Por Francisco López
La ciudadanía española en el exterior debe movilizarse para defender sus derechos. El voto progresista es fundamental para impedir que se impongan políticas que puedan restringir los derechos conquistados por la emigración y sus descendientes.
El conflicto judicial sobre el derecho al voto de los ciudadanos nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos, ha abierto un debate de enorme trascendencia para el futuro de la diáspora española.
La asociación Iustitia Europa, junto con Vox, ha impulsado actuaciones judiciales que cuestionan la incorporación al censo electoral de ciudadanos que adquirieron la nacionalidad española al amparo de esta legislación. Una ofensiva que ha encontrado distintos límites en los tribunales, pero que mantiene abierta una preocupación legítima entre miles de españoles residentes en el exterior.
EL TRIBUNAL SUPREMO FRENA LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL VOTO
El pasado 9 de noviembre, el Tribunal Supremo rechazó extender la prohibición de votar a los casi 190.000 hijos mayores de edad de personas que obtuvieron la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática.
El tribunal consideró que modificar el censo electoral a menos de tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre pondría en riesgo la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso electoral.
La decisión supuso un revés para Iustitia Europa y Vox y un golpe a los deseos del partido popular , que odian a la diáspora española.
Sin embargo, el conflicto no ha terminado. El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, anunció que volverá a recurrir la resolución, mientras que Santiago Abascal adelantó que Vox solicitará aclaraciones formales al Tribunal Supremo.
Mientras tanto, continúa vigente la suspensión cautelar que afecta a alrededor de 163.000 personas nacionalizadas directamente bajo el supuesto de exilio, cuando no han acreditado documentalmente que sus familiares abandonaron España por persecución política o ideológica.
Es decir, el conflicto judicial sigue afectando directamente a una parte de los ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática.
VOX Y EL PP: UNA ADVERTENCIA PARA EL FUTURO DE LA DIÁSPORA
Conviene precisar que ni Vox ni el Partido Popular han planteado oficialmente eliminar el derecho al voto de toda la diáspora española.
El cuestionamiento judicial se dirige específicamente contra una instrucción administrativa del Gobierno de Pedro Sánchez que permitió presumir la condición de exiliado de determinados españoles que emigraron entre 1936 y 1955.
Sin embargo, hay un elemento político que no puede pasar inadvertido, tanto Santiago Abascal como Alberto Núñez Feijóo celebraron el bloqueo inicial que afectó a los aproximadamente 163.000 expedientes, acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de realizar una supuesta operación de ingeniería electoral para modificar el censo.
Por su parte, el Gobierno y el Defensor del Pueblo han cuestionado las restricciones por considerar que pueden vulnerar derechos fundamentales de ciudadanos que ya poseen la nacionalidad española.
La cuestión, por tanto, no es solamente judicial. También es política, cuando las fuerzas que cuestionan la ampliación de derechos de la ciudadanía española en el exterior tienen posibilidades de alcanzar el Gobierno, la diáspora debe preguntarse qué políticas pueden impulsar en materia de nacionalidad, participación electoral, retorno y derechos ciudadanos.
No se trata de afirmar que exista una propuesta oficial para quitar la nacionalidad o los derechos sociales a los españoles residentes en el extranjero. Se trata de advertir sobre las consecuencias que podrían tener unas políticas restrictivas y una orientación política contraria a la ampliación de derechos que ha supuesto la Ley de Memoria Democrática.
LA PRIORIDAD NACIONAL DE VOX Y LOS ESPAÑOLES DEL EXTERIOR
Otro elemento que merece atención es la denominada «prioridad nacional» defendida por Vox.
Según su planteamiento político, pretende establecer preferencias para los ciudadanos con nacionalidad española frente a los extranjeros en el acceso a determinadas ayudas sociales, vivienda pública, becas y servicios.
Los ciudadanos nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democrática son españoles de pleno derecho. Conservan su nacionalidad y su pasaporte, incluso cuando se encuentran afectados por la suspensión cautelar de su derecho al voto.
Por tanto, no existe una propuesta oficial de Vox que establezca la retirada de sus derechos sociales o de retorno por haber adquirido la nacionalidad mediante esta ley.
Pero la diáspora no puede limitarse a observar el debate desde la distancia.
Debe defender que la nacionalidad española sea una garantía efectiva de igualdad, participación y derechos, independientemente del lugar de nacimiento, del origen familiar o del país de residencia.
EL 29N: LA DIÁSPORA TIENE QUE HACERSE ESCUCHAR
La ciudadanía española residente en Argentina, Uruguay, México, Venezuela, Cuba, Estados Unidos, Brasil, Chile, Europa y el resto del mundo tiene una responsabilidad democrática en estas elecciones. No podemos permitir que la emigración española vuelva a ser invisible en las decisiones políticas de nuestro país.
Durante décadas, millones de españoles y sus descendientes han reclamado el reconocimiento de sus derechos. La Ley de Memoria Democrática ha representado un avance histórico para muchas familias que habían quedado fuera de la nacionalidad española por circunstancias políticas, históricas y familiares.
Ahora, esos derechos necesitan protección y desarrollo, por eso, el próximo 29 de noviembre no solamente se elige un Gobierno. También se decide qué orientación política tendrá España respecto a sus ciudadanos en el exterior.
La ciudadanía española debe valorar qué fuerzas políticas han defendido la ampliación de derechos, la recuperación de la memoria democrática, el reconocimiento de la emigración y la participación política de quienes viven fuera de nuestras fronteras.
La movilización es fundamental. Hay que votar y defender los derechos conquistados.
«DEL 21 AL 26 DE NOVIEMBRE MOVILIZACIÓN PARA VOTAR EN LOS CONSULADOS ESPAÑOLES»
La ciudadanía española residente en el exterior debe acudir a votar en los consulados y centros habilitados de España entre el 21 y el 26 de noviembre, de acuerdo con las condiciones de votación correspondientes a cada elector.
Es fundamental informarse previamente sobre la situación censal y las modalidades de voto, que nadie se quede sin votar por desconocimiento, desinformación o falta de movilización. Que nadie renuncie a ejercer un derecho que tanto esfuerzo ha costado conquistar.
La diáspora española tiene que participar, organizarse y hacer valer su voz. El voto progresista es una herramienta fundamental para defender una España de derechos, igualdad, memoria democrática y justicia social.
El 29N también se decide el futuro de los españoles que vivimos fuera de España. ¡La diáspora no se calla! ¡La diáspora vota! ¡Nuestros derechos no se negocian!