Por Juan Carlos Alí Torres.
El proyecto E1 amenaza con fragmentar Cisjordania y aislar Jerusalén Este del territorio palestino. Mientras Londres anuncia medidas contra empresas implicadas en los asentamientos, la Unión Europea continúa dividida sobre las sanciones económicas a Israel. En paralelo, el dirigente árabe-israelí Ayman Odeh advierte de que el futuro político de Netanyahu, la reconstrucción de Gaza y las tensiones regionales están estrechamente vinculados.
El proyecto E1, una amenaza para la continuidad territorial palestina
La controversia internacional en torno a la política de asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados vuelve a situarse en el centro del debate diplomático. El Reino Unido ha advertido de que dispone de nuevas facultades para imponer sanciones a empresas y particulares que participen en la construcción de asentamientos ilegales, en un momento especialmente delicado para el proyecto conocido como E1, situado al este de Jerusalén.
El ministro británico de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, lanzó un mensaje dirigido a las compañías que estudian presentar ofertas para participar en las obras. Según sus declaraciones, Londres cuenta con atribuciones para sancionar a quienes intervengan en la construcción de asentamientos, por lo que advirtió de las posibles consecuencias jurídicas y reputacionales de colaborar con estas iniciativas.
La posición británica supone un intento de trasladar la condena diplomática al terreno de las responsabilidades económicas. Ya no se trata únicamente de expresar desacuerdo con una decisión del Gobierno israelí, sino de advertir a los actores empresariales de que su participación podría tener consecuencias concretas.
Londres también habría convocado al encargado de negocios israelí para exigir la retirada de la licitación y la paralización del proyecto.
El plan E1 contempla la construcción de aproximadamente 3.401 viviendas para colonos, junto con la expansión de Ma’ale Adumim y su conexión territorial con Jerusalén. Su ubicación es estratégica: la ejecución del proyecto podría dificultar gravemente la continuidad territorial entre el norte y el sur de Cisjordania, además de limitar las posibilidades de establecer un Estado palestino viable con Jerusalén Este como capital.
La controversia no se limita, por tanto, a la construcción de nuevas viviendas. Está relacionada con el control del territorio, la movilidad de la población palestina y la posibilidad de que un futuro acuerdo político permita la coexistencia de dos Estados.
La carretera proyectada para facilitar la circulación palestina al sur de E1 forma parte de este escenario. Aunque las autoridades israelíes pueden presentar las infraestructuras como soluciones de movilidad, la cuestión fundamental es si estas garantizan una continuidad territorial real o consolidan una distribución del espacio que favorece la expansión de los asentamientos.
Desde el punto de vista del derecho internacional, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mediante su Resolución 2334 de 2016, declaró que los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado desde 1967 carecen de validez jurídica y constituyen una violación flagrante del derecho internacional. La Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva de julio de 2024, concluyó asimismo que la presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado es ilícita y que debe ponerle fin lo antes posible, además de reiterar sus obligaciones respecto a los asentamientos.
En este contexto, el proyecto E1 representa un desafío no solo para la diplomacia internacional, sino también para cualquier iniciativa que pretenda alcanzar una solución política duradera.
Europa ante Israel: condenas diplomáticas y dificultades para imponer sanciones
La respuesta europea revela una contradicción persistente entre los principios proclamados por las instituciones comunitarias y los intereses estratégicos, militares y comerciales de los Estados miembros.
La Unión Europea mantiene una relación económica de enorme importancia con Israel. Por ello, cualquier decisión que afecte al comercio bilateral tiene repercusiones políticas y económicas que van más allá de una simple declaración diplomática.
Entre las medidas debatidas se encuentra la suspensión parcial de determinadas ventajas comerciales contempladas en el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel. Las propuestas difundidas incluyen aranceles adicionales y restricciones que podrían afectar a una parte considerable de las exportaciones israelíes al mercado europeo.
Sin embargo, es necesario distinguir entre las propuestas anunciadas, las decisiones formalmente adoptadas y las medidas que requieren todavía aprobación. Las cifras económicas que circulan en torno a una eventual suspensión comercial deben entenderse dentro de ese proceso y no como sanciones automáticamente ejecutadas.
La falta de consenso político ha dificultado históricamente una respuesta común. Alemania y otros gobiernos mantienen reservas frente a determinadas sanciones, mientras que España e Irlanda han defendido una revisión más exigente de la relación con Israel, especialmente en materia de derechos humanos y cumplimiento del derecho internacional.
En materia de comercio, las decisiones de la Unión Europea dependen del instrumento jurídico utilizado. Una suspensión de determinadas preferencias comerciales puede requerir una mayoría cualificada, mientras que otras medidas de política exterior, especialmente las sanciones, pueden estar sujetas a requisitos de unanimidad. Por ello, no existe un único procedimiento aplicable a todas las iniciativas.
También se han planteado restricciones a la cooperación financiera y a determinados fondos destinados directamente al Gobierno israelí. Su alcance y aplicación deben evaluarse a partir de las decisiones institucionales concretas.
La consecuencia política de esta división es evidente: mientras algunos gobiernos reclaman medidas de presión, otros temen que las sanciones deterioren las relaciones estratégicas o reduzcan su capacidad de influencia sobre Israel.
La pregunta que permanece abierta es si Europa está dispuesta a utilizar su peso económico para defender los principios que proclama o si continuará limitándose a condenas diplomáticas sin consecuencias suficientes sobre el terreno.
Reino Unido y España: la presión económica y militar adquiere protagonismo
El Reino Unido ha optado por advertir directamente a empresas y particulares que participen en la construcción de asentamientos. La eficacia de esta política dependerá de las facultades legales concretas, de los criterios de aplicación y de la capacidad de las autoridades británicas para identificar y sancionar las actividades comprendidas en su alcance.
La posición británica frente al proyecto E1 se suma a una discusión más amplia sobre el comercio, la financiación y la responsabilidad de las empresas que operan en los territorios ocupados.
España, por su parte, ha defendido medidas restrictivas relacionadas con el suministro de armamento y el tránsito de material militar destinado a Israel. También ha impulsado iniciativas diplomáticas para revisar la relación entre la Unión Europea e Israel a la luz de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
En este terreno conviene diferenciar los anuncios políticos de las decisiones efectivamente ejecutadas. Las cancelaciones contractuales, las restricciones portuarias y aéreas y las prohibiciones relacionadas con el material militar tienen bases jurídicas y alcances distintos, por lo que cada medida debe analizarse por separado.
Aun así, la dirección política es significativa: la presión internacional ya no se expresa exclusivamente mediante comunicados, sino también a través del debate sobre contratos públicos, exportaciones de armamento, financiación y responsabilidad empresarial.
La cuestión de fondo es si estas medidas conseguirán modificar las decisiones del Gobierno israelí o si terminarán siendo restricciones limitadas, insuficientes para frenar la expansión de los asentamientos y la ocupación.
El rearme europeo y las contradicciones de la industria de defensa
La situación adquiere una dimensión adicional en el contexto del rearme europeo y de la creciente inversión en defensa y ciberseguridad.
Empresas israelíes del sector militar y tecnológico, entre ellas Elbit Systems y NSO Group, han sido objeto de controversias internacionales relacionadas con sus actividades, aunque operan en ámbitos diferentes: la primera está vinculada a la industria de defensa y la segunda al desarrollo de herramientas de vigilancia digital.
La participación de compañías israelíes en mercados europeos plantea interrogantes sobre la coherencia de las políticas públicas. Si los gobiernos consideran que determinadas actuaciones vulneran el derecho internacional, deben explicar bajo qué criterios autorizan contratos, exportaciones, inversiones o colaboraciones con empresas vinculadas a esas actividades.
No obstante, sería incorrecto afirmar que todos los contratos europeos con empresas israelíes constituyen automáticamente una vulneración jurídica. La evaluación depende de las características de cada operación, de los riesgos asociados y de las obligaciones aplicables.
La discusión tampoco puede separarse del conflicto en Ucrania, que ha impulsado el gasto militar europeo y acelerado la búsqueda de tecnologías de defensa. Esta situación crea incentivos económicos para mantener relaciones con proveedores internacionales, incluso cuando existen desacuerdos políticos profundos.
La coherencia entre política exterior, contratación pública y derechos humanos se convierte así en una prueba para las democracias europeas.
El boicot y la presión de la sociedad civil
Ante la lentitud de las decisiones gubernamentales, el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) y otras iniciativas ciudadanas han tratado de trasladar el conflicto al terreno del consumo, la inversión y la cooperación institucional.
Las campañas de boicot pretenden aumentar el coste económico y reputacional de las actividades vinculadas a la ocupación. Algunas se centran en productos procedentes de asentamientos, mientras que otras promueven la desinversión de fondos y la suspensión de acuerdos con determinadas instituciones.
También se han desarrollado iniciativas en universidades, sindicatos, ayuntamientos y organizaciones profesionales. Sin embargo, las afirmaciones sobre el número de instituciones que han suspendido convenios o sobre prohibiciones generalizadas de productos israelíes requieren una verificación específica, ya que las decisiones varían entre países y entidades.
La publicación de información sobre empresas vinculadas a los asentamientos por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha contribuido a alimentar este debate. Esa base de datos identifica determinadas actividades empresariales relacionadas con los asentamientos, pero no equivale por sí misma a una lista general de empresas sancionadas.
El debate sobre el boicot también plantea una cuestión ética y política: cómo ejercer presión económica sobre las instituciones responsables sin convertir la nacionalidad, la religión o la identidad de las personas en motivo de discriminación.
La distinción resulta fundamental. La crítica a las políticas del Gobierno israelí y a la ocupación no debe confundirse con el rechazo a los ciudadanos israelíes como colectivo ni con el antisemitismo.
Ayman Odeh y la disputa por el futuro político de Israel
Mientras aumenta la presión internacional, el escenario electoral israelí añade otra variable a la crisis.
El dirigente árabe-israelí Ayman Odeh, presidente de la Lista Árabe Unida para el Cambio —Hadash-Ta’al, en su denominación política habitual—, ha planteado una serie de consideraciones sobre la participación electoral, las posibilidades de Netanyahu de conservar el poder y el papel de la población árabe en la política israelí.
Según las declaraciones difundidas, Odeh considera que una participación superior al 65 % podría dificultar la formación de un nuevo Gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu. Esta posibilidad depende, sin embargo, de numerosos factores: la distribución de escaños, la participación de los distintos sectores sociales, los pactos entre partidos y la capacidad de los bloques para reunir una mayoría parlamentaria.
La participación electoral de la población árabe-israelí podría ser especialmente relevante si sus votos contribuyen a modificar el equilibrio entre los bloques. Pero el porcentaje de participación, por sí solo, no garantiza un resultado determinado.
Odeh también ha señalado que una eventual retirada de Benny Gantz podría beneficiar al bloque contrario a Netanyahu si parte de sus electores se trasladara a otras candidaturas. Ese efecto tampoco es automático: depende de las preferencias de los votantes y de cómo se redistribuyan los apoyos.
El fondo de estas declaraciones es político. La continuidad de Netanyahu no depende únicamente de su partido, sino de la capacidad de la derecha nacionalista y religiosa para mantener una mayoría suficiente y de la posibilidad de que sus adversarios articulen una alternativa.
Una mayor movilización electoral de la ciudadanía árabe podría influir en ese equilibrio, aunque las divergencias entre partidos y las limitaciones de las alianzas parlamentarias siguen siendo obstáculos importantes.
Gaza, la reconstrucción y el riesgo de una emigración forzada
Uno de los aspectos más graves de las advertencias atribuidas a Odeh es su preocupación por el futuro de Gaza.
El dirigente sostiene que una nueva victoria de Netanyahu podría dificultar la reconstrucción y favorecer una situación en la que la población palestina se vea empujada a abandonar el territorio.
Esta interpretación debe entenderse como una advertencia política sobre las consecuencias que podría tener la continuidad de determinadas políticas, no como una decisión futura ya demostrada.
La reconstrucción de Gaza exige recursos financieros, infraestructuras, acceso a materiales, garantías de seguridad y un marco político que permita a la población permanecer en su territorio. Sin estas condiciones, el deterioro de la vivienda, la sanidad, el abastecimiento de agua y los servicios esenciales puede prolongar indefinidamente la emergencia humanitaria.
La salida de una población bajo condiciones de destrucción, inseguridad o privación extrema no puede analizarse como una migración ordinaria. El desplazamiento forzoso de civiles está sujeto a prohibiciones y obligaciones específicas del derecho internacional humanitario.
Por ello, cualquier política que impida deliberadamente la recuperación de las condiciones mínimas de vida o que pretenda alterar la composición demográfica de Gaza debe examinarse con especial atención.
La reconstrucción no debería convertirse en un instrumento de presión política ni en una condición subordinada a la expulsión de la población palestina. Su finalidad debe ser restablecer las condiciones de vida, garantizar los derechos de los habitantes y permitir que decidan libremente su futuro.
Trump, Netanyahu y los límites de la alianza estratégica
Odeh también se ha referido a las tensiones entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu, especialmente en relación con la guerra contra Irán y los proyectos de normalización regional conocidos como los Acuerdos de Abraham.
Según su interpretación, Trump estaría descontento con Netanyahu porque considera que determinadas decisiones del primer ministro israelí dificultan sus objetivos diplomáticos y regionales.
Esta hipótesis refleja una tensión posible entre los intereses de ambos dirigentes, pero no significa que Washington haya abandonado su alianza con Israel. Estados Unidos mantiene una relación estratégica, militar y diplomática de larga duración con el Estado israelí, aunque ambos gobiernos puedan discrepar sobre el momento, el alcance o los costes de determinadas operaciones.
La política estadounidense hacia Oriente Próximo está condicionada por varios factores: la seguridad de Israel, la competencia regional con Irán, las relaciones con las monarquías del Golfo, el comercio de armamento, la estabilidad de las rutas energéticas y las aspiraciones de Washington a consolidar acuerdos de normalización.
En este contexto, las decisiones de Netanyahu pueden generar fricciones cuando contradicen los objetivos diplomáticos de la Casa Blanca. Sin embargo, las relaciones entre ambos países no dependen exclusivamente de la relación personal entre sus dirigentes.
Odeh sostiene, además, que Netanyahu intenta influir sobre Trump mediante grupos de presión conservadores y sectores de la derecha estadounidense. Esa afirmación forma parte de su análisis político y debe distinguirse de los hechos verificables sobre las decisiones oficiales de Washington.
Lo que sí resulta evidente es que la alianza entre ambos países se apoya en estructuras políticas, militares y económicas que trascienden a sus respectivos gobernantes.
Paradójicamente, el aumento de las críticas internacionales a Israel puede reforzar determinados vínculos estratégicos con Estados Unidos, incluso cuando otros aliados occidentales comienzan a reconsiderar su posición.
Siria y la cuestión de los drusos: otra dimensión de la disputa regional
Las declaraciones de Odeh también reflejan su preocupación por la situación siria y por el papel de Israel en un país marcado por años de guerra, fragmentación institucional y rivalidades regionales.
El dirigente ha denunciado lo que considera una estrategia israelí destinada a debilitar y dividir Siria, aprovechando las tensiones internas y la vulnerabilidad de las comunidades locales.
Estas acusaciones deben situarse dentro de un contexto regional complejo, en el que confluyen intereses militares, disputas territoriales y la preocupación de distintos actores por la seguridad de sus fronteras.
La cuestión de los drusos adquiere especial importancia. Esta comunidad, presente en Siria, Líbano e Israel, posee vínculos históricos, religiosos y familiares que atraviesan las fronteras estatales.
Al afirmar que los drusos árabes forman parte de su pueblo, de su pasado y de su futuro, Odeh reivindica una identidad compartida que se opone a la utilización de las diferencias comunitarias como instrumento de confrontación.
Su mensaje pone sobre la mesa un problema recurrente en Oriente Próximo: la instrumentalización de las minorías en las rivalidades entre Estados y la transformación de las identidades religiosas o étnicas en argumentos para intervenir en conflictos internos.
La protección de las comunidades drusas, al igual que la de las demás poblaciones de Siria, debe basarse en sus derechos, su seguridad y su capacidad para decidir su futuro, sin que su identidad sirva como justificación para la fragmentación territorial o la intervención militar.
Como reflexión final podríamos decir que Europa debe decidir si el derecho internacional tiene consecuencias
El proyecto E1 representa mucho más que una nueva iniciativa urbanística en los territorios palestinos ocupados. Su dimensión territorial amenaza con reducir las posibilidades de construir un Estado palestino viable y consolidar una realidad de fragmentación que podría resultar cada vez más difícil de revertir.
La advertencia británica contra las empresas que participen en el proyecto introduce un elemento relevante: la posibilidad de que las consecuencias de la ocupación alcancen también a los actores económicos que contribuyan a consolidarla. Pero el verdadero alcance de esta política dependerá de su aplicación efectiva y de la coordinación con otros países.
La Unión Europea, por su parte, afronta una contradicción que afecta a su credibilidad internacional. No puede defender el respeto a las fronteras, la soberanía y el derecho internacional en unos conflictos mientras evita examinar con el mismo rigor las actuaciones de un aliado estratégico.
Esto no significa que las sanciones sean siempre la solución más eficaz ni que todas las medidas propuestas tengan idéntico fundamento jurídico. Significa que las decisiones comerciales, militares y diplomáticas deben responder a criterios transparentes, coherentes y compatibles con las obligaciones internacionales.
La responsabilidad tampoco recae exclusivamente en los gobiernos. Las empresas deben evaluar los riesgos jurídicos y de derechos humanos de sus actividades, mientras que las instituciones financieras y los organismos públicos deben evitar que sus recursos contribuyan a consolidar situaciones ilegales.
En Israel, las próximas elecciones podrían modificar el equilibrio parlamentario y abrir nuevas posibilidades políticas. La movilización de la población árabe-israelí, el comportamiento de los partidos opositores y las tensiones dentro de la derecha serán factores importantes. Sin embargo, un cambio de Gobierno no garantiza por sí solo una transformación de la política hacia los palestinos: esa transformación requerirá decisiones concretas sobre los asentamientos, Gaza, los derechos de la población ocupada y la posibilidad de una solución política.
La relación entre Trump y Netanyahu tampoco debe confundirse con el destino de millones de personas. Las diferencias entre dirigentes pueden alterar la diplomacia regional, pero la paz no puede depender únicamente de sus intereses personales ni de acuerdos de normalización que releguen los derechos palestinos.
La cuestión fundamental es si la comunidad internacional permitirá que la fuerza militar y los hechos consumados determinen el futuro de Palestina o si será capaz de defender una solución basada en la igualdad de derechos, la seguridad de todas las poblaciones y el cumplimiento del derecho internacional.
La paz no puede construirse sobre la fragmentación de un territorio, la expulsión de sus habitantes o la renuncia a sus derechos. Y la credibilidad de Europa no se medirá por la dureza de sus declaraciones, sino por su capacidad de convertir sus principios en decisiones efectivas.