Por Juan Carlos Alí Torres
Venezuela ante una encrucijada histórica: cooperación militar con Estados Unidos, subordinación política y el peligro de convertir la revolución bolivariana en un instrumento de los intereses de Washington.
La firma de un acuerdo de cooperación militar entre Estados Unidos y Venezuela, anunciada tras la visita del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, el pasado 18 de noviembre, abre un escenario político de enorme gravedad para el futuro de la República Bolivariana. El documento contempla ejercicios militares conjuntos, intercambio de información de inteligencia, cooperación en equipamiento de defensa y capacitación de efectivos de las Fuerzas Armadas venezolanas por parte de personal estadounidense.
La pregunta es inevitable: ¿cómo se explica que un Gobierno que reivindica la continuidad del proyecto bolivariano termine firmando acuerdos de cooperación militar con la misma potencia que durante años ha considerado su principal adversario geopolítico?
La responsabilidad política recae directamente sobre Delcy Rodríguez, cuya actuación al frente del Gobierno venezolano merece un profundo cuestionamiento desde las propias filas del chavismo y desde todos los sectores que defendieron la soberanía nacional frente a las injerencias de Washington.

DE LA RESISTENCIA ANTIIMPERIALISTA A LA COOPERACIÓN MILITAR CON WASHINGTON
Durante más de dos décadas, el movimiento bolivariano construyó buena parte de su identidad política alrededor de una idea fundamental: Venezuela debía ser un país soberano, con capacidad para decidir su destino sin tutelajes extranjeros.
Hugo Chávez convirtió esa reivindicación en uno de los pilares de su proyecto político. Su discurso antiimperialista, la integración latinoamericana y la defensa de la autodeterminación de los pueblos fueron elementos centrales de su legado.
Nicolás Maduro, con todas las controversias y dificultades de su Gobierno, también mantuvo esa confrontación política con Estados Unidos, especialmente frente a las sanciones económicas, las amenazas militares y los intentos de desestabilización.
Por eso, el acuerdo anunciado con Pete Hegseth representa una contradicción política de enormes dimensiones.
No estamos hablando simplemente de una relación diplomática o de una negociación comercial. Estamos hablando de cooperación en materia de defensa, formación de militares, inteligencia y equipamiento militar. Es decir, de ámbitos especialmente sensibles para la independencia y la seguridad de cualquier Estado.
Cuando una potencia extranjera participa en la formación de las Fuerzas Armadas de otro país, comparte información de inteligencia y establece mecanismos de cooperación militar, no puede ignorarse la relación de poder que existe entre ambas partes.
Washington no ha abandonado sus intereses estratégicos sobre Venezuela. El petróleo, los recursos naturales, la posición geográfica y la influencia política en América Latina siguen siendo elementos fundamentales de su estrategia regional.
La cuestión es si Delcy Rodríguez está negociando desde una posición de soberanía o si está aceptando progresivamente las condiciones de una potencia que durante años intentó imponer su voluntad sobre Venezuela.
EL SECUESTRO DE MADURO Y LA MEMORIA DE UNA TRAICIÓN
La gravedad política de este acuerdo aumenta todavía más por el contexto en el que se produce.
Según la información que acompaña este anuncio, la cooperación militar llega después de la operación estadounidense de enero, durante la cual Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y trasladados bajo custodia estadounidense.
Un episodio de semejante magnitud constituye una herida política para la soberanía venezolana y plantea interrogantes que no pueden quedar sepultados bajo acuerdos diplomáticos.
¿Qué responsabilidades políticas se están asumiendo? ¿Qué garantías existen para preservar la independencia de las instituciones venezolanas? ¿Qué compromisos se han adquirido con Washington y qué contrapartidas está recibiendo Estados Unidos?
Delcy Rodríguez no puede pretender que la sociedad venezolana olvide ese episodio mientras anuncia una nueva etapa de cooperación militar con quienes ejecutaron aquella operación.
La memoria política de Chávez no puede convertirse en una decoración discursiva para justificar decisiones que contradicen los principios fundamentales del movimiento bolivariano.
Y tampoco puede exigirse a los militantes chavistas que acepten sin cuestionamientos una política de acercamiento militar con Washington mientras el destino de Maduro y Cilia Flores continúa siendo una cuestión de enorme sensibilidad política.
Si existe una negociación para garantizar la estabilidad institucional de Venezuela, debe explicarse públicamente. Si existen compromisos que afectan a la soberanía nacional, deben conocerse y debatirse.

¿PREPARAR AL EJÉRCITO VENEZOLANO PARA LOS INTERESES DE ESTADOS UNIDOS?
Uno de los aspectos más preocupantes del acuerdo es la capacitación de efectivos de las Fuerzas Armadas venezolanas por parte de Estados Unidos.
El Ejército venezolano no es una institución cualquiera. Su identidad política y doctrinal ha estado históricamente vinculada al proceso bolivariano y a la defensa de la soberanía nacional.
Por eso, resulta legítimo preguntarse qué objetivos persigue Washington cuando ofrece formar y entrenar a militares venezolanos después de una operación que terminó con la captura del presidente del país.
La cooperación militar puede presentarse bajo el argumento de combatir el terrorismo, el narcotráfico y las organizaciones criminales. Sin embargo, esos objetivos no explican por sí solos el alcance político de un acuerdo que incluye inteligencia, equipamiento y formación militar.
Tampoco puede descartarse el riesgo de que una mayor dependencia técnica, doctrinal y operativa termine condicionando la autonomía de las Fuerzas Armadas venezolanas.
La preocupación no es menor: ¿quién establecerá las prioridades de seguridad? ¿Qué información se compartirá? ¿Qué mecanismos impedirán que esa cooperación termine afectando a la soberanía y a la independencia política del país?
Y hay otra cuestión todavía más delicada: ningún Ejército debe convertirse en instrumento de persecución política contra la oposición interna, los movimientos populares o los sectores revolucionarios que cuestionen las decisiones del Gobierno.
La capacitación militar no puede transformarse en una vía para importar doctrinas de seguridad estadounidenses ni para convertir a las Fuerzas Armadas venezolanas en una herramienta de control político interno.
EL FACTOR CORINA MACHADO Y EL FUTURO POLÍTICO DE VENEZUELA
En este nuevo escenario aparece otra figura fundamental: María Corina Machado, principal referente de la oposición venezolana y defensora de una relación estratégica con Washington.
Su proyecto político representa una orientación radicalmente diferente de la tradición bolivariana. Sus posiciones sobre la economía, las relaciones internacionales y el papel de Estados Unidos en Venezuela han generado un profundo rechazo entre los sectores chavistas y buena parte de la izquierda latinoamericana.
La posibilidad de que Machado termine ocupando el poder, mediante una transición política condicionada por los intereses estadounidenses, constituye uno de los escenarios que preocupa a quienes defienden la continuidad de la soberanía venezolana.
Pero sería incorrecto presentar ese desenlace como algo ya decidido. Para que exista una transición legítima deben respetarse la voluntad popular, las garantías electorales, la pluralidad política y la independencia institucional.
Lo que sí debe exigirse es que ningún acuerdo entre Washington y Caracas se convierta en una negociación sobre el futuro político de Venezuela realizada a espaldas de su ciudadanía.
Tampoco puede utilizarse la cooperación militar para preparar el terreno de una futura reconfiguración del poder político que excluya a millones de venezolanos por su identidad ideológica o por su pertenencia al movimiento bolivariano.
La democracia no puede consistir en sustituir una subordinación por otra.
LA RESPONSABILIDAD DE DELCY RODRÍGUEZ ANTE EL CHAVISMO
Delcy Rodríguez tiene una responsabilidad histórica que no puede eludir.
Si pretende gobernar en nombre del legado de Hugo Chávez, debe explicar cómo encaja este acuerdo con los principios de soberanía, independencia y autodeterminación que dieron origen al proyecto bolivariano.
No basta con invocar a Chávez en los discursos mientras se establecen mecanismos de cooperación militar con Washington que pueden comprometer la autonomía venezolana.
No basta con hablar de estabilidad económica si el precio es aceptar condiciones políticas que debiliten la independencia del país.
Y no basta con presentar como una victoria diplomática lo que podría terminar convirtiéndose en una relación profundamente desigual entre una potencia militar y un Estado sometido a enormes presiones políticas y económicas.
La militancia chavista, los movimientos populares, los sindicatos, las organizaciones sociales y los sectores de izquierda tienen derecho a exigir explicaciones.
La lealtad a un proyecto político no significa obediencia ciega a quienes ocupan temporalmente el Gobierno. Precisamente porque se defiende la memoria de Chávez y la soberanía venezolana, es necesario cuestionar cualquier decisión que pueda ponerlas en peligro.
VENEZUELA NO PUEDE CAMBIAR DE TUTELA
Estados Unidos tiene intereses estratégicos en Venezuela y nunca ha ocultado la importancia de los recursos energéticos y de la influencia geopolítica del país caribeño.
Por eso, cualquier acercamiento debe evaluarse con enorme prudencia. La cooperación internacional no es necesariamente una traición, pero tampoco puede convertirse en una excusa para entregar capacidades estratégicas, aceptar tutelas extranjeras o renunciar a la independencia nacional.
El problema de fondo no es que Venezuela dialogue con Estados Unidos. El problema es hacerlo desde una posición de debilidad, después de una operación militar estadounidense contra su presidente, y sin que la ciudadanía conozca las condiciones y garantías de los acuerdos alcanzados.

La historia latinoamericana está llena de ejemplos de gobiernos que terminaron justificando concesiones de soberanía en nombre de la estabilidad, la gobernabilidad o la necesidad económica.
El resultado casi siempre fue el mismo: las grandes potencias conservaron sus intereses mientras los pueblos pagaron las consecuencias.
PARA REFLEXIONAR: CHÁVEZ NO CONSTRUYÓ UNA REVOLUCIÓN PARA ENTREGAR SU SOBERANÍA
La memoria de Hugo Chávez no pertenece a ningún despacho presidencial ni puede utilizarse como salvoconducto para justificar decisiones contradictorias con su legado.
El chavismo es también una historia de movilización popular, de resistencia frente a las presiones externas y de defensa de la soberanía latinoamericana.
Delcy Rodríguez debe responder ante Venezuela por el alcance de este acuerdo y por sus consecuencias políticas y militares.
Porque si el Ejército venezolano termina dependiendo de la formación, la inteligencia y los intereses estratégicos de Washington, la pregunta ya no será qué queda del legado de Chávez, sino quién está decidiendo realmente el futuro de Venezuela.
Venezuela no necesita cambiar de tutor. Necesita recuperar plenamente su soberanía, respetar la voluntad de su pueblo y defender su independencia frente a cualquier potencia extranjera.