La bomba política que puede hacer temblar al PP antes del 29N ¿LA «SORPRESA DE OCTUBRE» CONTRA FEIJÓO?

Por Adriana F Gómez

Una supuesta grabación de Koldo García con el abogado del Partido Popular podría cambiar el rumbo de la campaña electoral. Si se confirma que hubo un intento de comprar una declaración judicial para implicar a Pedro Sánchez y a su familia, el escándalo podría convertirse en uno de los mayores golpes políticos para el PP.

A menos de dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, la campaña electoral española podría estar a punto de entrar en una fase completamente diferente. Una información atribuida al diario ABC apunta a la existencia de una grabación, presuntamente custodiada en Moncloa, en la que Koldo García mantendría una conversación con Alberto Durán, abogado del Partido Popular.

La noticia adquiere especial relevancia porque Koldo García ya había manifestado que podía aportar pruebas sobre un supuesto intento de compra de su testimonio para que declarase en falso e implicase a Pedro Sánchez y a miembros de su familia en el procedimiento judicial.

Estamos ante una acusación de enorme gravedad que, de confirmarse y acreditarse documentalmente, situaría al Partido Popular en una posición política extraordinariamente comprometida.

La cuestión ahora es inevitable: ¿existe realmente esa grabación? ¿Por qué no se ha hecho pública? ¿Estamos ante una filtración que se está reservando para el momento más delicado de la campaña o simplemente ante una información que todavía necesita ser contrastada?

En política, los tiempos también forman parte de la estrategia.

¿QUÉ ES LA «SORPRESA DE OCTUBRE» Y POR QUÉ PUEDE SER DECISIVA?

El concepto de «October Surprise», o sorpresa de octubre, tiene su origen en la política electoral estadounidense. Se utiliza para describir una revelación inesperada, un escándalo o una información de gran impacto que aparece en las semanas inmediatamente anteriores a unas elecciones, cuando el margen de reacción de los candidatos es muy reducido.

El objetivo es alterar la percepción de los votantes, especialmente de los indecisos, y condicionar el resultado electoral en el último tramo de la campaña.

Una noticia de estas características puede desplazar por completo el debate político. Las propuestas económicas, la vivienda, el empleo, la sanidad o las pensiones desaparecen de la conversación pública y quedan sustituidas por un escándalo que monopoliza los informativos y las redes sociales.

El candidato afectado apenas dispone de tiempo para construir una respuesta convincente. Y, aunque posteriormente las acusaciones puedan matizarse o desmentirse, el daño político puede haberse producido ya.

CUATRO CASOS QUE DEMUESTRAN EL PODER DE LAS REVELACIONES EN CAMPAÑA

Estados Unidos, 2016: los correos electrónicos de Hillary Clinton.

Apenas once días antes de las elecciones presidenciales, el director del FBI, James Comey, anunció que la agencia revisaría nuevos correos electrónicos relacionados con la investigación sobre el uso del correo privado de Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado.

La noticia volvió a colocar el asunto en el centro de la campaña y perjudicó a la candidata demócrata en un momento decisivo.

Donald Trump terminó ganando las elecciones. Numerosos analistas consideran que el anuncio de Comey pudo influir en el resultado de algunos estados decisivos, aunque no existe consenso sobre cuánto pesó realmente en la victoria republicana.

España, 2004: la crisis informativa del 11-M.

Los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004, tres días antes de las elecciones generales, provocaron una conmoción nacional.

La gestión informativa del Gobierno de José María Aznar, las contradicciones sobre la autoría de los atentados y las informaciones que fueron apareciendo durante aquellas jornadas desencadenaron una enorme movilización ciudadana.

El debate sobre la responsabilidad política del Gobierno del PP desplazó por completo la campaña electoral. El PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero ganó las elecciones del 14 de marzo.

No fue una «sorpresa de octubre» en sentido estricto, pero constituye un ejemplo especialmente significativo de cómo una crisis informativa de última hora puede alterar profundamente el escenario electoral.

Francia, 2017: el caso Penelopegate.

François Fillon, candidato de la derecha francesa y favorito durante buena parte de la campaña presidencial, quedó gravemente perjudicado después de que el semanario Le Canard Enchaîné publicara informaciones sobre los pagos que su esposa, Penelope Fillon, habría recibido por trabajos parlamentarios cuya realización fue cuestionada.

El escándalo provocó una crisis en su candidatura, debilitó su credibilidad y terminó apartándolo de la carrera presidencial. Emmanuel Macron llegó a la segunda vuelta y posteriormente ganó las elecciones.

Austria, 2019: el vídeo de Ibiza.

Uno de los escándalos políticos más impactantes de Europa.

En mayo de 2019 se publicó un vídeo grabado en 2017 con cámara oculta en Ibiza. En él aparecía Heinz-Christian Strache, dirigente del ultraderechista Partido de la Libertad de Austria, aparentemente dispuesto a negociar favores políticos con una mujer que se hacía pasar por representante de una oligarca rusa.

La difusión del vídeo provocó su dimisión, hizo estallar la coalición gubernamental y desembocó en la convocatoria de elecciones anticipadas.

Una grabación mantenida durante dos años terminó provocando una crisis política de enormes dimensiones.

¿QUÉ PUEDE SUCEDER EN ESPAÑA ANTES DEL 29 DE NOVIEMBRE?

Aquí es donde la información sobre la supuesta grabación de Koldo García adquiere una dimensión política extraordinaria.

El Partido Popular lleva años construyendo buena parte de su estrategia de oposición sobre las acusaciones de corrupción contra el Gobierno de Pedro Sánchez, sus colaboradores y su entorno familiar.

Feijóo ha convertido estas acusaciones en uno de los principales argumentos de su campaña política, acompañado de una ofensiva parlamentaria, mediática y judicial contra el Ejecutivo.

Pero imaginemos por un momento que la información sobre la grabación fuese cierta y que su contenido demostrase que representantes del PP intentaron ofrecer dinero o algún tipo de beneficio a un investigado para modificar su declaración judicial y conseguir que implicase a Pedro Sánchez y a su familia.

Estaríamos ante un escándalo de una gravedad extraordinaria. Ya no estaríamos hablando únicamente de acusaciones cruzadas entre partidos, ni de una nueva batalla política sobre la corrupción. Estaríamos ante la posibilidad de que se hubiese intentado utilizar una operación de manipulación de testimonios para perjudicar judicial y políticamente al presidente del Gobierno.

Y, si además se acreditase la utilización de recursos públicos para financiar una operación de estas características, las consecuencias políticas y jurídicas serían todavía más graves. El PP tendría que responder a preguntas muy concretas:

¿Quién impulsó el supuesto contacto con Koldo García?

¿Quién autorizó o conocía las conversaciones?

¿Se ofreció dinero o algún beneficio a cambio de modificar una declaración judicial?

¿Existieron intermediarios y qué papel desempeñaron?

¿Hay grabaciones, mensajes o documentos que permitan reconstruir lo sucedido?

Y, sobre todo, ¿qué responsabilidad política tendría la dirección nacional del Partido Popular si se demostrase que conocía o participó en una operación de estas características?

Son preguntas que no pueden resolverse mediante titulares ni declaraciones partidistas. Necesitan pruebas, investigación y explicaciones públicas.

EL PROBLEMA PARA FEIJÓO: LA CAMPAÑA PODRÍA CAMBIAR DE DIRECCIÓN

El momento en el que aparece esta información no es irrelevante. Estamos a doce días de las elecciones generales del 29N. Una campaña en la que el PP aspira a convertir el desgaste del Gobierno en su principal argumento para alcanzar La Moncloa.

Si la existencia de la grabación se confirma y su contenido respalda las acusaciones, Feijóo podría encontrarse ante una situación muy difícil de gestionar.

El partido que lleva años exigiendo responsabilidades políticas al Gobierno tendría que explicar si desde sus propias filas se intentó conseguir una declaración falsa para perjudicar al presidente.

La contradicción sería demoledora. Además, el impacto no se limitaría a los votantes socialistas o progresistas. Podría afectar también a los electores moderados, a quienes reclaman regeneración democrática y a quienes consideran que la lucha contra la corrupción debe aplicarse sin excepciones, independientemente de las siglas políticas.

Pero conviene insistir en algo fundamental: una grabación cuya existencia y contenido todavía deben acreditarse no constituye por sí sola una prueba de culpabilidad. La información debe contrastarse y cualquier responsabilidad debe establecerse a partir de evidencias verificables.

CONCLUSIÓN: EL 29N PODRÍA TENER UNA ÚLTIMA SORPRESA

En una campaña electoral tan polarizada, una revelación de estas características puede cambiar el centro de gravedad del debate político en cuestión de horas.

La pregunta no es solamente si existe una grabación de Koldo García con el abogado del PP. La pregunta es qué contiene, qué demuestra y por qué habría permanecido fuera del conocimiento público hasta este momento.

Si finalmente aparecen pruebas que acrediten un intento de comprar un testimonio judicial para fabricar acusaciones contra el presidente del Gobierno, estaríamos ante un episodio de enorme trascendencia para la democracia española.

Porque la corrupción no consiste únicamente en apropiarse de dinero público. También sería extraordinariamente grave utilizar recursos, contactos o influencias para intentar manipular la justicia y alterar la voluntad de los ciudadanos.

Feijóo lleva años pidiendo explicaciones a Pedro Sánchez. Ahora, si esta información se confirma, puede ser el Partido Popular quien tenga que dar muchas explicaciones. Y a menos de dos semanas de las urnas, una cosa está clara: la última palabra de esta campaña todavía no está escrita.

La democracia necesita pruebas, transparencia y responsabilidades. No operaciones políticas, no testimonios comprados y no utilización de la justicia como arma electoral.

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