Por Adriana F. Gómez
El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil anunció que la votación está matemáticamente definida, consolidando la victoria del actual mandatario del Partido de los Trabajadores (PT) para asumir su cuarto mandato presidencial.
Con el 99,79% de los votos escrutados de manera preliminar por el TSE, los resultados finales de la jornada son:
.- Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 51,76% (64.093.998 votos).
.- Flávio Bolsonaro (PL): 48,24% (59.735.422 votos)
El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro, representa mucho más que una disputa electoral: simboliza el choque entre dos proyectos de país.
Una advertencia para la ultraderecha internacional y una oportunidad para el progresismo. Brasil vuelve a situarse en el centro de la disputa política latinoamericana, con repercusiones que podrían trascender sus fronteras y llegar hasta Estados Unidos y España.
Lula y el balance de un proyecto político: de la lucha contra el hambre a la defensa de la democracia.
La figura de Lula no puede comprenderse únicamente a través de los resultados de una noche electoral. Su trayectoria política está vinculada a una transformación social que marcó a Brasil durante sus primeros gobiernos y que volvió a situarse en el centro de la agenda nacional con su regreso al poder en 2023.
Para millones de brasileños, Lula representa la posibilidad de que el crecimiento económico se traduzca en empleo, salarios, educación, alimentación y derechos sociales. Para sus adversarios, su proyecto plantea debates sobre el gasto público, la seguridad, la política fiscal y el papel del Estado. La elección enfrenta, por tanto, dos concepciones distintas de la sociedad brasileña.
La lucha contra el hambre y la pobreza: la principal marca de Lula.
Programas como Bolsa Família y la estrategia Fome Zero (Hambre Cero) ayudaron a ampliar la protección social de los hogares más vulnerables. Las transferencias monetarias condicionadas, vinculadas a requisitos como la escolarización y los controles sanitarios, contribuyeron a reducir la pobreza y a mejorar las condiciones de vida de millones de personas.
Durante aquellos años también se impulsaron aumentos reales del salario mínimo, se amplió el acceso al crédito y se favoreció la incorporación de sectores populares al consumo.
En su tercer mandato, iniciado en 2023, Lula recuperó y reformuló políticas sociales, restableció Bolsa Família y puso en marcha el plan Brasil Sem Fome. La prioridad volvió a ser garantizar que el crecimiento económico no dejara atrás a los sectores más vulnerables.
El desafío de esta nueva etapa consiste en consolidar esos avances, combatir la inseguridad alimentaria y conseguir que las mejoras lleguen también a quienes viven en la pobreza urbana, trabajan en la informalidad o soportan elevados costes de vivienda y transporte.
Empleo, salarios y crecimiento económico
El balance económico de Lula está asociado a una etapa de expansión durante sus primeros gobiernos, favorecida tanto por las políticas internas como por el auge internacional de las materias primas y la demanda de productos brasileños.
La combinación de crecimiento, aumento del empleo formal, ampliación del mercado interno y políticas de redistribución permitió que numerosas familias mejoraran sus condiciones materiales.
En su regreso al Gobierno, el Ejecutivo restableció una política de revalorización real del salario mínimo y promovió medidas destinadas a estimular la inversión y la actividad productiva.
Uno de los objetivos centrales para un eventual nuevo mandato sería profundizar ese modelo: más empleo de calidad, mejores salarios, formación profesional y oportunidades para los jóvenes.
Pero existe una condición fundamental: que el crecimiento sea sostenible. Brasil necesita aumentar su productividad, mejorar sus infraestructuras, ampliar la inversión y mantener unas cuentas públicas capaces de financiar los servicios esenciales sin alimentar desequilibrios persistentes.
La gran pregunta es si el país conseguirá transformar los avances económicos en una mejora duradera del poder adquisitivo de las mayorías.
Educación, universidades y movilidad social.
La educación constituye otra de las áreas centrales del legado político de Lula.
Sus primeros gobiernos ampliaron la red de universidades federales, impulsaron nuevas instituciones de educación superior y promovieron iniciativas como ProUni, que facilitó el acceso de estudiantes de bajos ingresos a universidades privadas mediante becas. También se desarrollaron políticas de financiación educativa y acceso a la formación técnica.
La importancia de estas medidas va más allá de las cifras de matriculación. Para las familias trabajadoras, el acceso a la universidad puede significar la posibilidad de romper el ciclo de pobreza y ofrecer a sus hijos oportunidades que antes parecían reservadas a las clases privilegiadas.
En su tercer mandato, el Gobierno volvió a situar la educación pública y la formación profesional entre sus prioridades.
De cara al futuro, una agenda progresista debería reforzar la financiación educativa, reducir el abandono escolar, mejorar las condiciones del profesorado y conectar la formación con las nuevas necesidades industriales, tecnológicas y ambientales.
La educación no puede ser considerada únicamente un gasto presupuestario: es una inversión en productividad, igualdad y democracia.
Vivienda y derechos sociales: la batalla que todavía queda pendiente.
El programa Minha Casa, Minha Vida, creado durante el primer Gobierno de Lula y posteriormente recuperado, constituye una de las principales iniciativas brasileñas de acceso a la vivienda.
Su objetivo es facilitar la adquisición de hogares, especialmente para familias de ingresos bajos y medios, mediante distintas modalidades de financiación y ayudas públicas.
Sin embargo, Brasil continúa enfrentándose a importantes dificultades de acceso a la vivienda, desigualdad territorial y precariedad urbana.
Por eso, una nueva etapa de Gobierno tendría que ir más allá de la construcción de viviendas: debería incorporar alquileres asequibles, urbanización de barrios, transporte público, saneamiento, rehabilitación de edificios y acceso a servicios básicos.
La experiencia brasileña también ofrece una lección para España: el derecho a la vivienda necesita políticas públicas, inversión sostenida y mecanismos que impidan que el acceso a un hogar dependa exclusivamente de la capacidad económica de cada familia.
No se trata de trasladar automáticamente un modelo de un país a otro, sino de reconocer que la vivienda se ha convertido en uno de los grandes conflictos sociales de nuestro tiempo.
Medioambiente y Amazonía: una responsabilidad global.
La protección de la Amazonía es otra de las grandes dimensiones de la política de Lula.
Durante su tercer mandato, el Gobierno reforzó los esfuerzos contra la deforestación ilegal, recuperó protagonismo ambiental en la política internacional y promovió la cooperación con comunidades indígenas y organismos de protección de los ecosistemas.
Los datos oficiales brasileños registraron una importante reducción de la deforestación amazónica en 2023 y 2024 respecto de los años anteriores. Esa evolución no significa que el problema esté resuelto: la presión sobre los bosques, la minería ilegal, los incendios y la expansión de actividades económicas destructivas siguen representando amenazas.
La agenda ambiental también tiene una dimensión económica. Brasil dispone de enormes posibilidades para desarrollar energías renovables, agricultura sostenible, industrias de bajas emisiones y empleos vinculados a la transición ecológica.
Un nuevo mandato tendría que combinar la protección ambiental con oportunidades económicas para las comunidades que habitan esos territorios.
La defensa de la Amazonía no es solamente una cuestión brasileña. Tiene consecuencias para el clima mundial, la biodiversidad y el futuro de las próximas generaciones.
Política exterior: Brasil como actor internacional autónomo.
Lula ha defendido históricamente una política exterior orientada al multilateralismo, la integración latinoamericana y la autonomía estratégica de Brasil.
Su Gobierno ha impulsado la participación brasileña en los BRICS, la cooperación con China y otros países emergentes y la búsqueda de una mayor representación de las economías del Sur Global en los organismos internacionales.
Brasil también ha recuperado protagonismo en las negociaciones climáticas y en los debates sobre la reforma de las instituciones financieras internacionales.
Esta política no está exenta de controversias. Las posiciones brasileñas sobre conflictos internacionales han generado críticas y tensiones con distintos gobiernos occidentales. El desafío consiste en mantener una diplomacia independiente sin renunciar a la defensa del derecho internacional, la negociación y la protección de la población civil.
Con Lula consolidando un nuevo mandato, Brasil podra seguir defendiendo un orden internacional menos concentrado en las grandes potencias tradicionales y más abierto a la participación de América Latina, África y Asia.
Ese objetivo, sin embargo, requiere resultados concretos: acuerdos comerciales, cooperación tecnológica, financiación para el desarrollo y una diplomacia capaz de construir consensos.
Reforma tributaria y financiación del Estado social.
Uno de los avances institucionales del tercer mandato fue la aprobación de una reforma tributaria destinada a simplificar el complejo sistema brasileño de impuestos sobre el consumo.
También se impulsaron cambios en el impuesto sobre la renta, incluida la exención para quienes perciben hasta 5.000 reales mensuales, prevista para entrar en vigor en 2026 conforme a la legislación aprobada en 2025.
Estas medidas forman parte de una discusión de fondo: quién debe contribuir al sostenimiento del Estado y cómo distribuir de manera más equitativa la carga fiscal.
Para el progresismo, la reforma pendiente consiste en combinar una fiscalidad más justa con servicios públicos de calidad, inversión productiva y responsabilidad presupuestaria.
No basta con anunciar derechos sociales. Hay que garantizar los recursos necesarios para financiarlos.
¿Qué puede esperarse de un nuevo mandato?
Si Lula obtiene finalmente la victoria, las prioridades previsibles de su proyecto político serían profundizar las políticas sociales, mantener la recuperación del salario mínimo, ampliar las oportunidades educativas, estimular el empleo y reforzar la protección ambiental.
No obstante, conviene distinguir entre las políticas que ya forman parte de su trayectoria y las propuestas específicas que deberá concretar el programa definitivo del nuevo mandato.
Estas son las grandes líneas que podrían definir esa etapa:
Protección social:;Mantener los programas contra el hambre y la pobreza, reforzar las ayudas a las familias vulnerables y ampliar las oportunidades para quienes permanecen en la informalidad.
Trabajo y salarios: Favorecer el empleo formal, mejorar el poder adquisitivo, fortalecer la formación profesional y estimular la inversión productiva.
Vivienda y servicios públicos: Profundizar las políticas habitacionales, ampliar el acceso a la educación y la sanidad y mejorar las infraestructuras.
Transición ecológica: Combatir la deforestación, desarrollar energías limpias y crear oportunidades económicas compatibles con la conservación ambiental.
Justicia fiscal y democracia: Avanzar hacia una distribución más equitativa de la carga tributaria, fortalecer las instituciones democráticas y ampliar la cooperación internacional.
El margen de maniobra de cualquier nuevo Gobierno dependerá también de la composición del Congreso, la situación fiscal, la evolución de la economía mundial y su capacidad para alcanzar acuerdos políticos. Ganar una elección no equivale a disponer de un cheque en blanco.
Brasil, España y Estados Unidos: ¿un cambio de ciclo para la ultraderecha?
La dimensión internacional de esta elección es especialmente relevante.
En Estados Unidos, Donald Trump ha convertido la confrontación con la izquierda en uno de los pilares de su discurso político. En América Latina, el bolsonarismo representa una corriente que combina conservadurismo social, nacionalismo, polarización política y oposición a buena parte de las políticas redistributivas de la izquierda.
En España, el Partido Popular y Vox mantienen sus propias agendas y diferencias, pero participan de un escenario internacional en el que la derecha radical ha ganado influencia y en el que las fuerzas progresistas se enfrentan al desafío de movilizar a sus bases y responder a las preocupaciones económicas de la población.
Una victoria de Lula que se convierten un símbolo para las izquierdas democráticas: demostrar que existe espacio electoral para defender la protección social, la reducción de la desigualdad y la intervención pública sin renunciar a las instituciones democráticas.
Pero sería prematuro interpretar un resultado brasileño como una derrota automática de Trump, de Vox o del conjunto de la derecha internacional. Cada país tiene su propio sistema político, sus conflictos y sus condiciones electorales.
Lo que sí podría cambiar es el clima político: una victoria progresista en una de las mayores democracias del mundo daría impulso a quienes sostienen que la respuesta a la desigualdad no consiste en recortar derechos, sino en mejorar las condiciones de vida de la mayoría.
La lección para España: los derechos sociales también movilizan.
Para la izquierda española, el resultado brasileño plantea una reflexión que va más allá de las siglas.
Las disputas internas, las diferencias de liderazgo y la fragmentación electoral pueden debilitar cualquier proyecto político cuando las preocupaciones cotidianas de la ciudadanía quedan relegadas a un segundo plano.
La vivienda, los salarios, las pensiones, la sanidad, la educación y el empleo son asuntos que afectan directamente a millones de personas. Un proyecto progresista necesita propuestas reconocibles, compromisos verificables y capacidad para construir mayorías.
La experiencia de Lula muestra que la política social puede convertirse en un elemento central de identidad electoral. Pero también enseña que los avances deben sostenerse en el tiempo, que las instituciones importan y que la confianza ciudadana exige resultados.
La comparación con España debe hacerse con cautela: los sistemas electorales, las economías y las estructuras sociales son diferentes. Aun así, la pregunta es compartida por ambas sociedades: ¿quién gobierna para mejorar la vida de las mayorías y quién consigue convencer a la ciudadanía de que puede hacerlo?
Una victoria de Lula que transciende las fronteras de Brasil.
La victoria de Lula, Brasil ha protagonizado un nuevo capítulo de una disputa que atraviesa buena parte del mundo: el enfrentamiento entre proyectos que sitúan la protección social y la reducción de las desigualdades en el centro de su agenda y aquellos que defienden otras prioridades económicas, culturales e institucionales.
Lula no representa un modelo sin contradicciones ni una solución automática a los problemas brasileños. Su legado incluye avances sociales importantes, pero también desafíos pendientes en materia fiscal, seguridad, desigualdad y desarrollo sostenible.
Precisamente por eso, la importancia de su victoria no reside solamente en derrotar a un adversario político. Reside en la oportunidad de demostrar que las urnas pueden respaldar un proyecto capaz de mejorar las condiciones materiales de la población y fortalecer la convivencia democrática.
Para España, para América Latina y para el conjunto de las fuerzas progresistas, la lección sería clara: no basta con denunciar a la ultraderecha. Hay que construir una alternativa creíble, unida en torno a objetivos concretos y capaz de ofrecer respuestas a los problemas reales de la gente.