Por Juan Carlos Alí Torres.
«Cuando la violencia callejera irrumpe en una ciudad, la primera obligación es investigar quién la provoca y exigir responsabilidades. La segunda, impedir que el miedo se convierta en un arma de manipulación política. Barcelona necesita respuestas, no teorías conspirativas ni una campaña de odio contra los sectores más vulnerables«.
Los graves disturbios registrados en el centro de Barcelona, con saqueos, destrozos, incendios y decenas de detenidos, han abierto un nuevo frente de confrontación política en España. Los incidentes, que según las informaciones aportadas dejaron 128 personas detenidas, entre ellas 72 menores, además de al menos 15 agentes heridos, merecen una condena inequívoca. La violencia contra los comercios, los trabajadores, los vecinos y los servicios públicos no puede justificarse bajo ninguna bandera.
Sin embargo, tan importante como investigar a quienes participaron en los actos vandálicos es analizar cómo determinados sectores políticos están utilizando las imágenes del caos para alimentar sus propios discursos.
La pregunta no es únicamente quién rompió escaparates o incendió contenedores. También debemos preguntarnos quién obtiene beneficios políticos de estas escenas, quién amplifica determinados mensajes y quién pretende transformar unos disturbios concretos en una condena generalizada contra la izquierda, el Gobierno progresista y la población inmigrante.
La violencia como instrumento de propaganda
Los disturbios se habrían difundido inicialmente a través de redes sociales, con convocatorias públicas en TikTok y comunicaciones privadas mediante Telegram y WhatsApp. Según la información facilitada, también se ha señalado la aparición de numerosas cuentas falsas y perfiles creados en un corto espacio de tiempo.
Estos elementos justifican una investigación rigurosa sobre la organización de las convocatorias, la posible coordinación entre participantes y el papel de las plataformas digitales. Pero es fundamental distinguir entre los hechos comprobados, las hipótesis policiales y las interpretaciones políticas.
La aparición de cuentas nuevas, la difusión acelerada de mensajes o la presencia de perfiles de ideología extremista pueden constituir indicios relevantes. Por sí solos, sin embargo, no demuestran quién organizó los disturbios ni quién los financió.
Precisamente por eso, la investigación debe seguir el rastro de las comunicaciones, identificar a los responsables y determinar si existió una estructura organizada detrás de los actos violentos. Si hubo una operación coordinada para provocar desórdenes o instrumentalizarlos políticamente, sus responsables deben quedar expuestos mediante pruebas verificables.
Lo que no podemos hacer es sustituir la investigación por una conclusión anticipada.
¿Una operación de los servicios secretos israelíes?
Una de las hipótesis que circulan en determinados espacios políticos apunta a una posible intervención de servicios de inteligencia israelíes, con el objetivo de desacreditar al Gobierno español y debilitar a la izquierda. Esta interpretación se vincula, además, con la confrontación diplomática entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Gobierno de Benjamin Netanyahu, así como con las posiciones de Donald Trump respecto de España.
Se trata de una acusación de enorme gravedad que exige pruebas igualmente graves.
A día de hoy, con la información aportada para este artículo, se podria afirmar supuestamente que los servicios secretos de Israel organizaron, financiaron o promovieron los disturbios de Barcelona, y posiblemente actuaran coordinadamente con Donald Trump o con organizaciones de ultraderecha españolas.
Eso no significa que deban descartarse de antemano posibles dudas de estas injerencias extranjeras, aunque si aparecen indicios concretos.
La interferencia extranjera en la política de otros países es un asunto que merece atención democrática y denunciarla a la vez que desarrollar un análisis forense de las cuentas, trazabilidad financiera, comunicaciones autenticadas y pruebas que puedan ser contrastadas judicialmente.
La credibilidad de una denuncia política depende, precisamente, de su capacidad para separar aquello que se sospecha de aquello que realmente se puede demostrar.
Abascal y la estrategia de convertir el miedo en votos
Mientras se constatan los hechos, existe otro fenómeno que merece un análisis político inmediato: la utilización de los disturbios por parte de la ultraderecha para atacar al Gobierno y reforzar su discurso contra la inmigración.
Santiago Abascal y Vox llevan años construyendo una parte importante de su estrategia política alrededor de la inseguridad, la inmigración y la supuesta incapacidad de las instituciones para garantizar el orden. Los episodios de violencia callejera ofrecen imágenes que pueden encajar fácilmente en ese marco propagandístico.
El mecanismo es conocido: se seleccionan las escenas más impactantes, se repiten hasta convertirlas en una imagen general del país y se presenta al adversario político como responsable de todos los problemas. Después, se utilizan los disturbios para reclamar políticas más duras y alimentar la desconfianza hacia el Gobierno.
Pero hay una cuestión fundamental: la responsabilidad penal es individual y no puede atribuirse colectivamente a los inmigrantes, a los jóvenes, a los manifestantes por la vivienda ni a toda la izquierda.
Según la información disponible, los Mossos d’Esquadra describieron a los participantes como individuos desorganizados y señalaron que no pertenecían a bandas criminales organizadas. También se ha informado de que los incidentes no estaban relacionados con la acampada pacífica por el derecho a la vivienda, cuyos participantes habrían cerrado sus accesos para protegerse de los violentos y auxiliar a otras personas.
Estos datos son importantes porque impiden establecer una equivalencia automática entre protesta social y vandalismo.
Quien saquea un comercio debe responder ante la justicia. Quien agrede a un agente debe asumir las consecuencias legales. Pero quien reclama una vivienda digna no puede ser señalado como cómplice de esos delitos por el simple hecho de compartir espacio urbano o defender una causa social.
La seguridad ciudadana no debe convertirse en una excusa para criminalizar la protesta democrática.
La izquierda no puede caer en la trampa de la polarización
La estrategia de la ultraderecha se alimenta de la confrontación permanente. Cuanto más miedo existe, más fácil resulta presentar soluciones autoritarias como la única alternativa. Cuanto mayor es la desconfianza hacia las instituciones, más sencillo resulta desacreditar a quienes defienden políticas sociales.
Por eso, la respuesta progresista no puede consistir en minimizar los destrozos ni en justificar la violencia. Tampoco puede limitarse a denunciar una supuesta conspiración sin aportar pruebas.
La izquierda debe defender simultáneamente el derecho a la protesta, la seguridad de los ciudadanos, la protección de los comercios y la investigación independiente de cualquier posible operación organizada.
Y debe exigir que se esclarezca quién convocó los disturbios, quién difundió las llamadas a la violencia, si existieron campañas coordinadas de desinformación y si alguna organización política o estructura extranjera intervino de manera ilegal.
Si se demuestra que hubo una operación destinada a provocar enfrentamientos para obtener rédito electoral, sus responsables deberán responder. Si no se demuestra, habrá que descartar esa acusación y centrar las responsabilidades en quienes realmente participaron en los hechos.
La democracia no se defiende sustituyendo una manipulación por otra.
Las redes sociales y la fabricación del caos
La investigación sobre la actividad digital debe ocupar un lugar central. Las plataformas permiten convocar a cientos de personas en pocas horas, amplificar mensajes incendiarios y difundir imágenes descontextualizadas que pueden provocar reacciones en cadena.
Las autoridades deberían determinar si hubo cuentas automatizadas, identidades falsas, coordinación entre perfiles o difusión deliberada de información engañosa. También deberían examinar si determinados actores aprovecharon los acontecimientos para extender narrativas xenófobas o presentar a toda una corriente política como responsable de la violencia.
Sin embargo, crear una cuenta poco antes de un acontecimiento no constituye, por sí mismo, una prueba de pertenencia a una red de inteligencia extranjera. La investigación debe identificar conexiones reales, no construir conclusiones a partir de coincidencias.
La transparencia es indispensable: las autoridades deben comunicar qué han encontrado, qué líneas de investigación siguen abiertas y qué pruebas respaldan sus conclusiones, respetando al mismo tiempo el secreto de las actuaciones judiciales cuando corresponda.
Barcelona no puede convertirse en un laboratorio de odio
Los habitantes de Barcelona tienen derecho a vivir sin miedo, a trabajar, a abrir sus comercios y a desplazarse con seguridad. Los agentes heridos merecen reconocimiento y protección. Las personas afectadas por los saqueos deben recibir respuestas y las responsabilidades penales deben exigirse con todas las garantías legales.
Pero también hay que proteger a quienes nada tuvieron que ver con los disturbios y que, sin embargo, pueden acabar convertidos en objetivos de campañas de estigmatización.
La extrema derecha intenta presentar cada episodio de violencia como la demostración definitiva de que la convivencia democrática ha fracasado. Su objetivo político consiste en transformar la indignación legítima en rechazo hacia colectivos enteros y en utilizar ese rechazo para avanzar electoralmente.
Frente a ello, el progresismo tiene que ofrecer una alternativa basada en la seguridad, la justicia social y el respeto a los derechos fundamentales.
No existe contradicción entre defender el orden público y exigir viviendas asequibles. No existe contradicción entre condenar los saqueos y proteger a los inmigrantes de las generalizaciones racistas. Y no existe contradicción entre investigar posibles injerencias extranjeras y negarse a señalar culpables sin pruebas.
Blocus Barcelona» segun indican especialistas, es una red promovida por Israel, sino una plataforma anónima nacida en TikTok e inspirada en protestas estudiantiles francesas, cuyos llamamientos desencadenaron graves disturbios y saqueos en el centro de Barcelona.
La investigación oficial de los Mossos d’Esquadra y el desarrollo de los hechos aclaran la verdadera naturaleza de este movimiento:
- Origen del nombre: El término proviene del francés blocus de lycées (bloqueo de institutos), una referencia directa al movimiento estudiantil galo Lycées Indignés. Inicialmente se difundió bajo consignas por una educación pública de calidad y mejores recursos.
- Modus operandi: De acuerdo con la policía de Cataluña y analistas digitales, la plataforma operaba mediante perfiles anónimos en TikTok que redirigían a los usuarios a través de códigos QR hacia canales cerrados de WhatsApp y Telegram. En estos grupos privados se coordinaban las pautas para los altercados: acudir vestidos de negro, con el rostro cubierto y portando material pirotécnico o herramientas para vandalizar.
- Motivaciones reales: Aunque formalmente usaban banderas sociales o estudiantiles, las autoridades determinaron que los participantes (en su mayoría jóvenes y menores de edad) se organizaban en células pequeñas con el único fin de cometer actos delictivos, pillaje y destrozos materiales. Los colectivos sociales legítimos de la ciudad, como los acampados por la vivienda digna, se desmarcaron por completo de los disturbios.
- Polémica política externa: La única vinculación de este suceso con el conflicto de Oriente Medio proviene de cruces de acusaciones en redes sociales. Miembros del Gobierno español señalaron de forma crítica que organizaciones de lobby proisraelí celebraron públicamente las imágenes de los disturbios, sugiriendo una supuesta campaña de desestabilización, mientras que la investigación policial se centra estrictamente en redes de agitación delincuencial juvenil y retos virales. Tras los altercados y el inicio de la investigación policial, los perfiles principales de Blocus fueron eliminados de las redes sociales.
Conclusión: investigar sin impunidad y denunciar sin fabricar certezas
Los disturbios de Barcelona deben investigarse hasta el final. La justicia tendrá que establecer quién participó, cómo se organizaron las convocatorias y si existieron responsables intelectuales, redes coordinadas o intereses políticos detrás de los acontecimientos.
También debe investigarse la utilización propagandística de la violencia y la posible difusión organizada de información falsa, siempre que existan indicios que lo justifiquen.
Si aparecen pruebas de intervención extranjera, deberán hacerse públicas y exigirse responsabilidades. Si se acredita que organizaciones extremistas planificaron o estimularon los enfrentamientos para desestabilizar al Gobierno, la sociedad tendrá derecho a conocerlo. Pero ninguna de esas conclusiones puede darse por demostrada antes de que existan evidencias.
La mayor victoria de quienes pretenden enfrentar a la sociedad sería conseguir que el miedo sustituyera a la razón, que la sospecha se convirtiera en condena y que la violencia de unos pocos sirviera para deslegitimar a millones de ciudadanos.
Barcelona necesita justicia, seguridad y convivencia. España necesita una investigación independiente y una respuesta democrática. Y la izquierda necesita firmeza para condenar la violencia, combatir la manipulación política y defender los derechos de todos sin renunciar a la verdad.
Porque combatir la propaganda también significa no caer en ella.