Juan Carlos Alí Torres.
Cuando un Gobierno convierte la educación pública en una variable de ajuste económico, lo que está poniendo en peligro no es solamente el futuro de los estudiantes, sino la propia democracia.
Hay una batalla que se está librando en Bolivia y que va mucho más allá de un conflicto salarial o de una disputa administrativa. Es una batalla por el futuro de la educación pública, por el derecho de las mayorías a acceder al conocimiento y por el papel que debe desempeñar el Estado en la garantía de los derechos fundamentales.
Los trabajadores de la educación y los maestros bolivianos han salido a las calles, incluso durante la noche, bajo una consigna que resume perfectamente el fondo de este conflicto: «La educación no se privatiza».
Las movilizaciones del magisterio urbano denuncian las políticas económicas y de ajuste impulsadas por el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira, así como la influencia de las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la orientación económica del Ejecutivo.
Detrás de las protestas existe una preocupación fundamental: que la educación pública termine pagando el precio de una crisis económica que no han provocado los trabajadores, los estudiantes ni las familias de menores ingresos.
LA DESCENTRALIZACIÓN COMO PRIVATIZACIÓN ENCUBIERTA
Uno de los principales motivos del enfrentamiento es el anteproyecto gubernamental que plantea transferir la administración de los institutos técnicos, tecnológicos, artísticos y lingüísticos a las nueve gobernaciones departamentales.
El Gobierno presenta esta reorganización como una fórmula para modificar el funcionamiento del sistema educativo. Sin embargo, los sindicatos docentes advierten que puede convertirse en una transferencia de responsabilidades sin los recursos económicos necesarios.
Y aquí aparece el verdadero problema, cuando el Estado central se desprende de sus obligaciones presupuestarias y traslada la responsabilidad a administraciones territoriales con capacidades económicas muy diferentes, el resultado puede ser una educación de distintas categorías según el departamento, la región o los recursos disponibles.
Las gobernaciones más ricas podrían mantener determinados servicios, mientras que aquellas con menos recursos tendrían enormes dificultades para sostener infraestructuras, contratar personal y garantizar la calidad educativa.
No hace falta vender directamente una escuela pública para debilitar la educación pública. Basta con reducir su financiación, fragmentar su administración y dejar que el deterioro haga el resto.
Eso es precisamente lo que los trabajadores de la educación temen que termine sucediendo en Bolivia.
EL FMI, LA AUSTERIDAD Y EL PRECIO QUE PAGA EL PUEBLO
La segunda cuestión es económica. Los docentes denuncian que las políticas del Ejecutivo responden a una orientación de ajuste fiscal vinculada a las recetas tradicionales del FMI: reducción del gasto público, eliminación de subsidios, contención salarial y reorganización de los servicios estatales.
La eliminación de los subsidios al diésel, junto con las tensiones cambiarias y el encarecimiento de los productos básicos, tiene consecuencias directas sobre las familias trabajadoras.
El combustible no solamente afecta a quienes tienen un vehículo. También repercute en el transporte público, la producción agrícola, la distribución de alimentos y, finalmente, en el precio de la canasta familiar.
Cuando aumenta el coste de la vida y los salarios pierden capacidad adquisitiva, los maestros tienen más dificultades para sostener sus hogares y los estudiantes de las familias más vulnerables encuentran mayores obstáculos para continuar sus estudios. La educación no puede permanecer al margen de esta realidad económica.
El Gobierno de Rodrigo Paz sostiene que necesita reformular el modelo educativo y mejorar los resultados académicos, incluso mediante propuestas como un currículo con un 50% de contenidos nacionales y otro 50% regionalizados.
Pero ninguna reforma curricular puede sustituir la financiación pública, los docentes suficientes, las infraestructuras adecuadas, los materiales educativos y unas condiciones laborales dignas. No se mejora la educación empobreciéndola.
LA MISMA RECETA NEOLIBERAL EN AMÉRICA LATINA
Lo que está ocurriendo en Bolivia no puede analizarse como un episodio aislado. Forma parte de un debate mucho más amplio sobre el modelo económico que determinados gobiernos pretenden imponer en América Latina.
Argentina, bajo Javier Milei, se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles de la política de ajuste sobre las instituciones públicas, las universidades y la inversión educativa.
En Chile, el proyecto político de José Antonio Kast representa otra expresión de una derecha que defiende la reducción del Estado y una mayor orientación del gasto público hacia criterios de austeridad.
En Ecuador, el Gobierno de Daniel Noboa también ha protagonizado controversias por sus políticas económicas y las tensiones en torno a los servicios públicos.
En Colombia, los planteamientos de la derecha representada por Abelardo de la Espriella y en Perú, las propuestas de los sectores conservadores, forman parte de una disputa regional sobre el papel del Estado, los derechos sociales y la financiación de los servicios públicos.
No todos estos gobiernos tienen las mismas políticas, ni sus situaciones económicas son idénticas. Pero existe una pregunta común que atraviesa el continente:
¿Por qué, cuando determinados sectores neoliberales llegan al poder, la primera solución que presentan para resolver las crisis económicas suele ser reducir el gasto público y poner bajo presión los derechos sociales?
La educación, la sanidad, las pensiones y la protección social aparecen frecuentemente como partidas que deben ajustarse.
Sin embargo, pocas veces se plantea con la misma contundencia una reforma fiscal verdaderamente progresiva, una mayor contribución de las grandes fortunas, la lucha contra la evasión fiscal o una distribución más justa de los beneficios económicos.
La pregunta es inevitable: ¿por qué deben pagar la crisis quienes menos tienen?
LA EDUCACIÓN PÚBLICA ES UNA HERRAMIENTA DE IGUALDAD Y LIBERTAD
La educación pública no es un gasto improductivo. Es una inversión estratégica para cualquier sociedad que aspire a desarrollarse con justicia social, independencia económica y soberanía democrática.
Un país que abandona su educación está hipotecando su futuro. La escuela pública permite que los hijos de los trabajadores tengan oportunidades que, de otro modo, quedarían reservadas a quienes pueden pagar centros privados, academias y universidades.
La educación es una de las herramientas más poderosas para romper la transmisión generacional de la pobreza, por eso, defender la financiación pública significa defender la igualdad de oportunidades, la movilidad social y el derecho de cada persona a construir su propio futuro, independientemente de su origen o de los ingresos de su familia.
Los sectores movilizados en Bolivia plantean alternativas que merecen formar parte del debate nacional:
- Mantener la responsabilidad financiera del Estado central sobre la educación pública.
- Garantizar recursos suficientes para las infraestructuras, los institutos y el personal docente.
- Impulsar una fiscalidad progresiva para que quienes más tienen contribuyan proporcionalmente más.
- Recuperar la soberanía sobre los recursos naturales estratégicos y destinar una parte de sus beneficios al desarrollo social.
- Proteger el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación frente a la inflación.
- Garantizar que ningún estudiante quede excluido por razones económicas o territoriales.
No se trata de negar la necesidad de reformar los sistemas educativos. Se trata de establecer una prioridad: primero garantizar los derechos y después discutir cómo mejorar su funcionamiento.
EL CONOCIMIENTO ES EL MAYOR ADVERSARIO DEL AUTORITARISMO
Existe una dimensión política que no podemos ignorar, los proyectos autoritarios y las corrientes de extrema derecha encuentran terreno fértil allí donde se debilita el pensamiento crítico, se desprecia el conocimiento científico, se cuestiona la cultura y se convierte la desigualdad en algo aparentemente natural.
Una sociedad con menos oportunidades educativas es una sociedad con menos herramientas para comprender su realidad, cuestionar los abusos de poder y defender sus derechos.
La educación enseña a preguntar, a contrastar información, a reconocer la manipulación y a entender que la democracia no consiste únicamente en introducir una papeleta en una urna cada cuatro años.
La democracia también significa tener derechos, poder ejercerlos y disponer de las condiciones materiales necesarias para vivir con dignidad.
Por eso, la cultura, la educación y el conocimiento son fundamentales para combatir el fascismo, el autoritarismo y cualquier proyecto político que pretenda sustituir la conciencia ciudadana por la obediencia.
Un pueblo educado no es un pueblo sometido fácilmente, y una ciudadanía que conoce su historia, sus derechos y sus posibilidades es mucho más difícil de manipular.
UN PUEBLO SIN EDUCACIÓN ES UN PUEBLO AL QUE LE QUIEREN ROBAR EL FUTURO
Lo que está ocurriendo en Bolivia debe servir como una advertencia para toda América Latina.
Cuando un Gobierno reduce la financiación educativa, precariza a sus maestros, debilita las instituciones públicas y traslada responsabilidades sin garantizar los recursos, no está simplemente reorganizando la Administración. Está poniendo en cuestión uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática.
Rodrigo Paz tiene la obligación de explicar qué modelo educativo quiere para Bolivia, con qué recursos piensa financiarlo y cómo garantizará que ningún departamento, ningún estudiante y ninguna familia queden abandonados por falta de presupuesto, no basta con hablar de modernización, eficiencia o resultados académicos. Hay que demostrarlo con inversión, salarios dignos, infraestructuras y oportunidades reales.
La crisis económica no puede convertirse en una excusa permanente para desmantelar derechos conquistados durante generaciones, y si el problema es el déficit público, la solución no puede consistir siempre en recortar a quienes viven de su salario, a quienes estudian en una escuela pública o a quienes necesitan los servicios del Estado para salir adelante.
Que la crisis la paguen quienes más tienen. Que la educación sea una prioridad y no una variable de ajuste. Que el conocimiento sea un derecho y no un privilegio.
Porque hay algo que los gobiernos neoliberales deberían comprender: pueden reducir presupuestos, cerrar instituciones, precarizar empleos y debilitar los servicios públicos, pero no podrán construir una sociedad libre destruyendo las herramientas que permiten a su pueblo pensar.
La educación es memoria, conciencia, cultura, libertad y futuro, y frente al avance del fascismo y del autoritarismo, la respuesta no puede ser menos educación, menos cultura y menos pensamiento crítico.
La respuesta debe ser más escuelas, más universidades, más maestros, más libros y más conocimiento.
Porque un pueblo educado puede reconocer a quienes pretenden gobernarlo mediante el miedo y la ignorancia, y porque la educación pública no solamente forma estudiantes: forma ciudadanos capaces de defender la democracia.
LA EDUCACIÓN NO SE PRIVATIZA. LA EDUCACIÓN SE DEFIENDE.