Por Francisco López
«Los contactos del abogado del PP con el entorno de Koldo, las facturas de 242.000 euros, los audios sobre una supuesta oferta de un millón de euros y la participación de Okdiario abren un nuevo frente político y judicial. La denuncia vuelve a poner sobre la mesa una cuestión de enorme gravedad democrática: la utilización de recursos económicos, mediáticos y políticos para obtener información comprometedora contra adversarios políticos».
CUANDO LA OPOSICIÓN CRUZA LA FRONTERA DE LA POLÍTICA Y ENTRA EN EL TERRENO JUDICIAL
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el Partido Popular, su abogado Alberto Durán, el periodista Eduardo Inda y la editora de Okdiario, por su presunta participación en una operación destinada a conseguir información contra Pedro Sánchez mediante ofrecimientos económicos al entorno de Koldo García.
El asunto tiene una dimensión política extraordinaria porque no estamos hablando simplemente de una confrontación entre partidos, de una investigación periodística o de una estrategia parlamentaria para desgastar al Gobierno. Lo que se denuncia es algo mucho más grave: la posible existencia de una operación organizada para conseguir testimonios o información comprometedora mediante incentivos económicos, con la finalidad de utilizarla contra el presidente del Gobierno y su entorno político.
La denuncia socialista, según la información publicada por EL PAÍS y elDiario.es, consta de aproximadamente 430 páginas y solicita investigar posibles delitos de obstrucción a la justicia, inducción al falso testimonio, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil.
Es importante señalar que se trata de hechos denunciados que deberán ser investigados y acreditados judicialmente. No existe todavía una condena que permita atribuir responsabilidad penal a los denunciados.
Sin embargo, la gravedad de los indicios expuestos justifica que se esclarezca hasta el último detalle.
LOS 242.000 EUROS Y LA SUPUESTA OFERTA DE UN MILLÓN: EL NÚCLEO DE LA DENUNCIA
Uno de los elementos centrales de la denuncia son las facturas que, según el PSOE, documentan pagos por aproximadamente 242.000 euros realizados por la editora de Okdiario a la entonces abogada de Koldo García.
La explicación ofrecida por el medio es que esos fondos correspondían a una relación contractual legítima vinculada a la cesión de derechos para producir contenidos.
Pero el PSOE considera que es necesario investigar la naturaleza real de esos pagos, su finalidad, quién los autorizó y qué relación tuvieron con los contactos mantenidos con el entorno de Koldo.
A esta documentación se suman unos audios difundidos por la Cadena SER en los que Koldo García afirma que desde el PP y el entorno de Eduardo Inda le habrían ofrecido hasta un millón de euros adicional a cambio de información comprometedora.
Esta es una de las cuestiones fundamentales que deberá aclarar la investigación:
¿Quién realizó los contactos? ¿Quién ofreció el dinero? ¿De dónde procedían los fondos? ¿Qué información se pretendía conseguir? ¿Existía una estrategia para obtener declaraciones contra Pedro Sánchez? ¿Qué relación tuvieron esos contactos con los pagos documentados? ¿Se pretendía influir en procedimientos judiciales mediante testimonios o informaciones obtenidas a cambio de dinero?
El PSOE solicita que los denunciados sean llamados a declarar en calidad de investigados y que Koldo García declare como testigo, sin perjuicio de la valoración procesal que corresponda a la Fiscalía y a los tribunales.
No se trata de cuestiones menores. Si se demostrara que hubo ofrecimientos económicos para obtener testimonios falsos o interferir en procedimientos judiciales, estaríamos ante una conducta de enorme gravedad institucional.
FEIJÓO RECONOCE CONTACTOS: UNA EXPLICACIÓN QUE EXIGE ACLARACIONES
La polémica adquirió una nueva dimensión después de la entrevista de Alberto Núñez Feijóo en el pódcast The Wild Project, presentado por Jordi Wild.
Durante la conversación, el presidente del PP reconoció que su abogado, Alberto Durán, había mantenido contactos con el entorno de la defensa de los investigados, y situó esos contactos en un contexto conocido por la dirección del partido, incluida Cuca Gamarra.
El reconocimiento de esos contactos no demuestra por sí mismo la existencia de sobornos ni de una operación ilegal, sin embargo, plantea preguntas políticas que Feijóo debería responder con claridad.
¿Por qué intervino un abogado del Partido Popular en conversaciones con el entorno de Koldo García? ¿Cuál era el objetivo de esos contactos? ¿Qué información se buscaba? ¿Quién dio las instrucciones? ¿Qué relación existía entre esas conversaciones y los pagos que aparecen en la documentación?
El PP niega haber realizado pagos o sobornos y sostiene que no participó en ninguna operación ilícita, mientras Eduardo Inda, por su parte, defiende la legalidad de los pagos y ha anunciado acciones judiciales contra quienes lo relacionen con actividades delictivas.
La investigación deberá determinar dónde termina una relación contractual legítima y dónde podría comenzar una operación de obtención de información mediante incentivos económicos.
OKDIARIO Y LA UTILIZACIÓN POLÍTICA DE LA INFORMACIÓN
El papel de Okdiario también ocupa un lugar central en esta controversia.
El medio dirigido por Eduardo Inda ha mantenido durante años una línea editorial especialmente beligerante contra Pedro Sánchez, Podemos y distintas formaciones de la izquierda.
La crítica periodística al Gobierno es legítima y necesaria en democracia. Los medios tienen derecho a investigar, publicar informaciones y cuestionar a cualquier dirigente político.
Pero una cosa es investigar y otra muy diferente sería participar en una operación para obtener declaraciones mediante ofrecimientos económicos, fabricar testimonios o interferir en procedimientos judiciales.
Si la investigación acreditara esta segunda posibilidad, estaríamos ante una situación incompatible con los principios básicos del periodismo y del Estado de derecho.
La libertad de prensa no puede utilizarse como cobertura para actividades ilícitas. Tampoco puede confundirse el periodismo de investigación con una estrategia de persecución política.
La cuestión que debe esclarecerse es si existió una operación coordinada entre determinados actores políticos, económicos y mediáticos para conseguir material que pudiera utilizarse contra el Gobierno.
LA POLICÍA PATRIÓTICA: LOS ANTECEDENTES QUE VUELVEN A SITUAR AL PP BAJO SOSPECHA
Para comprender la dimensión política de esta nueva denuncia hay que recordar otro de los episodios más graves de la democracia española reciente: la denominada policía patriótica.
Durante los gobiernos de Mariano Rajoy, especialmente durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior, se desarrollaron actuaciones policiales que han sido objeto de investigaciones judiciales y de una intensa controversia institucional.
Las investigaciones relacionadas con el comisario José Manuel Villarejo, la Operación Cataluña y las actuaciones policiales contra dirigentes independentistas y adversarios políticos revelaron un problema de enorme gravedad: la posible utilización de estructuras del Ministerio del Interior para objetivos políticos ajenos a la función policial.
No se trataba de una discusión teórica. Hubo investigaciones judiciales, grabaciones, procedimientos penales y condenas relacionadas con actuaciones ilegales de antiguos responsables policiales y políticos.
Entre los principales antecedentes destacan:
LA OPERACIÓN KITCHEN
Uno de los episodios más graves fue la Operación Kitchen, una operación parapolicial destinada a sustraer documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas que pudiera comprometer a dirigentes del partido.
La investigación judicial apuntó a la utilización de recursos y medios del Ministerio del Interior para conseguir información que podía perjudicar al propio PP.
La operación puso bajo sospecha la utilización de fondos reservados, agentes policiales y estructuras estatales para proteger intereses partidistas.
En 2025, la Audiencia Nacional dictó sentencia en esta causa y condenó a antiguos responsables policiales, entre ellos el exministro Jorge Fernández Díaz, en una resolución que posteriormente quedó sometida a los recursos correspondientes.
LA OPERACIÓN CATALUÑA
También deben recordarse las actuaciones policiales dirigidas a investigar y desacreditar a dirigentes del independentismo catalán mediante la búsqueda y difusión de información comprometedora.
Las investigaciones y grabaciones relacionadas con Villarejo y otros responsables policiales alimentaron las sospechas sobre la existencia de estructuras que utilizaban información reservada y recursos públicos para condicionar la confrontación política.
LOS INFORMES CONTRA PODEMOS
Durante aquellos años también se difundieron informaciones y documentos policiales sobre supuestas financiaciones irregulares de Podemos, con conexiones internacionales que fueron objeto de controversia y que, en distintos casos, no encontraron respaldo probatorio suficiente.
Las investigaciones periodísticas y judiciales sobre estas actuaciones pusieron de manifiesto la necesidad de esclarecer si determinados responsables policiales utilizaron su posición para elaborar o difundir información destinada a perjudicar a adversarios políticos.
El problema democrático que reflejan estos antecedentes es evidente: cuando las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía se utilizan para defender intereses partidistas, se rompe la confianza en el Estado.
Y cuando se emplean recursos públicos para investigar, desacreditar o perseguir a adversarios políticos, la democracia queda seriamente dañada.
¿EXISTE UN PATRÓN DE UTILIZACIÓN DE LA JUSTICIA Y DE LOS MEDIOS PARA DESGASTAR A LA IZQUIERDA?
La nueva denuncia del PSOE vuelve a abrir un debate que España lleva años arrastrando, y es la utilización política de las instituciones no puede analizarse únicamente desde el punto de vista de un partido. Es necesario examinar los mecanismos mediante los cuales determinadas estructuras pueden llegar a actuar al margen de sus obligaciones constitucionales.
Hay que distinguir varios fenómenos:
La guerra sucia policial: utilización irregular de recursos de seguridad del Estado para investigar o perjudicar a adversarios políticos.
La desinformación política: difusión de documentos, acusaciones o noticias sin suficiente respaldo probatorio para erosionar la reputación de dirigentes.
La instrumentalización judicial: utilización de denuncias, procedimientos o filtraciones con una finalidad política, sin que ello signifique que toda denuncia contra un político sea ilegítima.
La presión mediática: coordinación o utilización interesada de informaciones para condicionar la opinión pública.
La compra de testimonios: si se acreditaran ofrecimientos económicos para conseguir declaraciones falsas o alterar pruebas, estaríamos ante una posible conducta delictiva.
Conviene hacer una precisión importante: no puede afirmarse que el Partido Popular haya comprado jueces por el hecho de que existan polémicas sobre el sistema de nombramientos judiciales o por las investigaciones relacionadas con otros responsables políticos.
La independencia judicial debe defenderse y cualquier sospecha concreta de corrupción debe probarse, pero tampoco se puede ignorar que la politización de los órganos de gobierno judicial y las luchas partidistas por controlar determinadas instituciones han deteriorado la confianza ciudadana.
La justicia debe estar libre de presiones políticas, económicas y mediáticas, venga de donde venga la interferencia.
LAS CONSECUENCIAS POLÍTICAS PARA FEIJÓO Y EL PARTIDO POPULAR
La denuncia puede tener consecuencias importantes para el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo.
El presidente del PP lleva tiempo construyendo su estrategia de oposición sobre las acusaciones de corrupción contra el Gobierno de Pedro Sánchez y sobre la exigencia de responsabilidades políticas a los dirigentes socialistas.
Es legítimo que la oposición investigue, fiscalice y exija explicaciones al Gobierno, pero esa exigencia debe aplicarse también a la propia organización. Feijóo tendrá que explicar qué conocía de los contactos de su abogado, qué finalidad tenían y si existió alguna intervención de responsables de la dirección nacional.
La cuestión política no es únicamente si hubo o no un delito. También importa determinar si se utilizaron recursos, contactos y estructuras del partido para conseguir información mediante procedimientos que pudieran comprometer la legalidad.
Si la investigación demostrara que existió una operación organizada para obtener testimonios a cambio de dinero, el daño para la credibilidad del PP sería extraordinario.
Y si, por el contrario, los pagos respondieran exclusivamente a una relación contractual legítima, esa circunstancia también deberá quedar acreditada. La transparencia es la única salida.
LA DOBLE VARA DE MEDIR: EXIGENCIAS DE DIMISIÓN PARA UNOS Y EXPLICACIONES PARA OTROS
Hay otro elemento que merece atención, ya qué durante los últimos años, el PP ha reclamado dimisiones, comisiones de investigación y responsabilidades políticas a raíz de las investigaciones que afectan al PSOE y a personas de su entorno.
Sin embargo, cuando aparecen controversias que afectan a antiguos responsables de Interior, dirigentes populares o personas vinculadas a su estructura política, la respuesta del partido suele centrarse en negar responsabilidades institucionales o atribuir los hechos a actuaciones individuales.
La responsabilidad penal siempre es personal y debe determinarse judicialmente, pero la responsabilidad política tiene otro alcance.
Un partido que ha gobernado España y que aspira nuevamente a dirigir sus instituciones debe ofrecer explicaciones sobre cualquier actuación de sus responsables que pueda comprometer la independencia de las instituciones públicas.
No basta con exigir ejemplaridad a los adversarios. La ejemplaridad debe ser una obligación para todos.
¿QUÉ DEBE INVESTIGAR LA FISCALÍA?
La denuncia socialista plantea una serie de cuestiones que merecen una investigación exhaustiva, entre las diligencias fundamentales deberían estar:
Examinar todas las facturas y contratos relacionados con los 242.000 euros.
Identificar el origen y destino de los fondos.
Determinar quién autorizó los pagos y cuál era su finalidad.
Analizar los audios difundidos por la Cadena SER y comprobar su autenticidad, integridad y contexto.
Investigar los contactos entre Alberto Durán y el entorno jurídico de Koldo García.
Aclarar si hubo ofrecimientos económicos adicionales y quién los realizó.
Comprobar si se pretendía obtener declaraciones falsas, documentos manipulados o información destinada a influir en procedimientos judiciales.
Determinar si existió coordinación entre responsables políticos, periodistas y otras personas implicadas.
La Fiscalía deberá valorar si existen indicios suficientes para impulsar las diligencias solicitadas y, en su caso, promover las actuaciones judiciales correspondientes.
No se trata de proteger al PSOE, al PP ni a ningún otro partido. Se trata de proteger la justicia y las instituciones democráticas.
PARA REFLEXIONAR DEBERÍAMOS PENSAR SOBRE QUÉ LA DEMOCRACIA NO PUEDE CONVERTIRSE EN UN CAMPO DE OPERACIONES CONTRA EL ADVERSARIO POLÍTICO
España necesita una democracia en la que los partidos compitan con propuestas, programas y resultados, no mediante operaciones clandestinas, utilización partidista de las instituciones o supuestas estrategias para comprar información y conseguir testimonios comprometedores.
La historia reciente ha dejado episodios suficientemente graves como para no minimizar ninguna sospecha.
La Operación Kitchen, las investigaciones sobre la policía patriótica, las actuaciones relacionadas con la Operación Cataluña y las controversias sobre informes policiales contra Podemos demostraron que el uso irregular de las estructuras del Estado para fines partidistas no es una preocupación imaginaria: existen hechos investigados y responsabilidades judiciales acreditadas.
Ahora, la denuncia del PSOE contra el PP, el abogado Alberto Durán, Eduardo Inda y la editora de Okdiario plantea nuevas preguntas que deben responderse con pruebas.
Si se demuestra que existió una operación para pagar por información, conseguir testimonios falsos o interferir en procedimientos judiciales, las responsabilidades deberán llegar hasta donde conduzcan las pruebas, sin excepciones ni privilegios.
Y si no se acreditan los delitos denunciados, también deberá respetarse la presunción de inocencia. Pero hay una cuestión que no admite discusión: NINGÚN PARTIDO POLÍTICO PUEDE UTILIZAR EL PODER INSTITUCIONAL, LOS RECURSOS PÚBLICOS, EL DINERO O LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO INSTRUMENTOS PARA FABRICAR CAUSAS CONTRA SUS ADVERSARIOS.
El Partido Popular tiene que dar explicaciones. Feijóo debe aclarar qué sabía y cuál fue el alcance de los contactos reconocidos por él mismo.
La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad, porque la justicia no puede ser un arma electoral, la policía no puede ser un instrumento de partido y el periodismo no puede convertirse en una fábrica de operaciones políticas.
La democracia se defiende con transparencia, con instituciones independientes y con igualdad ante la ley. Y esa obligación alcanza tanto al Gobierno como a la oposición.
FUENTE COMPLEMENTARIA PARA AMPLIAR EL SEGUIMIENTO DE ESTA DENUNCIA
Vídeo de YouTube facilitado para esta publicación:
NOTA EDITORIAL: Este artículo recoge los elementos de la denuncia y los antecedentes públicos relevantes. Las acusaciones relativas a los pagos, los ofrecimientos económicos y la posible coordinación entre los denunciados deben considerarse presuntas hasta que sean acreditadas judicialmente.