Por Juan Carlos Alí Torres.
«El bloqueo estadounidense se recrudece, amenaza el suministro energético y golpea servicios esenciales como la salud, la electricidad y el transporte. Mientras Donald Trump contempla una intervención militar antes de abandonar la Casa Blanca en 2029, crecen las voces que advierten que Washington no tiene derecho a decidir el futuro político de Cuba».
La política de Estados Unidos hacia Cuba ha entrado en una nueva y peligrosa fase. Las amenazas de intervención militar del presidente Donald Trump, el endurecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero y las restricciones al suministro de combustible dibujan un escenario de creciente hostilidad contra la isla. Ya no se trata únicamente de una disputa diplomática o ideológica: lo que está en juego es la capacidad de toda una población para acceder a los recursos indispensables para vivir.
Trump ha vuelto a colocar a Cuba en el centro de su agenda de confrontación. En una entrevista telefónica con Salem News Channel, manifestó su intención de «dejar resuelto lo de Cuba» antes de concluir su mandato en 2029 y señaló que el secretario de Estado, Marco Rubio, está al frente de esa política. Preguntado por una posible intervención militar, respondió que la consideraría.
No es una declaración menor. Cuando el presidente de la primera potencia militar del mundo plantea públicamente la posibilidad de intervenir en otro país y habla de resolver su futuro político, está enviando un mensaje de amenaza que trasciende la retórica electoral. Supone cuestionar directamente la soberanía de una nación y el derecho de su pueblo a decidir su propio destino.
La referencia a Venezuela y a la operación militar estadounidense de enero, que terminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, aumenta la preocupación. La posibilidad de que Washington pretenda reproducir una operación semejante contra Cuba constituye una amenaza que debe ser rechazada por la comunidad internacional.
JOAQUÍN CASTRO: ESTADOS UNIDOS NO PUEDE ELEGIR AL GOBIERNO DE CUBA
Frente a esta escalada, el congresista demócrata Joaquín Castro ha expresado una posición contundente. El representante por Texas, que presidirá el Subcomité sobre el Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes cuando los demócratas asuman la mayoría parlamentaria en enero, rechazó que Estados Unidos pretenda imponer un nuevo Gobierno en la isla.
«No es la tarea de Estados Unidos ir a seleccionar un nuevo líder o un presidente, ni invadir un país para instalar a alguien», declaró al diario mexicano La Jornada.
Consultado sobre las medidas que adoptarán los demócratas para impedir una eventual intervención militar, Castro respondió: «Estamos trabajando en eso».
Sus declaraciones adquieren especial relevancia después de que los demócratas recuperaran el control de la Cámara de Representantes y del Senado en las elecciones legislativas del 3 de noviembre. La nueva mayoría tendrá capacidad para investigar las decisiones de la Administración Trump, exigir documentación y testimonios, supervisar las operaciones militares y ejercer un mayor control presupuestario.
Sin embargo, también existen advertencias sobre los límites de esa capacidad. Un asesor legislativo demócrata reconoció que Cuba podría no figurar entre las prioridades inmediatas del nuevo Congreso, cuya agenda estará marcada por el coste de la vida, la sanidad, la inmigración y la guerra contra Irán.
El desafío será convertir las declaraciones de rechazo en medidas políticas y legislativas concretas que impidan una aventura militar contra la isla.

EL BLOQUEO COMO ARMA DE ASFIXIA: SALUD, ELECTRICIDAD Y SERVICIOS BÁSICOS EN RIESGO
La amenaza militar no es el único instrumento de presión. Estados Unidos mantiene desde hace décadas un bloqueo económico, comercial y financiero que condiciona gravemente las posibilidades de desarrollo de Cuba. Su endurecimiento bajo la Administración Trump está agravando las dificultades de una población que ya soporta importantes problemas económicos y sociales.
Las restricciones financieras, las amenazas de sanciones contra terceros países y empresas, y las dificultades para acceder al combustible tienen consecuencias que van mucho más allá de las relaciones comerciales.
El suministro energético es fundamental para el funcionamiento de hospitales, centros sanitarios, sistemas de bombeo de agua, transporte público, industrias y servicios esenciales. Cuando se dificulta la adquisición de combustible, las consecuencias se trasladan directamente a la vida cotidiana de millones de personas.
La electricidad no es un lujo. Es necesaria para mantener en funcionamiento los equipos médicos, conservar medicamentos y vacunas, garantizar intervenciones hospitalarias y proporcionar agua potable. Un sistema sanitario sometido a interrupciones energéticas y dificultades para adquirir medicamentos, equipos y repuestos ve comprometida su capacidad de atención.
Por eso, utilizar la presión económica para dificultar el acceso de un país a recursos esenciales supone castigar a su población por decisiones políticas que corresponden a sus instituciones y ciudadanos.
En noviembre, el Departamento del Tesoro estadounidense abrió la puerta a nuevas medidas contra sectores cubanos como la electrónica, la manufactura, el transporte marítimo y la tecnología, además de incorporar personas, empresas y embarcaciones a sus listas de sanciones.
El embajador cubano ante Naciones Unidas, Ernesto Soberón, denunció las amenazas de sanciones contra quienes mantienen relaciones comerciales con la isla y calificó esta política como una estrategia de asfixia económica y castigo colectivo.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, también rechazó las nuevas disposiciones y defendió el derecho de su país a preservar su independencia. «El futuro de Cuba no se decidirá jamás al norte», ha reiterado.
La cuestión fundamental es que ninguna diferencia política puede justificar que se utilicen las necesidades básicas de una población como instrumento de presión para provocar un cambio de Gobierno.
EL TURISMO TAMBIÉN SUFRE LAS CONSECUENCIAS DEL CERCO ECONÓMICO
Otro de los sectores afectados es el turismo, una actividad fundamental para la entrada de divisas y el sostenimiento de numerosos puestos de trabajo en Cuba.
El ministro de Turismo, Juan Carlos García, denunció las consecuencias del recrudecimiento del bloqueo sobre la industria turística y señaló que las restricciones estadounidenses incluyen un cerco energético y presiones contra aerolíneas, empresarios y compañías internacionales para que abandonen sus operaciones en la isla.
Según explicó, varias empresas extranjeras han interrumpido sus actividades, algunas de ellas después de décadas de presencia en el mercado cubano.
Este escenario pone en peligro los objetivos económicos del sector. El Gobierno cubano había proyectado recibir 2,2 millones de visitantes internacionales durante 2026, una meta que, según el ministro, difícilmente podrá alcanzarse debido al nuevo contexto de restricciones.
Las consecuencias no afectan únicamente a las cuentas del Estado. También repercuten en trabajadores del sector turístico, pequeños empresarios, transportistas, proveedores, comerciantes y familias que dependen de esta actividad.
Pese a las dificultades, las autoridades cubanas aseguran que trabajan para mantener el funcionamiento del sector mediante nuevas fórmulas de cooperación entre empresas estatales y privadas y las transformaciones socioeconómicas aprobadas por la Asamblea Nacional.
UNA POLÍTICA QUE AMENAZA LA PAZ Y LA SOBERANÍA DE AMÉRICA LATINA
La presión sobre Cuba tampoco puede analizarse de manera aislada. Las amenazas contra México, las advertencias arancelarias, las operaciones estadounidenses en Venezuela y la creciente utilización de instrumentos económicos y militares contra gobiernos que no se alinean con Washington forman parte de un escenario regional preocupante.
Trump ha recurrido nuevamente a las amenazas contra México, llegando a plantear un incremento de los aranceles si el Gobierno mexicano no detiene las caravanas migratorias que avanzan desde Chiapas. Unas declaraciones que vuelven a mostrar su disposición a utilizar la presión económica como herramienta de subordinación política.
En este contexto, Joaquín Castro también ha cuestionado las amenazas de intervenciones unilaterales contra otros países latinoamericanos. Su posición representa una advertencia dentro de Estados Unidos: la política exterior no puede convertirse en una autorización ilimitada para intervenir militarmente en países soberanos.
También será importante la actuación de México y de los gobiernos latinoamericanos que defienden una región de paz, sin invasiones ni imposiciones externas. La diplomacia debe desempeñar un papel activo para impedir que la confrontación avance hacia un conflicto de consecuencias imprevisibles.
REFLEXIÓN FINAL: NINGÚN PAÍS TIENE DERECHO A CONDENAR A OTRO A LA MISERIA PARA IMPONERLE SU MODELO POLÍTICO
El bloqueo contra Cuba no puede presentarse como una simple herramienta diplomática cuando sus consecuencias alcanzan a la alimentación, la sanidad, la electricidad, el transporte y los servicios indispensables para millones de personas.
La asfixia económica de una nación, especialmente cuando afecta a hospitales, medicamentos, infraestructuras energéticas y necesidades básicas, constituye una forma de presión colectiva profundamente inhumana. Y si a esa política se añaden amenazas de invasión militar y de imposición de un Gobierno, el peligro adquiere una dimensión todavía mayor.
Calificar esta situación de genocidio exige rigor jurídico: no toda política de sanciones constituye por sí misma un genocidio en el sentido establecido por el derecho internacional. Pero eso no disminuye la gravedad de una estrategia que puede provocar sufrimiento generalizado y poner en peligro derechos humanos fundamentales.
La comunidad internacional no puede permanecer indiferente. Naciones Unidas, los gobiernos latinoamericanos, Europa y las fuerzas democráticas estadounidenses deben exigir el levantamiento del bloqueo, el respeto a la soberanía cubana y el rechazo absoluto a cualquier intervención militar no autorizada por el derecho internacional.
Cuba puede tener problemas económicos, dificultades internas y diferencias políticas que deben debatirse y resolverse. Pero ninguna de esas circunstancias concede a Washington el derecho a decidir quién gobierna la isla, ni a utilizar el hambre, la falta de combustible o las dificultades sanitarias como instrumentos de dominación.
La soberanía no se negocia bajo la amenaza de las armas. Y la vida de un pueblo no puede convertirse en moneda de cambio de los intereses geopolíticos de ninguna potencia.