamiento, el control territorial, la autodeterminación y el reconocimiento de los derechos nacionales de dos pueblos.
Para los palestinos, la destrucción de Gaza y la expansión de los asentamientos en Cisjordania plantean una amenaza que va más allá de la pérdida de viviendas e infraestructuras. Está en juego la posibilidad de mantener una comunidad política, social y territorial capaz de construir un Estado independiente.
Para Israel, las cuestiones de seguridad y la amenaza de los grupos armados constituyen elementos centrales de su política militar y de sus decisiones estratégicas. Sin embargo, el derecho a la seguridad no elimina las obligaciones de respetar el derecho internacional humanitario, proteger a la población civil y evitar los castigos colectivos y los desplazamientos forzados.
La seguridad de una población no puede construirse de manera duradera sobre la negación de los derechos fundamentales de otra. Del mismo modo, el reconocimiento de los derechos nacionales palestinos no puede implicar la negación de la seguridad y la existencia de Israel.
La solución de dos Estados, defendida durante décadas por buena parte de la comunidad internacional, se enfrenta hoy a obstáculos políticos y territoriales cada vez mayores. La expansión de los asentamientos, la fragmentación de Cisjordania, la devastación de Gaza y la ausencia de negociaciones capaces de producir resultados concretos han debilitado las condiciones necesarias para hacerla realidad.
La cuestión es si los principales actores internacionales están dispuestos a impulsar una salida política basada en el cumplimiento del derecho internacional o si el conflicto continuará prolongándose, con nuevas víctimas y un deterioro cada vez mayor de la estabilidad regional.
Reflexión final: cuando el alto el fuego no garantiza la paz
La tragedia de Gaza y la situación de los territorios palestinos ocupados representan una prueba para la credibilidad del sistema internacional creado después de la Segunda Guerra Mundial. Los principios de protección de la población civil, autodeterminación de los pueblos, respeto a las fronteras y solución pacífica de las controversias no pueden depender exclusivamente de las alianzas políticas o de los intereses estratégicos de las grandes potencias.
Las denuncias palestinas ante Naciones Unidas, las advertencias sobre la expansión de los asentamientos, las declaraciones de dirigentes israelíes que reclaman nuevas operaciones militares y el elevado número de víctimas civiles obligan a mantener la atención sobre lo que sucede más allá de los discursos oficiales.
La condena de los ataques contra civiles debe ser universal, independientemente de quién los cometa. La protección de la población palestina y el reconocimiento de sus derechos no son incompatibles con la seguridad de Israel. Por el contrario, una paz duradera requiere que ambos pueblos puedan vivir sin amenazas, desplazamientos forzados ni violencia.
La comunidad internacional tiene ante sí una responsabilidad que no puede limitarse a expresar preocupación. Es necesario que las resoluciones, los acuerdos y las declaraciones diplomáticas se traduzcan en mecanismos verificables de protección, asistencia humanitaria, rendición de cuentas y avances políticos.
Mientras Gaza continúa soportando las consecuencias de la guerra y Cisjordania se enfrenta a nuevas restricciones y a la expansión de los asentamientos, la paz sigue siendo una promesa pendiente para millones de palestinos e israelíes.
La pregunta que permanece abierta es cuánto territorio, cuántas vidas y cuántas generaciones más deberán perderse antes de que la comunidad internacional consiga transformar sus declaraciones en una solución política que garantice los derechos, la dignidad y la seguridad de ambos pueblos.