El 10 de junio, durante la presentación del Balance de Actividad Consular 2024, la ADE expuso la necesidad urgente de inversiones estructurales, contratación de personal fijo y mejora de condiciones laborales para hacer frente al desafío.
La ADE hizo público un documento en el que subraya que el aumento sostenido de usuarios de la red consular, tanto españoles como extranjeros, ha desbordado la capacidad operativa. En 2024, se expidieron 402.882 pasaportes y se inscribieron 199.404 actos civiles, con incrementos del 3,6 % y 27 % respectivamente frente al año anterior.
A esto se suman más de 1,7 millones de visados procesados, lo que representa un 11,6 % más que en 2023.El problema es estructural. Desde enero de 2024, la asociación insiste en que se necesita un refuerzo significativo y permanente de recursos humanos y materiales.
No solo crece la población española en el exterior —que alcanzó los 3,045 millones en enero de 2025—, sino que cada nuevo ciudadano conlleva trámites posteriores como el alta en registros, emisión de pasaportes o inscripciones familiares. Y esto impacta de forma directa en los consulados.
La Ley de Memoria Democrática (LMD), que habilita a descendientes a solicitar la nacionalidad española, es uno de los principales factores del incremento de expedientes. Según estimaciones, podría aumentar la población española fuera del país a cerca de cuatro millones. El número de solicitudes se multiplica, pero no así los medios.
La ADE cuestiona también la precariedad laboral del personal local contratado (PLEX) y el abuso de contratos temporales, que en algunos consulados superan el 50 % de la plantilla. La digitalización, aún incompleta y con fallos técnicos, lejos de aliviar la carga operativa, ha sumado obstáculos debido a una implementación deficiente.
Además de los problemas de personal y medios, los diplomáticos hicieron foco en la necesidad de reestructurar por completo la red consular.
El Plan de Digitalización Consular y el sistema Dicireg, aunque necesarios, no están acompañados por la inversión adecuada, según Diplomáticos. La formación del personal es escasa, el ancho de banda limitado en varias sedes y las tareas administrativas se duplican por el traspaso de documentación al entorno digital.
La ADE advirtió que esta transformación tecnológica no sustituye la demanda de más personal fijo y mejores condiciones laborales. Por otra parte, los inmuebles consulares presentan un grave deterioro: muchos están en condiciones precarias y requieren renovación urgente. (Así lo denunció la ADE en su informe del 21 de marzo).
En cuanto a la cobertura territorial, tampoco hay avances significativos. A pesar de que el Balance destaca la apertura de nuevas oficinas en Camagüey y Bangalore, estas vinieron acompañadas del cierre de otras sedes como Cartagena de Indias, Génova y Alejandría. Así, no hubo un aumento neto de consulados.
Esto se debe a una política de “coste cero” impuesta por el Ministerio de Hacienda, que solo permite abrir nuevas oficinas si se cierran otras.Otro aspecto crítico –siempre según el análisis de ADE– es la atención a emergencias consulares. En 2024 se reportaron más de 8.600 situaciones individuales y colectivas. Las llamadas a los teléfonos de emergencia superaron las 190.000.
Sin personal ni retribución adicional, el servicio recae sobre los trabajadores consulares, que deben ampliar su jornada sin compensación. La ADE pide un sistema unificado nacional con atención desde Madrid para casos no urgentes, como ya ocurre en otros países.
Fuentes y artículo; ADE,Civitano