Por: Carolina Valencia Bernal

Periodista colombiana

EL TERREMOTO

«Nos tienen esperando»: damnificados del terremoto aseguran que siguen sin recibir subsidios de arriendo.

Las familias se quejan por las demoras en la entrega de ayudas estatales para pagar los arriendos, reactivar sus negocios y acceder a una vivienda propia.

Más de dos meses después del terremoto que devastó municipios del Eje Cafetero y otras regiones del país, decenas de familias siguen sin saber cuándo recibirán las ayudas prometidas para garantizar un techo. Mientras algunas personas afectadas ya han recibido los primeros desembolsos, otras sobreviven gracias al apoyo de familiares y vecinos, así como a unos ahorros que se agotan.

La fundación Luz y Sonrisas, de la primera dama, Ana Lucía Pineda, que desde el principio generó más dudas que emociones, recaudó un total de $54.589.523.791, provenientes, según se afirma, en un 100 % del sector privado, sin recursos públicos. Sin embargo, no se habría ejecutado ni el 1 % del total recaudado, mientras el dinero permanece en cuentas bancarias vigiladas.

El 81 % de estas donaciones habría sido aportado por el Grupo Económico Gillinsky. Estos recursos no son de libre disposición, pues reposan en una fiducia. Se trata de $6.400 millones destinados a la reconstrucción de colegios y centros de salud, exclusivamente en la ciudad de Cali.

No se sabe cuánto dinero llegó del exterior ni cuánto se ha gastado en ayuda humanitaria. Entre los aportes mencionados figuran una donación de Estados Unidos por 84 millones de dólares y otra del Grupo Santo Domingo por $100.000 millones, el doble de lo declarado por la fundación.

Ante la presión de la oposición, del presidente del Senado y de los medios de comunicación, la fundación tuvo que presentar una rendición de cuentas en octubre. Sin embargo, Ana Lucía Pineda sostiene que no está obligada a hacerlo, pues su fundación no pertenece a ningún ministerio. Una situación similar se presenta con el denominado «Fondo Milagro», creado por ADLE para canalizar las ayudas y la reconstrucción en las ciudades más afectadas, cuya falta de transparencia también genera cuestionamientos.

Ana Lucía Pineda utilizó los medios públicos y las alocuciones presidenciales para solicitar donaciones. Aun así, afirmó que no tiene la obligación de rendir cuentas sobre los recursos recibidos por su fundación.

DESMONTE DE LAS NEGOCIACIONES CON GRUPOS CRIMINALES, SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

El Gobierno ha clausurado los diálogos formales con los grupos armados del país, dando por finalizada la política de «Paz Total», heredada de la administración anterior, y pretende reemplazarla por una estrategia de sometimiento a la justicia ordinaria.

También ha reactivado la extradición de varios integrantes de estos grupos, cuyos procesos habían sido suspendidos por Gustavo Petro para priorizar los diálogos.

La justificación del Gobierno es que las negociaciones y los diálogos facilitaron la expansión de las economías ilícitas. Por esta razón, ahora se priorizan las operaciones de la fuerza pública y la vía judicial.

Asimismo, se ha retomado la construcción de una megacárcel al estilo de las impulsadas por Nayib Bukele en El Salvador. El proyecto se remonta al gobierno de Iván Duque, en 2021, pero quedó suspendido por falta de recursos.

Estatuto Antiterrorista

Una de las grandes promesas de campaña de Abelardo de la Espriella es recuperar la seguridad y el orden público en Colombia mediante una política de «mano dura». Con ese propósito, radicó ante el Congreso un proyecto de ley que, de ser aprobado por el Legislativo, requeriría el correspondiente control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, según el trámite que resulte aplicable.

La iniciativa busca establecer un registro nacional de actores, personas y grupos vinculados al terrorismo en el país.

Con esta propuesta, la Presidencia tendría la potestad de señalar o perfilar a personas y organizaciones para incluirlas en el Registro Nacional de Grupos Terroristas, así como de recurrir al uso de la fuerza para contrarrestar a dichas organizaciones. Esto podría representar una expansión del poder presidencial, con facultades que recuerdan, en ciertos aspectos, las que ejerce el presidente de Estados Unidos.

Las definiciones de «terrorismo» y «colaborador del terrorismo» serían amplias y ambiguas, según las preocupaciones expresadas por defensores de derechos humanos.

En ese escenario, cualquier persona u organización —incluidas ONG, medios de comunicación, periodistas, activistas o personas del común— podría quedar expuesta a señalamientos como terrorista o colaboradora del terrorismo si participa, por ejemplo, en determinadas manifestaciones o actividades. De no establecerse límites y garantías claras, la medida podría poner en riesgo la libertad de expresión, la protesta social y la protección de la oposición política.

«Con el terrorismo no puede haber negociaciones, no hay contemplaciones, no las habrá en el campo de batalla y tampoco con sus socios en el campo político. Los hemos venido a enfrentar y a derrotar a unos que están armados en el campo de batalla (…) y a unos que están en el campo político los vamos a derrotar con hechos, con decisiones, con pulcritud y con patriotismo», afirmó Abelardo de la Espriella en un discurso pronunciado en Valledupar hace pocos días.

POLÍTICA EXTERIOR

Las principales líneas de la política exterior del Gobierno pueden resumirse en los siguientes puntos:

• Alineamiento con Estados Unidos e Israel.
• Rechazo a aspectos centrales del derecho internacional.
• Mayor dependencia económica.
• Deterioro de la soberanía nacional.
• Autorización de operaciones militares de tropas estadounidenses en territorio colombiano contra el narcoterrorismo, sin autorización del Senado.
• Reconocimiento de la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán.
• Retiro del caso presentado por Sudáfrica contra Israel por el genocidio en Gaza.
• Amenazas de retirar a Colombia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Corte Penal Internacional (CPI).
• Traslado de la Embajada de Colombia a Israel.
• Retiro de la Coalición por la Igualdad de Derechos LGBTIQ+.
• Retorno a la Declaración del Consenso de Ginebra, que cuestiona el reconocimiento del aborto como derecho internacional.
• Cierre de catorce embajadas y quince consulados.
• Adhesión al Escudo de las Américas, coalición anunciada por Donald Trump en marzo pasado.
• Retiro de la iniciativa china de la Franja y la Ruta.

Nada de esto parece concordar con los principios fundamentales de la política exterior consagrados en la Constitución de 1991: soberanía nacional, integridad territorial, autodeterminación de los pueblos, respeto al derecho internacional, solución pacífica de las controversias, protección del medio ambiente e integración de América Latina y el Caribe.

Salvaguardar estos principios es fundamental para preservar la autonomía del país, su capacidad de decisión y su compromiso con el orden jurídico internacional.

BATALLA CULTURAL

La batalla cultural constituye una iniciativa ideológica mediante la cual el Gobierno de Abelardo de la Espriella pretende desmantelar iniciativas de orientación progresista e imponer sus propios valores conservadores y religiosos, así como una visión regresiva de la educación y los derechos.

Esta estrategia promueve el concepto de familia tradicional, la disciplina y la fe cristiana, al tiempo que plantea un enfrentamiento contra lo que denomina «ideología de género», expresión utilizada por sectores conservadores para cuestionar las políticas relacionadas con la diversidad sexual, la igualdad de género y los derechos de las mujeres.

En una primera etapa, el Gobierno impulsa una revisión de los textos escolares y plantea eliminar la palabra «niña» para sustituirla por «niñez», además de limitar los contenidos relacionados con la educación sexual y los derechos reproductivos.

En esa misma línea, busca derogar la Resolución 1350 de 2026, expedida durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, sobre la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Según lo planteado en esta controversia, dicha resolución ordenaba a los colegios públicos y privados incorporar transversalmente los enfoques de género y derechos en sus planes de estudio.

El argumento esgrimido para justificar estas medidas es el derecho de los padres a orientar la educación de sus hijos. Sin embargo, el debate plantea interrogantes sobre los límites de la autoridad parental, la autonomía de los estudiantes y las obligaciones del Estado en materia de educación, igualdad y derechos sexuales y reproductivos.

BATALLA ANTIWOKE

Con el propósito de generar un escenario de pánico moral, sectores de la derecha mundial se presentan como los salvadores de una civilización que consideran sumida en una crisis de valores. Abelardo de la Espriella no se quedaría atrás en esta ofensiva global contra las reivindicaciones sociales y los movimientos que defienden la igualdad y los derechos humanos.

La llamada batalla antiwoke se convierte así en una herramienta política para cuestionar o desacreditar causas como la lucha contra el racismo, el feminismo, la defensa de la diversidad y la protección de los denominados «nuevos derechos».

Bajo la bandera de la defensa de los valores tradicionales, esta confrontación ideológica puede terminar debilitando los avances sociales y ampliando la polarización. Más que una simple disputa cultural, se trata de una pugna por definir qué derechos se reconocen, qué voces tienen legitimidad en el debate público y qué modelo de sociedad pretende imponerse desde el poder.

NOTA EDITORIAL: ASPECTOS POR VERIFICAR ANTES DE PUBLICAR

Las cifras de las donaciones: el total recaudado, el porcentaje atribuido al Grupo Gillinsky, los $6.400 millones y la equivalencia en dólares deben contrastarse con fuentes documentales.

La rendición de cuentas: conviene precisar qué entidad recibió los recursos, bajo qué figura jurídica y cuáles son sus obligaciones legales.

El Estatuto Antiterrorista: es importante verificar el nombre oficial del proyecto, su radicación, el contenido de sus artículos y las facultades que realmente contempla.

La política exterior: las afirmaciones sobre Israel, Estados Unidos, la ONU, la CPI, las embajadas y el Escudo de las Américas necesitan fuentes y fechas concretas.

La Resolución 1350 de 2026: hay que confirmar su existencia, contenido y vigencia, así como si se ha anunciado formalmente su derogación.

La cita de Abelardo de la Espriella: conviene localizar el discurso original para confirmar la literalidad y el contexto.

Nota editorial: se ha corregido el lenguaje sin convertir las afirmaciones del borrador en hechos comprobados. Para una publicación periodística sólida, es importante diferenciar los datos documentados, las denuncias, las interpretaciones y las opiniones.