Por Fernando Ortega de El Berguedá, Catalunya
Geopolítica, agricultura y trabajo, cuando el realismo sirve para justificar la desigualdad. La Unión Europea enfrenta un escenario geopolítico complejo: aranceles, presión estadounidense y mercados inestables.
Frente a esto, el acuerdo con Mercosur se presenta como una solución necesaria. Pero aceptar el diagnóstico no significa aceptar cualquier estrategia. Tal como está concebido, el acuerdo sacrifica a quienes trabajan la tierra y protege a los grandes intereses económicos, dejando a la izquierda sin posibilidad de defensa legítima.
El contexto y la hipocresía del discurso.
Ursula von der Leyen ha presentado el acuerdo como un instrumento de cooperación y solidaridad europea, insistiendo en la necesidad de asegurar suministros y mercados frente a la política arancelaria de Estados Unidos, pero la retórica choca con la tibieza de los hechos: las concesiones a Washington y la falta de pasos decisivos para proteger la producción interna demuestran que el discurso busca más legitimar la política que realmente defender a los agricultores.
Aceptar la amenaza geopolítica no implica que cualquier respuesta esté justificada. Esta incoherencia entre palabras y acción marca desde el inicio la debilidad ética del acuerdo y prepara al lector para ver cómo la desigualdad se refleja en la vida concreta de los productores.
Quién gana y quién pierde realmente.
En la práctica, los grandes exportadores y la agroindustria europea salen favorecidos, mientras los agricultores y ganaderos locales soportan la presión de producir bajo estrictos estándares sanitarios, laborales y ambientales. Al otro lado del Atlántico, los pequeños productores de Mercosur también quedan en desventaja frente a conglomerados exportadores que concentran poder y capital.
Este acuerdo no es una disputa Europa vs Mercosur, es la lógica del capital transnacional imponiéndose sobre quienes trabajan la tierra y generan valor real. Competir en desigualdad no es comercio y aquí se evidencia la competencia desleal, Europa exige a sus agricultores cumplir normativas estrictas, mientras Mercosur no tiene obligación de hacerlo en origen.
La consecuencia es clara, se castiga al que cumple y se premia al que abarata a costa de derechos laborales y ambientales. No puede llamarse libre comercio a un sistema que permite competir con reglas distintas, esta desigualdad normativa explica, en gran medida, la indignación de los tractores en las carreteras y las protestas sociales: los que producen con esfuerzo se ven sistemáticamente desprotegidos frente a ventajas creadas artificialmente.
Ecología y derechos, la trampa del progresismo retórico.
El acuerdo se presenta como un compromiso con la sostenibilidad y los derechos sociales, pero la realidad es otra. Se externaliza el impacto ambiental hacia Mercosur y se refuerza un modelo extractivista que pone en riesgo ecosistemas y comunidades locales.
Las condiciones laborales permanecen sin garantías y los pequeños productores no cuentan con mecanismos de protección y lo que se vende como transición ecológica o progreso social es, en realidad, una transferencia de costos a quienes producen y a quienes dependen de la tierra para vivir.Democracia y blindaje institucional.
El Tribunal de Justicia de la UE y el Parlamento Europeo actúan más como escudos legales que como garantes de derechos. La complejidad jurídica y la fragmentación de competencias permiten que las decisiones se tomen lejos de la ciudadanía, reduciendo la capacidad de debate real. El acuerdo se protege frente a la deliberación política y frente a la sociedad civil, consolidando un modelo tecnocrático que limita la acción democrática. Esta distancia entre decisión y comunidad refuerza la desigualdad material que el acuerdo genera.
La posición política sin ambigüedad.
No es cuestión de rechazar la cooperación comercial ni la necesidad de responder a la ofensiva estadounidense, pero este acuerdo debe paralizarse y renegociarse. Desde la perspectiva de la izquierda, solo sería aceptable un pacto que garantice igualdad normativa, proteja al pequeño productor y al trabajador agrícola, y subordine el comercio a los derechos sociales y a la soberanía alimentaria.
Mientras esas condiciones no existan, defender este acuerdo no es realismo: es renuncia política, quien trabaja la tierra no puede ser sacrificado para justificar beneficios de corto plazo de grandes intereses económicos.
Paea ir cerrando, si Europa y Mercosur quieren un comercio justo, no bastan las palabras ni los tratados que favorecen a pocos. Solo un acuerdo que respete el trabajo, los derechos y la igualdad de condiciones puede merecer la aprobación de quienes creen en una izquierda responsable. Hasta entonces, la lucha sigue por la tierra, por el trabajo y por un comercio que no deje a nadie atrás.
