Por Adriana F. Gomez
«La visita del presidente argentino reabre una vieja herida en el espacio progresista español: la incapacidad de convertir los ataques de la derecha en una oportunidad para construir unidad. Mientras Pedro Sánchez reivindica con orgullo su condición de izquierdas frente a los insultos de Javier Milei, la candidatura de Irene Montero vuelve a situar al PSOE y al Frente Amplio en el centro de sus críticas. ¿Quién se beneficia de esta división?«
Cuando el insulto debería unir y termina dividiendo
La llegada de Javier Milei a España vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que trasciende las diferencias entre partidos: la utilización del insulto como herramienta de confrontación política.
El presidente argentino ha recurrido a expresiones despectivas contra la izquierda, calificando a sus adversarios de «zurdos de mierda» y «empobrecedores», en un discurso que también ha servido para atacar al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
La respuesta de Sánchez, reivindicando con orgullo su condición de zurdo, representa una defensa política frente a una descalificación que pretende convertir una identidad ideológica en motivo de desprecio.
Hasta aquí, el enfrentamiento responde a una lógica conocida: Milei representa una derecha radical que ha hecho de la confrontación cultural contra la izquierda uno de sus principales instrumentos políticos, mientras que el Gobierno español reivindica su legitimidad para defender un proyecto progresista.
Sin embargo, lo verdaderamente significativo no es únicamente el intercambio de declaraciones entre ambos presidentes. La cuestión es qué sucede dentro de la propia izquierda española cuando recibe ataques de esta naturaleza.
En un contexto de fragmentación electoral y de negociaciones para construir candidaturas capaces de disputar el poder, cabría esperar que los insultos dirigidos contra el conjunto de la izquierda generasen una respuesta común. No significa renunciar a las diferencias, silenciar las críticas ni conceder al PSOE un cheque en blanco. Significa comprender que existen momentos en los que la defensa de unos principios compartidos debería estar por encima de la competencia entre organizaciones.
Pero la realidad vuelve a mostrar una izquierda que, en lugar de concentrar sus esfuerzos en confrontar a sus adversarios políticos, dedica una parte considerable de su energía a combatir a quienes deberían ser sus potenciales aliados.
Irene Montero y la campaña de la confrontación dentro de la izquierda
La candidatura de Irene Montero, identificada con la denominación «Paz, vivienda y trabajo», plantea una contradicción política que merece ser examinada.
Podemos reivindica la defensa de los derechos sociales, la vivienda, la paz, los servicios públicos y una transformación profunda de las políticas económicas. Son cuestiones que forman parte de la tradición de la izquierda y que responden a problemas reales de la sociedad española.
Sin embargo, una cosa es defender ese programa y otra convertir la crítica permanente a otras fuerzas progresistas en uno de los ejes centrales de la campaña electoral.
Cuando los mensajes de una candidatura se dirigen reiteradamente contra el PSOE y también contra el Frente Amplio —el espacio que agrupa a distintas organizaciones progresistas—, la pregunta resulta inevitable: ¿se está intentando ampliar el campo de la izquierda o se está disputando el mismo electorado mediante el enfrentamiento con quienes también aspiran a frenar a la derecha?
La diferencia no es menor, ya que estas cuestiones terminan siendo un partido funcional a la derecha y ultraderecha.
Una campaña puede cuestionar las decisiones del Gobierno, denunciar incumplimientos, exigir medidas más ambiciosas y señalar las contradicciones del PSOE. Todo ello forma parte de la democracia. También puede defender que las propuestas de Podemos son mejores que las de otras organizaciones.
Lo problemático aparece cuando esa crítica deja de ser una herramienta para mejorar las políticas públicas y se convierte en una estrategia de deslegitimación de los posibles aliados.
Si el PSOE es presentado como una fuerza que no representa verdaderamente a la izquierda y, al mismo tiempo, se desacredita al Frente Amplio, ¿qué alternativa de mayoría se está proponiendo? ¿Con qué fuerzas se pretende alcanzar el poder y aprobar las medidas que se reclaman?
Porque la política no consiste únicamente en denunciar lo que hacen los demás. También exige construir mayorías parlamentarias, negociar acuerdos y asumir la responsabilidad de gobernar.
La paradoja de Podemos: reclamar desde fuera lo que también pudo impulsar desde dentro
Hay otra cuestión que no debería quedar fuera del debate: la responsabilidad de Podemos durante su etapa en el Gobierno de coalición.
Unidas Podemos participaron en el Ejecutivo de coalición con el PSOE entre 2020 y 2023. Durante ese periodo se impulsaron medidas sociales relevantes, pero también quedaron pendientes reivindicaciones que hoy continúan ocupando un lugar central en el discurso de la formación.
La pregunta es legítima: ¿por qué algunas de las transformaciones que ahora se reclaman con tanta contundencia no pudieron materializarse cuando Podemos tenía representación en el Consejo de Ministros y capacidad para negociar las decisiones del Gobierno?
No todas las respuestas son iguales. Un partido minoritario dentro de una coalición no dispone de poder ilimitado. Las decisiones dependen de los acuerdos entre socios, de las mayorías parlamentarias, de los recursos presupuestarios y de las resistencias políticas y económicas. Por tanto, sería injusto atribuir exclusivamente a Podemos todos los incumplimientos de aquel periodo lo mismo que ahora al Frente Amplio o a un PSOE en minoría.
Pero esa misma realidad obliga a hacer otra pregunta: si las dificultades para transformar las políticas públicas eran tan importantes desde dentro del Gobierno, ¿por qué se presentan a veces desde fuera como si bastara con voluntad política para resolverlas?
La coherencia exige explicar qué medidas se intentaron aprobar, cuáles fueron bloqueadas, cuáles se aceptaron en los acuerdos de coalición y cuáles no se impulsaron con suficiente fuerza. También exige reconocer los límites y errores propios, desde dentro del espacio de Podemos cuando formo parte del gobierno.
La izquierda no puede reclamar una memoria selectiva: recordar los incumplimientos de sus adversarios y olvidar sus propias responsabilidades cuando tuvo capacidad de decisión.
Gobernar implica negociar, ceder en determinados aspectos y responder por los resultados. Estar en la oposición permite formular propuestas más ambiciosas, pero también obliga a explicar cómo se financiarían, qué mayorías las harían posibles y por qué no se consiguieron antes.
La crítica es legítima. La amnesia política, no.
¿Qué significa realmente ser de izquierdas?
El debate abierto por Milei contiene una ironía política. Mientras el presidente argentino utiliza la palabra «zurdo» como una descalificación, una parte de la izquierda española parece empeñada en discutir quién merece realmente esa etiqueta.
El PSOE recibe críticas por sus decisiones económicas y sociales. Podemos cuestiona al PSOE por considerar insuficientes sus políticas. El Frente Amplio intenta articular un espacio electoral que agrupe a distintas organizaciones progresistas. Y, entretanto, la derecha puede observar cómo sus adversarios se enfrentan por la representación de un electorado limitado.
La cuestión no es determinar qué partido posee en exclusiva el certificado de autenticidad de la izquierda. La cuestión es qué políticas se defienden, qué resultados se consiguen y qué alternativas existen para mejorar la vida de la mayoría social.
Ser de izquierdas no debería consistir únicamente en denunciar la insuficiencia de los demás. También significa construir alternativas viables, defender derechos y comprender que las diferencias entre organizaciones progresistas no eliminan necesariamente sus intereses compartidos.
Hay desacuerdos profundos sobre vivienda, fiscalidad, trabajo, política internacional, servicios públicos y estrategia electoral. Deben debatirse. Pero esos desacuerdos no justifican convertir a cada posible aliado en el principal enemigo.
Una izquierda que se dedica a demostrar que sus competidores son menos izquierdistas que ella puede terminar perdiendo la oportunidad de demostrar a la ciudadanía qué sería capaz de hacer si gobernase.
La fragmentación no beneficia necesariamente a quien tiene las mejores propuestas
El problema de la división no es solamente moral o ideológico, es también electoral, ya que en un sistema parlamentario como el español, la distribución de los votos entre candidaturas diferentes puede tener consecuencias directas sobre la representación obtenida, dependiendo de la circunscripción, el número de escaños en juego y el resultado electoral.
Por eso, cuando las fuerzas progresistas compiten entre sí sin una estrategia compartida, corren el riesgo de debilitar sus posibilidades de representación y de facilitar que sus adversarios obtengan una ventaja parlamentaria.
No significa que todas las organizaciones deban integrarse en una única candidatura ni que la unidad garantice automáticamente mejores resultados. Las alianzas mal construidas también pueden fracasar, y las diferencias políticas reales no desaparecen mediante una fotografía conjunta.
Pero sí significa que cada partido debería preguntarse qué consecuencias tiene su estrategia.
Si una candidatura concentra sus esfuerzos en desacreditar a otras fuerzas con las que podría compartir acuerdos parlamentarios, debe explicar qué mayoría alternativa propone, cómo piensa hacerla posible y qué hará si necesita esos mismos votos para aprobar sus medidas.
No basta con proclamar que se quiere transformar el país. Hay que explicar cómo se consigue.
La pregunta resulta especialmente importante cuando la vivienda, el empleo, las pensiones, los salarios y el deterioro de los servicios públicos afectan a millones de personas que esperan respuestas concretas, no una competición interminable entre organizaciones que comparten parte de sus objetivos.
La unidad no significa obediencia al PSOE
Conviene aclararlo: defender la unidad de la izquierda no significa exigir silencio ante el PSOE ni aceptar sin discusión las decisiones de Pedro Sánchez.
El Partido Socialista debe responder por sus políticas, sus compromisos electorales y los acuerdos que alcanza con otras fuerzas. Si incumple promesas, adopta medidas insuficientes o renuncia a reformas necesarias, tiene que afrontar las críticas.
Lo mismo ocurre con el Frente Amplio y con Podemos.
La unidad democrática no consiste en que todos piensen igual, sino en establecer prioridades compartidas, reconocer las diferencias y encontrar mecanismos para resolverlas sin destruir las posibilidades de cooperación.
Tampoco se puede exigir a Podemos que renuncie a su identidad o a Irene Montero que abandone sus reivindicaciones para favorecer al PSOE. Lo que sí cabe exigir a cualquier candidatura es coherencia entre sus objetivos declarados y su estrategia política.
Si el objetivo es frenar a la derecha, defender los derechos sociales y ampliar la protección de la ciudadanía, hay que explicar de qué manera la confrontación permanente con otras fuerzas progresistas contribuye a conseguirlo.
Y si se considera que el PSOE no es un aliado válido, también hay que explicar qué alternativa de gobierno se propone, con qué apoyos parlamentarios y con qué posibilidades reales de llevar adelante el programa.
La crítica sin estrategia puede alimentar la identidad de una organización, pero no necesariamente transforma la realidad de quienes esperan soluciones.
Milei, la derecha española y una oportunidad desaprovechada
Los ataques de Milei contra la izquierda española deberían servir para abrir un debate sobre los modelos económicos y sociales que están en disputa.
Frente a una política que reivindica los recortes del gasto público, la reducción del papel del Estado y la confrontación con las organizaciones progresistas, la izquierda puede presentar sus alternativas en materia de vivienda, sanidad, educación, pensiones, empleo y protección social.
Puede discutir qué modelo de sociedad quiere construir, qué recursos necesita y qué compromisos está dispuesta a asumir.
Pero para hacerlo necesita algo más que consignas: necesita credibilidad, capacidad de acuerdo y una explicación convincente de cómo sus propuestas se traducirán en medidas concretas.
Cuando la respuesta a los insultos de un dirigente extranjero se convierte en otra disputa entre partidos españoles, el debate corre el riesgo de desviarse de lo esencial.
Milei puede utilizar la palabra «zurdo» como arma política. Sánchez puede reivindicarla. Podemos puede cuestionar la gestión del PSOE y el Frente Amplio puede defender su propio proyecto. Todo ello forma parte de la confrontación democrática.
La contradicción aparece cuando quienes dicen combatir un mismo modelo económico dedican más esfuerzos a desautorizarse entre sí que a explicar qué alternativa común pueden ofrecer y con quien van a gobernar
Y esa contradicción no se resuelve con más reproches, sino con una discusión honesta sobre responsabilidades, prioridades y posibilidades de cooperación.
Conclusión: una izquierda que debe decidir qué quiere ser
La izquierda española tiene derecho a discrepar, a competir electoralmente y a cuestionar la gestión de sus propios gobiernos. De hecho, necesita hacerlo para corregir errores y recuperar la confianza de una parte de la ciudadanía.
Pero también necesita preguntarse si la confrontación permanente entre sus organizaciones contribuye a mejorar la vida de la gente o termina debilitando las posibilidades de impulsar las transformaciones que todas, en mayor o menor medida, dicen defender.
Podemos tiene derecho a reivindicar su programa. Irene Montero puede exigir políticas de vivienda más ambiciosas, mayor protección laboral y una agenda de paz. El PSOE debe responder por sus decisiones y el Frente Amplio debe demostrar que su propuesta de integración es capaz de ofrecer resultados.
Lo que no parece razonable es reclamar unidad frente a la derecha mientras se convierte a otras fuerzas progresistas en adversarios permanentes, sin explicar cómo se pretende construir una mayoría alternativa.
La cuestión de fondo no es quién tiene más derecho a llamarse de izquierdas. Es quién está dispuesto a asumir la responsabilidad de construir una alternativa política capaz de gobernar.
Porque cuando la derecha ataca a toda la izquierda, la respuesta no puede limitarse a una competición para decidir quién es el más puro, el más auténtico o el más revolucionario.
La izquierda no pierde únicamente cuando gana la derecha. También pierde cuando convierte sus diferencias en una guerra interna y olvida que, para cambiar las cosas, no basta con tener razón: hace falta construir mayorías.
Y esa es la contradicción que debería preocupar a todas las organizaciones progresistas: que, mientras Milei insulta a los zurdos, una parte de la izquierda española corre el riesgo de dedicar más energía a combatir a sus posibles aliados que a construir la alternativa que dice defender y en estas circunstancias, hoy mas que nunca España necesita un voto útil dónde se priorice posibilidades reales y no intereses económicos de partidos para mantener a sus liberados y empleados, o a una voz que jamás podra gobernar porque se enfrenta a sus únicos posibles socios, siendo funcional a la derecha española que asiste al espectáculo con alegría fascista.