Por Francisco López.
De Estados Unidos a Brasil, de Francia a España: el mundo se enfrenta a una disputa política que va mucho más allá de los partidos. Está en juego el modelo de sociedad, la protección de los derechos sociales y el futuro del Estado del bienestar.
Por momentos, la historia parece situarnos ante una encrucijada conocida: sociedades golpeadas por la inflación, familias que no llegan a fin de mes, jóvenes sin acceso a una vivienda digna, trabajadores que ven cómo sus salarios pierden poder adquisitivo y ciudadanos que han dejado de confiar en las instituciones. En ese escenario, las fuerzas de ultraderecha encuentran un terreno fértil para convertir el malestar social en votos, señalar culpables y presentar soluciones aparentemente sencillas a problemas profundamente complejos.
Desde Estados Unidos hasta Brasil, pasando por Francia, Italia, Bélgica y España, la batalla política adquiere una dimensión que trasciende las fronteras nacionales. Las elecciones pueden consolidar los sistemas democráticos de protección social o abrir la puerta a proyectos que cuestionan derechos conquistados durante décadas de lucha obrera, movilización ciudadana y construcción democrática.
Brasil afronta una cita decisiva en las urnas el 25 de octubre, mientras España se prepara para las elecciones generales del 29 de noviembre. Dos escenarios diferentes, con sus propias circunstancias, pero unidos por una pregunta fundamental: ¿qué modelo de país queremos construir y quién debe pagar el precio de las crisis económicas?
Brasil: una elección que trasciende sus fronteras
La segunda vuelta brasileña del 25 de octubre representa, en este análisis, mucho más que una competición entre candidaturas. Es una confrontación entre proyectos de país, entre diferentes concepciones de la justicia social, de la protección ambiental y del papel del Estado en la vida de millones de personas.
La experiencia política de Jair Bolsonaro dejó profundas controversias sobre la gestión de la pandemia, la protección de la Amazonía, los derechos de los pueblos indígenas y la relación entre el poder político y las instituciones democráticas. Su legado continúa siendo una referencia central para comprender la polarización de la sociedad brasileña y el alcance internacional de la derecha radical.
El bolsonarismo construyó buena parte de su identidad alrededor de la seguridad, el conservadurismo social, la confrontación con la izquierda y la crítica a determinadas políticas públicas. Sus adversarios, por su parte, denunciaron el debilitamiento de las políticas ambientales y sociales, así como los ataques a la confianza electoral y a las instituciones.
Pero el debate brasileño no puede reducirse a una disputa de liderazgos. En el fondo están las condiciones de vida de millones de personas: el acceso a la sanidad, la educación, el empleo, la alimentación, la vivienda y la protección frente a la pobreza.
También está en juego la Amazonía, uno de los grandes pulmones ecológicos del planeta. Su conservación no es un asunto exclusivamente brasileño: afecta a la biodiversidad, a los pueblos que habitan esos territorios y al equilibrio climático mundial. Convertir la naturaleza en una mercancía subordinada a los intereses económicos de corto plazo puede producir beneficios para determinados sectores, pero trasladar costes enormes al conjunto de la humanidad.
Por eso, Brasil necesita una democracia que proteja sus instituciones, reduzca las desigualdades y garantice que el crecimiento económico no se construya a costa de los derechos sociales ni de la destrucción ambiental.
El 25 de octubre, la ciudadanía brasileña no solo debe decidir quién gobierna: debe decidir qué prioridades deben orientar el futuro de su país.
España: el 29 de noviembre, la batalla por el Estado del bienestar
En España, la convocatoria electoral del 29 de noviembre sitúa en el centro del debate el modelo económico y social que deberá afrontar los problemas cotidianos de la ciudadanía.
La vivienda se ha convertido en una de las mayores fuentes de inseguridad. Los precios del alquiler, las dificultades para acceder a una hipoteca y la precariedad de numerosos empleos han provocado que amplios sectores de la población sientan que trabajar ya no garantiza una vida independiente y digna.
Frente a esta realidad, el debate político enfrenta dos concepciones distintas del papel de los poderes públicos. Una defiende una intervención más intensa para ampliar la vivienda asequible, regular determinados abusos del mercado y proteger a los hogares vulnerables. Otra confía más en la iniciativa privada, los incentivos económicos y la reducción de determinadas regulaciones.
La cuestión no es si la iniciativa privada puede participar en la solución. Puede y debe hacerlo dentro de un marco adecuado. La cuestión es si un derecho esencial como la vivienda puede quedar sometido exclusivamente a la capacidad de pago de cada persona.
Cuando una familia debe elegir entre pagar el alquiler, llenar la nevera o afrontar una factura energética, el problema deja de ser exclusivamente económico: se convierte en un problema de dignidad humana.
Sanidad y educación: derechos, no privilegios
La sanidad pública universal y la educación accesible constituyen dos de los pilares fundamentales del Estado del bienestar español.
Su deterioro, cuando se produce, afecta especialmente a quienes tienen menos recursos. Las familias con ingresos elevados pueden recurrir a servicios privados; los hogares modestos dependen mucho más de la calidad y la capacidad de respuesta de los servicios públicos.
Por eso, cualquier reforma sanitaria debe evaluarse atendiendo a sus consecuencias reales: listas de espera, disponibilidad de profesionales, atención primaria, acceso a especialistas y desigualdades territoriales.
Lo mismo ocurre con la educación. La financiación suficiente de los centros públicos, las becas, la formación profesional y el acceso a la universidad son instrumentos de movilidad social. Recortar oportunidades educativas puede perpetuar las desigualdades de origen y condenar a una parte de la juventud a empleos precarios.
El Partido Popular y Vox defienden distintas propuestas de reducción fiscal, cambios regulatorios y reorganización de servicios públicos. Desde posiciones progresistas se advierte de que determinadas medidas pueden debilitar la capacidad redistributiva del Estado.
Es necesario examinar cada programa y cada medida concreta, sin dar por hecho que toda propuesta de la derecha implica automáticamente una privatización o que cualquier política progresista garantiza por sí sola mejores resultados. Pero existe una obligación democrática ineludible: exigir que los partidos expliquen quién se beneficia de sus reformas, quién asume sus costes y qué garantías ofrecen para proteger a los sectores vulnerables.
Las pensiones y la seguridad de quienes trabajaron toda su vida
Las pensiones representan otro de los grandes debates de las próximas elecciones.
Para millones de jubilados, la pensión no es una concesión del Gobierno ni un regalo del Estado. Es la base de su autonomía económica después de décadas de trabajo y cotizaciones.
El sistema debe garantizar la suficiencia de las pensiones mínimas, preservar el poder adquisitivo y ofrecer estabilidad a quienes han organizado su vida alrededor de unos ingresos previsibles.
Las propuestas del PP y Vox sobre pensiones, fiscalidad y gasto público deben analizarse con detalle, atendiendo a sus efectos concretos sobre las distintas prestaciones. No es riguroso afirmar que ambos partidos proponen exactamente la misma congelación de todas las pensiones medias sin identificar la medida y el programa correspondiente.
Pero sí es legítimo plantear una pregunta política decisiva: ¿qué ocurriría si una reforma redujera los ingresos reales de los jubilados mientras aumentan el coste de la vivienda, la alimentación y la energía?
La respuesta es evidente: la factura recaería sobre quienes disponen de menos margen para ajustar sus gastos.
La protección de las pensiones no puede separarse de la sostenibilidad financiera, pero tampoco puede reducirse a una operación contable que ignore la vida de las personas.
La ultraderecha y la política del miedo
Uno de los fenómenos más preocupantes de nuestro tiempo es la capacidad de determinadas fuerzas radicales para transformar la frustración social en hostilidad hacia grupos concretos.
En lugar de explicar las causas estructurales de la precariedad, la desigualdad o el encarecimiento de los servicios esenciales, parte de su discurso político señala a los inmigrantes, a las minorías, a los beneficiarios de ayudas públicas o a quienes cuestionan sus planteamientos ideológicos.
En España, la inmigración y el voto exterior se han convertido en asuntos de confrontación política. En Francia, el debate sobre la identidad nacional y la inmigración ocupa un lugar central en la disputa electoral. En Brasil, las divisiones sociales, religiosas, territoriales y económicas alimentan una polarización que atraviesa a la sociedad.
Es imprescindible distinguir entre la crítica política legítima y la estigmatización. Un país democrático puede debatir sobre sus fronteras, sus políticas migratorias, la integración, la seguridad y el gasto público. Lo que no debería normalizar es la deshumanización de personas por su origen, sus circunstancias económicas o sus convicciones.
Cuando se convence a un trabajador de que su enemigo es otro trabajador más pobre, cuando se culpa a una familia migrante de la falta de vivienda o cuando se presenta a los sectores vulnerables como responsables de los problemas que padecen, se desvía la atención de las decisiones económicas, de las responsabilidades institucionales y de los intereses que se benefician de la desigualdad.
La democracia pierde calidad cuando el adversario deja de ser alguien con quien se discrepa y pasa a convertirse en un enemigo al que hay que expulsar de la vida pública.
La paradoja del voto contra los propios intereses
Existe una contradicción que merece una reflexión profunda: personas con empleos precarios, salarios bajos, pensiones modestas o dificultades para acceder a la sanidad pueden apoyar proyectos políticos cuyas medidas económicas, si se aplican, terminen debilitando las redes de protección de las que dependen.
No se trata de afirmar que los ciudadanos votan mal ni de despreciar sus decisiones. El voto es libre y debe respetarse, incluso cuando el resultado disgusta a quienes defienden otras opciones.
La pregunta es por qué ocurre.
Influyen múltiples factores: la inseguridad económica, el miedo al futuro, la desconfianza hacia los partidos tradicionales, la percepción de abandono, las campañas de desinformación, la identidad cultural y el rechazo a unas instituciones que muchas personas consideran alejadas de sus problemas.
El progresismo comete un error cuando responde a esta realidad con superioridad moral o con discursos que no conectan con la experiencia cotidiana de la ciudadanía.
No basta con advertir de los peligros de la ultraderecha. Hay que demostrar, con resultados concretos, que las políticas progresistas mejoran la vida de las personas.
Un trabajador no puede pagar el alquiler con un discurso. Una familia no puede afrontar la inflación con una consigna. Un joven no puede construir su futuro únicamente con promesas electorales.
La respuesta debe traducirse en viviendas asequibles, salarios suficientes, empleos estables, servicios públicos eficaces, pensiones dignas y una fiscalidad capaz de repartir las cargas de manera justa.
La mejor defensa frente a la demagogia no es el miedo: es una democracia que cumple.
La izquierda necesita menos disputas internas y más soluciones
Las elecciones españolas del 29 de noviembre también plantean un desafío a las fuerzas progresistas: su capacidad para construir una alternativa creíble, socialmente útil y electoralmente competitiva.
La fragmentación, las disputas por los puestos en las listas y las rivalidades entre organizaciones pueden convertirse en un regalo para quienes desean reducir la influencia parlamentaria de la izquierda.
La ciudadanía no exige uniformidad ideológica ni la desaparición de las diferencias entre partidos. Exige responsabilidad, coherencia y capacidad para alcanzar acuerdos cuando están en juego derechos fundamentales.
La unidad no puede consistir únicamente en repartir candidaturas o negociar posiciones de salida. Debe construirse alrededor de un programa compartido que responda a las necesidades de la mayoría social.
La vivienda, la sanidad, la educación, las pensiones, los salarios, la transición ecológica y la igualdad de oportunidades deberían ocupar el centro de cualquier acuerdo progresista.
También es necesario escuchar a quienes se sienten abandonados por las instituciones, a los trabajadores del campo y de la industria, a los autónomos, a los jóvenes que no pueden emanciparse, a las familias monoparentales y a los jubilados que llegan con dificultad a final de mes.
El progresismo debe demostrar que no gobierna para sí mismo ni para preservar sus estructuras partidistas, sino para transformar las condiciones materiales de la sociedad.
Si las fuerzas de izquierda convierten las elecciones en una competición de egos, perderán la oportunidad de defender sus políticas. Si consiguen establecer prioridades comunes y explicar con claridad cómo financiarán y aplicarán sus propuestas, podrán disputar el futuro con mayor credibilidad.
Francia, Italia y Bélgica: las calles también forman parte de la democracia
Las movilizaciones sociales en Europa reflejan un malestar que no puede reducirse a una simple confrontación entre izquierda y derecha.
Las protestas por los salarios, las pensiones, los servicios públicos, la vivienda y las condiciones laborales muestran que una parte de la ciudadanía teme perder derechos o siente que el crecimiento económico no se traduce en mejoras para su vida.
En Francia, la disputa sobre la inmigración, la identidad nacional, el sistema de pensiones y la orientación del Estado social convive con una profunda polarización política. En Italia, las políticas migratorias y las reformas económicas forman parte de una confrontación sobre el papel del Estado y la cohesión social. En Bélgica, los conflictos laborales y las tensiones sobre el gasto público y la protección social reflejan debates similares.
No todas estas protestas tienen las mismas causas ni todos los movimientos responden a una misma orientación política. Pero existe un hilo común: la ciudadanía reclama que las decisiones económicas no se tomen ignorando sus consecuencias sociales.
Manifestarse, organizarse, denunciar abusos y exigir responsabilidades son derechos democráticos. La movilización pacífica es una herramienta legítima para defender conquistas sociales y exigir cambios.
Frente al autoritarismo, la democracia necesita más participación, más transparencia y más capacidad de negociación. La respuesta a los conflictos sociales no puede ser convertir toda protesta en una amenaza ni tratar a quienes discrepan como enemigos del país.
La naturaleza también está en juego
El futuro del Estado del bienestar no puede separarse de la protección del medioambiente.
Brasil tiene en la Amazonía uno de sus mayores patrimonios naturales. España debe proteger sus acuíferos, sus ríos, sus humedales, sus bosques y sus reservas naturales frente a la sobreexplotación, la contaminación y los efectos del cambio climático.
El agua no es un recurso infinito. La degradación de los ecosistemas, la expansión descontrolada de determinadas actividades económicas y la falta de planificación pueden comprometer la agricultura, el abastecimiento humano y la supervivencia de numerosas comunidades.
La transición ecológica exige decisiones difíciles, inversiones y planificación. También debe ser socialmente justa: no puede cargar todo el coste sobre los hogares modestos mientras permite que quienes más recursos tienen eludan sus responsabilidades.
Proteger la naturaleza no es un lujo ideológico. Es defender las condiciones que hacen posible la vida, la producción de alimentos y la salud de las generaciones presentes y futuras.
La patria no se defiende únicamente con banderas o discursos sobre la identidad nacional. También se defiende protegiendo el agua, los bosques, los servicios públicos, el patrimonio común y la dignidad de quienes viven en ella.
El 29 de noviembre y el 25 de octubre: dos citas, una misma responsabilidad ciudadana
Las elecciones brasileñas del 25 de octubre y las elecciones generales españolas del 29 de noviembre se desarrollan en contextos distintos, pero permiten plantear una reflexión común sobre el futuro de la democracia.
En Brasil, la discusión sobre el rumbo político del país está inseparablemente vinculada a la desigualdad, la Amazonía, la protección social y la fortaleza de las instituciones.
En España, el debate electoral debe servir para decidir qué respuestas se ofrecen a la crisis de acceso a la vivienda, la precariedad laboral, las necesidades de la sanidad y la educación públicas, la sostenibilidad de las pensiones y las dificultades de las familias para llegar a fin de mes.
En ambos países, los electores tienen derecho a exigir propuestas concretas, compromisos verificables y explicaciones transparentes sobre cómo se financiarán las medidas anunciadas.
También tienen la responsabilidad democrática de informarse, contrastar las promesas y desconfiar de quienes ofrecen soluciones mágicas mientras alimentan el odio hacia los más vulnerables.
Ninguna elección garantiza por sí sola el progreso. Tampoco toda alternancia política supone una amenaza para la democracia. Lo decisivo es que se respeten las instituciones, los derechos fundamentales, la libertad de expresión, la independencia judicial y las reglas del juego democrático, y que las políticas públicas puedan ser evaluadas por sus resultados.
La democracia no se defiende únicamente el día de las urnas. Se defiende cada día, cuando una persona puede acudir al médico, cuando una familia dispone de un hogar, cuando un trabajador recibe un salario justo y cuando un jubilado puede vivir sin miedo a quedarse sin recursos.
Conclusión: más democracia, más derechos y más bienestar
El gran desafío de nuestro tiempo no consiste simplemente en impedir que gane un determinado partido. Consiste en construir sociedades en las que el miedo, la precariedad y la desigualdad no se conviertan en instrumentos de manipulación política.
El progresismo tiene una responsabilidad histórica: defender los derechos conquistados, corregir los errores cometidos, combatir la corrupción, mejorar la gestión pública y demostrar que la solidaridad puede traducirse en prosperidad compartida.
Debe defender la sanidad pública sin conformarse con sus deficiencias; proteger la educación sin ignorar sus problemas; garantizar las pensiones sin eludir los desafíos de su financiación; promover el empleo digno y afrontar la emergencia habitacional con políticas eficaces.
Y debe hacerlo sin despreciar a quienes votan de manera diferente. La ciudadanía no necesita lecciones de superioridad moral, sino soluciones que pueda comprobar en su propia vida.
Frente a la política del odio, hacen falta derechos. Frente a la manipulación, información. Frente a la desigualdad, justicia social. Frente al autoritarismo, instituciones democráticas fuertes. Frente a la destrucción ambiental, responsabilidad colectiva.
Brasil tiene ante sí una decisión trascendental el 25 de octubre. España tendrá la suya el 29 de noviembre. El resultado dependerá de sus ciudadanos, de sus circunstancias nacionales y de las propuestas que sean capaces de convencerlos.
La esperanza no consiste en dar por ganada una elección ni en presentar a millones de votantes como enemigos. Consiste en defender un horizonte de convivencia en el que nadie tenga que renunciar a su dignidad por haber nacido pobre, por perder su empleo, por ser migrante o por llegar a la vejez.
Más patria, sí; pero una patria que proteja a su gente. Más democracia, sí; pero una democracia que no se limite a contar votos, sino que garantice derechos. Más libertad, sí; pero una libertad real, que no dependa exclusivamente del dinero que cada persona tenga en el bolsillo.
Porque la verdadera fortaleza de una nación no se mide únicamente por su crecimiento económico, su poder militar o la riqueza de sus grandes empresas. Se mide también por la forma en que trata a sus trabajadores, a sus mayores, a sus jóvenes y a quienes atraviesan momentos de dificultad.
Que Brasil elija libremente su futuro el 25 de octubre. Que España decida el suyo el 29 de noviembre con información, responsabilidad y participación democrática.
Y que, en ambos países, la democracia salga fortalecida: no por la derrota social de una parte de la población, sino por la capacidad de garantizar una vida más digna para la mayoría.
El verdadero suicidio colectivo sería permitir que el miedo nos enfrentara entre nosotros mientras se debilitan los derechos que sostienen nuestra convivencia. La alternativa es más democracia, más justicia social y un Estado del bienestar capaz de proteger a todos.