Por Adriana F. Gómez
España acumula una larga historia de accidentes, catástrofes ambientales, crisis sanitarias y emergencias que han marcado profundamente a la sociedad. Muchos de estos acontecimientos se produjeron bajo gobiernos del Partido Popular, tanto en el ámbito estatal como en distintas comunidades autónomas. Tragedias que dejaron miles de víctimas, movilizaciones sociales y preguntas todavía abiertas sobre la responsabilidad de quienes tenían la obligación de proteger a la ciudadanía.
Alberto Núñez Feijóo, actual líder nacional del PP, ha formado parte de algunos de estos escenarios políticos, especialmente durante su etapa al frente de la Xunta de Galicia y en su posterior trayectoria al frente del partido. Este es un recorrido por algunos de los episodios más graves.
1. EL YAK-42: 75 MUERTOS Y UN ESCÁNDALO QUE MARCÓ AL GOBIERNO DE AZNAR
El 26 de mayo de 2003, un avión Yak-42 se estrelló en Trebisonda (Turquía) cuando regresaba de una misión en Afganistán. Murieron 75 personas, entre ellas 62 militares españoles y 13 tripulantes.
El Gobierno de José María Aznar tenía como ministro de Defensa a Federico Trillo.
El accidente abrió un enorme escándalo político por la contratación de aeronaves mediante una cadena de subcontrataciones, las advertencias previas sobre las condiciones de seguridad y la posterior identificación errónea de 30 de los militares fallecidos.
En 2009, tres mandos militares fueron condenados por las irregularidades en las identificaciones.
En 2017, durante el mandato de María Dolores de Cospedal como ministra de Defensa, el Estado asumió la responsabilidad patrimonial reconocida en el informe del Consejo de Estado.
Una tragedia que dejó al descubierto graves deficiencias en la contratación, el control y la gestión institucional.
2. EL PRESTIGE: LA MAYOR CATÁSTROFE ECOLÓGICA DE GALICIA
En noviembre de 2002, durante el Gobierno de José María Aznar y con Manuel Fraga al frente de la Xunta de Galicia, el petrolero Prestige se hundió frente a las costas gallegas.
La decisión de alejar el buque de la costa, en lugar de buscar un puerto de refugio, terminó con el barco partiéndose en dos y hundiéndose en el océano.
El vertido de unas 63.000 toneladas de fuel pesado contaminó más de 2.000 kilómetros de costa, provocando un desastre ecológico y económico que afectó especialmente a los sectores pesquero y turístico.
La gestión gubernamental fue duramente cuestionada. Mariano Rajoy, entonces vicepresidente del Gobierno, llegó a describir las manchas de combustible como «hilillos de plastilina».
La indignación ciudadana se convirtió en un movimiento de dimensiones históricas bajo el lema ¡Nunca Máis!, con miles de voluntarios llegados de toda Europa para limpiar las costas gallegas.
La catástrofe dejó una pregunta que todavía permanece en la memoria colectiva: ¿quién asumió las responsabilidades políticas por aquella gestión?
3. EL ALVIA: 80 MUERTOS EN ANGROIS
El 24 de julio de 2013, un tren Alvia descarriló en la curva de Angrois, en Santiago de Compostela. El accidente provocó 80 muertos y 144 heridos.
En aquel momento gobernaba España Mariano Rajoy, con Ana Pastor al frente del Ministerio de Fomento, mientras Alberto Núñez Feijóo presidía la Xunta de Galicia.
El tren circulaba a una velocidad excesiva para aquella curva y operaba bajo el sistema de seguridad ASFA.
Las víctimas y sus familiares denunciaron durante años la falta de responsabilidades políticas y las deficiencias en la seguridad ferroviaria.
También cuestionaron los obstáculos políticos a las comisiones de investigación y la actuación de las administraciones responsables de la infraestructura y su puesta en servicio.
Una tragedia que dejó 80 familias destrozadas y una prolongada lucha por conocer toda la verdad.
4. LAS RESIDENCIAS DE MADRID: 7.291 MAYORES FALLECIDOS DURANTE LA PANDEMIA
Entre marzo y mayo de 2020, durante la primera etapa de la pandemia de COVID-19, fallecieron 7.291 personas mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid sin ser trasladadas a hospitales.
La presidenta regional era Isabel Díaz Ayuso. El consejero de Sanidad era Enrique Ruiz Escudero, mientras que Alberto Reyero ocupaba la Consejería de Políticas Sociales.
Los conocidos como «protocolos de la vergüenza» provocaron una enorme controversia social, política y judicial.
Las directrices de derivación hospitalaria establecieron criterios relacionados con la dependencia, el estado de salud y otras condiciones que limitaron los traslados de residentes a los hospitales.
Alberto Reyero denunció la gestión y terminó abandonando el Gobierno regional. Carlos Mur, director de Coordinación Sociosanitaria, fue uno de los responsables vinculados a la elaboración y firma de los documentos.
Las familias de las víctimas llevan años reclamando verdad, justicia y responsabilidades.
El caso continúa siendo uno de los episodios más dolorosos de la gestión política de la pandemia en España.
5. LA DANA DE VALENCIA: 234 FALLECIDOS Y UNA GESTIÓN BAJO SOSPECHA
El 29 de octubre de 2024, una DANA devastó numerosos municipios de la provincia de Valencia y provocó 234 fallecidos.
El presidente de la Generalitat era Carlos Mazón, del Partido Popular, mientras Alberto Núñez Feijóo dirigía el partido a nivel nacional.
La gestión de la emergencia quedó marcada por las horas de retraso en la incorporación de Mazón al Cecopi y por la tardanza en el envío de la alerta masiva a los teléfonos móviles de la población, que llegó pasadas las 20:00 horas.
La tragedia desencadenó una enorme movilización ciudadana y protestas de familiares de las víctimas que reclamaron responsabilidades políticas.
Tras meses de presión social, Mazón presentó su dimisión el 3 de noviembre de 2025, aunque mantuvo su acta de diputado en las Corts Valencianes.
La presidencia de la Generalitat pasó posteriormente a Miguel Pérez Llorca.
La DANA dejó una de las mayores crisis institucionales de la política valenciana y abrió un debate sobre la prevención, la coordinación y la gestión de las emergencias.
6. LOS CRIBADOS DE CÁNCER DE MAMA EN ANDALUCÍA: UNA CRISIS SANITARIA
Durante 2024 y 2025 salió a la luz la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía.
Más de 2.000 mujeres se vieron afectadas por problemas y retrasos en los diagnósticos. La Junta reconoció fallos en el 2% de los casos evaluados, alrededor de 40 mujeres con problemas graves relacionados con diagnósticos tardíos.
El presidente andaluz era Juan Manuel Moreno Bonilla y la consejera de Salud, Rocío Hernández.
Las denuncias de sindicatos y asociaciones como AMAMA señalaron problemas de personal, recursos insuficientes y fallos informáticos en el Servicio Andaluz de Salud.
Las demoras en la entrega y firma de mamografías provocaron una fuerte alarma social y política.
La oposición reclamó responsabilidades y comisiones de investigación, mientras que el PP y Vox bloquearon iniciativas para abrir investigaciones parlamentarias sobre la gestión de la crisis.
Una situación que volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la financiación y el deterioro de la sanidad pública andaluza.
7. DOÑANA: EL FUTURO DE UNO DE LOS GRANDES ESPACIOS NATURALES DE ESPAÑA
El Parque Nacional de Doñana también ha sido escenario de enfrentamientos políticos y medioambientales bajo el Gobierno andaluz del Partido Popular.
El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla impulsó planes para regularizar regadíos en zonas próximas al parque.
La iniciativa provocó advertencias de la Comisión Europea y de organizaciones ecologistas por el riesgo de sobreexplotación de los acuíferos que sostienen este espacio natural.
Finalmente, la Junta y el Gobierno central pactaron un marco económico para frenar los regadíos ilegales mediante compensaciones a los agricultores.
El conflicto evidenció la tensión entre determinados intereses agrícolas y la obligación de proteger uno de los patrimonios naturales más importantes de España.
8. LOS GRANDES INCENDIOS FORESTALES: PREVENCIÓN, RECURSOS Y RESPONSABILIDADES AUTONÓMICAS
Las oleadas de incendios forestales de 2025 y 2026 volvieron a situar en el centro del debate la gestión de los gobiernos autonómicos del Partido Popular.
Castilla y León, con Alfonso Fernández Mañueco al frente de la Junta, sindicatos y colectivos de bomberos forestales denunciaron la temporalidad de los equipos, la privatización parcial del operativo y la insuficiente inversión en prevención. La oposición también cuestionó la ejecución de partidas presupuestarias y el rechazo a propuestas como la Ley de Bomberos Forestales.
Galicia, bajo los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo y posteriormente Alfonso Rueda, el modelo forestal recibió críticas por priorizar la extinción frente a la prevención y la ordenación del monte. Las denuncias sindicales señalaron problemas de personal, falta de efectivos para operar motobombas y periodos de inactividad de determinados equipos.
Extremadura, con María Guardiola al frente de la Junta, los retrasos en la estabilización de los equipos de bomberos forestales y la gestión de grandes incendios generaron enfrentamientos políticos con el Gobierno central por la disponibilidad de medios aéreos y el papel de la Unidad Militar de Emergencias.
Comunidad de Madrid, bajo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, el debate se centró en la suficiencia de las inversiones en retenes forestales y en la capacidad de respuesta ante el aumento de los incendios en zonas próximas a áreas urbanizadas.
El conflicto competencial se convirtió en otro elemento de confrontación política. El PP responsabilizó en distintas ocasiones al Gobierno central de la falta de coordinación y de medios estatales, mientras que el Ejecutivo nacional recordó que las comunidades autónomas tienen competencias fundamentales en materia forestal, prevención y extinción de incendios.
9. Los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid
Los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid dejaron un saldo de 192 víctimas mortales directas y cerca de 2.000 heridos, cifra que ascendió a 193 tras la inmolación de los terroristas en Leganés. La gestión comunicativa del gobierno de José María Aznar, que insistió en atribuir el ataque a ETA a pesar de los indicios que apuntaban al yihadismo, generó una fuerte crisis política y social sin asumir responsabilidades.
Es el mayor atentado de la historia de España y el segundo mayor atentado cometido en Europa por detrás del atentado de Lockerbie de 1988
10. El accidente del Metro de Valencia de 2006
Este accidente provocó 43 muertos y 47 heridos. Ocurrió el 3 de julio de 2006 en la Línea 1 de Metrovalencia, cerca de la estación de Jesús. Se debió a un exceso de velocidad (80 km/h en una curva limitada a 40 km/h) combinado con la falta de sistemas de frenado automático y medidas de seguridad adecuadas.
La gestión de las autoridades y resolución judicial sobre la actuación de las autoridades locales de la época, pertenecientes al gobierno autonómico de la Generalitat Valenciana (presidido entonces por Francisco Camps, del Partido Popular), estuvo rodeada de intensas polémicas y fuertes críticas sociales por la falta de transparencia.
Las primeras conclusiones: Inicialmente, el gobierno regional y la comisión parlamentaria exprés de agosto de 2006 determinaron que el siniestro era «imprevisible e inevitable», atribuyendo de forma exclusiva la responsabilidad penal al maquinista (quien falleció en el acto).
Con acusaciones de encubrimiento: Las víctimas y colectivos denunciaron durante años una estrategia oficial para tapar las deficiencias técnicas de la línea. Esto incluyó la posterior confirmación de que se borraron datos de la caja negra del convoy la misma noche de la tragedia y la desaparición del libro oficial de averías de la unidad.
Giro político y parlamentario: En 2016, tras un vuelco en el gobierno autonómico, las Cortes Valencianas reabrieron la comisión de investigación y concluyeron formalmente que existieron «13 responsables políticos» por graves deficiencias de gestión y falta de medidas preventivas de seguridad ferroviaria, y al final.fueron condenados
UNA HISTORIA DE TRAGEDIAS QUE EXIGE RESPONSABILIDADES
El Yak-42, el Prestige, el metro de Valencia, los atentados de 11M , el Alvia, las residencias de mayores durante la pandemia, la DANA de Valencia, la crisis de los cribados de cáncer de mama y los problemas de prevención ambiental e incendios forestales forman parte de una relación de acontecimientos que han marcado la historia reciente de España.
No todos tienen la misma naturaleza ni pueden atribuirse las mismas responsabilidades. En unos casos hablamos de accidentes, en otros de catástrofes ambientales, emergencias sanitarias o decisiones políticas y administrativas cuestionadas.
Pero todos tienen un elemento en común: la obligación de los responsables públicos de prevenir, proteger, gestionar con transparencia y rendir cuentas ante la ciudadanía.
Alberto Núñez Feijóo, que hoy dirige el Partido Popular, no puede presentarse como alguien ajeno a esta historia. Fue presidente de la Xunta de Galicia durante el accidente del Alvia y durante años encabezó un modelo de gestión autonómica que también estuvo sometido a fuertes críticas sociales y políticas.
No todos los políticos son iguales como reflexión final.
No todos los políticos son iguales. No se puede equiparar a quienes defienden los servicios públicos, la prevención y la protección de la ciudadanía con quienes han tenido responsabilidades de gobierno en tragedias marcadas por decisiones cuestionadas, falta de previsión o ausencia de rendición de cuentas.
La política no consiste solamente en ganar elecciones, ocupar sillones o enfrentarse al adversario. Gobernar significa proteger vidas humanas. Y cuando las decisiones políticas, los recortes, la falta de medios o la negligencia institucional contribuyen a agravar una tragedia, hay que exigir responsabilidades.
Porque detrás de cada cifra hay una persona, una familia y una vida que no vuelve. No todos los políticos son iguales. El Partido Popular mata seria un titular como presentación del cinismo de Alberto Feijo.