Por Francisco López
«Detrás de la revolución de la inteligencia artificial existe una realidad que pocas veces aparece en los debates públicos: enormes cantidades de electricidad, agua y territorio al servicio de las grandes corporaciones tecnológicas. América Latina, con sus reservas naturales y estratégicas, puede convertirse en un nuevo escenario de disputa geopolítica. Argentina, bajo las políticas de Javier Milei, corre el riesgo de entregar sus recursos sin una estrategia nacional que proteja el interés colectivo».
La inteligencia artificial parece funcionar en un espacio invisible. Hacemos una consulta, generamos una imagen, pedimos un análisis o utilizamos un asistente virtual y recibimos una respuesta en segundos. Sin embargo, detrás de esa aparente simplicidad existe una gigantesca infraestructura industrial que consume cantidades extraordinarias de electricidad y agua.
Los centros de datos que sostienen esta revolución tecnológica necesitan miles de servidores funcionando permanentemente, sistemas de refrigeración, instalaciones industriales y redes de suministro energético capaces de soportar una demanda cada vez mayor.
Y aquí aparece una cuestión que debería preocupar a todos los gobiernos: la inteligencia artificial no solamente necesita información y capacidad de procesamiento; necesita energía, agua y recursos naturales.
Una investigación publicada en la revista científica Nature Sustainability estimó que 403 centros de datos de gran escala en Estados Unidos consumieron aproximadamente 82 teravatios-hora de electricidad entre mayo de 2024 y abril de 2025.
Para comprender la dimensión de esta cifra, estamos hablando de un consumo comparable al de países enteros.
Los investigadores estimaron, además, que alrededor del 54 % de esa electricidad procedía de combustibles fósiles, principalmente gas natural y carbón, y que las instalaciones estudiadas estaban asociadas a unos 25,7 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono.
No toda esa energía se utiliza exclusivamente para inteligencia artificial, porque los centros de datos también alojan servicios en la nube, almacenamiento y otras operaciones digitales. Pero el crecimiento de la IA está acelerando la demanda de infraestructura.
La Agencia Internacional de la Energía calculó que los centros de datos consumieron aproximadamente 415 TWh en todo el mundo durante 2024 y proyectó que podrían superar los 945 TWh en 2030.
Es decir, estamos ante una industria que necesita cada vez más electricidad y agua para mantener su expansión y cuando una actividad económica requiere semejante cantidad de recursos, la pregunta inevitable es: ¿de dónde los obtiene y quién controla esos recursos?

América Latina ocupa una posición estratégica en este escenario, donde Brasil dispone de una enorme capacidad energética, recursos hídricos, territorio y una posición fundamental en la Amazonía. Argentina posee importantes reservas de agua dulce, recursos energéticos, extensas superficies territoriales y una ubicación estratégica para determinados proyectos de infraestructura digital.
El Acuífero Guaraní, compartido por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, constituye una de las mayores reservas transfronterizas de agua dulce del planeta. La Patagonia, por su parte, reúne recursos naturales, disponibilidad territorial y potencial energético que despiertan interés económico e industrial.
En este contexto, las grandes empresas tecnológicas tienen incentivos para buscar territorios donde instalar centros de datos, conseguir energía a precios competitivos, acceder a sistemas de refrigeración y obtener condiciones fiscales favorables.
Pero conviene distinguir entre una tendencia económica comprobable y las denuncias que todavía necesitan documentación: no hay que dar por demostrado que Elon Musk o sus empresas estén comprando tierras en la Patagonia argentina para apropiarse del agua del Acuífero Guaraní. Tampoco debe confundirse el interés internacional por la Amazonía con una operación concreta de instalación de centros de datos en toda la región.
Lo que sí está demostrado es que la expansión de la infraestructura digital aumenta la competencia por electricidad, agua, suelo y recursos estratégicos y esa competencia exige políticas públicas, controles ambientales y soberanía nacional.
Empresas como Microsoft, Google, Amazon, Meta y las compañías vinculadas a Elon Musk están invirtiendo miles de millones de dólares en infraestructura para inteligencia artificial.
El caso de xAI, la empresa de Musk, es ilustrativo. Su infraestructura de supercomputación Colossus, en Memphis, Estados Unidos, muestra la escala industrial que puede alcanzar esta actividad.
No estamos hablando simplemente de empresas que desarrollan programas informáticos. Estamos hablando de corporaciones que necesitan instalaciones industriales, electricidad, agua, suelo, conexiones de telecomunicaciones y acuerdos con los gobiernos.
El negocio tecnológico del futuro también es un negocio de recursos naturales y aquí aparece una contradicción fundamental: mientras estas corporaciones acumulan capacidad económica, tecnológica y financiera, los países que aportan los recursos pueden terminar soportando los costes ambientales y sociales.
¿Quién garantiza el abastecimiento de agua de las comunidades cercanas? ¿Quién paga las nuevas infraestructuras eléctricas? ¿Qué sucede cuando una empresa consume recursos que también necesitan la agricultura, la industria y la población?
¿Y qué obtiene realmente el país que entrega esas condiciones? No alcanza con anunciar inversiones millonarias. Hay que saber quién se queda con los beneficios y quién asume las consecuencias.

Milei y el riesgo de convertir la soberanía argentina en una mercancía, vendida al imperio estadounidense.
En Argentina, estas preguntas adquieren una dimensión política todavía mayor, donde el Gobierno de Javier Milei ha convertido la apertura económica, la desregulación, la reducción de controles estatales y la captación de inversiones extranjeras en algunos de los pilares de su modelo económico.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es una de las expresiones más importantes de esa orientación. Ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a determinados proyectos de gran inversión.
El problema no es que Argentina reciba inversiones extranjeras. Ningún país puede desarrollarse de espaldas al mundo ni debe rechazar automáticamente la llegada de nuevas tecnologías.
El problema es hacerlo sin una estrategia nacional que establezca condiciones claras para proteger los recursos estratégicos, el medioambiente, el empleo y los intereses de la población.
Cuando un Gobierno considera que cualquier inversión extranjera es positiva por el simple hecho de llegar, renuncia a una parte fundamental de su responsabilidad: negociar en defensa del país.
La soberanía no consiste en cerrar las fronteras económicas. Consiste en decidir democráticamente cómo se utilizan los recursos nacionales y bajo qué condiciones pueden participar las empresas extranjeras.

El agua no puede convertirse en una mercancía disponible para quien tenga mayor capacidad financiera. Tampoco puede permitirse que las necesidades de refrigeración de los centros de datos compitan sin regulación con el abastecimiento de las poblaciones, la producción de alimentos y la preservación de los ecosistemas.
El Acuífero Guaraní no es propiedad de ninguna corporación. La Patagonia no es un territorio disponible para cualquier negocio internacional. Y los recursos naturales argentinos no son patrimonio personal de ningún presidente.
El agua será uno de los grandes recursos estratégicos del siglo XXI y no podemos entregar el agua para alimentar los negocios del futuro
Durante décadas, las disputas geopolíticas estuvieron vinculadas principalmente al petróleo, el gas, los minerales y las rutas comerciales.
Hoy se incorpora un nuevo elemento: el agua dulce. La transición tecnológica, la inteligencia artificial, los sistemas de refrigeración industrial, la agricultura y el crecimiento de las ciudades incrementarán la competencia por este recurso.
La paradoja es evidente: una tecnología que se presenta como el futuro de la humanidad puede terminar profundizando problemas ambientales si su expansión se realiza sin planificación y sin límites.
Por eso, América Latina debe comprender que sus reservas de agua, sus fuentes energéticas y sus ecosistemas representan un patrimonio estratégico.
Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay tienen una responsabilidad compartida en la protección del Acuífero Guaraní. La Amazonía tampoco puede ser tratada como una simple reserva de recursos disponibles para las grandes potencias económicas.
Se necesitan acuerdos regionales, estudios de impacto ambiental independientes, transparencia en los contratos y límites estrictos al consumo de agua de las grandes instalaciones industriales.
También es necesario exigir que las empresas tecnológicas utilicen energías renovables, desarrollen sistemas de refrigeración eficientes y asuman los costes ambientales de sus actividades.
La pregunta de fondo: ¿tecnología para quién y a costa de quién?
La inteligencia artificial puede representar un avance extraordinario para la medicina, la educación, la investigación científica, la industria y las comunicaciones, pero el progreso tecnológico no puede medirse únicamente por la velocidad de los procesadores, la capacidad de los algoritmos o los beneficios de las empresas que dominan el mercado.
También debe medirse por su contribución al bienestar colectivo, su impacto ambiental y su capacidad para mejorar la vida de las mayorías.
Si una empresa obtiene beneficios multimillonarios utilizando electricidad subsidiada, agua de territorios vulnerables y ventajas fiscales extraordinarias, mientras la población soporta los costes, no estamos ante un modelo equilibrado de desarrollo. Estamos ante una transferencia de recursos públicos y naturales hacia intereses privados.
Argentina necesita una política de desarrollo tecnológico propia. Debe atraer inversiones, pero exigir transferencia de conocimientos, empleo de calidad, investigación nacional, protección ambiental y participación del Estado en las decisiones estratégicas.
Necesita universidades públicas fortalecidas, empresas tecnológicas nacionales y una planificación energética que garantice que el desarrollo digital no se realice a costa de las necesidades básicas de la sociedad.
Y, sobre todo, necesita recuperar una idea fundamental: los recursos naturales pertenecen al patrimonio colectivo de la Nación y deben administrarse pensando en las generaciones presentes y futuras.
Elon Musk y las grandes corporaciones tecnológicas pueden tener el capital, los algoritmos y los proyectos para construir la infraestructura de la inteligencia artificial. Pero no son propietarios de los recursos naturales de los países donde pretenden desarrollar sus negocios. La electricidad, el agua, los minerales y el territorio son elementos esenciales de la soberanía de cualquier nación.
Milei puede presentar la llegada de grandes inversiones como una demostración de confianza internacional, pero la verdadera pregunta es qué condiciones negocia, qué controles establece y qué beneficios concretos recibe la sociedad argentina.
Porque un país no es más moderno por permitir que sus recursos sean explotados sin condiciones. Tampoco es más libre cuando sus decisiones estratégicas quedan subordinadas a los intereses de las grandes corporaciones internacionales.
La inteligencia artificial puede ser el futuro, pero el agua es la vida. Y ningún negocio tecnológico, por multimillonario que sea, puede estar por encima del derecho de los pueblos a disponer de sus recursos naturales.
Si Argentina entrega su capacidad de decisión sobre el agua, la energía y el territorio, no estará simplemente facilitando inversiones: estará comprometiendo su soberanía económica, ambiental y política. Y esa es una discusión que la sociedad argentina no puede dejar exclusivamente en manos de Milei ni de las empresas que buscan convertir cada recurso natural en una nueva oportunidad de negocio.